Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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España [ 01 Julio 2002 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia de 1 de julio de 2002    caché ES 

Tratamiento de datos de clientes en casinos de juego - Se interpone el presente recurso de casación contra la sentencia de 2 de abril de 1998 de la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 9ª) que resuelve el recurso interpuesto contra la acuerdo de la Agencia de Protección de Datos sobre imposición de sanción a la recurrente por importe de 10.000.001 ptas por la comisión de una infracción tipificada como grave en el artículo 43.3.d) de la Ley Orgánica 5/92 de 29 de octubre de Protección de Datos. En el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida se afirma que "Son hechos no discutidos por las partes que la actora disponía de un fichero automatizado en el que figuraban datos de determinados clientes entre ellos el nombre, apellidos y dirección, fecha de compra y venta de fichas, medio de pago utilizado e importe de la operación; tales datos al menos en el caso del denunciante obraban en el fichero sin consentimiento del mismo y eran tratados automatizadamente por la actora para su propia utilidad sin que el fichero figurase inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos". En el fundamento de derecho quinto de la citada sentencia se afirma igualmente que "a la vista del listado obrante en el expediente no se recogían en el mismo exclusivamente los pagos efectuados por cheques sino también los efectuados en efectivo y con billetes en mesa y por otra parte mediante un sistema de signos negativos se obtenían las cantidades perdidas en el juego, sin que conste en dato alguno precisamente el buen fin o no de los citados cheques; no se acredita en consecuencia que los datos recogidos fuesen necesarios para el mantenimiento de las relaciones pues ni se recogen exclusivamente los pagos mediante cheques ni consta el control de éstos con independencia de su importe".

FALLO: No ha lugar al recurso de casación



 

El TS declara no haber lugar al recurso de casación para la unificación de la 

doctrina interpuesto por la mercantil recurrente, con imposición de las costas a 

la parte recurrente. 

En la Villa de Madrid, a uno de Julio de dos mil dos. 

Visto por la Sala Tercera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo, constituida por 

los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso de 

casación interpuesto por el Procurador D. ....., en nombre y representación de 

Casino..... contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 9ª) de 2 de abril de 1998, 

sobre sanción de multa de 10.000.001 pts impuesta por la Agencia de 

Protección de Datos. 

En este recurso de casación comparece como recurrido, el Abogado del 

Estado, en la representación que le es propia.  

ANTECEDENTES DE HECHO:  

PRIMERO.- La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha  2 de abril de 1998, 

Sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 891/96, cuya parte 

dispositiva es del tenor liberal siguiente: "Que DESESTIMANDO el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 

Sr......., en nombre y representación de "CASINO ........", contra la resolución de 

8 de marzo de 1996, de la Dirección de la Agencia de Protección de Datos, 

DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS la conformidad de la misma con el 

ordenamiento jurídico. Sin costas." 

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia por el Procurador D....., en nombre 

y representación de Casino........, se presentó escrito ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(Sección 9ª) preparando recurso de casación contra la misma. Por Providencia 

de fecha 1 de julio de 1998 la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma el 

recurso de casación, emplazando a las partes para que comparezcan ante el 

Tribunal Supremo. 

TERCERO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal, la parte recurrente 

formuló escrito de interposición de recurso de casación, expresando los motivos en que se funda y suplicando "se sirva en su día dictar Sentencia por la 

que, estimando el recurso, se case y anule y deje sin efecto  la Sentencia 

recurrida, declarando en su lugar que el recurso contencioso administrativo 

debió ser estimado, anulando la sanción inicialmente impugnada, con lo demás 

que en Derecho proceda". 

CUARTO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casación por esta 

Sala se emplazó a la parte recurrida para que en plazo de treinta días formalice 

escrito de oposición, lo que realizó, oponiéndose al recurso de casación, 

suplicando de la Sala "que, habiendo por presentado este escrito y sus copias, 

se sirva admitirlo, tener al Abogado del Estado, en la  representación que 

ostenta, por personado y parte en los autos y por presentado escrito de 

oposición frente al recurso de casación interpuesto, seguir el procedimiento por 

sus trámites y, en su día, dictar sentencia por la que, con  desestimación del 

recurso interpuesto, se confirme la sentencia recurrida". 

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo audiencia 

del día 27 de junio de 2002, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las 

formalidades legales referentes al procedimiento. 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso de casación contra la sentencia 

de 2 de abril de 1998 de la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid (Sección 9ª) que resuelve el recurso interpuesto contra la 

acuerdo de la Agencia de Protección de Datos sobre imposición de sanción a la 

recurrente por importe de 10.000.001 ptas por la comisión de una infracción 

tipificada como grave en el artículo 43.3.d) de la Ley Orgánica 5/92 de 29 de 

octubre de Protección de Datos.  

En el fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida se afirma que 

"Son hechos no discutidos por las partes que la actora disponía de un fichero 

automatizado en el que figuraban datos de determinados clientes entre ellos el 

nombre, apellidos y dirección, fecha de compra y venta de fichas, medio de 

pago utilizado e importe de la operación; tales datos al menos en el caso del 

denunciante obraban en el fichero sin consentimiento del mismo y eran 

tratados automatizadamente por la actora para su propia utilidad sin que el 

fichero figurase inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de 

Datos". En el fundamento de derecho quinto de la citada sentencia se afirma 

igualmente que "a la vista del listado obrante en el expediente no se recogían 

en el mismo exclusivamente los pagos efectuados por cheques sino también 

los efectuados en efectivo y con billetes en mesa y por otra parte mediante un 

sistema de signos negativos se obtenían las cantidades perdidas en el juego, 

sin que conste en dato alguno precisamente el buen fin o no de los citados 

cheques; no se acredita en consecuencia que los datos recogidos fuesen 

necesarios para el mantenimiento de las relaciones pues ni se recogen exclusivamente los pagos mediante cheques ni consta el control de éstos con 

independencia de su importe".  

Igualmente en la sentencia recurrida se afirma en el mismo considerando que 

"no se habían satisfecho las exigencias del art. 5 citado (de la Ley Orgánica 

5/1992) que establece el derecho de información del afectado en la recogida de 

datos, puesto que es evidente que éste desconocía la existencia del fichero y, 

en consecuencia, que se hubiesen incorporado los datos a que antes se ha 

hecho referencia; pues en definitiva los datos se recogían  sin conocimiento 

alguno del interesado". 

SEGUNDO.- Se interpone el presente recurso de casación con fundamento en 

un único motivo, al amparo del entonces vigente artículo 95.1.4 de la Ley de la 

Jurisdicción por infracción de los artículos 43.3.d), en relación con los artículos 

4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 5/1992.  

Contrariamente a lo que se afirma por el recurrente en el desarrollo del motivo 

casacional es lo cierto que en la instancia se cuestionó si el tratamiento 

automatizado a que la recurrente sometía los datos sobre  compraventa de 

fichas de determinados clientes era ajustado a la legalidad, estimando la 

sentencia recurrida que en la actuación de la actora se había conculcado por 

un lado, el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1992 y que  por otro lado, había 

infringido el apartado 2 del artículo 6 ambos de la Ley Orgánica 5/1992 por 

cuanto que, como consta en la indicada sentencia, ni se había obtenido el 

consentimiento del interesado con la consiguiente información del afectado 

para la recogida de datos, ya que éste desconocía la existencia del fichero los 

datos pues, como literalmente afirma la sentencia recurrida, se recogían sin 

conocimiento alguno del interesado, por lo que en modo alguno se otorgó al 

mismo el derecho de información en la recogida de datos  establecido en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1992, sin que el supuesto tenga encaje en la 

excepción prevista, respecto al consentimiento del afectado, en el número 2 del 

artículo 6 de dicha Ley Orgánica pues, aún cuando se admitiera que el 

afectado estaba vinculado por una relación negocial con el Casino, es lo cierto 

que dichos datos no eran necesarios para el mantenimiento de las relaciones o 

para el cumplimiento del contrato ya que, según expresa la sentencia que se 

recurre, en función del listado obrante en el expediente en el mismo, 

contrariamente a lo que se defiende en este recurso de casación no se 

recogían exclusivamente los pagos efectuados por cheque sino  también los 

efectuados en metálico y con billetes en mesa, sin que conste dato alguno 

relativo al buen fin o no de los citados cheques, por lo que no está acreditado 

que los datos fueren necesarios para el mantenimiento de las relaciones, al no 

recogerse exclusivamente los pagos mediante cheques ni constar el control de 

éstos con independencia de su importe, de donde se deduce la inexistencia de 

la supuesta infracción del artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1992.  

Lo anterior resulta ratificado por la circunstancia de que, conforme consta en el informe de la inspección que obra en el expediente administrativo y a su folio 

43, "al realizarse dicha inspección el fichero automatizado ha sido sustituido por 

unas fichas manuales, consistentes en fotocopias del DNI de los interesados, 

en los cuales se recoge información relativa al límite y riesgo que comportan 

las operaciones que realicen estas personas en el Casino. El número de fichas 

existentes era aproximadamente de doscientas". De donde resulta la falta de 

necesidad de la automatización de los datos obtenidos sin consentimiento del 

afectado y, en consecuencia, la inexistencia de las infracciones imputadas a la 

sentencia recurrida que correctamente apreció infracción de lo dispuesto en los 

artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 5/1992 y, por ello, confirmó la sanción 

acordada al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.3.d) de la Ley Orgánica de 

29 de octubre 1992 por tratar de forma automatizada los datos de carácter 

personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y 

garantías establecidos en la presente Ley. 

Por todo ello el motivo debe ser rechazado sin que en trámite de casación 

podamos enjuiciar la cuestión, planteada por primera vez ante la jurisdicción, 

relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 19/93 

de 28 de diciembre sobre Prevención del Blanqueo de Capitales en orden al 

archivo de los documentos dado que en vía de casación hemos de revisar los 

pronunciamientos de la sentencia objeto del recurso en función de las 

cuestiones sometidas a consideración por las partes a la Sala sentenciadora, lo 

que excluye en vía de casación la posibilidad del planteamiento de cuestiones 

nuevas, como es la de referencia, planteada por primera vez por la recurrente 

en este recurso de casación, que por ello debe ser rechazada. 

TERCERO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 102 apartado  3 de la 

entonces vigente Ley de la Jurisdicción, procede la imposición de las costas de 

este recurso a la recurrente. 

FALLO:  

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal 

de Casino....... contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 9ª) de 2 de abril de 1998 

dictada en el recurso 891/96, interpuesto contra sanción acordada por la 

Dirección de la Agencia de Protección de Datos; con condena en costas de la 

recurrente. 

 

PUBLICACIÓN.-

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 



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