Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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República Dominicana [ 11 Mayo 2010 ] [Tribunal Superior Administrativo - Primera Sala] A.T.A. vs. Junta Central Electoral    caché ES 

"Lo que pidió el accionante fue todos los nombres, direcciones, números de cédulas, sueldos y todo lo relacionado con los empleados de esta institución"; que la Suprema Corte de Justicia ha dicho en dos decisiones que para la aplicación de cualquier norma se hace necesario respetar los reglamentos, normas y leyes y que cuando intervienen aspectos que ponen en peligro a terceros no es posible aplicarlo; que los datos solicitados por el accionante son datos personales y constituyen información confidencial, por lo que su divulgación está prohibida por el artículo 33 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información que dice: "Los datos personales constituyen información confidencial, por lo que no podrá ser divulgados y su acceso estará vedado a toda persona distinta del incumbente, excepto que este consintiera expresa e inequívocamente en la entrega o divulgación de dichos datos"

... que el accionante no ha podido demostrar que su solicitud es de interés público o que lo ayudaría a la dilucidación de una investigación en curso ante uno de los órganos del Estado; que tampoco ha podido demostrar que las personas han dado su autorización expresa para que dicha información sea expedida por la Junta Central Electoral, tal y como lo contempla el artículo 19 de la Ley No. 200-04

... Que en el presente caso lo que se plantea a este Tribunal es un Recurso de Amparo en donde el accionante ha solicitado una información pública a la Junta Central Electoral, fundamentada supuestamente en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública

RECHAZA, en cuanto al fondo, el Recurso interpuesto



CÁMARA: PRIMERA SALA

MATERIA: AMPARO

RECURRENTE: ALLAN DE JESÚS TIBURCIO ANDRICKSON

RECURRIDO: JUNTA CENTRAL ELECTORAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ONCE (11) días del mes de MAYO del año dos mil diez (2010), año 167º de la Independencia y 147º de la Restauración.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, ubicado en la calle Juan Sánchez Ramirez, No. 1-A, esquina Socorro Sánchez, del sector de Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: SARA HENRIQUEZ MARIN, Juez Presidente; JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, Juez; FEDERICO FERNANDEZ DE LA CRUZ, Juez; asistidos de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones de Jueces de Amparo y en audiencia pública la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO DE AMPARO interpuesto por ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, dominicano, mayor de edad, soltero, Licenciado de Empresas, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0545625-5, domiciliado y residente en la calle Dr. Ángel Severo Cabral casi esquina Dr. Fernando Defilló, Cul Sac "El Parque", Edificio Don Rafa, Apto 1-B, Ensanche Julieta, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, CONTRA la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República.

VISTA Y LEIDA la Instancia del Recurso de Amparo de fecha 22 de diciembre del año 2009 y depositada por ante la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en fecha 28 de diciembre del año 2009, suscrita por el LIC. ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, cuyas conclusiones son las siguientes: "PRIMERO: Emitir un auto de fijación de audiencia para conocer el presente recurso de amparo intentado por el señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, contra la Junta Central Electoral (JCE), por violación del artículo número 8, de la Constituci6n de la República Dominicana, artículo número 10 de la Ley General de Acceso a la Información Pública No. 200-04, artículo número 34 del Decreto que aprueba el Reglamento 130-05. SEGUNDO: Autorizar las citaciones de lugar a fin de oír a los impetrados, Junta Central Electoral (JCE) y Procuraduría General de la República, en representación del Estado Dominicano. TERCERO: Declarar el procedimiento libre de costas, conforme a lo que establece el artículo 30 de la Ley de Amparo número 437-06 del treinta (30) de noviembre del 2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 10396".

VISTO Y LEIDO el Auto No. 180-2010 de fecha 02 de febrero del año 2010, de la Magistrada Juez Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual fija audiencia pública para el día martes nueve (09) de febrero del año 2010, donde autoriza a la parte recurrente citar a la Junta Central Electoral, a la Procuraduría General de la República, y al Procurador General Administrativo, con la finalidad de conocer el recurso, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, párrafo I de la Ley No. 437-06, de fecha 30 de noviembre del año 2006, que establece el Recurso de Amparo.

VISTO Y LEIDO el Acto de Alguacil Número 223-2010 de fecha 26 de febrero del 2010, del Ministerial Jose Manuel Díaz Monción, Alguacil Ordinario de la Sexta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 1ra. Instancia del Distrito Nacional, depositado ante la Secretaría de este Tribunal en fecha 2 de marzo del 2010, actuando a requerimiento del accionante en amparo LIC. ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, en donde le notifica a la Junta Central Electoral (JCE) los documentos, la instancia del recurso, así Como emplazándolo a comparecer a la audiencia a celebrarse el día 02 de marzo del 2010, por ante este tribunal.

VISTO Y LEIDO el Escrito Ampliatorio de Conclusiones de fecha 13 de abril del año 2009, y depositada por ante la Secretaria del Tribunal Superior Administrativo en fecha 14 del mismo mes y año, por la Junta Central Electoral, cuyas conclusiones son las siguientes: "UNICO: Ratifica las conclusiones presentadas in voce en la audiencia de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diez (2010)0".

VISTOS Y LEIDOS LOS DEMAS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

RESULTA: Que mediante instancia de fecha 28 de diciembre del año 2009, el señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, interpuso un recurso de amparo solicitando la información pública, por ante este tribunal contra la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República.

RESULTA: Que por Auto No. 180-2010 de fecha 02 de febrero del año 2010, de la Magistrada Juez Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, se fijó audiencia pública para el día nueve (09) de febrero del año 2010, a fin de conocer el presente recurso.

RESULTA: Que en audiencia celebrada en fecha 09 de febrero del año dos mil diez (2010), la Primera Sala dictó la Sentencia in-voce cuyo dispositivo es el siguiente:

"UNICO: Prorroga el conocimiento de la presente audiencia para el dos (02) de marzo del 2010, a las nueve (09:00) horas de la mañana. Vale citación para las partes presentes y representadas."

RESULTA: Que en fecha 02 de marzo del año dos mil diez (2010), la Primera Sala dictó la Sentencia in-voce cuyo dispositivo es el siguiente: "PRIMERO: Se prorroga el conocimiento de la presente audiencia a fin de que la parte recurrida deposite los documentos en que fundamentará sus pretensiones; SEGUNDO: Se fija para el jueves ocho (08) de abril del 2010, a las nueve (09:00) horas de la mariana. Vale citación para las partes presentes y representadas."

RESULTA: Que en la audiencia celebrada en fecha 08 de abril del año 2010, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, luego de las peticiones y conclusiones de las partes, se reservó el fallo del presente expediente para una próxima audiencia, cuya fecha será comunicada a las partes mediante auto de este tribunal; y otorgó un plazo común de 2 días a las partes a partir del lunes doce (12) del mes de abril, a fin de que depositen sus conclusiones ampliadas.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO DESPUES DE HABER DELIBERADO:

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de diciembre del año 2010, el señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON interpuso un Recurso de Amparo por ante este Tribunal, contra la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República, con la finalidad de solicitar a esta jurisdicción, que se ordene a la Junta Central Electoral que se le entreguen las informaciones solicitadas mediante comunicación de fecha 24 de noviembre del año 2009.

CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de enero del año 2010 fue promulgada nuestra Constitución Política, que en sus artículos 164 y 165 instituye la Jurisdicción Contencioso Administrativa y crea los Tribunales Superiores Administrativos, disponiendo en su Titulo XV de las Disposiciones Generales y Transitorias, Capítulo II, Disposición Transitoria VI, que el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta Constitución.

CONSIDERANDO: Que como es de principio legal que el tribunal apoderado de un asunto deba determinar su competencia, que en el caso que nos ocupa, previo estudio y examen del mismo, se ha comprobado que se trata de un recurso de amparo, motivo por el cual procede declarar, la competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer, deliberar y fallar el mismo de acuerdo con las disposiciones del artículo 1 de la Ley No. 13-07, de fecha 05 de febrero del año 2007, de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado y los artículos 1 y 10 de la Ley No. 437-06, sobre el Recurso de Amparo, de fecha 30 de noviembre del año 2006.

CONSIDERANDO: Que la parte accionante en su instancia introductiva del recurso sostiene que en fecha 24 de noviembre del año 2009, solicitó a la Junta Central Electoral, mediante comunicación "lista completa de todos sus empleados, funcionarios, funciones y remuneraciones, con los datos: No. de cédula, nombres y apellidos, cargo o función y sueldo bruto mensual", como señala el artículo 3 literal d) de la Ley No. 200-04, que al no entregar la información ha violado lo señalado en el artículo 8 la Constitución; los artículos 1 y 8 de la Ley No. 200-04, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CONSIDERANDO: Que alega además el accionante, que la accionada, Junta Central Electoral no ha cumplido con lo que señala el artículo 34 del Decreto 130-05 que aprobó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información, al indicar "El mismo organismo requerido sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, en forma escrita y con razones fundadas, si se verifica que esta información es inexistente o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Esta denegatoria deberá ser comunicada al solicitante en el plazo de cinco (5) días laborables, contados a partir del día de la recepción de la solicitud"; que luego de transcurrido el plazo que la Ley No. 200-04 brindaba a

dicha institución para entregar la información solicitada, no ha entregado la información solicitada, por lo que se ha negado a cumplir con los textos legales y tratados internacionales, por lo que solicita que se entregue la información.

CONSIDERANDO: Que en audiencia celebrada en fecha 08 de abril del 2010, la parte accionada Junta Central Electoral, expresó: "Lo que pidió el accionante fue todos los nombres, direcciones, números de cédulas, sueldos y todo lo relacionado con los empleados de esta institución"; que la Suprema Corte de Justicia ha dicho en dos decisiones que para la aplicación de cualquier norma se hace necesario respetar los reglamentos, normas y leyes y que cuando intervienen aspectos que ponen en peligro a terceros no es posible aplicarlo; que los datos solicitados por el accionante son datos personales y constituyen información confidencial, por lo que su divulgación está prohibida por el artículo 33 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información que dice: "Los datos personales constituyen información confidencial, por lo que no podrá ser divulgados y su acceso estará vedado a toda persona distinta del incumbente, excepto que este consintiera expresa e inequívocamente en la entrega o divulgación de dichos datos".

CONSIDERANDO: Que continúa señalando la parte accionada, que además el artículo 44 párrafo 2 de la Constitución, se refiere al derecho a la intimidad personal y expresa que: "Toda persona tiene derecho a conocer el destino y el uso que se haga de sus datos e informaciones personales"; que de dar los datos personales se estaría violando un precepto constitucional; que las pretensiones planteadas por el accionante se separan y están divorciadas del orden público que prevalece ante cualquier acción de carácter particular, en ese sentido hay que reconocer que estamos frente a una acción carente de lógica y de criterio jurídico y atentadora de la seguridad e integridad de las personas, por lo que solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de amparo y especialmente porque los datos ya están publicados en su página de Internet como señala la ley.

CONSIDERANDO: Que por su parte, la Procuraduría General Administrativa, alega que la presente acción de amparo tenía como objetivo la solicitud de entrega de información de la nómina de empleados y funcionarios con números de cédulas, dirección, función o cargo y sueldo de la Junta Central Electoral; que el accionante no ha podido demostrar que su solicitud es de interés público o que lo ayudaría a la dilucidación de una investigación en curso ante uno de los órganos del Estado; que tampoco ha podido demostrar que las personas han dado su autorización expresa para que dicha información sea expedida por la Junta Central Electoral, tal y como lo contempla el artículo 19 de la Ley No. 200-04; que el Reglamento de Aplicación de dicha ley, en su artículo 33, dice que la información solicitada es una información confidencial; que el artículo 18 de la Ley establece que la administración sólo podrá hacer entrega de la información cuando haya constancia inequívoca de que la persona haya consentido la entrega de dichos datos o cuando una ley obligue a su publicación, lo que no ha sucedido en el caso de la especie, por lo que solicitan rechazar la acción de amparo por ser improcedente, infundada y carente de base legal y por no haber podido demostrar en su solicitud que la Junta Central Electoral le vulneró algún derecho fundamental que amerite ser restituido por este tribunal.

CONSIDERANDO: Que en el presente caso lo que se plantea a este Tribunal es un Recurso de Amparo en donde el accionante ha solicitado una información pública a la Junta Central Electoral, fundamentada supuestamente en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

CONSIDERANDO: Que la acción de amparo tiene por objeto la pretensión tendente a que se deje sin efecto un acto u omisión de la autoridad pública o de un particular que en forma actual e inminente, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícitas o implícitamente reconocidos por la Constitución de la República, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.

CONSIDERANDO: Que el artículo 17 literal k) de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública señala que: "Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado y de las instituciones indicadas en el artículo 1 de la presente ley: k) Información cuya divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las personas o poner en riesgo su vida o su seguridad".

CONSIDERANDO: Que la solicitud de información podrá ser rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, como establece el artículo 18 de la Ley No. 200-04, al señalar en su primer y tercer párrafos lo siguiente: "Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal. No obstante, la Administración

podría entregar estos datos e informaciones si en la petitoria el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro Organo de la Administración Pública. Y cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse solo cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una ley obliga a su publicación".

CONSIDERANDO: Que el Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, de fecha 25 del mes de febrero del año 2005, en su artículo 33 expresa que: "Los datos personales constituyen información confidencial, por lo que no podrán ser divulgados y su acceso estará vedado a toda persona distinta del incumbido, excepto que este consintiera expresa e inequívocamente en la entrega o divulgación de dichos datos".

CONSIDERANDO: Que la Junta Central Electoral en cumplimiento de sus funciones constitucionales, maneja un área muy sensitiva y de importancia capital para el sostenimiento de la democracia, como lo es la celebración de las elecciones, lo que hace a sus empleados guardianes de informaciones sumamente delicadas, por lo que el pretender que se conozcan públicamente los datos personales de dichos empleados, a todas luces podría entorpecer el desarrollo de dichas funciones y en consecuencia nuestra democracia.

CONSIDERANDO: Que este tribunal, una vez ponderados los alegatos de las partes, y las conclusiones del Procurador General Administrativo, es de criterio de que lo peticionado por el accionante constituye información confidencial y no pueden ser entregados, pues se enmarcan dentro de las limitaciones que establece la ley, por lo que procede rechazar el presente recurso de amparo, incoado por el señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, contra la Junta Central Electoral, por improcedente.

CONSIDERANDO: Que el artículo 30 de la Ley No. 437-06 establece que el Recurso de Amparo es de carácter gratuito por lo que se hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa.

POR TALES MOTIVOS Y VISTOS LOS ARTICULOS 164 y 165 de la Constitución del 2010; 1, 10, 20 y 30 de la Ley No. 437-06 de fecha 30 de noviembre del 2006, que establece el Recurso de Amparo; 1, 3, 16, 17 y 18 de la Ley 200-04, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública; 33 del Reglamento No.130-05 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, administrando justicia, en nombre de la República, por autoridad de la Ley y en merito de los citados artículos:

FALLA:

PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el Recurso de Amparo incoado por el accionante, señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, contra la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República.

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el Recurso interpuesto por el señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, contra la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República, por las razones antes argdas.

TERCERO: ORDENA, la comunicación de la presente sentencia por Secretaría, a la parte accionante, señor ALLAN DE JESUS TIBURCIO ANDRICKSON, a la Junta Central Electoral, a la Procuraduría General de la República y al Procurador General Administrativo.

CUARTO: DECLARA libre de costas por tratarse de un Recurso de Amparo.

QUINTO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo.

Y por esta nuestra Sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma.

SARA HENRIQUEZ MARIN

Juez Presidente

JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC FEDERICO E. FERNANDEZ

Juez Juez

GREISY RIJO GOMEZ

Secretaria General

DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los jueces antes mencionados, celebrando audiencia pública el mismo día, mes y año expresados, la que fue leída por mí, Secretaria que certifica.

GREISY RIJO GOMEZ

Secretaria General



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