Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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España [ 15 Diciembre 2006 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia de 15 de diciembre de 2006    caché ES 

Utilización de los datos del censo electoral y cesión de datos para la realización de una actuación específica con posterior devolución de los mismos al cedente - Se recoge en la resolución recurrida que "ha quedado acreditado en el expediente administrativo, la utilización por parte de “ENTIDAD A”, de los datos del denunciante, datos que en principio y si bien no son prueba plena, constituyen un indicio de la utilización de los datos censales y del padrón municipal, ya que contienen errores que, tal y como consta en el expediente, únicamente existían en el Censo electoral y en el Padrón municipal. “ENTIDAD A” declara que el origen de los datos relativos al denunciante y contenidos en el denominado 'Fichero .............' se obtuvieron de la empresa “ENTIDAD E”. El contrato aportado por la parte corrobora esta afirmación pero en el mismo se especifica que el objeto de la compra son etiquetas para acciones puntuales de venta por correo. En la documentación que se recogió en la inspección realizada el 6 de febrero de 1995 a “ENTIDAD A” y que consta en el acta levantada por los inspectores que la efectuaron, se comprueba que aparecen más datos que los estrictamente necesario para la venta por correo, es decir, más datos que los que puede contener una "etiqueta para acciones puntuales". Existen datos que sólo han podido ser recogidos del padrón municipal y que comparados con éste coinciden, Sección censal, número de elementos de la familia, distrito municipal o que aluden directamente al censo, como el campo denominado "..............". Además de éstos, también se incluye la fecha de nacimiento, nivel de educación, nivel de renta, que están completos en el registro referente a D. ................... Respecto a la cesión de los datos personales del Fichero ............ y en concreto, los referentes al denunciante, a otras personas tales como .............. u “ENTIDAD D” ha sido reconocida tanto en el momento de la inspección como a lo largo del procedimiento, por lo que la falta de consentimiento del afectado para ceder sus datos se confirma».

Fallo: No ha lugar al recurso de casación



El TS declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la 

recurrente y declara haber lugar al recurso de casación interpuesto por la 

Administración General del Estado, casa la Sentencia y desestima el recurso 

contencioso-administrativo. 

En la Villa de Madrid, a quince de diciembre de dos mil cuatro. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por 

los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de 

casación interpuesto por el Procurador  D. .........................., en nombre y 

representación de la entidad “ENTIDAD A” y por la Administración General del 

Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 25 de mayo 

de 2000, sobre sanción de multa de 50.000.001 ptas. impuesta por la Agencia 

de Protección de Datos. 

En ambos recursos de casación comparecen como recurridos, el Abogado del 

Estado, en la representación que le es propia así como la representación 

procesal de “ENTIDAD A”. 

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó con fecha 25 de mayo de 2000, 

Sentencia en el recurso Contencioso-Administrativo núm. 2.741/95 (RJCA 

2000, 2525), cuya parte dispositiva es del  tenor liberal siguiente: «Primero. 

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por  “ENTIDAD A” contra la 

resolución dictada el 2 de octubre de 1995 por el Director de la Agencia de 

Protección de Datos, que se anula por  ser disconforme a derecho en cuanto 

califica los hechos como constitutivos de la infracción muy grave tipificada en el 

artículo 43.4. b) de la LO 5/1992 (RCL 1992, 2347), cuando deben serlo como 

constitutivos de la infracción grave prevista en el artículo 43.3.d) de la misma 

Ley. Segundo. Fijar el importe de la sanción en diez millones una (10.000.001) 

pesetas. Tercero. No efectuar pronunciamiento impositivo de las costas 

procesales devengadas en la substanciación del presente recurso».  

SEGUNDO: Notificada la anterior sentencia por el Procurador D. 

.........................., en nombre y representación de la entidad  “ENTIDAD A” y 

por el Abogado del  Estado se presentaron escritos ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

preparando recursos de casación contra la misma. Por Providencia de fecha 15 

de septiembre de 2000 la Sala tuvo  por preparados en tiempo y forma los recursos de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el 

Tribunal Supremo. 

TERCERO: Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, el Abogado del 

Estado formuló escrito de interposición de recurso de casación, expresando los 

motivos en que se funda y suplicando «se dicte sentencia que, reformando la 

impugnada, declare la validez de la resolución administrativa sancionadora en 

los términos originariamente adoptados  por la Agencia de Protección de 

Datos». 

Igualmente, por la representación procesal de la entidad  “ENTIDAD A” se 

presentó escrito de interposición de recurso de casación en el que se termina 

suplicando se dicte sentencia por la que  se estime el recurso, anulándose la 

sentencia recurrida así como la resolución administrativa objeto de 

impugnación en su día ante el mencionado Tribunal Superior de Justicia. 

CUARTO: Teniendo por interpuesto y admitido los recursos de casación por 

esta Sala, se emplazó respectivamente a las partes recurridas para que en 

plazo de treinta días, formalicen sus escritos de oposición, lo que realizaron, 

oponiéndose al recurso de casación interpuesto de contrario. 

QUINTO: Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo audiencia 

del 14 de diciembre de 2004, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado 

las formalidades legales referentes al procedimiento. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ........................, Magistrado de esta Sala. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO: Se interpone el presente recurso de casación contra sentencia de 

25 de mayo de 2000 (RJCA 2000, 2525)  de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

que resuelve, estimándolo parcialmente, el recurso jurisdiccional interpuesto 

por la representación procesal de “ENTIDAD A”, contra resolución del Director 

de la Agencia de Protección de Datos de 2 de octubre de 1995 por la que se 

impuso a la recurrente una multa de 50.000.001 pesetas por la infracción muy 

grave prevista en el artículo 43.4. b) de la Ley 5/1992, de 29 de octubre (RCL 

1992, 2347), de Regulación del Tratamiento Automatizado de los datos de 

carácter personal.  

La sentencia recurrida expresa en el fundamento de derecho segundo que: «El 

expediente administrativo se inicia con la denuncia formulada por D. .............. 

tras haber recibido publicidad por correo  de diversas empresas, entre otras, 

“ENTIDAD B”, a través de la empresa “ENTIDAD C”. Posteriormente se vio 

ampliado con otra denuncia de la misma persona por la publicidad de ............., 

recibida por mediación de “ENTIDAD D”. Se recoge en la resolución recurrida 

que "ha quedado acreditado en el expediente administrativo, la utilización por 

parte de “ENTIDAD A”, de los datos del denunciante, datos que en principio y 

si bien no son prueba plena, constituyen un indicio de la utilización de los datos 

censales y del padrón municipal, ya que contienen errores que, tal y como consta en el expediente, únicamente existían en el Censo electoral y en el 

Padrón municipal. “ENTIDAD A” declara que el origen de los datos relativos al 

denunciante y contenidos en el denominado 'Fichero .............' se obtuvieron de 

la empresa  “ENTIDAD E”. El contrato aportado por  la parte corrobora esta 

afirmación pero en el mismo se especifica que el objeto de la compra son 

etiquetas para acciones puntuales de venta por correo. En  la documentación 

que se recogió en la inspección realizada el 6 de febrero de 1995 a “ENTIDAD 

A” y que consta en el acta levantada por los inspectores que la efectuaron, se 

comprueba que aparecen más datos que los estrictamente necesario para la 

venta por correo, es decir, más datos que los que puede contener una "etiqueta 

para acciones puntuales". Existen datos que sólo han podido ser recogidos del 

padrón municipal y que comparados con éste coinciden, Sección censal, 

número de elementos de la familia, distrito municipal o que aluden directamente 

al censo, como el campo denominado "..............". Además de éstos, también 

se incluye la fecha de nacimiento, nivel de educación, nivel de renta, que están 

completos en el registro referente a D. ................... Respecto a la cesión de los 

datos personales del Fichero ............ y en concreto, los referentes al 

denunciante, a otras personas  tales como .............. u  “ENTIDAD D” ha sido 

reconocida tanto en el momento de la inspección como a lo largo del 

procedimiento, por lo que la falta de consentimiento del afectado para ceder 

sus datos se confirma». 

Y afirma a continuación la sentencia que «Resulta incontrovertido que las 

empresas  “ENTIDAD C” y  “ENTIDAD D”, obtuvieron de  “ENTIDAD A” los 

datos necesarios para el envío de publicidad al denunciante». 

SEGUNDO: Contra dicha sentencia se interpone el presente recurso de 

casación tanto por la representación procesal de “ENTIDAD A” como por el Sr. 

Abogado del Estado fundándose, el primero de los recursos de casación, en un 

primer motivo por el que la representación del sancionado denuncia la 

infracción por la sentencia recurrida del artículo 137.1 de la  Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , al amparo de lo dispuesto 

en el apartado d) del artículo 88.1 de la  Ley rectora de la Jurisdicción (RCL 

1998, 1741) .  

El argumento del recurrente es reiterativo del que ya expuso en la instancia, 

conforme al cual los datos recogidos  en el fichero de su titularidad fueron 

adquiridos a la “ENTIDAD E” desconociendo el sancionado cuál pudiera ser la 

fuente de la que la citada  “ENTIDAD E” hubiera podido obtener los datos 

referidos a nombre, apellidos y fecha de nacimiento del Sr. ................. Entiende 

la recurrente que la coincidencia de un error en el segundo apellido, que sólo 

existía en el censo electoral, no es suficiente para acreditar producida la cesión 

de datos por lo que, en base al principio de presunción de inocencia, no debía 

ser sancionada y, en consecuencia, la imposición de la sanción ha de ser 

anulada ya que da por supuesto como hecho indiscutible que tal error sólo y 

exclusivamente existía en el censo y pese a manifestar la procedencia de los 

datos se ha omitido cualquier actuación tendente a su averiguación de manera 

efectiva frente a la empresa suministradora “ENTIDAD E”. El argumento de la recurrente no es, como decimos, sino una reiteración de lo 

ya expuesto en el proceso de instancia frente a lo cual afirma la sentencia 

recurrida que los datos obrantes en el expediente administrativo son suficientes 

para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, que la actora denuncia 

como vulnerado. Efectivamente, y como se afirma en la sentencia recurrida, el 

informe anexo al acta de inspección de 6 de febrero de 1995, obrante en el folio 

11 del expediente administrativo, recoge las conclusiones que se alcanzan tras 

revisar los papeles de trabajo recogidos en la inspección, y esencialmente los 

relativos al detalle del registro correspondiente a D. ................ y su 

comparación con los datos que figuran en el padrón municipal. El cuadro 1 

recoge los campos que presentan similitudes en cuanto a descripción y 

contenido, indicando a dicho respecto  la coincidencia total en el nombre y 

apellidos, señalando especialmente que en ambos aparece erróneo el segundo 

apellido ya que debiendo ser ................ aparece como ................; recoge datos 

claramente censales como es el caso de la «sección censal», «número de 

elementos en la familia», que aparecen el padrón como «habitantes», y 

«distrito municipal». 

Por ello, concluye la sentencia que los datos contenidos en el fichero general 

de la parte actora referidos al denunciante, como son el nombre, apellidos, 

domicilio, sección censal, número de elementos en la familia y distrito 

municipal, merecen ser considerados como datos de carácter personal. Con la 

prueba pericial queda acreditado, en opinión de la Sala de instancia, que los 

referidos al Código postal, Código  “ENTIDAD F”, Distrito Municipal, Sección 

Censal y capacidad adquisitiva pudieron obtenerse de la información facilitada 

por el “ENTIDAD F” o de otras fuentes accesibles al público. Pero añade que 

respecto al nombre y apellidos obra en el folio 17 del expediente administrativo 

la certificación de la inscripción del  denunciante en el Padrón municipal de 

Madrid antes de su rectificación,  en la que aparece como segundo apellido 

................, cuando es ................, error que se reproduce en el fichero de la 

actora, de lo que cabe deducir la procedencia de dicha información. 

A ello añade la sentencia de instancia que la actora defiende que esos datos 

los adquirió del  “ENTIDAD F” o se obtuvieron del Anuario estadístico del 

“ENTIDAD G”, pero el informe pericial es concluyente a dicho respecto, ya que 

preguntado el perito sobre si los datos que  “ENTIDAD A”, tenía de D. 

................ pudo haberlos obtenido única y exclusivamente de la cinta 

magnética del callejero  facilitado por el  “ENTIDAD F”, manifiesta que no. Y 

concluye la Sala que queda pues acreditado que los datos de que disponía la 

empresa recurrente referidos al nombre y apellidos de D. ................ procedían 

del Padrón municipal o Censo electoral, desconociéndose la vía utilizada para 

obtenerlos, por no haberse efectuado averiguaciones a dicho respecto por la 

Administración y sancionar no por esa conducta, sino por la posterior utilización 

de los datos obtenidos de un fichero público. 

A la vista de lo anterior es evidente que existen suficientes elementos de juicio, 

como apreció la Sala de instancia, para entender acreditada la procedencia de 

los datos contenidos sin obtención  de consentimiento por la empresa 

sancionada, y sin que pueda aceptarse la afirmación de la recurrente acerca 

del legal origen de los mismos atendiendo a su argumentación de que se obtuvieron de la empresa  “ENTIDAD E” ignorándose si la obtención de los 

mismos por dicha empresa fue o no efectuada conforme a derecho. Y ello por 

cuanto que la única justificación que se ofrece es la factura de 30 de junio de 

1993 correspondiente a una petición de etiquetas para acciones puntuales de 

venta por correo, siendo así que, como  se comprobó por los inspectores, 

aparecen en el fichero más datos que los estrictamente necesarios para la 

venta por correo, es decir, más datos que los que puede contener una etiqueta 

para acciones puntuales que sólo han podido ser recogidos del padrón 

municipal y que comparados con éste coinciden, siendo en cualquier caso 

difícil sostener la idea de que se compraron etiquetas que contenían toda esa 

información; más aún admitiéndola es evidente que la empresa adquirente de 

estos datos tan concretos y claramente censales tendría que reconocer que los 

mismos no procedían de fuentes accesibles al público, resultando además, 

según consta en el expediente, que fue  imposible toda acción dirigida a 

localizar a la empresa suministradora de las tarjetas a que se refiere la factura 

antes mencionada. 

Todo lo anterior conduce a la desestimación del primero de los motivos 

casacionales contenidos en el escrito interpositorio ya que, conforme apreció la 

Sala de instancia, por la misma no se ha vulnerado el precepto invocado por el 

recurrente ni el principio de presunción de inocencia. 

TERCERO: El segundo de los motivos de casación se fundamenta, con base 

en el mismo apartado d)  del artículo 88.1 de la  Ley de la Jurisdicción (RCL 

1998, 1741) , en la infracción del artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 

1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), entendiendo el recurrente que la sanción 

impuesta al mismo supone una clara violación del principio de culpabilidad.  

En realidad, el motivo no es sino una reiteración del antes enjuiciado 

insistiendo el recurrente en el origen de los datos suministrados por un tercero 

que ya consideramos que había sido de imposible localización y que era 

impropio del suministro de las etiquetas con aquella finalidad, con todos los 

datos, fundamentalmente de carácter censal contenidos en el fichero del 

recurrente y que, en todo  caso, aunque se admitiera  dicha coincidencia, no 

pueda justificarse el uso por parte  del mismo de unos datos de origen 

claramente censal, extremo que no podía ser ignorado  por el mismo, lo que 

impone así mismo la desestimación del segundo de los motivos aducidos por el 

recurrente. 

CUARTO: Alega el recurrente como tercer motivo de casación la infracción del 

principio de legalidad contenido en el artículo 25.1 de la  Constitución (RCL 

1978, 2836) en relación con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 7/96 (RCL 

1996, 148, 554) de Ordenación del Comercio Minorista y 29 de Ley Orgánica 

5/92 (RCL 1992, 2347)  de Regulación del Tratamiento Automatizado de los 

datos de carácter personal remitiéndose, en el desarrollo del motivo, a los 

argumentos contenidos en su escrito  de conclusiones acerca de la 

accesibilidad de los datos contenidos  en el fichero, entendiendo que, en 

definitiva, debió de aplicarse lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 7/96 de Ordenación del Comercio Minorista aun cuando no estaba vigente cuando los 

hechos se cometieron.  

Esta Sala en Sentencia de 18 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9107), reiterada 

luego en la de 23 de septiembre de 2002 (RJ 2002, 8672) ha enjuiciado ya el 

alcance de lo dispuesto  en el artículo 39.3 de la  Ley 7/1996 del Comercio 

Minorista en relación con la Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre, Reguladora 

del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal estableciendo 

que «La parte recurrente, partiendo de la premisa de que el artículo 39.3 de la 

Ley de Comercio Minorista contiene una declaración general de accesibilidad al 

público respecto del nombre, apellidos y domicilio de las personas que figuran 

en el censo electoral, considera que las empresas dedicadas a publicidad y a la 

venta directa tienen derecho a obtener determinados datos del censo electoral 

a fin de desarrollar sus legítimas actividades, ya que los datos de carácter 

personal provenientes del censo electoral se utilizaron en  el momento de la 

elaboración de aquél, en que los datos de  los electores son expuestos al 

público y, consiguientemente, son susceptibles de ser conocidos por cualquier 

persona, pues durante este período los datos electorales son accesibles al 

público, puesto que se encuentran, según el artículo 1.3 del  Real Decreto 

1332/1994 (RCL 1994, 1707), "a disposición del público en general" y, por 

consiguiente, eran aplicables las normas de la Ley Orgánica 5/1992, que 

autorizan el uso de tales  datos sin necesidad de obtener el consentimiento 

previo de los afectados. Esta tesis supone una interpretación fragmentaria de 

dicha disposición, que, en contra del parecer de la representación procesal de 

la sociedad recurrente, no se limita a formular una declaración de accesibilidad 

al público del nombre, apellidos y domicilio de electores, sino que, dada su 

exclusiva finalidad de ordenar el comercio minorista y concretamente las ventas 

a distancia, se remite expresamente el régimen establecido al efecto por la Ley 

Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, Reguladora del Tratamiento Automatizado 

de los Datos de Carácter Personal, que, a su vez, contiene en su artículo 2.3.a) 

una remisión a la legislación de régimen electoral en cuanto al censo electoral 

y, además, excluye del régimen general  de su artículo 11.2. b) -cesión sin 

consentimiento del afectado de datos recogidos de fuentes accesibles al 

público- los ficheros de titularidad pública -artículo 19.3-, para cuya cesión o 

transferencia de datos a ficheros de  titularidad privada se requiere el 

consentimiento del interesado. Por otra parte, esta interpretación, según 

declaramos en nuestra sentencia de dieciocho de octubre de dos mil, es acorde 

con lo establecido por el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE (LCEur 1995, 2977) 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, que requiere el 

consentimiento del interesado de forma inequívoca para el tratamiento de datos 

personales con las salvedades establecidas en los apartados b) y f) del 

indicado artículo, entre las que no se  incluye el interés de las empresas 

dedicadas a la publicidad o a la venta a distancia, por más que éste sea 

legítimo, a lo que alude el apartado  f) del mencionado artículo 7 de la 

expresada Directiva, pues, como este precepto establece, ha de prevalecer el 

interés o los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas que 

requieran protección con arreglo al apartado 1 del  artículo 1 de la propia 

Directiva, en el que se impone a los Estados miembros el deber de garantizar la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de aquéllas, y, 

en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de 

los datos personales, y hemos de convenir que el nombre, apellidos y domicilio 

de los electores están dentro de esa categoría de derechos que la mentada 

Directiva exige preservar».  

Y añade la sentencia que recogemos, en su fundamento de derecho cuarto, 

que «La exégesis que acabamos de hacer se corrobora por el método 

contemplado en la vigente  Ley Orgánica 15/1999, de  13 de diciembre (RCL 

1999, 3058) , de Protección de Datos de Carácter Personal, para la confección 

del denominado "censo promocional" (artículo 31) con el nombre, apellidos y 

domicilio que consten en el censo electoral, pues se prevé que en el 

documento de empadronamiento el interesado pueda solicitar no aparecer en 

el indicado censo promocional, de manera que, si al cumplimentar dicho 

documento de empadronamiento, que constituye la base para la formación del 

censo electoral, el ciudadano manifiesta su oposición a aparecer en el censo 

promocional, su nombre, apellidos y domicilio, aunque figuren en el censo 

electoral, no podrán incluirse en el "censo promocional", único del que pueden 

servirse para sus lícitas actividades las empresas dedicadas a la recopilación 

de direcciones, reparto de documentos, publicidad, venta a distancia, 

prospección comercial u otras análogas, con la particularidad añadida de que el 

plazo de vigencia del censo promocional es de un año, transcurrido el cual la 

lista pierde su carácter de fuente de acceso público, debiéndose editar, 

además, trimestralmente una lista actualizada del  censo promocional con 

exclusión de los nombres y domicilio de quienes así lo soliciten».  

Procede, en consecuencia, rechazar el motivo de casación formulado por el 

recurrente en el ordinal tercero. 

QUINTO: Por último, denuncia el recurrente la infracción del artículo 45.5 de la 

Ley Orgánica 15/1999 (RCL 1999, 3058) de Protección de Datos de Carácter 

Personal, al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 88.1 de la 

Ley de la Jurisdicción (RCL 1998, 1741).  

Nada añade el recurrente respecto a lo argumentado en el proceso de instancia 

en relación con el argumento de la sentencia recurrida que denegó la 

aplicación del artículo 45.5 de la Ley  15/1999 en cuanto permite al órgano 

sancionador establecer la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la 

clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en 

que se integra la considerada en el caso de que se trate, si en razón de las 

circunstancias concurrentes se apreciara una cualificada disminución de la 

culpabilidad del imputado. Sólo cabe reiterar las consideraciones de la 

sentencia recurrida frente a las cuales opone su particular criterio el recurrente 

y conforme a ellas, y aún siendo una disposición sancionadora más favorable la 

contenida en el precepto  citado de la Ley 15/1999 que pudiera ser aplicada 

retroactivamente, carece de incidencia  en el presente supuesto ya que la 

culpabilidad de la recurrente no se ha visto afectada por la regulación contenida 

en la Ley del Comercio Minorista (RCL 1996, 148, 554) que ni siquiera estaba 

vigente cuando se cometieron los hechos sancionados ni por lo dispuesto en el artículo 1.3 del Real Decreto 1.332/1994, al no existir controversia en la 

determinación de los datos accesibles al público.  

SEXTO: Desestimado el recurso de casación interpuesto por la representación 

procesal de  “ENTIDAD A” procede imponer a la recurrente las costas del 

mismo. 

SÉPTIMO: En lo que respecto al recurso de casación interpuesto por el Sr. 

Abogado del Estado, el mismo se fundamenta en un único motivo de casación 

en el que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d) de la  Ley de la 

Jurisdicción (RCL 1998, 1741) , denuncia infracción del artículo 43.4. b) de la 

Ley Orgánica 5/1992 de 29 de  octubre (RCL 1992, 2347), de Regulación del 

Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.  

En el desarrollo del motivo alude el  recurrente a que la propia sentencia 

recurrida afirma, como hecho acreditado, que las empresas  “ENTIDAD C” y 

“ENTIDAD D” obtuvieron de  “ENTIDAD A” los datos necesarios para la 

remisión de publicidad relativa al denunciante, así como que, según recoge 

igualmente su fundamento de derecho tercero, no  cabe duda que los datos 

contenidos en el fichero general de la parte actora (“ENTIDAD A”) referidos al 

denunciante, como son el nombre, apellidos, domicilio, sección censal, número 

de elementos de la familia, y distrito  municipal, merecen ser considerados 

como datos de carácter personal, afirmándose, en el párrafo quinto del mismo 

fundamento de derecho, que queda acreditado que los datos de que disponía 

la empresa recurrente referidos a nombre y apellidos de  D. ................ 

procedían del padrón municipal o censo electoral. 

Entiende el Abogado del Estado que,  sobre la base de esos hechos 

reconocidos por la sentencia recurrida, la Sala de instancia ha entendido 

improcedentemente aplicable al caso, para tipificar la conducta sancionable, lo 

dispuesto en el artículo 43.3.d) de la Ley 5/1992 ya que «la transmisión a las 

empresas  “ENTIDAD C” y  “ENTIDAD D” de la información  contenida en el 

fichero de la actora no supone la comunicación o cesión de datos de carácter 

personal de un fichero de la recurrente, ya que no son datos originarios de 

dicho fichero, sino el uso de datos procedentes de otro». Ha de estimarse el 

motivo aducido por el recurrente ya que la apreciación de la Sala de instancia 

acerca del carácter no originario de los datos del fichero en nada afecta a la 

calificación de los hechos  realizada por el acto administrativo recurrido que 

sancionó la cesión o comunicación de datos a “ENTIDAD D” y “ENTIDAD C”, 

conducta en cualquier caso sancionable  cualquiera que sea el origen de los 

datos y aun cuando los mismos resultaran de un fichero público cual es el 

censo o padrón, ya que esa pertenencia originaria de los datos en modo alguno 

incide en el tipo sancionado a que se refiere el artículo 43.4. b) de la Ley 

5/1992 conforme al cual constituye infracción muy grave la comunicación o 

cesión de los datos de carácter personal fuera de los casos en que estén 

permitidas, entendiéndose por cesión o comunicación de datos la realizada en 

el presente caso sin el previo consentimiento del afectado de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley y dado que en el presente caso el 

supuesto excepcional de cesión sin consentimiento no aparece recogido entre 

los contemplados en el apartado 2 de dicho precepto. Por ello, al resultar la sanción aplicable la establecida en el número 4. b)  del artículo 43 de la Ley 

5/1992 y aplicar la Sala de instancia la prevista en el apartado d) del número 3 

de dicho precepto, se ha incurrido en la infracción que denuncia el Sr. Abogado 

del Estado lo que determina la procedencia de estimar el único motivo alegado 

y, con ello, la casación de la sentencia recurrida y, entrando a resolver el 

debate en los términos en que se ha planteado, la desestimación del recurso 

Contencioso-Administrativo y la confirmación del acto recurrido. 

No es obstáculo a la anterior conclusión la afirmación del recurrente de que las 

empresas beneficiarias de la publicidad realizada por las entidades de 

marketing y publicidad directa no llegan en ningún caso a resultar titulares del 

fichero, motivo por el que los derechos de acceso, rectificación y cancelación 

de los afectados han de ser atendidos no por dichas entidades (en nuestro 

caso “ENTIDAD C” o “ENTIDAD D”) sino por el titular de fichero, es decir, en 

el presente caso por “ENTIDAD A” que, en opinión del recurrente, en ningún 

momento cede los datos de dicho fichero a tercero alguno. Y ello por cuanto 

que lo que el precepto del artículo 43.4. b) de la Ley 5/1992 sanciona es la 

cesión o comunicación de datos, supuesto que, como se reconoce por la actora 

y se refleja en la sentencia recurrida, se ha producido en el presente caso y ello 

con independencia de que el soporte  en que dicha cesión se efectúa se 

devolviera una vez utilizado para la campaña de publicidad en favor de terceras 

empresas al responsable del mismo, puesto que ello, en definitiva, no altera en 

absoluto la existencia de una cesión de datos inconsentida en los términos que 

prevé y sanciona el precepto indicado que, desde luego, no permite llegar a 

distinta conclusión en base a la interpretación que el recurrente ofrece del 

contenido de la norma quinta de la instrucción núm. 1/1998 de 19 de enero de 

la Agencia de Protección de Datos, dada la irrelevancia de esa devolución del 

soporte una vez producida la cesión  y acreditada la comunicación sin 

consentimiento de los datos del fichero del que es responsable “ENTIDAD A” y 

cuya conducta es sancionada en dicha norma. 

La Instrucción citada prevé tan sólo que los derechos de acceso, rectificación y 

cancelación se hagan valer ante el responsable del fichero (en este caso 

“ENTIDAD A”) cuya responsabilidad, precisamente, no varía pese a la cesión 

de datos para la campaña publicitaria en la que ha de constar la identidad del 

responsable del fichero del que provienen los datos cedidos. 

Por último en nada altera las anteriores conclusiones el contenido del informe 

que el recurrente acompaña a su escrito interpositorio de esta casación y en el 

que se recoge la opinión de su autor, ni siquiera vinculante para la Agencia de 

Protección de Datos. 

En cuanto a las costas en el recurso  de casación interpuesto por el Sr. 

Abogado del Estado no procede la imposición de las mismas al recurrente al 

haber sido estimado el recurso, sin que se aprecien motivos determinantes de 

una condena en costas en la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción (RCL 1998, 1741).  FALLAMOS: 

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la  representación de 

“ENTIDAD A” contra la sentencia de 25 de mayo de 2000 (RJCA 2000, 2525) 

que estimó parcialmente el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto 

contra la resolución de 2 de octubre  de 1995 del Director de la Agencia de 

Protección de Datos. Y ha lugar al recurso de casación interpuesto por el 

Abogado del Estado contra la indicada sentencia, que casamos y anulamos, 

declarando en su lugar que procede desestimar el recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto por  “ENTIDAD A” contra la resolución de 2 de 

octubre de 1995 del Director de la Agencia de Protección de Datos, cuya 

resolución confirmamos por ser conforme a derecho; sin que haya lugar a 

condena en costas en la instancia e imponiendo las del recurso de casación 

interpuesto por “ENTIDAD A” a dicho recurrente y sin costas en el interpuesto 

por el Abogado del Estado.  



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