Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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las Américas [ 17 Abril 2002 ] [Puerto Rico, Tribunal Supremo]  H. V. R. vs. Telef?nica de Puerto Rico    caché ES 

"En el presente recurso nos toca determinar si, bajo las circunstancias particulares de este caso, la práctica de un patrono privado de observar y grabar de forma ininterrumpida en cinta de video a sus empleados en un área de trabajo abierta, pero no accesible al público, viola nuestra Constitución."

"En conclusión, resolvemos que el sistema de vigilancia establecido por la Telefónica de Puerto Rico en el Centro Ejecutivo de Comunicaciones de la empresa no es inconstitucional per se."

Fuente: Opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico



EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Vega Rodríguez y otros
Peticionarios
v.
Telefónica de P.R. y otros
Recurridos
Certiorari
2002 TSPR 50
156 DPR ____
Número del Caso: AC-1998-18
Fecha: 17/abril/2002
Tribunal de Circuito de Apelaciones:
Circuito Regional II
Juez Ponente:
Hon. Efraín E. Rivera Pérez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José Juan Nazario de la Rosa
Abogados de la Parte Recurida:
Lcdo. Enrique R. Adames Soto
Lcdo. Juan Carlos Garay Massey
Lcdo. Luis F. Del Valle Emmanuelli
Lcdo. Luis F. Juarbe Jiménez
Lcdo. John M. García Nokonechna
Materia: Sentencia Declaratoria, Violación a Derechos
Constitucionales
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está
sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación
oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
2
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Vega Rodríguez y otros
Peticionarios
v. AC-1998-18
Telefónica de P.R. y otros
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora NAVEIRA DE RODÓN
San Juan, Puerto Rico a 17 de abril de 2002
La velocidad vertiginosa a la que avanzan los adelantos tecnológicos
ha provocado que los aparatos que hace unos años parecían inventos de la
ciencia ficción, hoy sean equipos fácilmente accesibles en el mercado. El
ámbito laboral no ha estado inmune a estos cambios. Cada vez son más las
empresas privadas que utilizan los adelantos para incrementar la efectividad
de sus operaciones. La cultura corporativa ha incorporado la utilización
de diversas técnicas de vigilancia electrónica para
fiscalizar la productividad de los empleados, reducir la incidencia de litigios, y promover
la seguridad en el taller de trabajo y del taller de trabajo, así como también de la empresa
en general.
Sin embargo, la utilización de estas técnicas ha provocado el surgimiento de
controversias legales noveles relacionadas con el lugar de trabajo. En el presente recurso
examinamos una de éstas. Nos toca determinar si, bajo las circunstancias particulares de
este caso, la práctica de un patrono privado de observar y grabar de forma ininterrumpida
en cinta de video a sus empleados en un área de trabajo abierta, pero no accesible al público,
viola nuestra Constitución.
El presente caso fue resuelto mediante sentencia sumaria. Por consiguiente,
resumimos los hechos pertinentes según éstos se desprenden de las respectivas solicitudes
de sentencia sumaria, del acta de inspección ocular y de las determinaciones de hecho
contenidas en la sentencia.
I
Los señores Héctor Vega Rodríguez y Amiud Reyes Rosado (en adelante los señores
Vega-Reyes) eran empleados de la Puerto Rico Telephone Company (en adelante PRTC), la cual
era una corporación pública a la fecha de los hechos que dieron lugar a este recurso. Los
señores Vega-Reyes laboraban como operadores en el Centro Ejecutivo de Comunicaciones de
la empresa (en adelante CEC) ubicado en el último piso del Edificio 1500 de la Avenida
Franklin Delano Roosevelt en Guaynabo, Puerto Rico.
Desde el CEC se controlaba la seguridad de la empresa de forma electrónica. A éste
se reportaban los sistemas de control de incendios, los detectores de humo, los detectores
de calor para fuego, los circuitos de control de acceso, los controles para las puertas
de salida de emergencia y el acceso de entrada y salida en todas las instalaciones de la
empresa. Como operadores del CEC, los señores Vega-Reyes vigilaban bancos de información
en computadoras y monitores para detectar cualquier señal proveniente de los distintos
sistemas de seguridad y alarmas ubicados en las instalaciones operadas por la PRTC alrededor
de Puerto Rico. De la descripción del puesto se desprende que la función básica de un operador
consiste en mantener comunicación y canalizar a las áreas correspondientes averías,
situaciones de emergencia, alarmas e irregularidades relacionadas con las operaciones,
sistemas equipos telefónicos y controles de seguridad, reportados a través de los equipos
electrónicos.
En el CEC laboraban once (11) operadores, tres (3) supervisores, una (1) secretaria
y un (1) gerente. El CEC operaba los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24)
horas del día. Los operadores trabajaban en turnos rotativos de ocho (8) horas, lo cual
permitía que por lo menos hubiese dos (2) operadores en funciones. Los supervisores
también trabajaban turnos rotativos. Sin embargo, podía haber turnos donde los
operadores trabajasen sin supervisor. De surgir emergencias en estos turnos, los
operadores resolvían la situación y luego le informaban a un supervisor o al gerente.
El acceso al CEC estaba restringido, solamente el personal previamente autorizado
podía pasar. Una persona que interesaba entrar al CEC debía estar autorizada para ello
por el Gerente o alguno de los operadores, o pasar por el guardia de seguridad del edificio,
firmar el libro de registro, y tomar el ascensor hasta el piso PH. En ambos casos, la persona
necesitaba una tarjeta codificada para abrir la segunda puerta de acceso controlado
electrónicamente a la entrada misma del CEC.
El espacio de trabajo de los operadores dentro del CEC era abierto y en forma de
“L”. Se componía de un área donde ubicaban computadoras y mobiliario de oficina y otra
área de monitores. Además, el CEC contenía un área de descanso y un área de oficinas
administrativas. El lugar de descanso tenía casilleros (lockers), ducha, cocina y un
área de ingerir alimentos. El área administrativa estaba integrada por tres (3) oficinas
divididas por separadores para los supervisores y una (1) oficina completamente cerrada
para el gerente. Todos los operadores compartían el área de trabajo abierta sin que
se hubiese asignado a ninguno de ellos escritorio, computadora, monitor o área de trabajo
en particular.
En junio de 1994, la PRTC instaló un sistema de vigilancia electrónica y, previa
notificación a los empleados, lo comenzó a operar. La notificación informaba del hecho
de que se implementaría el referido sistema, pero no detallaba la política de la empresa
formulada en torno a su implementación. Tampoco expresaba cómo se regularían los aspectos
referentes al uso y disposición de las imágenes grabadas por el sistema y de toda la
información que se recopilara por medio de la supervisión electrónica.
El sistema de circuito cerrado instalado consistía de cuatro (4) cámaras fijas
con lente gran angular (wide angle). Tres (3) de ellas operaban en el interior del CEC
y una (1) en la entrada. Además, componen el sistema un (1) monitor y una (1) vídeo
grabadora, los cuales estaban ubicados y se operaban desde la oficina del gerente del
CEC, el señor Daniel Domínguez. Las imágenes recogidas por las cámaras se reflejaban
en el monitor y se grababan de forma continua en las cintas de videograbación.
La cámara ubicada en la entrada, que captaba a toda persona que entraba o salía
del lugar, no fue objetada por los señores Vega-Reyes. Los peticionarios impugnaron
las tres (3) cámaras ubicadas en el interior del CEC. La primera de estas cámaras cubría
el área de monitores que medía aproximadamente cuarenta y cinco (45) pies de largo por
treinta y seis (36) de ancho. La cámara cubría de un 60% a un 70% del mostrador en forma
de “L” donde se encontraban los veintitrés (23) monitores. En dicho mostrador también
estaba el teléfono del área de emergencia de los ascensores. En esa área estaba además
el sistema de alarmas y tres (3) estaciones de radio. Allí se encontraba también el
sistema de “Credifon”, de control de fraude, y se obtenía acceso al sistema “Esnet”.
Este último sistema podía activar y desactivar cualquier tarjeta de crédito expedida
por la telefónica. Además había un gabinete con llaves maestras de todas las oficinas
de la PRTC, externas e internas, y de otras dependencias y áreas.
La segunda cámara dentro del CEC cubría el salón de las computadoras. Esta cámara
captaba desde los monitores hasta la mitad de la pantalla del sistema computarizado de
seguridad electrónica, el cual mantenía vigilancia electrónica de las oficinas a nivel local
e isla. El mismo constaba de doscientos (200) locales instalados que monitorizan los eventos
en todas las localidades de la PRTC alrededor de Puerto Rico. Aquí se recibían las llamadas
en referencia a los equipos instalados tanto relativos a la seguridad y protección de la
empresa, como de clientes regulares, gobierno o agencias federales. El sistema se activaba
en casos de emergencia y permitía impartir instrucciones al trabajador que se encontraba
en la calle.
La última cámara enfocaba hacia la entrada donde se encontraban los cubículos de
los supervisores y la secretaria. El campo de visión excluía las áreas de descanso,
cocina o el área de baño y lockers.
Las cámaras objetadas se encontraban protegidas por un protector acrílico de color
oscuro, no tenían capacidad de hacer enfoques o acercamientos (zoom), no tenían audio,
y apuntaban a una dirección fija. Sólo un técnico, de forma manual, podía cambiar la
posición de las cámaras. Para que las cámaras tomaran imágenes de diferentes distancias
y ángulos había que reemplazar el lente de las mismas.
Las tres (3) cámaras impugnadas recogían imágenes de forma ininterrumpida los siete
(7) días de la semana y grababan aunque el televisor estuviera apagado. El gerente o
un supervisor designado cambiaba las cintas cada setenta y dos (72) horas. Entonces,
las cintas se guardaban en un archivo bajo llave y se mantenía una biblioteca de las
cintas identificadas con número, fecha y hora.
Los peticionarios manifestaron, desde que fueron informados de la instalación del
sistema, su oposición al mismo.1 Finalmente, el 8 de febrero de 1995, tras agotar los
remedios administrativos que tenían a su alcance, los señores Vega-Reyes, sus esposas
y la sociedad legal de gananciales que cada uno integra, presentaron una demanda ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Alegaron que el sistema
de cámaras de seguridad instalado en el CEC violaba los siguientes derechos
constitucionales: (i) su dignidad e intimidad conforme al Art. II, § 1 y 8 de Carta de
Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (ii) su derecho
a la protección contra riesgos a su salud o integridad personal en su trabajo conforme
al Art. II, § 16; (iii) menoscababa su derecho a la libertad de palabra y asociación
1 En 1990 la PRTC instaló por primera vez un sistema de cámaras de circuito
cerrado en el CEC. No obstante, en aquella ocasión la empresa desistió
voluntariamente de operar el referido sistema de vigilancia electrónica
debido a las objeciones presentadas por los empleados.
conforme al Art. II, § 4; y (iv) que dicha intromisión constituía un registro ilegal
e irrazonable conforme al Art. II, § 10. Los demandantes solicitaron como remedio
compensación por concepto de haber sufrido daños y angustias mentales, al amparo del
Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. § 5141.
La PRTC, por su parte, presentó una solicitud de sentencia sumaria el 10 de
noviembre de 1995. Alegó, en síntesis, que los señores Vega-Reyes no poseían una
expectativa razonable de intimidad en el área de trabajo observada por las cámaras.
Sostuvo además que las alegaciones sobre la violación a los derechos de expresión y
asociación carecían de fundamento ya que los señores Vega-Rodríguez no identificaron
la expresión constitucionalmente protegida que fue restringida. En la alternativa
adujeron que cualquier expectativa de intimidad de lo empleados debía ceder ante los
intereses apremiantes de seguridad presentes en el caso “debido al tipo de trabajo y
función que se lleva a cabo en el CEC.” Los señores Vega-Rodríguez se opusieron a esta
moción de sentencia sumaria, y solicitaron a su vez que se dictara sentencia sumaria
parcial a su favor.
El primer juez a cargo del caso declaró ambas solicitudes de sentencia sumaria
sin lugar el 17 de enero de 1996, por entender que en ese momento existían controversias
de hechos sustanciales que impedían adjudicar la controversia. El 23 de abril de 1996,
la PRTC reprodujo nuevamente su solicitud de sentencia sumaria. Esta vez, tras realizar
una inspección ocular del CEC y considerar la oposición presentada por los señores
Vega-Rodríguez, un nuevo juez de instancia dictó sentencia sumaria desestimando la
demanda.
Tras varios trámites procesales, incluyendo una moción de los aquí peticionarios
solicitando al tribunal de instancia determinaciones de hecho y derecho adicionales,
los señores Vega-Reyes recurrieron ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones (en
adelante Tribunal de Circuito). El 30 de marzo de 1998 dicho foro dictó sentencia mediante
la cual confirmó el dictamen apelado.
El 3 de junio de 1998 los señores Vega-Reyes acudieron ante nos mediante recurso
de apelación, alegando que los tribunales de instancia y circuito erraron al no declarar
la inconstitucionalidad de la práctica de vigilancia electrónica implantada por la PRTC,
ya que el sistema de vigilancia y videograbación en su área de trabajo violaba sus derechos
constitucionales a la dignidad, intimidad, libertad de expresión y asociación y la
protección al trabajador contra riesgos a su salud e integridad personal. Alegaron además
que establecer este sistema de vigilancia electrónica, en ausencia de reglamentación
específica sobre el uso y disposición del material filmado violaba su derecho a un debido
proceso de ley.
El 26 de junio de 1998, la PRTC presentó una moción de desestimación. Adujeron
que la moción solicitando determinaciones de hecho y derecho adicionales presentada por
los señores Vega-Reyes no había interrumpido el término para presentar apelación ante
el Tribunal de Circuito, por lo que debía desestimarse el recurso presentado por falta
de jurisdicción. Como segundo fundamento para desestimación, la PRTC alegó que de acuerdo
a la doctrina de cosa juzgada o impedimento colateral por sentencia, los demandantes
estaban impedidos de reclamar remedio alguno en los tribunales locales. Esto debido
a que los demandantes habían radicado una demanda en el Tribunal de Distrito federal
para el Distrito de Puerto Rico, en la cual también impugnaron el sistema de vigilancia
de PRTC bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, y la Ley Federal
de Derechos Civiles. Dicha acción culminó con una sentencia del Tribunal de Circuito
de Apelaciones para el Primer Circuito, de fecha de 8 de abril de 1997, la cual confirmó
el dictamen del tribunal de distrito desestimando la reclamación de los aquí
peticionarios.
El 6 de noviembre de 1998, acordamos revisar y expedimos el recurso solicitado,
acogiéndolo como certiorari. El 4 de diciembre de 1998, los recurridos presentaron una
moción en la cual solicitaron nuevamente la desestimación del recurso. El 15 de enero
de 1999, emitimos una resolución en la cual ordenamos a las partes presentar sus alegatos
dentro de los términos reglamentarios, e indicamos además que consideraríamos
oportunamente la moción de desestimación.
Ambas partes presentaron sus alegatos, y con el beneficio de sus argumentos
procedemos a resolver.
II
A.
Es necesario que examinemos, en primer lugar, el planteamiento de PRTC a los efectos
de que el Tribunal de Circuito carecía de jurisdicción para atender la apelación
presentada por los aquí peticionarios ante dicho foro. Las cuestiones de jurisdicción,
por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia; de carecer un tribunal de
jurisdicción, lo único que puede hacer es así declararlo y desestimar el caso. Pagán
v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997); Autoridad sobre Hogares v.
Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950).
PRTC alegó que la moción solicitando determinaciones de hecho y derecho adicionales
presentada por los señores Vega-Reyes ante el tribunal de instancia no tuvo el efecto
de interrumpir el término jurisdiccional de treinta (30) días para presentar el recurso
de apelación ante el Tribunal de Circuito. Esto debido a que, aun cuando la moción fue
oportunamente presentada, los recurridos alegaron que dicha moción fue radicada con el
propósito principal de extender el término para apelar, ya que la sentencia del tribunal
de instancia estaba bien explicada. Fundamentan su alegación en lo resuelto por este
Tribunal en Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 933 (1997). No tienen razón.
La Regla 43.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que:
[A] moción de parte, presentada a más tardar (10) días después de haberse
archivado en autos copia de la notificación de la sentencia el tribunal
podrá hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho
iniciales correspondientes, si es que éstas no se hubieren hecho por
innecesarias, de acuerdo con la Regla 43.2, o podrá enmendar o hacer
determinaciones adicionales, y podrá enmendar la sentencia de conformidad.
La radicación de una moción bajo esta regla interrumpe el término para presentar
reconsideración, moción de nuevo juicio, apelación o certiorari.2 La razón de ser de esta
regla es brindarle al tribunal sentenciador la oportunidad de hacer determinaciones
adicionales y enmendar la sentencia de conformidad con éstas. Así pues, resolvimos en Andino
v. Topeka, Inc., supra, que salvo por su efecto incidental, esta moción no tenía el propósito
de aumentar el término jurisdiccional para apelar o presentar certiorari.
En el caso de Andino se trataba de una moción solicitando determinaciones de hecho
y conclusiones de derecho presentada conjuntamente con una moción de reconsideración, tal
y como lo hicieron los señores Vega-Reyes en el caso de marras. En aquella oportunidad
determinamos que la moción solicitando determinaciones de hecho y derecho no tuvo efecto
interruptor, dado que, excepto por el título de la moción, nada en el escrito indicaba qué
determinaciones de hecho y derecho adicionales se estaban solicitando, ni se alegaba la
pertinencia de las mismas para revisar la sentencia apelada.
La situación de Andino es distinguible del caso de autos. A poco examinamos la
moción presentada por los demandantes, nos damos cuenta que la misma está fundamentada,
expone las determinaciones de hecho específicamente solicitadas, y la pertinencia que,
según los demandantes, éstas determinaciones adicionales tenían para la evaluación de
la sentencia por el tribunal apelativo. El hecho de que el tribunal de instancia declarase
sin lugar dicha moción no significa que ésta fuese claramente inmeritoria o hecha con
el propósito de extender los términos de revisión de carácter jurisdiccional. De ser
así, habría que considerar que toda moción solicitando determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho adicionales no interrumpe el término para revisar la sentencia
si el tribunal la declara sin lugar. Esta interpretación es obviamente contraria al
texto mismo de la Regla 43 y a nuestra jurisprudencia interpretando la misma.
PRTC alegó además que por haberse resuelto el caso mediante el mecanismo procesal
de sentencia sumaria, los demandantes no tenían por qué solicitar determinaciones de
hecho y conclusiones de derecho adicionales. Este planteamiento lo fundamentan en lo
dispuesto en la Regla 43.2, que, en lo pertinente, establece que:
En todos los pleitos, el tribunal especificará los hechos probados
y separadamente consignará sus conclusiones de derecho y ordenará que se
registre la sentencia que corresponda....
No será necesario especificar los hechos probados y consignar
separadamente las conclusiones de derecho:
(a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36...
2 Véase Regla 43.4 de Procedimiento Civil.
Como vemos, la Regla 43.2 establece que no es necesario consignar separadamente
las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho cuando el tribunal resuelve una
controversia, entre otros mecanismos, mediante moción de sentencia sumaria. 3 No
obstante, el hecho de que el tribunal no venga obligado a consignar las determinaciones
de hecho y conclusiones de derecho separadamente en una sentencia dictada sumariamente,
no significa que el tribunal esté impedido de hacerlo si así lo estima conveniente o
que las partes no puedan solicitarlo si así lo estiman pertinente. Así lo autoriza
expresamente la Regla 43.3, la cual dispone en lo pertinente, lo siguiente:
No será necesario solicitar que se consignen determinaciones de hechos a
los efectos de una apelación, pero a moción de parte... el tribunal podrá
hacer las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho iniciales
correspondientes, si es que éstas no se hubieren hecho por innecesarias,
de acuerdo a la Regla 43.2, o podrá enmendar o hacer determinaciones
adicionales, y podrá enmendar la sentencia de conformidad.
Se puede colegir pues, con meridiana claridad, que la moción solicitando
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales presentada por los
demandantes tuvo el efecto de interrumpir el término jurisdiccional para solicitar
revisión al Tribunal de Circuito, por lo que dicho foro tenía jurisdicción para atender
el recurso de apelación.
B.
La PRTC también alegó en su moción de desestimación que la doctrina de cosa juzgada
es de aplicación al caso de autos, por existir un dictamen del Tribunal de Circuito Federal
sobre la controversia, el cual advino final y firme.
Como se sabe, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil establece claramente que la cosa
juzgada es una defensa afirmativa, la cual es necesario alegar al responder a una
alegación precedente, de lo contrario, se entiende renunciada. En este caso, la PRTC
estaba impedida, en principio, de alegar la defensa de cosa juzgada al contestar la
demanda, ya que los pleitos en el foro local y en el foro federal estaban siguiendo su
curso simultáneamente. No obstante, obra en el expediente copia de la sentencia dictada
por el Tribunal de Circuito Federal para el Primer Circuito, la cual se dictó el 8 de
abril de 1997, sin que surja del expediente que alguna de las partes hubiese solicitado
revisión judicial de la misma.
Por su parte, el tribunal de instancia local, emitió sentencia en el caso el 12
de agosto de 1997, notificada la misma el 20 de agosto. Como se puede notar, la sentencia
en el foro federal adivino final y firme antes de que el tribunal de instancia local
dictase sentencia. Sin embargo, la PRTC no solicitó al tribunal que le permitiese hacer
una alegación suplementaria, de conformidad con la Regla 13.4 de Procedimiento Civil,
a los efectos de enmendar su contestación para alegar la defensa afirmativa de cosa
juzgada. La Regla 13.4 permite hacer alegaciones suplementarias “exponiendo
3 Regla 36 de Procedimiento Civil.
transacciones, eventos o hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de la alegación
que se proponga suplementar.”
Cabe señalar además que la PRTC tampoco alegó la defensa de cosa juzgada ante el
Tribunal de Circuito. Esta alegación la hace por primera vez en el recurso ante nos.
Así pues, es forzoso concluir que la PRTC renunció a la defensa de cosa juzgada al no
alegarla oportunamente haciendo uso del mecanismo contemplado en la Regla 13.4 de
Procedimiento Civil.
Atendidos estos extremos, pasemos a analizar el reclamo constitucional de los
demandantes.
III
Es necesario aclarar que la PRTC fue privatizada durante el trámite del presente
recurso. En vista de ello, no entraremos a discutir los planteamientos constitucionales
de los demandantes que requieren para su invocación la presencia de una actuación
gubernamental (state action), entiéndase la protección contra registros y allanamientos
irrazonables, Art. 10 § 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado, la libertad de
expresión, Art. II §, y la violación a la cláusula constitucional del debido procedimiento
de ley, Art. II § 7 de nuestra Constitución.4 Analizaremos este caso bajo los derechos
4 Aun cuando reconocemos que la PRTC desempeña una función pública
importante, y que está en gran medida reglamentada por el Estado, los
apelantes no han puesto al Tribunal en posición de evaluar cómo las acciones
de la PRTC pueden seguir siendo consideradas “state action” aun después de
haber sido privatizada esta entidad. Nótese que el recurso fue presentado
a este Tribunal el 3 de junio de 1998. Ya para el mes de mayo de 1998 se
había anunciado la venta de la Telefónica de Puerto Rico a manos privadas.
La venta se completó durante el transcurso de ese mismo año. Si bien al
momento de la presentación del recurso de apelación la PRTC todavía
pertenecía y estaba bajo el control del gobierno del Puerto Rico, a partir
de por lo menos julio de 1998, esa situación cambió, por tanto, los
peticionarios tenían la obligación de hacer los planteamientos
correspondientes en cuanto a cómo la privatización de la PRTC afectaba las
reclamaciones de éstos que requerían acción gubernamental. Esto pudieron
haberlo hecho al momento de presentar su alegato ante nos, el 20 de abril
de 1999, fecha a la cual ya había transcurrido casi un (1) año de haberse
privatizado la PRTC.
Por otra parte, aun cuando aceptáramos, para efectos de argumentación,
que las actuaciones de PRTC pueden ser consideradas “state action”, los
planteamientos de los peticionarios con respecto a estos extremos no son
suficientes para hacer una determinación de que efectivamente las acciones
de la PRTC violaron dichos derechos constitucionales. En cuanto a la
violación al debido procedimiento de ley, los apelantes se limitaron
esencialmente a señalar que la ausencia de reglamentación sobre el sistema
de vigilancia establecido por la PRTC viola dicha cláusula constitucional.
No obstante, no surge de los autos ni del recurso presentado que los apelantes
hayan solicitado en alguna oportunidad examinar el material grabado o
impugnar el mismo y que se le haya negado dicha solicitud, de manera que
haya quedado establecido que algún interés propietario o libertario se haya
visto directamente afectado por la ausencia de dicha reglamentación o
procedimiento. En estas circunstancias, consideramos que un planteamiento
sobre violación el debido procedimiento de ley resulta prematuro.
a la dignidad e intimidad, los cuales operan exproprio vigore y son oponibles a un patrono
privado. Arroyo v. Rattan Specialties, 117 D.P.R. 35 (1986).
El derecho a la intimidad y la protección extendida a la dignidad del ser humano no
son en nuestro ordenamiento entidades errantes en busca de autor o encasillado jurídico.
La constitución las consagra en textos claros.5 El Art. II § 1 de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la inviolabilidad de la dignidad del ser
humano como principio básico que inspira la totalidad de los derechos reconocidos en ella.
Así lo confirman las expresiones de la Convención Constituyente en torno a la referida
sección de nuestra Ley Fundamental:
El propósito de esta sección es fijar claramente como base constitucional
de todo lo que sigue el principio de la dignidad del ser humano y, como
consecuencia de ésta, la igualdad esencial de todas las personas dentro
de nuestro sistema constitucional.6
Por otra parte, el Art. II § 8 de nuestra Constitución dispone que “toda persona tiene
derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, vida privada o familiar.”
Esta sección consagra expresamente el derecho a la intimidad en Puerto Rico. Véase Figueroa
Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978); El Vocero v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992).
De acuerdo con esto, hemos establecido que el derecho constitucional a la intimidad
es uno de la más alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, no es
un derecho absoluto, ni “vence a todo valor en conflicto bajo todo supuesto posible.”
E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 398, 401 (1983). El mandato constitucional de que
se proteja a las personas contra ataques abusivos a su intimidad tiene por fuerza que
examinarse teniendo presente consideraciones de tiempo y lugar. Pueblo v. Falú Martínez,
116 DPR 828, 838 (1986). Por lo tanto, ante un reclamo de violación a este derecho
Con respecto a la alegada violación a la libertad de expresión y
asociación, los apelantes se limitan exponer la normativa sobre el asunto,
pero no plantean cómo el hecho de la grabación viola dicha cláusula
constitucional en su situación particular de empleo. Por último, en relación
a la protección contra registros y allanamientos irrazonables, la contención
de los apelantes es que la observación continua por medio de cámaras
constituye una registro administrativo no justificado que no cumple con el
criterio de razonabilidad. No obstante, los apelantes no alegan cómo el
sistema, más allá del hecho de la mera observación, constituye un registro
administrativo. Por otra parte, toda la discusión posterior sobre la
normativa de los registros a empleados públicos no parece ser de aplicación
a los señores Vega-Reyes, en vista de que en virtud de los cambios habidos
en la PRTC, éstos son empleados privados. Además, el caso en el cual los
apelantes fundamentan su contención, O’Connor v. Ortega, 480 U.S. 709 (1987)
presenta una situación muy distinta a la de autos, en la cual el Sr. Ortega,
empleado público, fue objeto de un registro en su oficina, en el que
inclusive, allanaron propiedad personal de su escritorio y sus archivos
personales. Claramente la situación de autos es diametralmente distinta,
y no resulta razonable utilizar los criterios establecidos por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en O’Connor para analizar el sistema de
vigilancia que está en controversia aquí.
5 Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto
Rico, Vol. II, Primera Ed. 1988. Pág. 1024.
6 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 1951, pág. 2561.
constitucional “la cuestión central es si la persona tiene derecho a abrigar, donde sea,
dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad
se respete.” E.L.A. v. P.R. Tel. Co., supra, pág. 402, citando a Katz v. United States,
389 U.S. 347 (1967). (Énfasis suplido.)
Para que esa expectativa de intimidad sea razonable deben concurrir dos elementos:
(1) que el reclamante, dentro de las circunstancias de su caso, tenga una expectativa
real de que su intimidad se respete (criterio subjetivo) y (2) que la sociedad esté
dispuesta a reconocer esa expectativa como legítima o razonable (criterio objetivo).
Véase Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 360, 384 (1995). Aunque dichos criterios
han sido aplicados generalmente en casos de naturaleza criminal, muy especialmente en
el contexto de los registros y allanamientos irrazonables,7 esto no obsta para la
aplicación de este análisis constitucional sobre el derecho a la intimidad en otros
contextos. Por el contrario, el derecho a la intimidad ha sido reconocido y sostenido
en el ámbito de las investigaciones de carácter administrativo,8 en el área de las
relaciones de familia,9 y también en el hogar.10
Igualmente, hemos reconocido el derecho a la intimidad en el lugar de trabajo,
ya que “por tratarse de un derecho invocable frente a personas privadas, un patrono viene
obligado a no infringir la zona de autonomía individual de sus empleados que protege
el derecho a la intimidad” Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., res. el 1 de abril
de 1998, 145 D.P.R. (1998), 1998 T.S.P.R. 36, 98 JTS 37, pág. 751. Así pues, en
Puerto Rico, un patrono privado viene obligado a respetar el derecho a la intimidad de
sus empleados, de la misma manera en que un patrono público tiene que hacerlo.
En Arroyo v. Rattan Specialties, supra, tuvimos la oportunidad de examinar el derecho
a la intimidad del empleado vis a vis el derecho del patrono a proteger su propiedad privada.
Se trataba en ese caso de una compañía privada, Rattan Specialties, que requería a sus
empleados someterse a una prueba de polígrafo, e imponía como sanción última el despido
del empleado que reiteradamente se negase a someterse a la prueba. Al interpretar los
conceptos de dignidad, intimidad e integridad personal dentro del contexto laboral este
Tribunal expresó que:
[L]os derechos a la dignidad, integridad personal e intimidad son los derechos
constitucionales fundamentales que gozan de la más alta jerarquía y constituyen una
crucial dimensión en los derechos humanos. Su protección es necesaria para que se pueda
lograr una adecuada paz social o colectiva. Una persona respetada en su intimidad y
dignidad – que no es otra cosa que el amplio y en ocasiones complejo mundo interior
individual- sentirá y vivirá la paz, el respeto y la consideración merecida por todo
ser humano en una sociedad. Es de esperarse, pues, que esos mismos sentimientos, vitales
7 Véanse Pueblo v. Santiago Feliciano, supra; P.R. Tel. Co. v. Martínez,
114 D.P.R. 328 (1983); Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997).
8 Véase RDT Const. Corp. v. Contralor I, 141 D.P.R. 424 (1996); López
Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987).
9 Véase Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).
10 E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975).
para una ordenada, racional y pacífica convivencia social, sean proyectados de manera
efectiva a nuestro orden social. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc, supra, pág. 62.
Frente al reclamo del patrono de su derecho al pleno disfrute de su propiedad privada,
garantizado en el Art. II § 7 de nuestra Constitución, concluimos que una prueba de polígrafo
obligatoria en el lugar de empleo constituía una violación al derecho a la intimidad del
empleado, en ausencia de circunstancias apremiantes o sospechas que justificaran el uso
de dicho mecanismo. Al así resolver, consideramos, entre otros factores, el hecho de que
la prueba del polígrafo interviene directamente con los pensamientos e ideas de la persona,
los cuales gozan de una gran expectativa de intimidad.
La situación a la cual nos enfrentamos en el caso de autos es distinta. Aquí el
patrono, PRTC, estableció un sistema de vigilancia electrónica mediante una tecnología
sofisticada, creada con el propósito legítimo de proteger equipo de vital importancia para
el área de las telecomunicaciones en Puerto Rico. No cabe duda que las operaciones que
se llevan a cabo en el CEC son altamente especializadas, y requieren una vigilancia especial.
Por estas razones es particularmente difícil en el caso ante nos trazar la línea divisoria
entre el derecho a la intimidad de los empleados demandantes, y los intereses de la PRTC
de proteger su propiedad privada haciendo uso de tecnologías modernas que, como cuestión
de hecho, son parte de la realidad de la empresa del nuevo siglo.
IV
En los últimos años el uso de diversos mecanismos de vigilancia electrónica hacia
los empleados en el sector privado ha sido objeto de estudio y debate. Para el 1996, el
American Civil Liberties Union National Task Force on Civil Liberties in the Workplace
estimó que alrededor de 40 millones de trabajadores estaban sujetos a algún tipo de
vigilancia electrónica. Por otra parte, estudios del American Management Association
indican que, para el año 1997, al menos dos terceras partes de sus miembros utilizaban algún
tipo de vigilancia electrónica hacia sus empleados.11
Por otra parte, numerosos artículos han discutido las ventajas y desventajas de este
tipo de vigilancia, y su relación con el derecho a la intimidad de los empleados. En la
jurisdicción norteamericana el problema se intensifica debido a que, al menos en la esfera
privada, los empleados no parecen estar protegidos por disposición constitucional
específica alguna contra invasiones del patrono a su derecho a la intimidad, al menos en
11 Entre los métodos más populares de vigilancia electrónica se
encuentran: los registros electrónicos del tiempo y números de las llamadas
hechas y recibidas; revisiones del correo electrónico y de la información
procesada por computadoras propiedad del patrono; registro de cuántas teclas
por minuto se oprimen desde cada terminal de computadora; intercepción por
parte de supervisores de llamadas de servicio al cliente; todo como parte
de la vigilancia electrónica (electronic surveillance) en el lugar de
trabajo. Véase, S. Elizabeth Wilborn, Revisiting the Public/Private
Distinction: Employee monitoring in the workplace, 32 Ga. L. Rev. 825,826
y nota 4 (1998).
cuanto a vigilancia electrónica se refiere.12 Las causas de acción disponibles a los
empleados en la empresa privada contra actuaciones del patrono que atenten contra su derecho
a la intimidad surgen más bien de las acciones en daños y perjuicios reconocidas en el derecho
común por sufrimientos y angustias mentales (intentional infliction of emotional distress)
causados intencionalmente por su patrono. También se ha reconocido, en el contexto de la
vigilancia electrónica, una acción contra el patrono por intrusión en los asuntos privados
del empleado (intrusion into seclusion).13
Por otra parte, el Congreso de Estados Unidos ha intentado aprobar legislación con
el propósito de proteger a los empleados de la empresa privada de cierto tipo de vigilancia
electrónica. A estos efectos, se aprobó en 1986 el Electronic Communication Privacy Act
(ECPA).14 En términos generales, esta ley penaliza a cualquier persona que intencionalmente
intercepte, use o divulgue cualquier comunicación oral, telefónica o electrónica. No
obstante, las prohibiciones de este estatuto no son absolutas, sino que éste provee una
amplia gama de excepciones y defensas para el patrono.
El intento más abarcador en la esfera federal por ofrecer una amplia protección a
los empleados, tanto públicos como privados, contra la vigilancia electrónica por parte
de sus patronos lo fue el proyecto de ley conocido como el Privacy for Consumers and Workers
Act de 1993 (PCWA).15 Mediante este proyecto se pretendía evitar abusos por parte de los
patronos que utilizan mecanismos electrónicos de la vigilancia en el lugar de trabajo. Las
protecciones del PCWA cubrían tanto a los empleados públicos como privados. Entre sus
disposiciones más relevantes estaban aquellas que requerían de los patronos dar aviso sobre
12 En cuanto a empleados públicos, la protección mayor contra ataques a
la intimidad por parte del patrono surge de la Cuarta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe los registros y
allanamientos irrazonables. Bajo esta enmienda, el Tribunal Supremo de
Estados Unidos resolvió en O’Connor v. Ortega, 407 U.S. 709 (1987), que un
empleado tenía una expectativa razonable de intimidad en áreas como su propio
escritorio, o los lugares donde guarda expedientes. El Tribunal también
determinó que en este tipo de controversias había que hacer un análisis caso
a caso sobre la razonabilidad de la expectativa de intimidad de empleado.
13 Debemos señalar en este punto que existe numerosa jurisprudencia en
Estados Unidos en cuanto a diversas instancias de vigilancia electrónica
a los empleados privados en el lugar de empleo. No obstante, no discutiremos
en detalle dicha casuística en razón de que en la jurisdicción federal el
análisis jurisprudencial parte de la premisa de que no se ha reconocido
expresamente que un empleado privado tenga una derecho a la intimidad en
su lugar de empleo, lo cual es contrario a lo que ocurre en Puerto Rico.
Para una discusión sobre jurisprudencia federal relacionada, véase
Jeremy E. Gruber, Re: Electronic Monitoring the Workplace: Common Law &
Federal Statutory Protection, 651 PLI/Lit. 477 (2001); Edward Herstein,
Electronically Monitoring the Workplace: Hoe arbitrarors have ruled,
52-Fall Disp. Resol. J. 36 (1997); David Neil King, Privacy issues in the
Private Sector Workplace: protection from Electronic Surveillance and the
Emerging “Privacy Gap”, 67 S. Cal. L. Rev. 441 (1994).
14 18 U.S.C. § 2510-2520.
15 H.R. 1900, 103rd. Cong., (1993); S. 984, 103 Cong.,(1993).
el uso de la vigilancia electrónica en el lugar de empleo, limitaban el acceso a la
información recopilada mediante los mecanismos electrónicos, y le brindaban la oportunidad
al empleado afectado de verificar dicha información. Por último, y aunque con algunas
excepciones, el PCWA prohibía a los patronos mantener bajo constante vigilancia electrónica
a sus empleados.
Aunque el PCWA contó con apoyo el de varios sectores, la legislación propuesta nunca
fue aprobada. A pesar de este fallido intento, los estudiosos no han dejado de puntualizar
la necesidad de este tipo de legislación reguladora de las prácticas de vigilancia
electrónica, especialmente por parte de los patronos privados. La necesidad de una norma
razonable se hace patente debido a que el uso de estos mecanismos de vigilancia es una
realidad en la empresa moderna que, en ausencia de regulación adecuada, ofrece unas ventajas
obvias para el patrono y se presta para innumerables abusos contra la clase trabajadora.
No cabe duda de que la protección constitucional del derecho a la intimidad del
empleado en Puerto Rico es mucho más abarcadora que en el ámbito federal. Aquí hemos
reconocido expresamente que al empleado, tanto público como privado, le cobija una
expectativa razonable de intimidad en el lugar de trabajo. En razón precisamente de esto,
se hace indispensable delimitar el uso de vigilancia mediante electrónica hacia un empleado
o área de trabajo, haciendo un adecuado balance entre el derecho del empleado a la intimidad
en el lugar de trabajo y el del patrono a la protección, seguridad y disfrute de su propiedad.
V.
En Arroyo v. Rattan, supra, a la pág. 54, reconocimos la validez de utilizar los
avances tecnológicos para mejorar nuestra calidad de vida en general. Sin embargo,
advertimos entonces que el abuso de estos avances representaba una seria amenaza para la
integridad personal, la intimidad y la dignidad individual de las personas. A los efectos
expresamos:
A pesar de que los avances tecnológicos y científicos usados correctamente
pueden resultar de gran beneficio para la sociedad, no se puede perder de vista
que éstos son susceptibles a ser mal utilizados y pueden convertirse en
instrumentos para esclavizar al hombre y minar lo más preciado para el ser
humano: su dignidad, integridad personal e intimidad.
No obstante, en Arroyo no cerramos la puerta al patrono para que éste pudiese utilizar
mecanismos de vigilancia electrónica, de quedar establecidas circunstancias o situaciones
de hechos que justificasen el uso de éstos.
Al atender la controversia que hoy nos ocupa, es necesario reconocer una vez más que
el patrono tiene un derecho a proteger de forma razonable su propiedad privada. La
vigilancia electrónica razonable en el lugar de trabajo es una forma legítima para el patrono
proteger su propiedad. No podemos negar que este tipo de vigilancia le provee un método
efectivo y muchas veces necesario de controlar, por ejemplo, el uso que hacen los empleados
de la propiedad del patrono y de la propiedad en sí.16 El uso de las tecnologías modernas
como el vídeo y el circuito cerrado ayudan a prevenir actos de sabotaje, robos y el mal
uso de los recursos disponibles en el lugar de empleo, entre otras cosas. Todos éstos son
fines por demás legítimos que nos inclinan a concluir que el uso de mecanismos de vigilancia
electrónica en el lugar de trabajo no es inconstitucional per se, y que el mero hecho de
hacer uso de éstos no constituye una intromisión impermisible en la intimidad del empleado.
Así pues, será necesario analizar las circunstancias de cada situación o sistema de
vigilancia en particular para determinar si éste constituye, ya sea por su naturaleza, o
en su aplicación, una intromisión abusiva en la intimidad del empleado, o una violación
a su dignidad e integridad. Cualquier evaluación a esos efectos debe comenzar con un
análisis de las razones invocadas por el patrono para instalar el sistema, como por ejemplo:
(a) seguridad, (b) reducir o prevenir incidencia de sabotaje o robos, (c) evaluar la
efectividad o nivel de productividad del empleado, o (d) evaluar el trato que se le da al
consumidor o cliente en el negocio. Luego de este análisis inicial, se podrá evaluar (1)
cuán intrusivo es el método escogido por el patrono en la intimidad del empleado vis a vis
el propósito y necesidad de la vigilancia; (2) las características particulares del lugar
de empleo, como por ejemplo, si es un espacio abierto o cerrado, y la facilidad de acceso
al mismo; (3) las funciones de los empleados observados; (4) la función de las facilidades
que son objeto de vigilancia; (5) las capacidades técnicas y de sofisticación del equipo
instalado; y (6) la publicación, notificación y utilización que haga el patrono del sistema,
entre otras.
En el contexto específico de la grabación en vídeo de determinada área de trabajo,
debe considerarse: el campo de visión de las cámaras, su capacidad de hacer acercamientos
o enfoques, periodos de tiempo que se encuentran encendidas, si las imágenes se graban o
no, el periodo de tiempo durante el cual éstas se conservan, el acceso a las mismas y el
uso que se les da, quién asume la responsabilidad por la conservación, control de acceso
y disposición del material grabado, la política de la empresa a estos efectos, y la
información que se le provea a los empleados sobre el sistema, entre otros.
Reiteramos que en aras de proteger la dignidad del trabajador, un patrono no debe
establecer un sistema de vigilancia electrónica sin darle previa notificación a los
empleados de la implantación del mismo, excepto en casos en que circunstancias apremiantes
lo requieran. La notificación a estos efectos podría incluir, entre otras cosas,
información sobre: (a) el tipo de vigilancia a utilizarse; (b) la naturaleza de los datos
a obtenerse; (c) la frecuencia con que habrá de usarse el medio de vigilancia; (d) sus
especificaciones técnicas; (e) lugar donde se instalará el sistema de vigilancia; (f)
localización del equipo de monitoreo; (g) el grupo de empleados que ha de ser observado;
16 Estos mecanismos pueden resultar efectivos para tener control del uso
por parte de los empleados de la red de informática Internet, del correo
y (h) el mecanismo administrativo disponible para canalizar las quejas de los empleados
sobre el particular. Además, la empresa deberá tener una política clara y adecuada sobre
el uso, disposición y acceso a la información recopilada, la cual se le informará a los
empleados. Por último, como regla general, no se deberá instalar un sistema de
videograbación de empleados en áreas en las cuales por su naturaleza, el empleado tenga
una marcada expectativa de intimidad tales como los baños, duchas y vestidores (locker
rooms).
A la luz de estos criterios, pasemos a analizar el caso ante nuestra consideración.
VI
Como ya hemos señalado, el CEC es un área de trabajo donde se realizan funciones
altamente especializadas e importantes para el buen funcionamiento del sistema de
comunicaciones en todo Puerto Rico. Como cuestión de hecho, las partes han reconocido que
el equipo que allí se encuentra es delicado y sirve propósitos indispensables en el sistema
de comunicaciones en la Isla. Desde el CEC se controla todo el sistema de comunicaciones
del país tanto su funcionamiento en general como la seguridad del equipo en particular.
Así pues, es inescapable la conclusión de que la PRTC tiene un interés legítimo e importante
en proteger el buen funcionamiento del sistema de comunicaciones, y por ende, el equipo
que se encuentra en el CEC así como la información que allí se recibe.
Entendemos que el sistema de videograbación electrónica instalado en el CEC es un
método adecuado para efectos de proteger los intereses legítimos de PRTC antes expresados.
El sistema en sí mismo no es impermisiblemente intrusivo en la intimidad de los empleados
que allí laboran. Por las funciones realizadas por los operadores del CEC y la naturaleza
del sistema de videograbación electrónica, resolvemos que su mera instalación y operación
no violó la expectativa razonable de intimidad que ostentan los señores Vega-Reyes en su
situación particular de empleo. La vigilancia electrónica en el empleo puede ser una
práctica poco agradable, pero ello no la hace necesariamente ilegal e inconstitucional.
No obstante, la falta de reglamentación sobre el uso y disposición del
material grabado, y la ausencia de un procedimiento para impugnar o explicar
la conducta particular de un empleado del CEC que pueda ser captada por las
cámaras, es un impedimento para que la PRTC pueda utilizar el material
grabado para otros fines no relacionados con la seguridad en el CEC. La
información recopilada por este sistema no deberá usarse
indiscriminadamente, ni para cualquier propósito imaginable. En las
circunstancias de este caso, la información obtenida deberá utilizarse para
propósitos de proteger el equipo, la información y el propio personal del
electrónico, o las líneas telefónicas.
CEC. Así pues, no deberá usarse esta información como un método para vigilar
conducta de los empleados que no esté relacionada con dichos propósitos de
seguridad, como por ejemplo, evaluar la productividad o eficiencia de éstos.
La información recopilada por las cámaras tampoco debe ser usada como base
para tomar algún tipo de represalia contra los empleados del CEC por en
conducta captada que no esté relacionada con las razones de seguridad
esbozadas en esta Opinión.17 De esta forma lograremos un adecuado balance
de intereses entre los derechos de PRTC como patrono y los derechos de los
empleados del CEC.
VII
Los demandantes también alegaron que por la falta de reglamentación e información
en su implementación, el sistema en cuestión viola sus derechos de dignidad e intimidad.
No les asiste la razón. Veamos.
Ante los intereses apremiantes de seguridad y buen funcionamiento y protección del
equipo ubicado en el CEC, el cual asegura la buena marcha del sistema de comunicaciones
en toda el país, los demandados no han establecido hechos concretos que demuestren que en
su situación particular, la falta de dicha reglamentación haya afectado su derecho a la
intimidad en el lugar de trabajo. Como cuestión de hecho, el expediente está huérfano de
prueba relacionada con hechos específicos que tiendan a establecer que efectivamente
personas ajenas a las labores inmediatas del CEC tuvieron acceso a la información
recopilada, o que dicha información fue utilizada para algún fin indebido o no contemplado
dentro del marco de las razones para la instalación del sistema.
Los demandantes fundamentan su argumento en alegaciones generales que no nos permiten
evaluar responsablemente cómo la falta de un reglamento provocó que la intimidad de éstos
se viese afectada. Sin esa prueba, no estamos en posición de decretar que el sistema es
inconstitucional únicamente por el hecho de que no existe una reglamentación específica
en cuanto al uso y disposición del material grabado, y mucho menos podemos evaluar los
planteamientos con respecto a los alegados daños y perjuicios sufridos por los demandantes.
17 No es la primera ocasión en que establecemos este tipo de limitaciones
en aras de proteger el derecho a la intimidad en el lugar de trabajo. En
U.T.I.E.R. v. A.E.E., res. el 13 de octubre de 1999, 149 D.P.R. (1999), 99
T.S.P.R. 155, 99 JTS 156, en el contexto de la intercepción de llamadas entre
representantes de servicio y clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica,
establecimos unos límites específicos al uso que se le podía a la información
recibida de este tipo de llamadas. Allí establecimos que “[l]o comunicado
por el cliente al representante de servicio está sujeto a ser revelado a
otros funcionarios de la A.E.E., y aun a determinados terceros, sólo en la
medida en que ello sea necesario para tramitar y atender el asunto planteado
por dicho cliente.” U.T.I.E.R. v. A.E.E., 99 JTS 156, a la pág. 205.
No obstante, creemos necesario enfatizar que es aconsejable que los patronos que
decidan instalar sistemas de vigilancia electrónica diseñen un reglamento que regule el
uso y disposición de la información recopilada por estos mecanismos.
VIII
En conclusión, resolvemos que el sistema de vigilancia establecido por la PRTC en el
CEC no es inconstitucional per se. El sistema se justifica por los intereses apremiantes
de seguridad y óptimo funcionamiento del sistema de comunicaciones en Puerto Rico que PRTC
persigue. Además, de los autos no surgen alegaciones o hechos específicos que demuestren
que se ha utilizado la información recopilada por el sistema de manera tal que se le haya
violado el derecho a la intimidad de los señores Vega-Reyes.
Por todos estos fundamentos, procede confirmar la sentencia dictada por el Tribunal
de Circuito de Apelaciones.
Miriam Naveira de Rodón
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Vega Rodríguez y otros
Peticionarios
v. AC-1998-18
Telefónica de P.R. y otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 17 de abril de 2002
Por los fundamentos expuestos en la anterior Opinión, se confirma la
sentencia dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado señor Corrada del Río concurre con el resultado
sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rivera Pérez está inhibido.
Patricia Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal Supremo



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