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Uruguay [ 28 Octubre 2008 ] [Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5? Turno]  AA. y CC. vs. DD. y EE., acci?n de amparo    caché ES 

Considera la Sala (y es en esta consideración que discrepa con los fundamentos de la sentencia de primera instancia) que un correcto enfoque de la cuestión en análisis lleva, necesariamente y por ser derechos de igual rango a que, de acogerse la petición de amparo, está sentencia no estará decidiendo una censura previa a un medio de comunicación sino determinando cual de los derechos expuestos requiere, a su criterio, ser protegido.

... a criterio de la Sala, la única razón para desestimar el amparo no es el mayor valor que prima facie se reconoce a la libertad de información (por ser un derecho fundamental para el sistema democrático, y no en beneficio de las empresas periodísticas) sino el hecho de que, de acuerdo a las manifestaciones vertidas por la accionada al contestar la demanda (fs. 29, 31 y 34 vto.) y que forman parte central del fundamento de la recurrida, no existe actualmente un peligro inminente de que se emita un programa recreando el drama que protagonizó BB quien, por otra parte, siendo mayor de edad y no estando declarado incapaz, tampoco compareció a solicitar el amparo que sus padres pretenden.

Cabe no obstante recordar a la demandada que, a riesgo de incurrir en grave irresponsabilidad, en una situación semejante debe ponderar con gran mesura los valores, principios y derechos en juego.

FALLA: Confirmase la sentencia dictada en autos. 



Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno. 

Sentencia Nº 123 

Montevideo, 28 de octubre de 2008 

VISTOS: 

 Para sentencia de segunda instancia estos autos caratulados: “AA y  BB/  

CC DD  - Acción de Amparo. Ficha  1-20000/2008” procedente del Juzgado 

Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno  en mérito al recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia 55/2008 agregada a fs. 56/69. 

RESULTANDO: 

 Que por dicha resolución a cuya correcta relación de antecedentes cabe 

remitirse, se desestimó la demanda sin especial condenación. 

 Apela a fs. 70 la actora diciendo que: 

1) En lo que refiere a la representación de BB por sus padres, opera el art. 41 

CGP. 

Nunca se tramitó su curatela por así haberlo aconsejado los médicos siquiatras 

tratantes, quienes insistieron en que  ello retrasaría su recuperación al 

restringirlo en su accionar. 

No se le hizo comparecer  en autos porque tal como explicó la Dra. Bocchino 

en audiencia, su tratamiento y enfermedad se verían  afectados por el solo 

hecho de comparecer en el Juzgado y tener que revivir y hablar de lo ocurrido 

tiempo atrás.  

2) Se reconoce en la sentencia la existencia de actos preparatorios (aunque no 

de daño actual) pero ella considera  que la inminencia existe y queda probada 

con ellos, por lo que debe considerarse una amenaza, como exige la Ley de 

Amparo. 

3) No existe certeza de que el programa  no sea emitido, pues la demandada 

solo ha dicho que no se pensaba realizar este año y que se desconoce si se 

realizará en el futuro. 

4) Entiende que la acción de amparo es procedente y cita sentencia del similar 

de 2º Turno, agregando que sin desconocer el derecho al trabajo, a la 

información y a la libertad de prensa, entiende que la emisión del programa 

afectaría la privacidad de los comparecientes, la salud de su hijo que vería 

afectado su tratamiento, y también de las familias y amigos de las victimas, sin 

que ello signifique un soporte informativo o periodístico valioso. 

5) Existe una violación grosera del  derecho constitucional invocado como 

lesionado, arts. 7 y 72 de la Constitución. 

6) Debe recordarse que J. C. fue declarado  inimputable por padecer 

esquizofrenia y lo programado le haría retroceder años de tratamiento. Sentencia proporcionada por el Instituto de Derecho Informático, Grupo de Jurisprudencia. 

Facultad de Derecho. Universidad de la República 

7) El programa que se emitiría no aportaría nada a la violencia que impera en la 

sociedad, sin cumplir el  objetivo de aclarar nada  ya que los hechos fueron 

juzgados y sentenciados por la justicia competente. 

8) Son sus derechos esenciales los  que serán agredidos lo que merece una 

rápida decisión para evitar daños infundados, gratuitos e irreparables. 

9) No puede admitirse que la emisión de un programa con las características 

del pensado tenga más valor que el derecho constitucionalmente protegido. 

 Solicita que en definitiva se haga lugar a la demanda de amparo. 

 Conferido traslado se evacua abogando por la confirmatoria. 

 Franqueada la alzada y recibidos los autos, en atención a encontrarse 

desintegrado el Tribunal por licencia reglamentaria de una  de sus integrantes 

naturales, se procedió a sorteo de integración siendo designada la Sra. Ministro 

Alicia Castro Rivera, con la cual y  luego del pasaje a estudio, se acordó 

sentencia. 

CONSIDERANDO: 

 Si bien la sala, legalmente integrada, no comparte la totalidad de los 

fundamentos explicitados por la a quo para desestimar el reclamo de amparo, 

igualmente y en definitiva irá a su confirmatoria en mérito a las consideraciones 

que se explicitarán. 

I – Inicialmente y enmarcando  el objeto litigioso, debe precisarse que resulta 

fundamental en su dilucidación tener presente que tanto actor como 

demandado reclaman protección para  derechos que la  Constitución 

expresamente reconoce: el de protección a la personalidad uno; a  informar, 

otro. 

En la situación de autos, específicamente  a la  vida, el actor, y a libertad de 

pensamiento y de formación el demandado. 

Se infiere de ello que resolver la procedencia o no del amparo reclamado por la 

actora exige, necesariamente y pese a la igualdad constitucional  de su rango, 

dar prevalencia a un derecho sobre el otro.   

Siendo así y a efectos de  determinar tal prevalencia, deben examinarse los 

beneficios y los perjuicios que a cada parte le reportaría mantener incólume el 

derecho que defiende en autos. 

II – Expresa (y ha probado) la actora que el programa “Víctima y victimarios” 

que produce la demanda Saeta CC ha realizado averiguaciones en la ciudad 

de Florida respecto al luctuoso hecho del que fuera actor BB hace 10 años y 

del que se le declarara autor inimputable por sufrir de esquizofrenia. 

Se opone la actora a que tal programa se realice y solicita se le prohíba a la 

demanda el acceso (que ha solicitado) al expediente en el que constan las 

actuaciones referidas al caso, alegando que los informes médicos explicitan el 

daño que le provocaría revivir todos esos hechos así como aumentaría la 

dificultad para insertarse nuevamente en  el medio, inserción que recién ha 

comenzado luego de 10 años de ocurridos. 

 A su vez, la demandada alega que acceder a lo solicitado atenta contra 

la libertad de pensamiento  y de información que la Constitución y la Ley le 

acuerdan y se traduce en una censura previa a su trabajo, censura que está 

especialmente prohibida por el art. 13 de la Convención Interamericana de Sentencia proporcionada por el Instituto de Derecho Informático, Grupo de Jurisprudencia. 

Facultad de Derecho. Universidad de la República 

Derechos Humanos de 1969 (ratificada por nuestro país) que en su art. 1 

somete las consecuencias de su trabajo a responsabilidades ulteriores. 

 Subraya al evacuar el traslado de la apelación que en nuestro régimen 

jurídico ninguna autoridad está en condiciones de imponer la censura previa; y 

que, por lo tanto, en ejercicio de los derechos que reconoce la ley de Amparo 

no se puede vulnerar lo que la Constitución manda. 

III – Considera la Sala (y es en esta consideración que discrepa con los 

fundamentos de la sentencia de primera instancia) que un correcto enfoque de 

la cuestión en análisis lleva, necesariamente y por ser derechos de igual rango 

a que, de acogerse la petición de amparo, está sentencia no estará decidiendo 

una censura previa a un medio de comunicación sino determinando cual de los 

derechos expuestos requiere, a su criterio, ser protegido. 

 Porque no deben confundirse conceptos: priorizar no es censurar. 

 Debe igualmente tenerse presente que, en la situación que se analiza en 

autos, incluso de accederse a la petición de amparo ello no conformaría una 

restricción al derecho de informar (conforme al Dicc. De la RAE, informar es dar 

noticia de algo; y  noticia, es el contenido de una comunicación antes 

desconocida) en tanto se  trata de un hecho ocurrido hace 10 años, del cual 

toda la población estuvo informada en  su momento y que ya fue objeto de 

sentencia ejecutoriada.     

 Pero es del caso precisar que, de no accederse a la petición y finalmente 

resultara dicho hecho recreado en el programa del CC 10, no existiría para la 

Sala un abuso de derecho, como sostiene la demandada. 

 Porque fue un hecho público. 

 Entonces, el fundamento del amparo no lo constituiría la existencia del 

tal abuso sino la convicción de que, acorde a la prueba aportada valorada con 

criterio  de sana crítica de esa recreación derivará daño. 

 No se trata, entonces, de  abuso de derecho, sino de  prioridad de 

derechos. 

IV – Precisamente en relación a la prioridad del derecho de información, la SCJ 

en sentencia Nº 253/99 que: “… la prevalencia deriva fundamentalmente del 

interés público que posea la manifestación realizada” (Cfr. José Muñoz Lorente,  

“Libertad de información y derecho al honor en el Código Penal de 1995”, 

Valencia 1999, pág. 150 y nota Nº 52). 

 En lo que respecta al interés público de la información, lo decisivo para 

apreciar si realmente existe él en la  información suministrada, será el hecho 

mismo objeto de la información y no tanto a la persona a la que se refiere. 

 En definitiva, la noción de interés público debe estar basada en un 

criterio objetivo útil para la sociedad, por lo que quedan excluidas de ella todos 

los temas que no se ajusten a ese criterio objetivo, como son por ejemplo la 

curiosidad malsana o morbosa que pueda tener el conocimiento de 

determinados hechos. 

 En consecuencia, el punto de partida para fijar el contenido del interés 

público es el del interés objetivo o utilidad social de la información. Cuando ella 

sea objetivamente útil a la sociedad deberá ser considerada como de interés 

público y en consecuencia  otorgarle el carácter prevalerte que surge de ese 

interés y de su colaboración en formación de la opinión pública. Sentencia proporcionada por el Instituto de Derecho Informático, Grupo de Jurisprudencia. 

Facultad de Derecho. Universidad de la República 

V- Determinado entonces que contenido es el que otorga carácter prevalente a 

la libertad de información, corresponde establecer las características del 

derecho defendido por la actora. 

 Inicialmente corresponde precisar que a  BB, al evaluar la justicia su 

responsabilidad en los hechos delictivos  singularmente graves cometidos, lo 

consideró inimputable; o sea y conforme a lo establecido en el art. 30 y ss del 

Código Penal, incapaz de apreciar el carácter ilícito del acto y determinarse 

según su verdadera apreciación por, en este caso,  tener obnubiladas sus 

facultades de entender y querer. 

 La lectura de las declaraciones de los médicos siquiatras tratantes de BB 

son precisas y coincidentes respecto al trabajo que ha requerido lograr desde 

entonces la mejoría que ahora tiene,  al extremo de que, pese a haber 

transcurrido 10 años de ocurrido el hecho recién hace 7 u 8 meses que ha 

podido ser trasladado a su domicilio,  continuando desde allí  su tratamiento y 

comenzando a trabajar con su padre. 

VI – señala la Dra. Alicia Castro en  su voto, que este caso ofrece notoria 

similitud con el caso Lebach resuelto años atrás por el Tribunal Constitucional 

Alemán (BverGE.35.202), en el que se había emitido una información televisiva 

acerca de un delito grave, carente de interés informativo actual, poco antes de 

la excarcelación del actor. 

 El Tribunal razona así: en primer lugar, advierte que existe una colisión 

entre dos derechos fundamentales  dignos de tutela, la protección de la 

personalidad humana y la  libertad de información: luego, admite que, en 

principio, si se trata de informar sobre un delito grave y actual debe priorizarse 

la libertad de información; pero, finalmente, decide que bajo ciertas condiciones 

que se dan en el caso concreto, debe  prevalecer la protección de la 

personalidad: se trata de un delito grave, cuya difusión no está amparada por 

ningún interés informativo actual y que pone en peligro  la resocialización de su 

autor (Alexy, Robert. Derecho y Razón Práctica, 2º Edición, México: 

Fontamara, 1998, p.15). 

  En el caso presente, el derecho de BB a ser protegido resulta 

particularmente calificado por la posibilidad de que la difusión pública de la 

información en cuestión pueda afectar su estado emocional –por definición 

inestable- porque padece una grave afección psíquica. 

 El médico forense, planteándose la posibilidad de una entrevista 

periodística, dictaminó que sería recomendable que el paciente pudiera revivir 

circunstancias extremadamente traumáticas porque  pueden provocar síntomas 

de descompensación (fs. 10). En el mismo sentido opina la testigo propuesta 

por los actores, médico psiquiatra (fs. 39/44) que expresa categóricamente que 

no defiende ninguna de las partes sino a un paciente esquizofrénico, sea éste o 

cualquier otro (fs. 42). 

 Concluye, que en definitiva, resolver  conflictos entre la protección a la 

persona o la libertad de información no es algo obvio ni simple, porque impone 

considerar no sólo el peso de ambos derechos en abstracto sino el daño que el 

ejercicio de uno de ellos pueda causar al otro, en el entendido de que “cuanto 

mayor sea el grado de restricción de uno de los principios en juego, tanto 

mayor habrá de ser el grado de importancia de la satisfacción del otro” (Alexy, 

Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2º Edición trad. Carlos Bernal Sentencia proporcionada por el Instituto de Derecho Informático, Grupo de Jurisprudencia. 

Facultad de Derecho. Universidad de la República 

Pulido. Madrid: Centro  de Estudios Políticos y  Constitucionales, 2007. 

Addenda: La fórmula de peso, p. 349 y sgtes). 

 VII – Entonces, a criterio de la Sala, la única razón para desestimar el 

amparo no es el mayor valor que  prima facie se reconoce a  la libertad de 

información  (por ser un derecho fundamental para el sistema democrático, y 

no en beneficio de las empresas periodísticas) sino el hecho de que, de 

acuerdo a las manifestaciones vertidas por la accionada al contestar la 

demanda (fs. 29, 31 y 34 vto.)  y que forman parte central del fundamento de la 

recurrida, no existe actualmente un  peligro inminente de que se emita un 

programa recreando el drama que protagonizó BB quien, por otra parte, siendo 

mayor de edad y no estando declarado incapaz, tampoco compareció a solicitar 

el amparo que sus padres pretenden. 

 A este respecto cabe precisar que siendo el régimen de curatela tuitivo 

del incapaz y los terceros, no es disponible, razón por la cual habrá de ponerse 

la situación, eventualmente requiriente de la promoción del proceso respectivo, 

en conocimiento del Juez y Fiscal competente al no parecer jurídicamente 

atendibles los motivos invocados por los padres para no promover dicho 

proceso, que igualmente pueden ser contemplados dentro del mismo. 

 Cabe no obstante recordar a la demandada que, a riesgo de incurrir en 

grave irresponsabilidad, en una situación semejante debe ponderar con gran 

mesura los valores, principios y derechos en juego. 

 El derecho a informar, siendo un derecho fundamental no es irrestricto y 

por eso, es susceptible de generar responsabilidad en caso de lesionar otros 

derechos fundamentales, en particular,  la dignidad o la salud de otras 

personas. 

 Por las consideraciones desarrolladas y acorde a lo establecido en las 

normas legales citadas en ellas, el Tribunal 

FALLA: 

Confirmase la sentencia dictada en autos. 



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