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sobre Protección de Datos Personales

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República Dominicana [ 05 Noviembre 2010 ] [Tribunal Superior Administrativo - Primera Sala] A.A.P.V. vs. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo    caché ES 

Que en fecha 22 de marzo del año 2010, el A.A.P.V., solicitó vía Web al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la entrega de la siguiente información: "1) Nómina de dicha institución (Que se incluya nombre y apellido de los empleados); Manual de procedimiento de la OAI (si es el que esta publicado en la Web que es un proyecto, favor de hacerlo constar por escrito); Resolución, acto administrativo o como se llame, con la cual se ordenó excluir los nombres de los empleados de la nómina publicada en la pagina Web", sin que hasta la fecha dicha entidad estatal responda a tal requerimiento de información pública.

Que los datos personales y el número de cédula de los empleados del Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, no están contenidos a los fines de no violentar el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos, previsto en la propia Ley No. 200-04, al señalar su artículo 18, que la solicitud de información podrá ser rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, como establece el primer párrafo de dicho artículo, cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal, o el tercer párrafo que exige la constancia inequívoca del consentimiento del afectado para la entrega de datos personales.

RECHAZA, en cuanto al fondo, el Recurso de Amparo interpuesto



 

CÁMARA: PRIMERA SALA

MATERIA: AMPARO

RECURRENTE: ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO,

RECURRIDO: EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los  

CINCO (05) días del mes de  NOVIEMBRE  del año dos mil diez (2010), año  167  de la 

Independencia y 148  de la Restauración.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, 

regularmente constituida en la sala donde acostumbra celebrar  sus audiencias, sito en la calle 

Juan Sánchez Ramírez, No. 1-A, esquina Socorro Sánchez, del sector de Gazcue, Santo Domingo, 

Distrito Nacional, con la presencia de sus jueces: SARA HENRIQUEZ MARIN, Juez Presidente; 

JUDHIT CONTRERAS ESMURDOC, Juez; FEDERICO FERNANDEZ DE LA CRUZ, Juez; 

asistidos de la infrascrita Secretaria, ha dictado en sus atribuciones de Jueces de Amparo y en 

audiencia pública la sentencia que sigue:

CON MOTIVO DEL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el LIC. ALEJANDRO ALBERTO 

PAULINO VALLEJO, dominicano, mayor de edad, soltero, Abogado de los Tribunales de la 

República, portador de la cédula de identidad y electoral                             No. 001-1324795-1, 

domiciliado en la Suite No. 401, edificio Torre Piantini, Avenida Abraham Lincoln, esquina Gustavo 

Mejía Ricart, Sector Piantini, Distrito Nacional, quien tiene como abogado constituido y apoderado 

especial al DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de 

la cédula de identidad y electoral No. 001-0141965-3, Abogado de los Tribunales de la República, 

matriculado en el Colegio Dominicano de Abogados con el No. 23303-197-01, domiciliado en esta 

ciudad, y con estudio profesional abierto en la Oficina Arteaga y Asociados, Suite No. 401 de la 

Edificación denominada Torre Piantini, ubicada en la Avenida Abraham Lincoln esquina Gustavo 

Mejía Ricart, del sector Piantini del Distrito Nacional, donde hace elección de domicilio para todos 

los fines y consecuencias legales del presente recurso, CONTRA el Ministerio  de Economía, 

Planificación y Desarrollo.

VISTA Y LEIDA la instancia introductiva del Recurso de Amparo de fecha 27 de abril del año 2010, 

y depositada por ante la Secretaría del Tribunal  Superior Administrativo el 28 del mismo mes y 

año, suscrita por el  DR. REEMBERTO PICHARDO JUAN, de generales anotadas, actuando a 

nombre y en representación del LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, cuyas 

conclusiones son las siguientes:             "PRIMERO: Declarar  bueno y válido el recurso de 

amparo, tanto en la forma como en el fondo, por haber sido interpuesto de acuerdo a las normas 

legales, particularmente en atención a los requerimientos dispuestos por la Ley de Recurso de 

Amparo No. 437-06. SEGUNDO: Declarar por sentencia la violación de los artículos de la Ley No. 

200-04, invocados en el preámbulo del presente Recurso de Amparo, por parte del Estado 

Dominicano a través del Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, así como 

también los tratados internacionales previamente invocados y ratificados por el Estado 

Dominicano, violaciones estas ocasionadas por el Estado Dominicano a través del Ministerio de 

Estado de Economía, Planificación y Desarrollo contra el hoy accionante en amparo. TERCERO: 

Disponer que se ordene de manera inmediata al Ministerio de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo, entregar toda la información relativa a  "Nomina de dicha institución (Que se incluya 

nombre y apellido de los empleados); Manual de procedimiento de la OAI (si es el que esta 

publicado en la Web que es un proyecto, favor de hacerlo constar por escrito); Resolución, acto 

administrativo o como se llame, con la cual se ordenó excluir los nombres de los empleados de la 

nomina publicada en la pagina Web". Tal y como lo dispone la Ley No. 437-06 que instituye el 

Recurso de Amparo, bajo pena de astreinte de Diez Mil Pesos Oro Dominicanos (RD$10,000.00), 

para cada día de retardo en que incurra el Estado Dominicano a través del Ministerio de Estado de 

Economía, Planificación y Desarrollo, en realizar la entrega de la documentación contentiva de las 

informaciones que le fueron requeridas, ordenando del mismo modo, si así lo entendiese el 

tribunal, cualquier otra medida que estime conveniente para el mejor proveimiento de derecho. CUARTO: Disponer la ejecución sobre minuta y sin fianza, no obstante cualquier recurso. QUINTO: 

Librar acta al recurrente, en el sentido de que la interposición del presente recurso se hace bajo 

reserva de derecho y acciones, por lo que se reserva el derecho de proceder contra quienes 

estime procedente. SEXTO: Declarar el presente recurso de amparo libre de costas.          

SEPTIMO: Que se dicte auto autorizando al recurrente a emplazar a la parte recurrida a los fines 

que se conozca del presente recurso".

VISTO Y LEIDO el Auto No. 921-2010, de fecha 11 de mayo del año 2010, de la Magistrada Juez 

Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual fija audiencia 

pública para el día jueves veinte (20) de mayo del año 2010, donde autoriza a la parte recurrente 

citar al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y al Procurador General Administrativo, 

con la finalidad de conocer el recurso, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 72 de la 

Constitución Política de la Republica, que consagra la Acción de Amparo, y el artículo 13, párrafo 

1ro., de la Ley No. 437-06, de fecha 30 de noviembre del año 2006 que establece el Recurso de 

Amparo.

VISTO Y LEIDO el Escrito Ampliatorio de Conclusiones de fecha 24 de mayo del                             

año 2010, y depositado por ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo en esa misma 

fecha, suscrito por el LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO (Accionante y Abogado), 

cuyas conclusiones  han sido transcritas anteriormente.

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusiones de fecha 24 de mayo del año 2010, y depositado por 

ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo en esa misma fecha, suscrito por los Licdos. 

Kelvin Heriberto Santana y Alba H. Álvarez Sención, en representación del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, cuyas conclusiones son las siguientes: "PRIMERO: En cuanto al fondo, 

rechazar por improcedente y carente de fundamento jurídico el Recurso de Amparo interpuesto por 

el LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, en fecha veintiocho (28) de abril de 2010, por 

ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, conforme los criterios de protección al 

derecho, la privacidad, a protección de los datos personales y la seguridad física de acuerdo a lo 

expuesto en el presente escrito. SEGUNDO: De manera subsidiaria, y en caso de que por alguna u 

otra razón se ordene la entrega de algún tipo de información adicional a la entregada, reconocer el 

carácter de dato personal de las informaciones relacionadas con el patrimonio de las personas, 

incluyendo los números de cédulas, y proteger a los empleados del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, de la individualización de dichos datos, conforme los escritos de 

protección al derecho a la privacidad, la protección de los datos personales y la seguridad física 

de acuerdo a la expuesto en el presente escrito. TERCERO: Que se declare el procedimiento libre 

de costas, conforme a lo que establece el artículo 30 de la Ley No. 436-07, sobre el Recurso de 

Amparo, cuando dice que el procedimiento en materia de Amparo es de carácter gratuito".

VISTO Y LEIDO el Escrito de Conclusiones de fecha 25 del mes de mayo del 2010, y depositado 

por ante este Tribunal Superior Administrativo en misma fecha, suscrito por el Procurador General 

Administrativo, cuyas conclusiones son las siguientes: "De manera principal: UNICO: Que se 

declare inadmisible, la acción de amparo incoada por el            LIC. ALEJANDRO ALBERTO 

PAULINO VALLEJO, en fecha 28 de abril del 2010, en contra del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, por carecer de objeto debido a que las informaciones solicitadas 

conforme a la Ley No. 200-04, se encuentran publicadas en la pagina Web, www.economia.gob.do. 

De manera subsidiaria:                  UNICO: En cuanto al fondo que la acción de amparo sea 

rechazada, por improcedente, mal fundada y carente de base legal".

VISTOS Y LEIDOS LOS DEMAS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE:

RESULTA: Que en fecha 22 de marzo del año 2010, el LIC. ALEJANDRO                  ALBERTO 

PAULINO VALLEJO, solicitó vía Web al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la 

entrega de la siguiente información: "1) Nómina de dicha institución (Que se incluya nombre y 

apellido de los empleados); Manual de procedimiento de la OAI (si es el que esta publicado en la 

Web que es un proyecto, favor de hacerlo constar por escrito); Resolución, acto administrativo o como se llame, con la cual se ordenó excluir los nombres de los empleados de la nómina publicada 

en la pagina Web", sin que hasta la fecha dicha entidad estatal responda a tal requerimiento de 

información pública.

RESULTA: Que en fecha 28 de abril del año 2010, el LIC. ALEJANDRO                   ALBERTO 

PAULINO VALLEJO, interpuso por ante este Tribunal                               Superior Administrativo un 

Recurso de Amparo, contra el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuyas 

conclusiones han sido transcritas en parte anterior de esta sentencia.

RESULTA: Que mediante Auto No.921-2010 de fecha 11 de mayo del año 2010, de la Magistrada 

Juez Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, se fijó audiencia pública 

para el día jueves veinte (20) de mayo del año 2010, a fin de conocer el presente Recurso de 

Amparo.

RESULTA: Que en fecha 20 de mayo del  2010, la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, dictó la sentencia in-voce, cuyo dispositivo es el siguiente:                  "PRIMERO: 

Acumula el incidente de inadmisibilidad propuesto por la parte recurrida y refrendada por la 

Procuraduría General Administrativa. SEGUNDO: Se ordena que se continúe con el conocimiento 

de la presente audiencia". Y, luego de concluir las partes, el tribunal fallo: "PRIMERO: Se reserva 

el fallo sobre el presente expediente para una próxima audiencia, cuya fecha de lectura será 

comunicada por Auto a las partes envueltas. SEGUNDO: Se otorga un plazo de dos (2) días a las 

partes, para escrito ampliatorio de conclusiones".

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, DESPUES DE HABER 

DELIBERADO:

CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de abril del año 2010, el LIC. ALEJANDRO ALBERTO 

PAULINO VALLEJO, interpuso un Recurso de Amparo por ante este Tribunal Superior 

Administrativo, contra el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con la finalidad de 

solicitar a esta jurisdicción, que ordene de manera inmediata, entre otras cosas, al Ministerio de 

Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, entregar toda la información relativa a  "Nomina de 

dicha institución (Que se incluya nombre y apellido de los empleados); Manual de procedimiento de 

la OAI (si es el que esta publicado en la Web que es un proyecto, favor de hacerlo constar por 

escrito); Resolución, acto administrativo o como se llame, con la cual se ordenó excluir los nombres 

de los empleados de la nomina publicada en la pagina Web".

CONSIDERANDO: Que en fecha 26 de enero del año 2010 fue promulgada                            

nuestra Constitución Política, que en sus artículos 164 y 165 instituye la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y crea los Tribunales Superiores Administrativos, disponiendo en su Título XV de las 

Disposiciones Generales y Transitorias, Capítulo II, Disposición Transitoria VI, que el Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo 

creado por esta Constitución.

CONSIDERANDO: Que como es de principio legal que el tribunal apoderado de un asunto deba 

determinar su competencia,  que en el caso que nos ocupa,  previo estudio y examen del mismo, 

se ha comprobado que se trata de un recurso de amparo, motivo por el cual procede declarar, la 

competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer, deliberar y fallar el mismo de 

acuerdo con las disposiciones del  artículo 1 de la Ley No. 13-07, de   fecha 05 de febrero del año 

2007, de Transición hacia el Control de la Actividad Administrativa del Estado y los artículos 1 y 10 

de la Ley No. 437-06, sobre el Recurso de Amparo, de fecha 30 de noviembre del año 2006.

CONSIDERANDO: Que en su instancia introductiva del recurso, la parte accionante, el LIC. 

ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, señala que mediante envío de un correo electrónico 

en fecha 22 de marzo del año 2010, al Ministerio de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo, le solicitó en virtud de la Ley No. 200-04, la entrega de la información relativa a "Nomina de dicha institución (Que se incluya nombre y apellido de los empleados); Manual de 

procedimiento de la OAI (si es el que esta publicado en la Web que es un proyecto, favor de 

hacerlo constar por escrito); Resolución, acto administrativo o como se llame, con la cual se ordenó 

excluir los nombres de los empleados de la nomina publicada en la pagina Web", pero dicha 

entidad estatal no ha contestado la solicitud de información pública desacatando el plazo de 15 

días que otorga la Ley No. 200-04.

CONSIDERANDO: Que señala además el recurrente que dicha entidad estatal ha incurrido en un 

silencio administrativo ya que no han explicado porque no han procedido a entregar la información 

solicitada por él ahora accionante, es a todas luces violatoria de los preceptos constitucionales 

conformados por el Bloque Constitucional y legales invocados, por lo que solicita la entrega de la 

información.

CONSIDERANDO: Que en la audiencia pública celebrada en fecha 20 de mayo del año 2010, los 

representantes de la parte accionada, Ministerio de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo, consideraron que las informaciones fueron entregadas, toda vez que la encargada de la 

oficina le contactó, al hoy accionante, y le informó en fecha hábil que las informaciones se 

encuentraban en la página Web, por lo que solicitan que se rechace por improcedente y carente de 

fundamento jurídico el recurso y por carecer de objeto; y que se declare el procedimiento libre de 

costas.

CONSIDERANDO: Que en la indicada audiencia la representante de la Procuraduría General 

Administrativa, se refirió a que su solicitud pide a la nómina de los empleados, y se le informó vía 

telefónica que dichas informaciones estaban en la página Web, por lo que solicita que se declare 

inadmisible, ya que fueron entregadas las informaciones, y en cuanto al fondo que se rechace el 

presente recurso por improcedente, mal fundado y carente de base legal.

CONSIDERANDO: Que en dicha audiencia el representante de la parte accionante,              LIC. 

ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, estableció que nunca le llamaron para informarle 

donde estaba la información, no obstante cuando entró a la página Web no encontró el listado de 

nombres del personal, por lo tanto ratificó sus conclusiones vertidas en la instancia de la Acción de 

Amparo.

CONSIDERANDO: Que en su Escrito Ampliatorio de conclusiones la parte accionante, LIC. 

ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, sostuvo que los recurridos, con el fin de denegar la 

información solicitada, tergiversan la interpretación del artículo 19 de la Ley No. 200-04, ya que 

quiere aplicar protecciones y reglas establecidos en beneficio de terceras personas frente a la 

Administración Pública, queriendo aplicarlas en beneficio de empleados pertenecientes  a la 

Administración Pública, lo que es de imposible aplicación ya que el contenido del mismo artículo 3 

inciso d), haca obligatoria para la Administración Pública la entrega del listado de funcionarios, 

legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y remuneraciones, y la declaración 

jurada patrimonial cuando su presentación corresponda por ley, por lo que procedió a ratificar 

todas y cada una de sus conclusiones principales.

CONSIDERANDO: Que en su Escrito Ampliatorio de Conclusiones la parte accionada, Ministerio 

de Economía, Planificación y Desarrollo, indica que la encargada de la Oficina de Acceso a la 

Información (OAI) de este Ministerio, informó al recurrente en tiempo hábil vía telefónica, que 

dichas informaciones estaban y están colgadas en su página Web: www.economia.gov.do, en el 

banner de Transparencia. Que en las informaciones que están publicadas en la página Web de 

referencia, nos abstuvimos de publicar los nombres y los números de cédulas del personal 

amparándonos en las disposiciones de la Ley No. 200-04.

CONSIDERANDO: Que continúa argumentando la parte accionada que en la jurisprudencia 

comparada ha surgido la necesidad de proteger los  datos personales, y nuestra recién 

proclamada Constitución, en aras de garantizar y proteger  la efectividad de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos dominicanos, consagró, entre otros, el Habeas Data (artículo 70), como una de las garantías constitucionales llamada a proteger varios derechos, entre los que se 

pueden citar la honra, la buena reputación, la intimidad y el derecho a la información. Que el 

Habeas Data resguarda la intangibilidad de la reserva de la vida privada del individuo y su entorno 

familiar. Que este Ministerio no publicó los nombres y los números de cédulas del personal para 

preservar el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos, previsto en la propia Ley No. 

200-04. Que es de derecho reconocer que cada empresa o institución debe proteger y 

salvaguardar la integridad propia de sus empleados, pero además el recurrente en su instancia 

debe explicar con claridad cuál es el objetivo que persigue al solicitar informaciones concernientes 

a los nombres y cédulas, informaciones que son de carácter estrictamente personal, por lo que 

ratifica sus conclusiones.

CONSIDERANDO: Que en su Escrito Ampliatorio de Conclusiones la Procuraduría General 

Administrativa, sostiene que la presente acción de amparo tiene como objetivo la solicitud de 

entrega de información de la nómina de empleados del Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo, referente a funciones y salarios y la parte recurrida le manifestó al solicitante vía 

telefónica que las informaciones se encuentran en la página Web. Que los datos personales y 

números de cédulas de los empleados del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, no 

se dan a los fines de no violentar el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos previsto 

en la Ley No. 200-04, en su artículo 18.

CONSIDERANDO: Que sostiene además dicho Funcionario que si bien es cierto que todo 

ciudadano tiene derecho a solicitar y a recibir información, siempre y cuando este acceso no afecte 

la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o, el derecho a la privacidad e 

intimidad de un tercero o el derecho de reputación de los demás de conformidad con el artículo 2 

de la Ley No. 200-04. Que en la información que aparece en la página Web del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo, no se divulgan los datos personales de los empleados o 

funcionarios, de conformidad con lo consagrado en los artículos 18 y 19 de la Ley No. 200-04 y 33 

de su Reglamento de Aplicación, por lo que ratifica sus conclusiones.

CONSIDERANDO: Que lo que se plantea a este Tribunal Superior Administrativo, es un Recurso 

de Amparo interpuesto por el LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, tendente a que se 

ordene de manera inmediata, entre otras cosas, al Ministerio de Estado de Economía, Planificación 

y Desarrollo, entregar toda la información relativa a  "Nomina de dicha institución (Que se incluya 

nombre y apellido de los empleados); Manual de procedimiento de la OAI (si es el que esta 

publicado en la Web que es un proyecto, favor de hacerlo constar por escrito); Resolución, acto 

administrativo o como se llame, con la cual se ordenó excluir los nombres de los empleados de la 

nomina publicada en la pagina Web".

CONSIDERANDO: Que el artículo 11 de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información 

Pública, referente a la entrega de la información, señala que: "La información solicitada podrá ser 

entregada en forma personal, por medio de teléfono, facsímil, correo ordinario, certificado o 

también correo electrónico, o por medio de formatos disponibles en la página de Internet que al 

efecto haya preparado la administración a la que hace referencia el Artículo 1 de esta ley".

CONSIDERANDO: Que los  datos personales y el número de cédula de los empleados del 

Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, no están contenidos a los fines de no 

violentar el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos, previsto en la propia Ley No. 

200-04, al señalar su artículo 18, que la solicitud de información podrá ser rechazada cuando 

pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, como establece el primer párrafo de 

dicho artículo, cuando se trate de  datos personales cuya publicidad pudiera significar una 

invasión de la privacidad personal, o el tercer párrafo que exige la constancia inequívoca del 

consentimiento del afectado para la entrega de datos personales.

CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, le informó 

que las informaciones estaban contenidas en la página Web, pero lo referente a datos personales

de los empleados o funcionarios, no se divulgan para respetar el derecho a la privacidad e 

intimidad de los ciudadanos, ya que los mismos deben dar su consentimiento para publicar 

informaciones personales, el artículo 19 de la Ley No. 200-04, consagra que: "Cuando el acceso a 

la información dependa de la autorización o consentimiento de un tercero protegido por derechos de reservas o de autodeterminación informativa en los términos de los Artículos 2 y 16 de esta ley, 

podrá entregarse la información cuando haya sido dado el consentimiento expreso por parte del 

afectado".

CONSIDERANDO: Que la acción de amparo es una acción autónoma que tiene por finalidad la 

protección a la violación o conculcación de un derecho fundamental, que ciertamente con las 

actuaciones del Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo no se le han 

violentado derechos fundamentales al LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO.

CONSIDERANDO: Que para que el Juez de Amparo acoja el recurso, es necesario que se  haya 

conculcado un derecho fundamental o exista la posibilidad de que sea conculcado o violado un 

derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República o en los Tratados 

Internacionales; que en la especie no se ha podido comprobar ninguna violación, ni siquiera la 

existencia de la posibilidad de violación de derechos fundamentales del accionante, en tal virtud 

este Tribunal Superior Administrativo, procede a rechazar la Acción de Amparo interpuesta por el 

LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, en  fecha 28 de abril del año 2010, contra el 

Ministerio de Estado de Economía, Planificación y  Desarrollo, por improcedente, mal fundada y 

carente de base legal.

CONSIDERANDO: Que el artículo 30 de la Ley No. 437-06, establece que el Recurso de Amparo 

es de carácter gratuito por lo que se hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, 

contribución o tasa.

POR TALES MOTIVOS Y VISTOS LOS ARTICULOS 72, 44, 164 y 165 de la Constitución de la 

República, de fecha 26 de enero del año 2010; 1, 2, 10, 20, 21 y 30 de la Ley No. 437-06 de fecha 

30 de noviembre del 2006, que establece el Recurso de Amparo; 2, 11, 16, 18 y 19 de la Ley No. 

200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública; 33 de su Reglamento de Aplicación.

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, administrando justicia, en 

nombre de la República, por autoridad de la Ley y en mérito de los citados artículos:

FALLA :

PRIMERO: DECLARA, bueno y válido en cuanto a la forma el Recurso de Amparo incoado por la 

parte accionante, el LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, contra el Ministerio de 

Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.

SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, el Recurso de Amparo interpuesto por la parte 

accionante, el LIC. ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, contra el Ministerio de Estado de 

Economía, Planificación y Desarrollo, por no haber vulneración a derecho fundamental alguno.

TERCERO: DECLARA libre de costas por tratarse de un Recurso de Amparo.

CUARTO: ORDENA la notificación de la presente sentencia a la parte accionante,             LIC. 

ALEJANDRO ALBERTO PAULINO VALLEJO, al Ministerio de Estado de Economía, Planificación y 

Desarrollo y al Procurador General Administrativo, para su conocimiento.

QUINTO: ORDENA la publicación de la presente sentencia en el boletín del Tribunal Superior 

Administrativo.

Y por esta nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma.

SARA HENRIQUEZ MARIN

Juez PresidenteJUDHIT CONTRERAS ESMURDOC                             FEDERICO E. FERNANDEZ

Juez                                                                             Juez

GREISY RIJO GÓMEZ

Secretaria General

DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede por los Jueces antes mencionados, 

celebrando audiencia pública el mismo día, mes,  año expresados, la que fue leída por mi 

secretaria que certifica.

GREISY RIJO GOMEZ

Secretaria General

La presente sentencia de fecha CINCO (05) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL DIEZ 

(2010) es copia fiel conforme a su original a cuya prueba me remito, la cual expido para ser 

notificada al PROCURADOR GENERAL ADMINISTRATIVO. En la Ciudad de Santo Domingo, 

Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los CINCO (05) días del mes de 

NOVIEMBRE del año DOS MIL DIEZ (2010).

GREISY RIJO GOMEZ

Secretaria General

 



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