Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Costa Rica [ 01 Julio 2011 ] [Corte Suprema - Sala Constitucional]  Sentencia 008791/2011    caché ES 

ACOSO TELEFONICO - Menciona el amparado que los recurridos le llaman a su casa de habitación y a su celular, así como, a otra línea telefónica que se encuentra a su nombre y que no es utilizada por su persona, con la finalidad de cobrar deudas pendientes que tiene; que se comunican que sus hijas que no tienen ninguna relación con el asunto. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena al apoderado judicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que tome las medidas necesarias para que se deje de llamar a familiares del recurrente para hacer efectivo el cobro de deudas que le son propias a éste.



 

Exp: 11-006907-0007-CO

Res. Nº 2011008791

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y veinticinco minutos del uno de julio del dos mil once.

 Recurso de amparo que se tramita en expediente número 11-006907-0007-CO, interpuesto por ANGEL PICADO CHAVARRIA, cédula de identidad 0600750149, ANGEL SALOMON PICADO ALVARADO, menor de edad 0000000000, MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO ALVARADO, cédula de identidad 0303410023, VALERI NUEMI PICADO ALVARADO, cédula de identidad 0604530109, mayor, , vecino(a) de , a favor de , mayor, , vecino(a) de contra APODERADO GENERAL JUDICIAL DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

Resultando:

1.-

 Manifiesta el recurrente que los amparados sufren temores y nerviosismo, ya que cuando se encuentran en tiempo de alimentación, reciben del Banco recurrido llamadas telefónicas indiscretas que obligan a los menores que llamen a su padre y que van a realizar un cobro administrativo; que el recurrido ha estado intimidando con las llamadas para gestionar el cobro de la deuda, a pesar de que se ha informado que no llamen a ese teléfono; que las llamadas las hacen al teléfono 2277 3041

2.-

El Apoderado General Judicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal informa que el recurrente es deudor del Banco Popular en varias operaciones de crédito, las cuales se encuentran “Al Dia”, según consulta efectuada el 20 de junio de 2011; que ningún empleado ha realizado gestión de cobro al recurrente; que las llamadas de cobro son hechas por la empresa ITS Infocom Sociedad Anónima; que según la empresa no se han hechos llamas intimidantes o amenazantes; que en el mes de junio no se le ha llamado para avisarle del atraso en sus operaciones crédito; que el motivo de las llamadas que se realizan, se hace únicamente en casos de mora en el pago; que no consta advertencia o aviso del cliente Picado Chavarría de que no se le debe llamar al número que él mismo suministró en el formulario conozca su cliente; que la llamada es para recordarle de una operación de crédito que ésta atrasada con sus pagos, la cual el banco desea que el cliente recuerde que debe pagar; que las llamadas han sido al deudor, o bien a las personas mayores de edad que han contestado el número que el cliente suministró como de su domicilio; que los recordatorios han sido efectivos, porque el recurrente ha pagado las cuotas de la operación y evitó el traslado a cobro judicial.

3.-

En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.

Redacta el Magistrado Cruz Castro; y,

Considerando:

I.-

Objeto del recurso. El recurrente alega lesión a sus derechos fundamentales, de intimidad y autodeterminación informativa, toda vez que los recurridos le llaman a su casa de habitación y a su celular, así como, a otra línea telefónica que se encuentra a su nombre y que no es utilizada por su persona, con la finalidad de cobrar deudas pendientes que tiene; que se comunican que sus hijas que no tiene ninguna relación con el asunto.

II.-

Sobre los hechos. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:a) que el recurrente tiene con el Banco Popular y de Desarollo Comunal las operaciones de crédito número 0760370051953 y 0760420063931, en las cuales tiene un saldo de 7.047.463 y 751.958.60 (ver exp electrónico); b) que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal contrató a la empresa ITS Infocom Sociedad Anónima para se encargue de las gestiones de cobro de los clientes morosos (exp electrónico); c) que la empresa contratada por el recurrido le hizo dos llamadas al recurrente en el mes de marzo de 2011 para una operación de crédito atrasada; que en el mes de mayo del mismo año se dejaron reportes de mensajes , ante persona que no quiso suministrar su nombre y fueron realizadas el 17 y 27 de mayo de 2011; que se llamó al número 2277 3041 y 8385 5140 (ver informe recurrido). 

III.-

Sobre el derecho a la autodeterminación informativa. Los grandes avances tecnológicos logrados a partir de la segunda mitad del siglo XX, han generado un aumento en el caudal de datos de los habitantes de un país que se almacenan en bancos de datos estatales y privados. Asimismo, con el paso del tiempo crecen las posibilidades de acceder y transferir información de una base a otra. En virtud de este incremento en magnitud y calidad de los datos, surge la posibilidad y el peligro de que sean incorrectamente asentados, procesados o difundidos, con el correspondiente menoscabo del derecho a la intimidad de las personas. Precisamente ante esta realidad, el concepto clásico de derecho a la intimidad resulta insuficiente para confrontar los retos que tiene la nueva sociedad de la información. Por ello, el concepto de cita ha sido reemplazado por el derecho a la autodeterminación informativa, el cual tiene como objeto proteger la información de carácter sensible, frente a su uso indiscriminado. Dicho derecho ha sido definido por la Sala Constitucional en su sentencia número 2001-7201 de las quince horas con cuarenta minutos del 24 de julio de 2001, como “el derecho fundamental de toda persona física o jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así como la finalidad a que esa información se destine a que sea empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la información sea rectificada, actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede cumplir”. Por otra parte, el derecho a la auto­determinación informativa no es ilimitado, ya que las personas no poseen una soberanía absoluta e irrestricta sobre sus datos, sino que tiene que aprender a convivir con ciertas limitaciones a ese derecho, en aras de garantizar el interés común, tal y como lo ha sostenido este Tribunal, al señalar que el hecho de que en algunas bases de datos conste información referente al comportamiento crediticio de un individuo no resulta contrario a derecho, toda vez que lo que se busca con ello es garantizar la salud del sistema financiero nacional.

IV.-

Sobre el caso concreto. En este asunto, el recurrente reclama la violación del derecho a la intimidad ya que constantemente sus familiares reciben llamadas telefónicas, mensajes de voz y mensajes de texto, por parte del recurrido para el cobro de una deuda. Del informe rendido por el recurrido se reconoce que ellos han contratado la empresa ITS Infocom Sociedad Anónima para se encargue de las gestiones de cobro de los clientes morosos y que ésta ha llamado en varias oportunidades en los meses de marzo y mayo a los teléfonos números 2277 3041 y 8385 5140 del accionante, a fin de cobrar dos deudas que tiene, contestando personas que no se identificaron. Los números que provee el accionado coinciden con el número telefónico de la casa del recurrente. A partir de lo expuesto, este Tribunal concluye que las llamadas se han hecho a la vivienda del recurrente con el fin de cobrar o exigir que se pague el adeudo que tiene el accionante con la institución bancaria y que siendo su hogar ha sido contestado por sus familiares, quienes no tienen relación con la deuda. También se puede colegir que la institución bancaria al contratar una empresa privada que realiza el cobro de los adeudos, ésta lo hace sin ningún respeto a la intimidad o privacidad de las personas que viven en la misma vivienda del recurrente, pues es ahí donde han llamado en varias oportunidades. En consecuencia, se acoge el recurso con las consecuencias de ley.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena a Armando Rojas Chinchilla, apoderado judicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que tome las medidas necesarias para que se deje de llamar a familiares del recurrente para hacer efectivo el cobro de deudas que le son propias a éste. Lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Banco Popular y de Desarrollo Comunal al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en la vía civil de ejecución de sentencia. Notifíquese en forma personal al citado recurrido.

 

 

Ana Virginia Calzada M.

 

Presidenta

 

 

 

Gilbert Armijo S.

 

 

Fernando Cruz C.

 

 

 

 

Fernando Castillo V.

 

 

Roxana Salazar C.

 

 

 

 

Aracelly Pacheco S.

 

 

Ricardo Guerrero P.

 

 

EXPEDIENTE N° 11-006907-0007-CO

 



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