Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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España [ 17 Marzo 2010 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia STS 1450/2010    caché ES 

Recogida de datos de boletines oficiales de forma engañosa - El hecho de que no se haya podido determinar la forma concreta en que lasociedad actora -añade la sentencia- logró acceder a los datos existentes en dichos expedientes, carece de trascendencia a la vista de lo expuesto. Si la sociedad demandante hubiera alegado cuál era la auténtica finalidad que perseguía con el acceso a los expedientes, dicho acceso le hubiera sido denegado por no ostentar la condición de interesada. Por ello, la obtención de los datos personales existentes en los citados expedientes, se tuvo que producir inexorablemente de forma engañosa o fraudulenta, y como tal debe ser calificada a los efectos de la concreta conducta típica enjuiciada y desde la perspectiva del ámbito de protección de datos en el que nos hallamos.



 

Roj: STS 1450/2010

Id Cendoj: 28079130062010100140

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid

Sección: 6

Nº de Recurso: 3695/2006

Nº de Resolución:

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: AGUSTIN PUENTE PRIETO

Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Marzo de dos mil diez.

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos.

Sres. anotados al margen, el presente recurso de casación que con el número 3695/06 ante la misma pende

de resolución interpuesto por la Procuradora Dª Carmen Tello Borrell en nombre y representación de SCRUMFLY, S.L. contra Sentencia de 6 de abril de 2.006 dictada en el recurso núm. 554/04 por la Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional.

Comparece como recurrido el Abogado del Estado en la representación que ostenta

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia recurrida contiene el fallo del siguiente tenor: <

contencioso-administrativo interpuesto por SCRUM FLY, S.L. representada por la Procuradora Dª Carmen

Tello Borrell contra la resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 6 de

septiembre de 2004, por la que se impone a dicha entidad, sendas sanciones de multas de 300.506,05 y

60.101,21 Euros; sin imposición de costas.>>

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, por la representación de SCRUM-FLY, S.L. se presentó

escrito ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional preparando recurso de casación

contra la misma. Por resolución de fecha 25 de mayo de 2006 la Sala de instancia tuvo por preparado en tiempo

y forma el recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, por la representación de SCRUM-FLY, S.L.

se presentó escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se fundan y

suplicando a la Sala "... se anule la sentencia de 6 de abril de 2006 de la Sección Primera de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional  , dictada en el procedimiento, a fin de que se dicte una

nueva Sentencia con las debidas garantías procesales".

CUARTO.- Por Auto de esta Sala de 10 de enero de 2008  se acordó: <

interpuesto por la representación procesal de SCRUM FLY, S.L., contra la Sentencia de 6 de abril de 2006, de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo  (Sección Primera) de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso

nº 554/2004  , en relación con la multa de 60.101,21 euros, cuya firmeza se declara; admitir el citado recurso

en relación con la multa de 300.506,05 euros>>. Por providencia de fecha 2 de julio de 2008 se emplazó

al Abogado del Estado para que formalice escrito de oposición, en el plazo de treinta días, lo que realizó,

oponiéndose al recurso de casación, suplicando a la Sala "dicte sentencia que desestime el recurso y confirme

la sentencia recurrida, con imposición de las costas causadas".

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo la audiencia del día 16 de marzo de

2.010  , en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Agustin Puente Prieto, Magistrado de Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso de casación contra  sentencia de 6 de abril de 2006

de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional  , que resuelve,Centro de Documentación Judicial

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desestimándolo, el recurso contencioso administrativo interpuesto por Scrum Fly S.A. contra la resolución del

Director de la Agencia Española de Protección de Datos de 6 de septiembre de 2004 por la que se impone a

dicha entidad sanciones de 300.506,05 euros y 60.101,21 euros, la primera por infracción del artículo 4.7 de

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  , infracción tipificada como grave en el artículo

44.4.a) de la citada Ley Orgánica, y la segunda  por infracción del artículo 6.1 de la citada Ley  , tipificada

dicha infracción como grave en el artículo 44.3.d) de dicha Ley  .

Aunque la cuantía del recurso contencioso administrativo quedó fijada en la instancia en 360.607,26

euros, por Auto de esta Sala de 10 de enero de 2008  se inadmitió el recurso de casación en relación con la

multa de 60.101,21 euros, admitiéndose el mismo en relación con la sanción de 300.506,05 euros, en cuyo

sentido debe limitarse al enjuciamiento de la citada multa el presente recurso de casación.

SEGUNDO.- La sentencia recurrida recoge como hechos relevantes para la resolución del proceso, en

su fundamento de derecho segundo, los siguientes:

<

subastas, concursos públicos y cualquier tipo de licitación u oferta pública que se realice de bienes ya sean

muebles o inmuebles. La comercialización del producto se realiza en forma de fichas en soporte papel y en

soporte informático.

SEGUNDO: La información contenida en la base de datos se obtiene de boletines oficiales, páginas

web de Agencia Española de Administración Tributaria y Seguridad Social y edictos publicados en diversos

medios de comunicación. En el caso de subastas realizadas por los Juzgados, la información obtenida es

enriquecida por personal de la empresa que se persona en los Juzgados anunciantes a efectos de corroborar

la exactitud y veracidad de los datos publicados mediante el acceso al certificado registral y al expediente

judicial a efectos de recabar datos relevantes del procedimiento.

TERCERO: Con estos datos SCRUM FLY elabora un informe, incluido en su base de datos, en el

que se hace referencia a aspectos y contenidos del expediente judicial tales como fecha y recepción de

requerimientos, conclusiones de informes de peritos, contenido de determinados documentos que obran en

el expediente, referencia a otras actuaciones, comentarios sobre circunstancias personales de las partes, etc.

CUARTO: SCRUM FLY recaba en los Juzgados los datos identificativos (nombre y apellidos) de los

abogados y procuradores que intervienen en el litigio. Estos datos obviamente figuran en el expediente judicial

y a partir de ellos, utilizando los repertorios de colegiados la empresa obtiene otros datos personales como

teléfono, fax, dirección etc. En el fichero se han encontrado numerosos abogados en el que figura asociado

el dato de la empresa a la que representan, dato que también figura en el expediente judicial.

QUINTO: SCRUM FLY reconoce expresamente y así consta en el acta de inspección que en ningún

momento se dirige a las personas cuyos datos se incorporan al fichero, con el fin de solicitar su consentimiento

e informarle del tratamiento de sus datos.>>

Añade la sentencia, que <

con el convencimiento de la corrección de su comportamiento, por ello ha reconocido los hechos imputados

y acata la declaración de hechos probados; sin embargo, discrepa de la calificación de los hechos, de su

imputabilidad, y de la cuantía de las sanciones impuestas.>>

Analiza el Tribunal de instancia, en su fundamento de derecho tercero, la primera y más grave de las

infracciones cometidas, en relación con la recogida de datos en forma dañosa y fraudulenta que tipifica como

muy grave el artículo 44.4 a) de la Ley Orgánica de Protección de Datos  . Y lo hace sobre la base de que

ha de partirse del análisis del principio de publicidad de las actuaciones judiciales, constitucionalizado por el

art. 120.1 de la Constitución, y al que hace referencia la Ley Orgánica del Poder Judicial  en los artículos

232, 234, 235 y 266.1  , concluyendo, con cita de la doctrina contenida en la sentencia de esta Sala de 3 de

marzo de 1995, reiterada en las de 22 de mayo de 1996  y 6 de abril de 2001, en que la publicidad de las

actuaciones judiciales no significa que los datos contenidos en un procedimiento judicial que se halla en fase

de ejecución puedan ser examinados y se encuentren a disposición del público en general de forma totalmente

libre e indiscriminada, sino que dicha publicidad está restringida, salvo aquellas actuaciones que se celebren

en audiencia pública, a los que ostenten la condición de interesados, a la que apela el artículo 234 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial  , considerando que este concepto no coincide necesariamente con el de parte

procesal y que ha sido perfilado por la jurisprudencia.

Analiza a continuación el Tribunal de instancia el supuesto de publicidad referido a las subastas

judiciales, entendiendo que, conforme ha de interpretarse lo dispuesto en el  articulo 668 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil  sobre anuncio de subastas, la actora no ha tenido un interés concreto en acceder aCentro de Documentación Judicial

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determinadas actuaciones judiciales como potencial postor, puesto que no tenía una conexión singular y

concreta, ni con el objeto del proceso ni con los actos de ejecución de la sentencia, radicando su interés

en acceder a dichos procedimientos judiciales, por el contrario, en recabar información de interés para la

confección del producto que comercializaba, y que, al objeto de confeccionar dicho producto, no se limitó a

examinar la certificación registral o los títulos de propiedad de la finca, sino que accedió y tomó notas de otros

aspectos tales como la fecha y recepción de requerimientos, conclusiones de informes de peritos, referencias

a otras actuaciones, comentarios sobre circunstancias personales de las partes... con los que Scrum Fly

elaboraba un informe incluido en la base de datos. Además, añade la sentencia, recababa el nombre y apellidos

de los abogados y procuradores que intervenían en el litigio y, a partir de ellos, utilizando los repertorios de

colegiados, la empresa obtiene otros datos personales como teléfono, fax, dirección.

Afirma la sentencia que, la actividad de la actora no guarda conexión singular y concreta con los

procedimientos en particular, sino que pretende dar información de carácter general a los compradores de

productos sobre subastas, bienes a los que se refieren, datos identificativos de Abogados y Procuradores, etc.

Por tanto, la entidad demandante no ostenta la condición de interesado en los concretos procedimientos de

subasta, pues la actividad realizada no se inserta en el ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores,

como exige la jurisprudencia citada. El interés es ajeno al ámbito estricto del ordenamiento jurídico, pues tiene

carácter general y no está vinculado a cada concreto procedimiento de subasta judicial, ni con el fin general

que tiene la publicidad procesal.

Y añade la sentencia que, en definitiva, y en aplicación de la doctrina jurisprudencial citada, resulta

evidente que la sociedad demandante no puede ostentar la condición de interesada a estos efectos y, como

acertadamente señala la resolución recurrida, la obtención de datos por parte de la sociedad demandante a

través del examen del expediente judicial, que sólo es accesible para los interesados en dicho procedimiento,

debe ser calificada como "fraudulenta", a los efectos de lo previsto en el artículo 4.7 de la LOPD  .

El hecho de que no se haya podido determinar la forma concreta en que la sociedad actora -añade la

sentencia- logró acceder a los datos existentes en dichos expedientes, carece de trascendencia a la vista de

lo expuesto. Si la sociedad demandante hubiera alegado cuál era la auténtica finalidad que perseguía con el

acceso a los expedientes, dicho acceso le hubiera sido denegado por no ostentar la condición de interesada.

Por ello, la obtención de los datos personales existentes en los citados expedientes, se tuvo que producir

inexorablemente de forma engañosa o fraudulenta, y como tal debe ser calificada a los efectos de la concreta

conducta típica enjuiciada y desde la perspectiva del ámbito de protección de datos en el que nos hallamos.

En el fundamento de derecho siguiente, la sentencia recurrida enjuicia la obtención de datos de identidad

de Abogados y Procuradores, recordando la doctrina contenida en la sentencia de 30 de noviembre de 2000

del Tribunal Constitucional  , considerando que la extracción del nombre y apellidos de Abogado y Procurador

de los expedientes judiciales, para incorporarlos al producto que la actora comercializa, no está amparada por

ningún tipo de publicidad procesal, ni se inserta en el ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores,

añadiendo que, a mayor abundamiento, en el citado producto que la empresa comercializa se recogen otros

datos personales, objeto también de protección, a los que se alude con carácter genérico, sin concretar, en el

relato fáctico de la resolución recurrida; y cita a título de ejemplo, que al folio 24 del expediente y en una de las

fichas en soporte papel, se dice "OBSERVACION: piso ocupado por la demandada, separada" y en las fichas

en soporte informático se incluye también DNI de las personas físicas que intervienen en el procedimiento,

como se desprende de la impresión obrante al folio 68 adjuntada al acta de inspección.

Analiza, igualmente, la sentencia recurrida, la obtención de datos sin consentimiento, asi como la no

aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el articulo 45.5º de la Ley Orgánica de Protección de Datos  a efectos de

entender existente una cualificada disminución de la culpabilidad y la antijuricidad a efectos de la minoración

de la sanción, lo que desestima.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpone el presente recurso de casación con fundamento en

un primer motivo, en que el recurrente denuncia simplemente, como tal, <>.

Evidentemente, y como pone de manifiesto el Sr. Abogado del Estado existe una deficiente técnica

casacional en la enunciación del motivo, dado que la recurrente incumple la obligación de incardinar el

mismo en alguno de los supuestos previstos en el articulo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción  , y no expresa

razonadamente el precepto legal infringido en que dicho motivo se fundamenta.

En cualquier caso, y como también pone de manifiesto el defensor de la Administración, no tiene

sentido afirmar que la sentencia vulnera el principio acusatorio cuando ésta se limita a revisar la actuación

administrativa y a confirmar la infracción ya apreciada por la Agencia de Protección de Datos, constituyendo

las consideraciones que realiza el Juzgador para ratificar la infracción no una nueva acusación sino de laCentro de Documentación Judicial

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valoración, desde el punto de vista jurídico, de los hechos considerados, debiendo tener en cuenta que el

Juzgador de instancia no acusa y no ha infringido el principio acusatorio sino que se limita a fiscalizar las

resoluciones del órgano administrativo objeto de impugnación, sin que se aprecien razones que justifiquen,

en modo alguno, la infracción del principio denunciado.

En el segundo de los motivos, ignorando igualmente el articulo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción  y la

obligación de razonar la supuesta infracción de preceptos del ordenamiento jurídico, se aduce una hipotética

infracción del principio de presunción de inocencia, basándose, en realidad, en los mismos razonamientos

que el motivo anterior, habiendo ratificado el Tribunal de instancia la infracción por la que la recurrente fue

sancionada, considerando engañosa y fraudulenta la actuación de la misma, confirmando en tal sentido lo

resuelto por la Agencia Española de Protección de Datos.

En cualquier caso, la empresa sancionada obtuvo datos de procesos judiciales sin ser parte interesada

en los mismos, limitándose la sentencia a afirmar que resultaba irrelevante que no se haya podido determinar

la forma concreta en que la actora logró acceder a dichos datos, ya que, no siendo interesada en el

proceso judicial, no podía acceder a ellos legalmente y, en cuanto accedió, tuvo que hacerlo de manera

fraudulenta o engañosa, lo que, como con acierto argumenta también el Sr. Abogado del Estado, hubiera

permitido a la recurrente discutir la correcta tipificación de la infracción, mas sin que exista vulneración del

principio de presunción de inocencia puesto que los hechos que motivaron la sanción quedaron identificados

y demostrados y ni siquiera se cuestionan.

En el tercero de los motivos casacionales la recurrente, incurriendo en el mismo defecto de técnica

procesal, alude al derecho de información, confirmando que los datos que la empresa difundía para sus fines

profesionales eran públicos, dado el principio general de publicidad de las actuaciones judiciales.

En cualquier caso, el motivo carece de fundamento, ya que el derecho de información tiene el límite que

le otorga la protección de datos personales, habiendo analizado ampliamente el Tribunal de instancia la falta

de la condición de interesada de la recurrente en las actuaciones judiciales al objeto de captar la información

que ulteriormente comercializaba.

En el cuarto de los motivos casacionales se alude genéricamente a una infracción de normas esenciales

del ordenamiento jurídico, relativa, al parecer, a lo dispuesto en el  articulo 44.4.a) de la Ley Orgánica de

Protección de Datos  por la que fue sancionada la recurrente, citándose el articulo 80 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas  y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 386 y 4

de la Ley de Enjuiciamiento Civil  .

La genérica exigencia de prueba en el procedimiento administrativo que proclama el articulo 80.1 de la

Ley de la Jurisdicción  , no permite apreciar la infracción del mismo en el presente caso, así como tampoco

del articulo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  que se refiere a las presunciones judiciales, ya que la actora

era responsable de una base de datos con información sobre subastas, concursos públicos y licitaciones y

que, en el caso de subastas judiciales, la información se enriquecía con datos obtenidos directamente de los

Juzgados, incluyéndose entre ellos, nombres y apellidos de Abogados y Procuradores, de lo que se concluye

que, al carecer de condición de interesado, estos datos se obtenían por la empresa recurrente de manera

engañosa y fraudulenta, ya que la misma no era interesada en los procedimientos judiciales propiamente

dichos sino que intentaba simplemente acceder a esos datos para sus propios fines de índole profesional

ajenos a la causa judicial.

Ello, como razona el Abogado del Estado, no constituye una presunción sino un razonamiento jurídico

que se realiza a fin de dilucidar si los hechos acreditados y admitidos se encuentran o no tipificados en la

infracción que se sanciona, por lo que, a lo sumo, podría alegarse infracción de principio de tipificidad pero no

de las normas en materia de presunciones que la recurrente invoca.

Se alega, igualmente, la aplicación incorrecta de la doctrina de la sentencia de esta Sala de 3 de marzo

de 1995  , cuyas consideraciones son perfectamente trasladable al caso que nos ocupa, ya que en ella se

considera que no cabe reconocer la condición de interesado en un proceso judicial, a efectos de obtener datos

del mismo, a una empresa cuya actividad mercantil se circunscribe a la confección de una base de datos que

pone a disposición de terceros  datos de personas intervinientes en el proceso, lo que se produce en el caso

de la recurrente.

Dentro del motivo cuarto del recurso y con la misma falta de técnica casacional, se insiste en la

aplicación al caso del  artículo 45.5 de la Ley Orgánica del Protección de Datos  , que permite al órgano

sancionador establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que

precede inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate,Centro de Documentación Judicial

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cuando, en razón de las circunstancias concurrentes, se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad

del imputado o de la antijuricidad del hecho.

Las circunstancias fácticas que rodean la infracción fueron apreciadas por el Tribunal de instancia, sin

que exista una disminución de culpabilidad y antijuricidad pues, como argumentó el Tribunal de instancia,

existe de forma latente en la inclusión de datos una finalidad lucrativa, sin que la existencia o no de daño a los

titulares de los datos relatados constituya un requisito exigible en la tipificación de la sanción, no pudiéndose

apreciar nuevamente una ausencia de reincidencia, que ya fue tomada en consideración a la hora de imponer

la sanción correspondiente en el mínimo posible.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley de la Jurisdicción  , procede la

condena en costas de la recurrente, con el límite, en lo que se refiere a los honorarios del Sr. Abogado del

Estado, de la cantidad de 3.000 #.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de SCRUM-FLY, S.L.

contra Sentencia de 6 de abril de 2.006 dictada en el recurso núm. 554/04  por la Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional; con condena en costas de la recurrente, con la

limitación establecida en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

 



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