Jurisprudencia Iberoamericana
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Argentina [ 16 Agosto 2011 ] [Corte Suprema] V.24.XLVII. In re V., D. L., restitución de menores    caché ES 

La progenitora y su actual pareja han expuesto públicamente el conflicto parental en diferentes redes sociales de internet, publicando toda clase de fotografías, notas y opiniones —a las que se puede acceder con sólo escribir los nombres de las partes en cualquier buscador de la red— en las que se ven involucrados los menores en cuestión. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de reconocer el derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar, contempla el derecho de los menores a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, y prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los niños, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, cuando lesionen su dignidad o la reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar (arts. 10 y 22). La exposición, difusión y divulgación a la que se refiere la norma (ver decreto 415/2006), resulta manifiestamente contraria al interés superior del niño, no podrán desarrollarse aunque medie el consentimiento de los sujetos de la ley (es decir, los niños, niñas y adolescentes) y sus representantes legales. Dado que la consideración primordial del interés superior del niño orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo a la Corte Suprema (Fallos: 328:2870), a los efectos de evitar agravar el conflicto generado y los perjuicios que éste ocasiona a los menores, corresponde exhortar a los progenitores a que se abstengan de exponer públicamente hechos o circunstancias de las vidas de G.V. y E.L.V. a fin de resguardar el referido derecho a la intimidad de los niños. Texto íntegro en http://www.pjn.gob.ar/



 

V. 24. XLVII. 

V., D. L. s/ restitución de menores -ejecución 

de sentencia. 

 

 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011 

 

 

Vistos los autos: “V., D. L. s/ restitución de menores ejecución 

de sentencia”. 

 

 

Considerando: 

 

 

1º) Que contra el pronunciamiento de la Cámara Federal 

de Apelaciones de Salta que, al confirmar lo resuelto en la 

instancia anterior, ordenó la restitución de los menores de 

nacionalidad francesa G.V. y E.L.V., solicitada por su padre, el 

señor D.L.V., el señor Defensor Público Oficial (fs. 370/387) y 

la progenitora (fs. 408/425) dedujeron sendos recursos 

extraordinarios, los que fueron concedidos (fs. 566/567 vta.). 

 

 

2º) Que las cuestiones planteadas han sido 

adecuadamente examinadas en el dictamen de la señora Procuradora 

Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal y a los 

que corresponde remitirse por razones de brevedad. 

 

 

3º) Que según da cuenta el Tribunal de Gran Instancia 

de Montpellier, Francia (fs. 307 vta.), lo que se encuentra 

corroborado por las constancias obrantes a fs. 59/65 y 446, la 

progenitora y su actual pareja han expuesto públicamente el 

conflicto parental en diferentes redes sociales de internet, 

publicando toda clase de fotografías, notas y opiniones —a las 

que se puede acceder con sólo escribir los nombres de las partes 

en cualquier buscador de la red— en las que se ven involucrados 

los menores en cuestión. 

 

 

4º) Que, al respecto, el derecho a la intimidad y a la 

vida privada —contemplado en términos generales en el art. 19 de 

la Constitución Nacional—, encuentra un ámbito de protección 

inequívoco en los arts. 16 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y en términos amplios, en los arts. 5 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 12 de 

 

 

-1

 

 

 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Asimismo, la ley 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de reconocer 

el derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida 

familiar, contempla el derecho de los menores a ser respetados en 

su dignidad, reputación y propia imagen, y prohíbe exponer, 

difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan 

identificar, directa o indirectamente a los niños, a través de 

cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su 

voluntad y la de sus padres, cuando lesionen su dignidad o la 

reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada o intimidad familiar (arts. 10 y 22). 

 

 

En ese orden de ideas, la reglamentación del citado 

artículo, aprobada por el decreto 415/2006, agrega que en 

aquellos casos en que la exposición, difusión y/o divulgación a 

la que se refiere la norma, resulte manifiestamente contraria al 

interés superior del niño, no podrán desarrollarse aunque medie 

el consentimiento de los sujetos de la ley (es decir, los niños, 

niñas y adolescentes) y sus representantes legales. 

 

 

5º) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

oportunidad de pronunciarse sobre la interpretación de los arts. 

8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos efectuó 

consideraciones destinadas a asignar contenido sustantivo al 

concepto de “interés superior del niño”, al afirmar que “Este 

principio regulador de la normativa de los derechos del niño se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las características 

propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el 

desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus 

potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la 

Convención sobre los Derechos del Niño” (conf. Opinión Consultiva 

 

 

-2

 

 

 

V. 24. XLVII. 

V., D. L. s/ restitución de menores -ejecución 

de sentencia. 

 

 

OC-17/2002. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Cap. 

VII, punto 56). 

 

 

6º) Que esta Corte ha señalado que los tribunales 

están obligados a atender primordialmente al citado interés 

superior, sobre todo cuando es doctrina del Tribunal que 

garantizar implica el deber de tomar las medidas necesarias para 

remover los obstáculos que pudiesen existir para que los 

individuos puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la 

Convención, debiendo los jueces, en cada caso, velar por el 

respeto de los derechos de los que son titulares cada niña, niño 

 

 

o adolescente bajo su jurisdicción (conf. “García Méndez, Emilio 

y Musa, Laura Cristina s/ causa n° 7537”, Fallos: 331:2691). 

En ese sentido, además de la citada obligación, la 

Convención sobre los Derechos del Niño compromete a los Estados 

Partes a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

su nombre y relaciones familiares, de conformidad con la ley, 

"sin injerencias ilícitas" (art. 8); y lo protege contra 

"injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y en su 

familia", estableciendo que "tiene derecho a la protección de la 

ley contra esas injerencias o ataques" (art. 16). 

 

 

7º) Que atento a lo expresado, corresponde señalar que 

los informes psicológicos producidos en la causa dan cuenta del 

temor que los niños tienen de expresar sus deseos y sentimientos 

profundos influenciados por el progenitor con el que conviven en 

ese momento o por el miedo a desagradarlo y perder su cariño si 

manifiestan una elección y, particularmente respecto de la menor 

E.L.V., del daño psicológico que está sufriendo por la disputa de 

ambos padres que le generan sentimientos de indefensión, inseguridad, 

mostrando ciertas tendencias regresivas y represión de 

las emociones negativas. En cuanto a G.V. señala la psicóloga que 

presenta serios problemas de adaptación con una marcada 

dependencia materna a la que se halla fuertemente ligado y con 

fuertes tendencias regresivas que le imposibilitan lograr un 

 

 

-3

 

 

 

desarrollo paulatino de su autonomía (conf. fs. 114/115 y 

160/161). 

 

 

8º) Que frente a dichas conclusiones, la conducta de 

la progenitora destacada precedentemente, al margen de no 

coincidir con la actitud “colaboradora” que invocó al presentarse 

en la causa, dista de favorecer al pleno desarrollo psíquico, 

físico y espiritual de los menores, y por ende, de la 

preocupación fundamental que para los padres debe constituir el 

“interés superior del niño” (art. 18, párrafo 1, de la Convención 

sobre los Derechos del Niño). 

 

 

9º) Que corresponde a esta Corte, como cabeza de uno 

de los poderes del Gobierno Federal, en la medida de su 

jurisdicción, aplicar los tratados internacionales a que el país 

está vinculado, a fin de evitar que la responsabilidad 

internacional de la República quede comprometida por su 

incumplimiento (Fallos: 318:1269 y 333:604). 

 

 

10) Que, en virtud de lo expresado y dado que la 

consideración primordial del interés superior del niño orienta y 

condiciona toda decisión de los tribunales de todas las 

instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo a la 

Corte Suprema (Fallos: 328:2870), a los efectos de evitar agravar 

el conflicto generado y los perjuicios que éste ocasiona a los 

menores, corresponde exhortar a los progenitores a que se 

abstengan de exponer públicamente hechos o circunstancias de las 

vidas de G.V. y E.L.V. a fin de resguardar el referido derecho a 

la intimidad de los niños, y a prestar colaboración en los 

términos de la sentencia apelada. 

 

 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la señora 

Procuradora Fiscal, se declaran formalmente admisibles los 

recursos extraordinarios deducidos y, con el alcance indicado, se 

confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68, Código 

Procesal 

 

 

-4

 

 

 

V. 24. XLVII. 

V., D. L. s/ restitución de menores -ejecución 

de sentencia. 

-//

 

 

-5

 

 

 

-//-Civil y Comercial de la Nación y art. 14, ley 24.946). Esta 

Corte exhorta a los progenitores de los menores en los términos 

del considerando 10. Notifíquese, devuélvase y comuníquese con 

copia a la Autoridad Central Argentina. ELENA I. HIGHTON de 

NOLASCO -CARLOS S. FAYT -JUAN CARLOS MAQUEDA -E. RAÚL 

ZAFFARONI -CARMEN M. ARGIBAY. 

 

 

ES COPIA 

 

 

Recurso extraordinario interpuesto por el señor Defensor Público Oficial y por 

la señora V. C., representada por el Dr. Francisco Durand Casali y patrocinada 

por el Dr. Alberto Javier Alderete. 

 

 

Traslados contestados por D. L. V. patrocinado por el Dr. Pedro Oscar García 

Castiella. 

 

 

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Salta. 

 

 

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Salta n° 2. 

 

 

-6

 

 

 

V. 24. XLVII. 

V., D. L. s/ restitución de menores -ejecución 

de sentencia. 

 

 

Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación 

ingrese a: 

 

 

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2011/beiro/6-junio/v_d_l_v_24_l_xlvii.pdf 

 

 

Restitución internacional de menores -Ejecución de sentencia Sentencia 

extranjera -Régimen de visitas -Responsabilidad del 

estado 

 

 

-7

 

 

 

 



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