Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Europa [ 06 Octubre 2009 ] [Tribunal Europeo de Derechos Humanos]  C.C. vs. Espa?a    caché ES 

 

Afectación a la intimidad por la publicación de una sentencia judicial que incluye datos de salud.

31. A este respecto, el Tribunal debe tener en cuenta el papel fundamental que juega la proteccion de los datos con caracter personal --las informaciones relativas a la salud no eran minimas para el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar. El respeto al caracter confidencial de las informaciones sobre la salud, constituye un principio esencial del sistema juridico de todas las Partes contratantes del Convenio. Es fundamental, no solo para proteger la vida privada de los enfermos sino igualmente para preservar su confianza en el cuerpo medico y los servicios de salud en general. Por la falta de tal proteccion, las personas que necesitarian cuidados medicos podrian ser disuadidas de proporcionar las informaciones de caracter personal e intimo necesarias para la prescripcion del tratamiento apropiado e incluso, consultar a un medico lo que podria poner en peligro su salud incluso, en el caso de enfermedades transmisibles, la de la comunidad (Z. c. Finlandia, de 25 de febrero de 1997, ?˜ 95, Repertorio de sentencias y decisiones 1997-I)

32. La legislacion interna debe pues cuidar de las garantias constitucionales apropiadas para impedir toda comunicacion o divulgacion de datos con caracter personal, relativas a la salud, que no seria conforme a las garantias previstas en el articulo 8 del Convenio.

40. Debido a las circunstancias particulares del presente caso y especialmente habida cuenta del principio de Boletin num. 2104.Pag. 146 . 609 . proteccion especial de la confidencialidad de las informaciones relativas a la seropositividad, el Tribunal estima que la publicacion de la identidad del demandante con todas las letras, en lo referente a su estado de salud en el juicio pronunciado por el juez de primera instancia n.o 4 de Salamanca, no se justificaba mas que por algun motivo imperioso.

41. Por consiguiente, la publicacion de la identidad del demandante en el juicio en cuestion, ha atentado contra su derecho a su vida privada y familiar, garantizado por el articulo 8 del Convenio. 

EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD, 1. Declara la demanda admisible; 2. Dice que ha habido violacion del articulo 8 del Convenio; 3. Dice a) que el Estado demandado debe pagar al demandante, en los tres meses a contar desde el dia en que la sentencia se haga definitiva conforme al articulo 44 2 del Convenio: i. 5.000 EUR (cinco mil euros) por el dano moral

Texto íntego oficial (solo en francés)



CASO C.C. c. ESPANA (Demanda n.o 1425/06) (15) 6 de octubre de 2009 Esta sentencia sera definitiva en las condiciones definidas en el articulo 44 ?˜ 2 del Convenio. Puede sufrir retoques de forma. En el caso C.C. c. Espana, El Tribunal europeo de Derechos Humanos (seccion tercera), reunido en una sala compuesta por: Joseph Casadevall, presidente, Elisabet Fura-Sandstrom, Corneliu Birsan, Bo.tjan M. Zupan.i., Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis Lopez Guerra, jueces, y Santiago Quesada, secretario de seccion, Despues de haber deliberado en sala de consejo el 15 de septiembre de 2009, Dicta la siguiente sentencia, aprobada en esta fecha: PROCEDIMIENTO 1. En el origen del caso se encuentra una demanda (n.o 1425/06) dirigida contra el Reino de Espana y donde un nacional de este Estado, el senor C. C. (?áel demandante?â) ha acudido al Tribunal el 10 de junio de 2006 en virtud del articulo 34 del Convenio de salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales (?áel Convenio?â). El presidente de la sala ha accedido a la demanda de no divulgacion de su identidad formulada por el demandante (articulo 47 ?˜ 3 del reglamento). 2. El demandante esta representado por la Sra. I. Prieto Curto, abogada de Salamanca. El gobierno espanol (?áel Gobierno ?â) esta representado por su agente, Don I. Blasco Lozano, jefe del servicio Boletin num. 2104.Pag. 138 . 601 . juridico de los derechos humanos en el Ministerio de Justicia. 3. El demandante alega que el derecho a su vida privada ha sido violado por el hecho de la divulgacion de su identidad con respecto a su estado de salud, en el juicio pronunciado en primera instancia respecto a su persona. Invoca al articulo 8 del Convenio. 4. El 27 de noviembre de 2008, el presidente de la seccion tercera decidio comunicar la demanda al Gobierno. Como permite el articulo 29 ?˜ 3 del Convenio, decidio ademas que la sala se pronunciaria sobre la admisibilidad y el fondo al mismo tiempo.. HECHOS 1. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO 5. El demandante nacio en 1971 y reside en Salamanca. 6. El demandante estaba infectado por el VIH y sufria otra enfermedad grave. El 27 de enero de 2000, suscribio una poliza de seguro de vida con una compania de seguros. 7. El 21 de octubre de 2002, fue declarado en situacion de incapacidad permanente absoluta y reclamo a su compania de seguros la indemnizacion prevista en su poliza a este respecto. En razon del rechazo del pago de la compania de seguros de los importes reclamados, el demandante presento una demanda civil en contra de esta ultima ante el juez de primera instancia n.o 4 de Salamanca. 8. La parte defensora solicito que el expediente medico completo del demandante fuera reclamado al Hospital Universitario de Salamanca y a la Seguridad Social y fuera incluido en el expediente del procedimiento. El juez ejecuto la peticion y los documentos encausados fueron incluidos. 9. Al estimar que este hecho habia atentado contra su derecho a la intimidad personal, el 9 de diciembre de 2003 el demandante pidio al juez que ?ádijera?â que el contenido del expediente medico no era objeto del proceso y que suprimiera su identidad y toda referencia al VIH en los documentos que figuraban en el expediente asi como en el juicio que seria senalado. Por otro lado, solicito que la audiencia se desarrollara a puerta cerrada y que su nombre no fuera citado, con todas las letras, en las decisiones judiciales. 10. Por una decision del 24 de diciembre de 2003, el juez de primera instancia n.o 4 rechazo las peticiones del demandante, haciendo valer que no se daria ninguna publicidad sobre las informaciones medicas fuera del proceso. 11. El 9 de enero de 2004, el demandante presento un recurso de reposicion haciendo valer, entre otras, lo que sigue: ?áImpedir que el proceso tenga lugar a puerta cerrada cuando la proteccion de la vida privada del [demandante] este en juego, viola el articulo 138 ?˜ 2 del codigo de procedimiento civil y mantener su identificacion y [la referencia a] su enfermedad en los documentos del proceso, viola el articulo 18 ?˜ 1 de la Constitucion, asi como el articulo 8 del Convenio de los derechos humanos y el articulo 12 de la declaracion universal de los derechos humanos?â. (?c) No es necesario, para proteger el derecho violado, interrumpir (?c) un proceso (?c) sino simplemente borrar el nombre del [demandante] y la enfermedad en los documentos del proceso y hacer de modo que este ultimo tenga lugar a puerta cerrada?â.?â Boletin num. 2104.Pag. 139 . 602 . 12. En un juicio de 20 de mayo de 2004, el juez de primera instancia n.o 4 rechazo la pertinencia de la demanda del demandante, no habiendo declarado este ultimo que ya estaba enfermo en el momento de la suscripcion del contrato de seguro de vida. El juez preciso que ?áestas enfermedades no podian ser calificadas de no graves, tanto mas cuanto que se trate de un linfoma y de una infeccion por VIH?â. Tuvo en cuenta, entre otras, lo que sigue: ?á6.e que [el demandante (nombre con todas las letras)] fue diagnosticado en 1997 de un linfoma (?c) y afectado por el virus VIH (?c) 7.e que el demandante (con todas las letras)] en ningun momento puso en conocimiento de la compania de seguros, ni anterior ni posteriormente a la suscripcion de la poliza de seguro de vida, la existencia previa de las enfermedades, linfoma (?c) e infeccion por el virus VIH?â. 13. El demandante apelo. Por una sentencia de 28 de septiembre de 2004, la Audiencia provincial de Salamanca lo rechazo y confirmo la decision recurrida en cuanto al fondo, sin poner en relacion no obstante, la identidad del demandante y su infeccion por el VIH. En lo referente a las quejas del demandante relativas a su derecho a la vida privada, la Audiencia considero declarar la nulidad del procedimiento en primera instancia por violacion del derecho a la intimidad del demandante, habida cuenta del objeto de litigio y de los datos medicos del demandante para su resolucion, que sobrepasaria los limites del procedimiento en cuestion. 14. Invocando al articulo 18 ?˜ 1 (el derecho a la intimidad personal) de la Constitucion, el demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional`. Se quejaba particularmente, por la inclusion en el expediente de las informaciones medicas que le concernian, del vinculo establecido en el juicio de primera instancia entre su identidad y su enfermedad y del caracter publico del proceso. Por una decision de 20 de junio de 2005, notificada el 12 de julio de 2005, la alta jurisdiccion rechazo el recurso. La Audiencia recordo que los derechos fundamentales no eran absolutos ni ilimitados, aunque las limitaciones legislativas deben fundarse en la proporcionalidad. sin embargo en este caso, como el objeto de litigio se referia a la salud del demandante, el Tribunal Constitucional considero que el secreto de las informaciones relativas a su estado de salud no podia extenderse a la compania de seguros. Por otro lado, senalo que la decision del juez de primera instancia habia precisado que la informacion concerniente a la salud del demandante no habia sido utilizada fuera del procedimiento, e hizo constar que la audiencia habia tenido lugar a puerta cerrada. Por lo demas, el Tribunal Constitucional preciso que las decisiones de los tribunales a quo estaban suficientemente motivadas y no eran motivo de arbitrariedad. II. EL DERECHO Y LA PRACTICA INTERNOS PERTINENTES B. El derecho y la practica internos pertinentes 15. La Constitucion espanola Articulo 120 ?á1. Los actos juridicos seran publicos, a excepcion de los casos previstos por las leyes sobre el procedimiento. 2. El procedimiento sera principalmente oral, sobre todo en materia penal. Boletin num. 2104.Pag. 140 . 603 . 3. Los juicios seran siempre motivados y se fallaran en audiencia publica. ?â 16. Ley organica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, referente a la proteccion de datos de caracter personal Articulo 7 ?˜ 3 ?áLos datos de caracter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual no pueden ser obtenidos, tratados y transferidos, salvo cuando por razones de interes general, la ley lo establezca asi o si el interesado da su consentimiento de manera expresa?â. 17. La Ley organica 6/1985 de 1 de julio de1985, referente al poder judicial (LOPJ) Articulo 186 ?áLos jueces y tribunales (?c) fallaran los juicios y las sentencias en audiencia publica (?c)?â Articulo 205 ?˜ 6 ?áIncumbe al juez instructor (?c): (?c) 6. fallar las sentencias en audiencia publica?â Articulo 232 1. El procedimiento judicial es publico, salvo excepcion prevista por las leyes del procedimiento. 2. Excepcionalmente, por razones de orden publico y de proteccion de los derechos y libertades, los jueces y tribunales pueden, por decision motivada, limitar la amplitud de la publicidad y decidir el caracter secreto de todo o de una parte del procedimiento ?â. Articulo 235 ?áLos interesados tienen acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan un caracter reservado, mediante formas de publicacion, copia conformada (testimonio) (?c) establecidos por la ley?â. Articulo 265 ?áLos tribunales tendran, con la responsabilidad del secretario, un libro de sentencias en las que figuraran, firmadas, todas la sentencias definitivas, las decisiones definitivas y las opiniones separadas, clasificadas cronologicamente. ?â Articulo 266 ?˜ 1 (segun redaccion L.O. 19/2003 de 23 de diciembre de 2003) ?á1. (?c) El acceso al texto de los juicios y de las sentencias o a algunas partes de estas ultimas, podra estar limitado cuando corra peligro el derecho a la intimidad, los derechos de personas que necesiten una proteccion especial o la garantia de anonimato de las victimas o de las personas que hayan sufrido un perjuicio, cuando esto sea pertinente, asi como en general, para evitar que los juicios o sentencias puedan ser utilizadas con fines contrarios a la ley?â. 18. La ley de enjuiciamiento civil Articulo 138 ?á1. La administracion de pruebas, las audiencias y las comparecencias que tengan por objeto oir a las partes antes de pronunciar una decision, tendran lugar en audiencia publica. 2. [Ellas] pueden no obstante tener lugar a puerta cerrada cuando esto sea necesario para la proteccion del orden publico o de la seguridad nacional en una sociedad democratica, o cuando los intereses de los me- Boletin num. 2104.Pag. 141 . 604 . nores o la proteccion de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan y por ultimo, en la medida en que el tribunal lo considere estrictamente necesario (?c)?â. 3. Antes de acordar la sesion a puerta cerrada de toda diligencia judicial, el tribunal oira a las partes (?c)?â. Articulo 140 ?á1. Los secretarios y el personal competente al servicio de las salas y los tribunales faciliten a toda persona que demuestre un interes legitimo, el acceso a la informacion que solicite sobre el estado del procedimiento judicial, que podra examinar (?c) 3. Sin embargo, las salas y los tribunales podran atribuir, por ordenanza, un caracter reservado en la totalidad o en una parte del expediente judicial, cuando tal medida este justificada en razon de las circunstancias mencionadas en el parrafo 2 del articulo 138. Las partes del expediente que tengan un caracter reservado no seran conocidas mas que por las partes y sus representantes y defensores (?c)?â. Articulo 141 ?áLas personas que justifiquen un interes legitimo pueden acceder a los tomos y archivos judiciales que no tengan caracter reservado y obtener a su costa, copias certificadas de los documentos que indiquen?â. Articulo 212 ?˜ 1 ?áLas sentencias y otras decisiones definitivas, despues de haber sido firmadas por el Juez o los Jueces que las hayan pronunciado, seran notificadas y clasificadas por el Secretario del Tribunal. Anunciadas las cuales, seran entregadas segun la forma prevista u ordenada por la Constitucion y las leyes.?â Articulo 213 ?áLos Tribunales tendran, con la responsabilidad del secretario, un libro de sentencias en las que figuraran, firmadas, todas las sentencias definitivas, las decisiones definitivas y las opiniones formuladas separadas, clasificadas por fecha.?â 19. Ley 41/2002, de 14 de noviembre de 2002, sobre la autonomia del paciente y los derechos y obligaciones relativos a la informacion y al expediente medico. Articulo 16 ?˜ 3 ?áEl acceso al expediente medico con fines judiciales, epidemiologicos, de salud publica, de investigacion o de ensenanza esta regido por la Ley organica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, sobre la proteccion de los datos con caracter personal y por la ley 14/1986 general de salud publica asi como otras normas aplicables. El acceso al expediente medico con estos fines, obliga a proteger la identificacion personal del paciente y a ordenarlo por separado de los datos medicos. Asi, de una forma general, el anonimato esta asegurado salvo en caso de consentimiento del paciente, a no clasificarlo separadamente. Se exceptuan los casos de investigacion por la autoridad judicial en los que es indispensable adjuntar los datos de identificacion personal y los datos medicos. Los jueces y tribunales decidiran como proceder en cada caso. El acceso a los datos y a los documentos del expediente medico es estrictamente limitado a los fines especificos del caso concreto.?â 20. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Boletin num. 2104.Pag. 142 . 605 . ?áLa necesidad de ponderar e identificar los intereses especificos a tener en cuenta para justificar la excepcion de la publicidad integral de una decision, es una practica habitual de este Tribunal, en linea con los criterios seguidos por otros tribunales extranjeros, supranacionales e internacionales y particularmente, por el Tribunal europeo de derechos humanos. Este Tribunal Constitucional, como ya ha sido indicado en su decision 516/2004, de 20 de diciembre de 2004, considera primero, aunque teniendo cuidado de no incluir en sus decisiones ningun dato personal que no sea estrictamente necesario para su razonamiento y su conclusion, (?c) que se omita la identificacion de algunas personas mencionadas en sus decisiones, que sea en virtud de la garantia de anonimato de sus victimas o de las personas que hayan sufrido un perjuicio en algunos casos (?c); que sea en razon (?c) del deber de proteccion de menores (?c). Esta practica (?c) responde tambien a la practica del Tribunal europeo de derechos humanos, tanto en su reglamento como en su jurisprudencia. Asi, el reglamento del Tribunal, en su version consolidada vigente desde el 1 de diciembre de 2005, preve en su articulo 47 ?˜ 3 que los demandantes que no desean que su identidad sea revelada, deberan solicitar y exponer las razones que justifican la excepcion del principio general de la publicidad del procedimiento y que el Presidente de la Sala no autorizara el anonimato mas que en los casos excepcionales y debidamente justificados. Igualmente, el Tribunal europeo de derechos humanos, en su sentencia de 25 de febrero de 1995, Z. c. Finlandia (?c)?â EN DERECHO I. SOBRE LA VIOLACION ALEGADA DEL ARTICULO 8 DEL CONVENIO 21. El demandante alega que el derecho a su vida privada ha sido violado por el hecho de la divulgacion de su identidad, que figura con todas las letras en las decisiones judiciales pronunciadas en este caso y que aparece, especialmente en el juicio senalado en primera instancia, con respecto a su estado de salud. El invoca al articulo 8 del Convenio, asi redactado: ?á1. oda persona tiene derecho a su vida privada y familiar, a su domicilio y a su correspondencia. 2. No puede haber injerencia alguna de una autoridad publica en el ejercicio de este derecho que, no obstante, esta injerencia esta prevista por la ley y constituye una medida necesaria en una sociedad democratica, (?c) para la proteccion de los derechos y libertades ajenas.?â 22. El Gobierno se opone a esta tesis. A. Sobre la admisibilidad 23. El Tribunal constata que la demanda no esta manifiestamente mal fundada en el sentido del articulo 35 ?˜ 3 del Convenio. El Tribunal apunta, por otra parte que no encuentra ningun otro motivo de inadmisibilidad. Conviene pues declararla admisible. Boletin num. 2104.Pag. 143 Sentencia 114/2006, de 5 de abril de 2006 . 606 . B. Sobre el fondo 1. Argumentos de las partes 24. El demandante destaca, que primeramente invoco ante el juez de instancia n.o 4 de Salamanca, el riesgo de violacion de su derecho a la vida privada durante el desarrollo del procedimiento y despues, ante la Audiencia provincial, la violacion que tuvo lugar a pesar de sus advertencias, por el hecho de que el juicio senalado por el juez a quo tenia relacion entre el demandante y su enfermedad y esto, en varias reincidencias y de forma directa. Senala, por otra parte, que los juicios y sentencias pronunciadas por las jurisdicciones internas estan publicados y accesibles a las personas interesadas. 25. El Gobierno senala que la violacion alegada tuvo lugar en el marco de un procedimiento comenzado por el demandante contra una compania de seguros que rehuso a pagarle una indemnizacion en razon de la ocultacion de un estado de salud. Cuando su expediente medico fue adjuntado, contra la voluntad del demandante al expediente del procedimiento, el pidio que toda la informacion relativa a su infeccion por el virus VIH fuera eliminada del expediente. El Gobierno observa que la salud del demandante y concretamente el hecho de saber si estaba o no afectado por el virus VIH, era precisamente el objeto del procedimiento diligenciado por este ultimo. Los datos sobre el estado de salud del demandante, no son aportados mas que para el conocimiento de los organos jurisdiccionales, lo que diferencia el presente caso del asunto Z c. Finlandia (sentencia de 25 de febrero de 1997, Repertorio de sentencias y decisiones 1997-I), invocado por el demandante. Por consiguiente, en opinion del Gobierno, no hubo ninguna violacion del derecho reconocido por el articulo 8 del Convenio. 2 preciacion del Tribunal 26. El Tribunal observa que la medida incriminada constituia, sin duda una ?áinjerencia de la autoridad publica?â en el ejercicio del derecho del interesado al respecto de su ?ávida privada?â consagrado por el parrafo 1 del articulo 8 del Convenio. 27. Semejante injerencia quita importancia al articulo 8 salvo si ?áprevisto por la ley?â, el Tribunal persigue uno o los objetivos legitimos respecto del parrafo 2 y ademas, es ?ánecesario en una sociedad democratica?âpara alcanzarlos (ver, entre muchas otras, Petra c. Rumania, sentencia de 23 de septiembre de 1998, ?˜ 36, Repertorio de sentencias y decisiones 1998- VII). 28. En cuanto a la primera de las condiciones enumeradas mas arriba, el Tribunal no discierne ningun elemento que le permita pensar que la medida en cuestion no era conforme al derecho interno (ver, mas arriba en particular, parrafos 15, 17 y 18) donde los efectos de la legislacion pertinente no eran suficientemente previsibles para satisfacer la exigencia de calidad que supone la expresion ?áprevisto por la ley?â que figura en el parrafo 2 del articulo 8. 29. Para lo que es la finalidad y la necesidad de la injerencia, el Tribunal apunta en primer lugar que el demandante habia pedido, entre otras cosas sin ganar el pleito, que el contenido del expediente medico y toda referencia al VIH fuera eliminado del procedimiento. A este respecto y aunque el demandante no sea digno de compasion ante el Tribunal por este rechazo de los jueces internos, el Tribunal observa que se trata, en concreto, de un procedimiento tendente a determinar si la compania de seguros debia o no pagarle una indemnizacion en razon de su incapacidad laboral permanente y absoluta . El expediente medico del demandante era pues necesario para la solucion del caso. El Tribunal estima Boletin num. 2104.Pag. 144 . 607 . por consiguiente, que la medida impugnada por el demandante apuntaba a permitir el acceso de la parte adversa a las informaciones que le concernian y que constituian el objeto del procedimiento. El juez debia tambien poder acceder alli en la medida en que debia tener suficiente conocimiento del asunto para pronunciarse sobre su pertinencia. Las medidas en litigio estaban pues destinadas a asegurar el buen desarrollo del procedimiento y aspiraban por consiguiente, a ?ála proteccion de derechos y libertades ajenas?â, en concreto, de la parte adversa. 30. Ante el Tribunal, el demandante se queja del hecho de que los jueces nacionales y en particular el juez de primera instancia n.o 4 divulgara su identidad con todas las letras en la decision judicial que pronuncio y, esto hizo que su seropositividad fuera igualmente hecha publica y esto precisamente, cuando el habia pedido expresamente que su identidad permaneciera confidencial. El Tribunal debe pues determinar, si la injerencia de la que se queja el demandante al saber la divulgacion de su identidad en la medida en que se ha puesto en relacion con su estado de salud, era ?ánecesaria en una sociedad democratica?â para alcanzar estos objetivos, es decir, si los motivos invocados por las jurisdicciones internas para justificarla, fueran pertinentes y suficientes y si fuera proporcionada a los objetivos legitimos perseguidos. 31. A este respecto, el Tribunal debe tener en cuenta el papel fundamental que juega la proteccion de los datos con caracter personal . las informaciones relativas a la salud no eran minimas para el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar. El respeto al caracter confidencial de las informaciones sobre la salud, constituye un principio esencial del sistema juridico de todas las Partes contratantes del Convenio. Es fundamental, no solo para proteger la vida privada de los enfermos sino igualmente para preservar su confianza en el cuerpo medico y los servicios de salud en general. Por la falta de tal proteccion, las personas que necesitarian cuidados medicos podrian ser disuadidas de proporcionar las informaciones de caracter personal e intimo necesarias para la prescripcion del tratamiento apropiado e incluso, consultar a un medico lo que podria poner en peligro su salud incluso, en el caso de enfermedades transmisibles, la de la comunidad (Z. c. Finlandia, de 25 de febrero de 1997, ?˜ 95, Repertorio de sentencias y decisiones 1997-I) 32. La legislacion interna debe pues cuidar de las garantias constitucionales apropiadas para impedir toda comunicacion o divulgacion de datos con caracter personal, relativas a la salud, que no seria conforme a las garantias previstas en el articulo 8 del Convenio. 33. Estas consideraciones valen particularmente, cuando se trata de proteger la confidencialidad de las informaciones relativas a la seropositividad. En efecto, la divulgacion de tal informacion puede tener consecuencias devastadoras en la vida privada y familiar de la persona concerniente y en su situacion social y profesional, pudiendo exponerle al oprobio y a un riesgo de exclusion (Z. c. Finlandia, precitado, -?˜96). El interes que tiene proteger la confidencialidad de tales informaciones pesa pues demasiado en el balance, cuando se trata de determinar si la injerencia era proporcionada al objeto legitimo perseguido, sabiendo que tal injerencia no puede conciliarse con el articulo 8 del Convenio, si este pretende defender un aspecto primordial de interes publico. 34. Habida cuenta del caracter extremadamente intimo y sensible de las informaciones en lo referente a la seropositividad, toda medida tomada por un Estado para obligar a comunicar o a divulgar Boletin num. 2104.Pag. 145 . 608 . semejante informacion sin el consentimiento de la persona concerniente, exige el mas riguroso examen por parte del Tribunal, que debe apreciar con igual cuidado las garantias que pretenden asegurar una proteccion eficaz (Z. c. Finlandia, precitado, ?˜ 96). 35. En lo que concierne a las cuestiones relativas a la accesibilidad publica de los datos con caracter personal, el Tribunal reconoce que conviene otorgar a las autoridades nacionales competentes una cierta latitud para establecer un justo equilibrio entre la proteccion de la publicidad de procedimientos judiciales, necesaria para preservar la confianza en las cortes y en los tribunales (Pretto y otros c. Italia, de 8 de diciembre de 1983, ?˜ 21, serie A n.o 71) de una parte y la de los intereses de una parte o de una tercera persona que vea que tales datos permanezcan confidenciales, por otra parte. La amplitud del margen de apreciacion en la materia, es funcion de factores tales como la naturaleza y la importancia de los intereses en juego y la gravedad de la injerencia (ver, por ejemplo, Leander c. Suecia, de 26 de marzo de 1987, ?˜ 58, serie A n.o 116). 36. En concreto, el Tribunal debe buscar si habia razones suficientes para justificar la divulgacion, en el texto del juicio pronunciado por el juez de primera instancia n.o 4 de Salamanca sobre la identidad del demandante, con todas sus letras y de su seropositividad. 37. Segun las disposiciones pertinentes de la legislacion espanola (ver, mas arriba ?áDerecho interno pertinente?â) el juez de instancia que ha dado la identidad del demandante con todas las letras en su juicio, habria podido limitar lo extenso de la publicidad de su identidad, conforme al articulo 232 ?˜ 2 LOPJ, para razones de orden publico y de proteccion de los derechos y libertades. Por otra parte, el articulo 266 ?˜ 1 LOPJ permite igualmente limitar el acceso al texto de juicios y sentencias cuando corren peligro de atentar contra el derecho a la intimidad o a la garantia del anonimato. Conforme a esta disposicion, corresponde al funcionario encargado del registro, apreciar caso por caso la necesidad de limitar el acceso en funcion del interes legitimo de la persona que desea tener acceso al expediente (ver, mas arriba ?˜ 18). 38. El Tribunal senala a este respecto, que el demandante pidio en su recurso de reposicion del 9 de enero de 2004, que su nombre fuera borrado en los documentos del procedimiento en la medida en que su enfermedad fuera mencionada. El demandante habria podido obtener satisfaccion, reemplazando en los documentos del procedimiento accesibles al publico y en el juicio. el nombre con todas las letras por las iniciales. Esta solucion habria evitado los problemas pudiendo acreditarse posteriormente, en lo relativo al acceso de las personas interesadas (y la definicion de dicho ?áinteres?â) al expediente del procedimiento y al texto del juicio. 39. El Tribunal observa por lo demas, que la practica consistente en omitir la identificacion de ciertas personas en sus decisiones, es la seguida hasta por el Tribunal Constitucional espanol ( ver, mas arriba ?˜ 20). Este enfoque es el seguido igualmente por el Tribunal. En efecto, a pesar de que la regla general del procedimiento ante el Tribunal sea la publicidad, el articulo 33 del Reglamento del Tribunal permite al Presidente de la sala apartarse de esta regla cuando, entre otras, ?ála proteccion de la vida privada de las partes o de cualquier otra persona concerniente lo exija?â. Puede por otro lado, autorizar o acordar el anonimato, incluso de oficio (articulo 47 ?˜ 3 del Reglamento). 40. Debido a las circunstancias particulares del presente caso y especialmente habida cuenta del principio de Boletin num. 2104.Pag. 146 . 609 . proteccion especial de la confidencialidad de las informaciones relativas a la seropositividad, el Tribunal estima que la publicacion de la identidad del demandante con todas las letras, en lo referente a su estado de salud en el juicio pronunciado por el juez de primera instancia n.o 4 de Salamanca, no se justificaba mas que por algun motivo imperioso. 41. Por consiguiente, la publicacion de la identidad del demandante en el juicio en cuestion, ha atentado contra su derecho a su vida privada y familiar, garantizado por el articulo 8 del Convenio. II. SOBRE LA APLICACION DEL ARTICULO 41 DEL CONVENIO 42. Los terminos del articulo 41 del Convenio. ?áSi el Tribunal declara que ha habido violacion del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte contratante no permite eliminar mas que de manera imperfecta las consecuencias de esta violacion, el Tribunal acuerda con la parte danada si ha lugar una satisfaccion equitativa.?â A. Dano 43. El demandante reclama 12.000 euros (EUR) a titulo del perjuicio moral que habria sufrido. 44. El Gobierno estima excesivo el importe reclamado y solicita la desesti 45. El Tribunal estima que el demandante ha sufrido un perjuicio moral. Respecto a las circunstancias del caso y estatuyendo en equidad como requiere el articulo 41 del Convenio, el Tribunal decide conceder al demandante la suma de 5.000 EUR. B. Costas judiciales 46. Justificantes de prueba, el demandante pide igualmente 2.006,80 EUR por las costas judiciales comprometidas ante las jurisdicciones internas y 1.392 EUR para las comprometidas ante el Tribunal, siendo el total de 3.398,80 EUR. Pide otros 900 EUR por gastos diversos. 47. El Gobierno considera excesiva la suma reclamada. 48. Segun la jurisprudencia del Tribunal, un demandante no puede obtener el reembolso de sus costas judiciales mas que en la medida en que se encuentran establecidas su realidad, su necesidad y el caracter razonable de sus tasas. En concreto y habida cuenta de los documentos en su posesion y de los criterios antes mencionados, el Tribunal estima razonable la suma de 3.398 EUR y se la concede al demandante. C. Intereses moratorios 49. El Tribunal juzga apropiado calcar las tasas de los intereses moratorios sobre las tasas de interes de la facilidad de prestamo marginal del Banco central europeo mejorado en tres puntos de porcentaje. POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD, 1. Declara la demanda admisible; 2. Dice que ha habido violacion del articulo 8 del Convenio; 3. Dice a) que el Estado demandado debe pagar al demandante, en los tres meses a contar desde el dia en que la sentencia se haga definitiva conforme al articulo 44 ?˜ 2 del Convenio: i. 5.000 EUR (cinco mil euros) por el dano moral; Boletin num. 2104.Pag. 147 . 610 . ii. 3.398 EUR (tres mil trescientos noventa y ocho euros) por las costas judiciales, mas todo el importe que pueda ser debido a titulo de impuesto; b) que a partir de la expiracion de dicho plazo y hasta el pago, estos importes seran mejorados con un interes simple por una tasa igual a la facilidad de prestamo marginal del Banco central europeo aplicable durante este periodo, aumentado en tres puntos del porcentaje; 4. Rechaza la demanda de satisfaccion equitativa por lo demas. Santiago Quesada Josep Casadevall Secretario Presidente



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