Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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España [ 25 Enero 2006 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia 25 de enero de 2006    caché ES 

Tratamiento de datos de ideología política - El presente recurso de casación interpuesto en nombre y representación de “ENTIDAD A “, contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2001 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional, sobre sanción de multa de 50.000.00 pts impuesta por la Agencia de Protección de Datos.

En el mes de marzo de 1999, Don N.N., Director del Gabinete del Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, recibe en su lugar de trabajo un envío publicitario remitido por el Hotel Ciudad de Vitoria, invitándole a una fiesta. 2.- En el sobre de la invitación aparece el nombre, apellido, dirección profesional y las siglas "PNV". 3.- La entidad recurrente y propietaria del hotel que envió la invitación es la titular del fichero automatizado denominado "Mailing98.MDB" y "Mailing.MDB". 4.- En estos ficheros aparecen registrados los siguientes datos del denunciante ante la Agencia de Protección de Datos, D. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nombre, apellidos, cargo, partido, institución y domicilio laboral. 5.- En la guía de comunicación del Gobierno Vasco constan los datos del citado denunciante referentes a su nombre, apellidos, cargo, dirección profesional y de correo electróníco y teléfono. 6.- El nombramiento del denunciante ante la Agencia de Protección de Datos como Director del Gabinete del Viceconsejero de Seguridad, se produjo por Decreto 476/19991, de 30 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 6 de septiembre de 1991.»

Fallo: No ha lugar al recurso de casación



Tribunal Supremo. Sentencia 25 de enero de 2006. Sala de lo ContenciosoAdministrativo sección: sexta. Tratamiento de datos de ideología Política.  

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Enero de dos mil seis. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida 

por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de 

casación interpuesto por el Procurador D. . . . . . . . . . . . . . . . . . , en nombre y 

representación de “ENTIDAD A “, contra la Sentencia de 28 de septiembre de 

2001 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) de la 

Audiencia Nacional, sobre sanción de multa de 50.000.001 pts impuesta por la 

Agencia de Protección de Datos.

En este recurso de casación comparece como recurrido, el Abogado del 

Estado, en la representación que le es propia. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Audiencia Nacional dictó, con fecha 28 de septiembre de 

2.001, Sentencia en el recurso contencioso-administrativo n° 398/00, cuya parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente: «Que desestimando e! recurso 

contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de 

"ENTIDAD A”, contra la Resolución del Director de la Agencia de Protección de 

Datos de 18 de febrero de 2000, que desestimó el recurso de reposición 

interpuesto contra la imposición de una sanción de 50.000.001 pesetas; debemos 

declarar la expresada resolución conforme con el ordenamiento jurídico. No se 

hace imposición de costas.» 

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia por el Procurador D. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . ., en nombre y representación de “ENTIDAD A” se presentó escrito 

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional preparando 

recurso de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 8 de noviembre de 2.001 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el recurso de casación, 

emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo. 

TERCERO.-  Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte 

recurrente formuló escrito de interposición de recurso de casación, expresando los 

motivos en que se funda y suplicando "se sirva en su día dictar Sentencia por la 

que, con estimación de los motivos del recurso case la recurrida y pronuncie otra 

más ajustada a Derecho, todo ello en los términos que esta parte tiene interesado 

y con los pronunciamientos que correspondan conforme a Derecho.» 

CUARTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por 

esta Sala se emplazó a la parte recurrida para que en plazo de treinta días 

formalice escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación, 

suplicando de la Sala "dictar sentencia que desestime íntegramente las 

pretensiones de la recurrente, imponiéndole las costas del proceso". 

QUINTO.-  Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo 

audiencia del día 24 de enero de 2006, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose 

observado las formalidades legales referentes al procedimiento. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magistrado de 

esta Sala. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Se interpone el presente recurso de casación contra la 

sentencia de 28 de septiembre de 2001 de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, de la Audiencia Nacional que resuelve, 

desestimándolo, el recurso contencioso administrativo tramitado con el número 

398/2000 interpuesto por la representación de “ENTIDAD A” contra la resolución 

del Director de la Agencia de Protección de Datos de 18 de febrero de 2.000 sobre 

sanción en materia de protección de datos. 

Se recurría ante el Tribunal de instancia el acuerdo de imposición de una 

sanción a la recurrente de multa de 50.000.001 pesetas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal, por la infracción del 

artículo 7.2, tipificada como muy grave en el artículo 43.4.c) de la expresada Ley 

Orgánica. 

La sentencia recurrida concreta los hechos de relevancia para la resolución 

del recurso en los siguientes términos expresados en su fundamento de derecho 

primero:  «Las circunstancias  a  tener en cuenta en el presente recurso 

contencioso-administrativo son, en síntesis, las siguientes: 1.- En el mes de marzo 

de 1999, D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Director del Gabinete del Viceconsejero de 

Seguridad del Gobierno Vasco, recibe en su fugar de trabajo un envío publicitario 

remitido por el Hotel Ciudad de Vitoria, invitándole a una fiesta. 2.- En el sobre de 

la invitación aparece el nombre, apellido, dirección profesional y las siglas "PNV". 

3.- La entidad recurrente y propietaria del hotel que envió la invitación es la titular 

del fichero automatizado denominado "Mailing98.MDB"  y  "Mailing.MDB".  4.-  En 

estos ficheros aparecen registrados los siguientes datos del denunciante ante la 

Agencia de Protección de Datos, D. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nombre, apellidos, 

cargo, partido, institución  y domicilio laboral. 5.- En la guía de comunicación del 

Gobierno Vasco constan los datos del citado denunciante referentes a su nombre, 

apellidos, cargo, dirección profesional  y  de correo electróníco  y  teléfono.  6.-  El 

nombramiento del denunciante ante la Agencia de Protección de Datos como 

Director del Gabinete del Viceconsejero de Seguridad,  se  produjo por Decreto 

476/19991, de 30 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 6 de 

septiembre de 1991.»

La sentencia recurrida desestimó el recurso de instancia por apreciar que 

los hechos sancionados constituyen una infracción incardinable en el supuesto 

contemplado en el artículo 43.4.c) de  laJ  Ley Orgánica 5/1.992, apreciando la 

existencia del elemento culposo en la infracción cometida y negando la aplicación 

retroactiva de la Ley Orgánica 15/1.999 aducida por el recurrente. 

SEGUNDO.- Contra la indicada sentencia se interpone por el recurrente el 

recurso de casación con fundamento en un primer motivo en el que, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la Ley rectora de la Jurisdicción, se aduce la 

infracción cometida por la sentencia impugnada, en opinión del recurrente, de lo 

dispuesto en el artículo 43.4.c) de la Ley Orgánica 5/92, de 29 de octubre, reguladora del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter personal en 

relación con los artículos 6 y 7 de la misma Ley. 

En el desarrollo del motivo entiende la recurrente que, en función de los 

datos que la propia sentencia ha dado por probados en el fundamento jurídico 

primero y los que se deben de integrar, al amparo del número 3 del artículo 88, 

existe base más que suficiente para apreciar que el fichero de la recurrente, al 

añadir a sus datos de carácter público las siglas PNV en lo que se refiere al 

denunciante, no estaba efectuando ni pretendiendo efectuar el registro o 

tratamiento de un dato concerniente a la ideología del interesado dado que 

considera que era público y notorio su pertenencia al partido político PNV, 

afirmando que no estamos ante el tratamiento de un dato relacionado con la 

ideología personal y que todos los datos estaban obtenidos de fuente accesible al 

público. 

Como pone de relieve la sentencia de instancia el Tribunal Constitucional 

ha destacado en una jurisprudencia reiterada, y en concreto en la Sentencia de 30 

de noviembre de 2.000, que «el contenido del derecho fundamental a la protección 

de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos 

personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 

proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este 

tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos 

personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes 

de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del 

contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan 

jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los 

datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o 

usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a 

consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos 

personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad 

de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso 

los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos. En 

fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho 

fundamental a la protección de datos  personales (sigue diciendo el Tribunal 

Constitucional) los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de 

sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de 

quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a 

esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y 

empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de 

qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y 

asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; 

y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele.» 

Es por ello que el artículo 43.4.c) de la Ley Orgánica 5/1.992 tipifica como 

infracción muy grave el hecho de recaba  y tratar de forma automatizada los datos 

de carácter personal a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando no 

medie el consentimiento expreso del afectado; y el citado apartado del artículo 7 

expresa que sólo con consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán 

ser objeto de tratamiento automatizado los datos de carácter personal que revelen 

la ideología, religión o creencias, incluyéndose evidentemente dentro de los que 

afectan a la ideología, como de especial relevancia, los datos referidos a la 

pertenencia a un partido político. 

De aquí se deriva que en el presente caso, y al haberse tratado 

informaticamente los datos referidos a la pertenencia a un partido político de una 

persona, la decisión sancionadora resulta adecuada a derecho, de donde se 

infiere la imposibilidad de acoger el primero de los motivos de casación dado que, 

en contra de lo afirmado por la recurrente, sí existe el tratamiento de un dato 

relacionado con la ideología personal y dicho tratamiento se ha producido sin el 

consentimiento expreso del afectado, sin que a los efectos de este primer motivo 

de casación sea necesario proceder la Sala a la integración de hechos solicitada 

por el recurrente con invocación de lo dispuesto en el número 3 del artículo 88 de 

la Ley de la Jurisdicción dado que resulta en absoluto irrelevante, a los efectos de 

este motivo de casación, la invocada publicidad sobre la pertenencia de! 

denunciante al partido PNV así como las manifestaciones de! mismo dirigidas a la 

Agencia de Protección de Datos o el resultado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la empresa sancionada. 

TERCERO.- En el segundo motivo de casación aduce el recurrente, al 

amparo del mismo precepto del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, la infracción que se dice cometida de lo dispuesto en el artículo 43.4.c) de la Ley 

5/1992 al apreciar que no concurre dolo o culpa en la recurrente. 

A tal efecto es necesario recordar que, como pone de relieve el Tribunal de 

instancia, el principio de culpabilidad previsto en el artículo 130.1 de la Ley 

30/1.992 dispone que sólo pueden ser sancionados por hechos constitutivos de 

infracción administrativa los responsables de los mismos, aun a título de simple 

inobservancia, lo cual no puede ser entendido como la admisión en el derecho 

administrativo sancionador de una especie de responsabilidad objetiva, puesto 

que el principio de culpabilidad consiste en la falta de diligencia observada por la 

entidad recurrente al tratar de forma automatizada un dato relativo a la ideología 

del denunciante, resultando irrelevantes las invocaciones que se hacen en el 

escrito de demanda -y se reiteran en casación- acerca de la ausencia de 

intencionalidad o a la existencia del error, y ello por cuanto el elemento 

culpabilistico del tipo sancionador aplicado concurre cuando se incluye el 

expresado dato sobre la ideología, no  siendo precisa la concurrencia de una 

intencionalidad especifica tendente a revelar datos privados del afectado, cuya 

circunstancia puede ser relevante en el momento de determinar la graduación de 

la pena, concurriendo, por tanto, los requisitos exigibles para que la conducta sea 

culpable, sin que se esté ante un supuesto de error, como alega la recurrente, ya 

que la Ley exige, cuando se tratan. datos automatizadamente, conocer su régimen 

jurídico, debiendo abstenerse de incluir datos sobre la ideología de la persona sin 

su consentimiento expreso, incurriendo en una falta de diligencia que determina la 

existencia de culpa y, con ello, en la comisión del licito administrativo que la hizo 

acreedora de sanción, sin que el error que alega la recurrente más bien relativo al 

conocimiento de la prohibición legal tuviera carácter de invencible, pues no puede 

alegarse frente a lo expresado por la sentencia recurrida la reciente promulgación 

de la Ley 5/1.992 cuando, además, se está ante una sanción relativa a hechos 

producidos en 1.999 y sin que la vulneración cometida tenga un mero carácter 

formal ante las disposiciones específicas previstas en la Ley 5/1.992 que impiden, 

sin consentimiento expreso y escrito del afectado, el tratamiento automatizado de 

los datos de carácter personal que revelen su ideología y ello cualquiera que fuera 

la finalidad con que actuó la recurrente que, a efectos de configuración del tipo y 

aplicación de la pena, resulta absolutamente irrelevante, como lo son igualmente 

las manifestaciones del denunciante dirigidas al Director de la Agencia de 

Protección de Datos como uno de los hechos cuya integración pretende el recurrente que realice esta Sala con base en lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. 

CUARTO.- En el tercer motivo del recurso, y al amparo del artículo 88.1.d) 

de la Ley de la Jurisdicción, se entiende vulnerado el principio de aplicación 

retroactiva de la norma sancionadora más beneficiosa establecida en el artículo 

9.3 de la Constitución y el artículo 28 de la Ley 30/1.992, al no aplicar el artículo 

45.5 de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos 

de carácter personal a la hora de establecer la cuantía de la sanción. 

También en este aspecto resultan absolutamente irrelevantes los hechos a 

que se refiere la recurrente para su integración y que aparecen recogidos en el 

voto particular de la sentencia recurrida, precisamente en relación con la 

pretendida aplicación retroactiva de la Ley Orgánica 15/1.999, ya que dichos 

elementos de hecho, relativos al carácter público de la pertenencia del 

denunciante al PNV, a su comunicación dirigida al Director de la Agencia de 

Protección de Datos mostrando su opinión respecto a la incidencia de la posible 

sanción en la situación económica de la empresa, y al resultado de la cuenta de 

pérdidas y ganancias de la misma, fueron tomados en consideración por la 

sentencia recurrida que denegó la aplicación del principio de retroactividad con 

amplios argumentos pues apreció que las  circunstancias concurrentes en este 

caso, lo que supone una explícita referencia a los hechos que se pretenden 

integrar, determinaron ya la aplicación de la sanción mínima prevista para las 

infracciones muy graves en la cuantía en que resultó impuesta dicha sanción a la 

recurrente, sin que por otro lado sea apreciable una cualificada disminución de la 

culpabilidad del imputado o de la antijuricidad del hecho. 

Y ello por cuanto que, cuando se trata de datos de forma automatizada, 

desconocer los límites de dicha actividad supone en sí mismo una grave 

inobservancia de la diligencia exigible, teniendo en cuenta que está en juego la 

vulneración de un derecho fundamental, esto es, el derecho a la protección de los 

datos personales relativos a la ideología, habiendo sido ya tomadas en 

consideración esas circunstancias concurrentes al aplicar en su cuantía mínima la 

sanción aplicable por la infracción cometida. 

Por otro lado, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias a que la recurrente se refiere resulta igualmente irrelevante a efectos de determinar la 

cuantía de la sanción, matizando, además, que en modo alguno se ha acreditado 

que el abono de dicha sanción tenga una especial relevancia en el 

desenvolvimiento futuro y subsistencia de la empresa, como asimismo carecen de 

transcendencia jurídica las alegaciones formuladas por el denunciante en vía 

administrativa ante la Agencia de Protección de Datos en orden a una supuesta 

modulación de la sanción a imponer a la recurrente ante la flagrante violación de lo 

dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 5/1.992 y la procedencia de la aplicación de 

la sanción, impuesta en cuantía mínima a la actora, cuya determinación 

indudablemente resultaba indisponible para dicho denunciante, sin que se haya 

demostrado que resulte perjudicada, como en dicho escrito se afirma, de modo 

irreparable la "viabilidad de una iniciativa de negocio" con la imposición de la 

sanción. 

QUINTO.-  Desestimado el recurso de casación, procede la condena en 

costas de la recurrente, con el límite, respecto a los honorarios del Sr. Abogado 

del Estado, de la cifra de 1.000 euros. 

FALLAMOS 

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación 

procesal de “ ENTIDAD A” contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2.001 de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional; 

con condena en costas de la recurrente, con la limitación establecida en el 

fundamento de derecho quinto de esta sentencia. 

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente, juzgando, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos.



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