Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Argentina [ 04 Agosto 2009 ] [Procuraci?n del Tesoro de la Naci?n]  Dictamen N? 146/2009    caché ES 

Resulta jurídicamente viable no brindar la información pretendida por los peticionarios a fin de que se les proporcionen determinados datos históricos sobre el servicio militar obligatorio, para la elaboración de un trabajo académico sobre esa materia

De la normativa aplicable surge, en principio, que no existiría obstáculo jurídico para negar la información solicitada por los requirentes, a fin de que se les proporcionen determinados datos históricos sobre el servicio militar obligatorio. Ello en virtud de que existirían dos posibilidades: a) que se entregue a los peticionarios la información en el estado en que se encuentra; b) que las Fuerzas Armadas procesen, clasifiquen o disocien la información para poder satisfacer el pedido y para evitar que aquéllos conozcan la identidad de los titulares de los datos. En el primer supuesto los solicitantes podrían individualizar a los integrantes de las clases 1952 a 1975 inclusive y conocer sus datos personales, lo que supondría transgredir la Ley Nº 25.326 y el RGAIP, salvo que mediara el consentimiento de sus titulares. Respecto de ese consentimiento, no tiene sentido examinar desde el punto de vista jurídico quién debería buscarlo, ya que hacerlo implicaría ubicar y consultar a decenas de miles de personas y, aun cuando esto fuera factible, habría que obtener la aprobación de todos o de casi todos. Se trata, pues, de una misión poco menos que imposible, tanto para el Estado como para los interesados. En el supuesto de que las Fuerzas Armadas procesen, clasifiquen o disocien la información para poder satisfacer el pedido de los requirentes y para impedir que estos conozcan la identidad de los titulares de los datos, no está normativamente prohibida, pero dichas Fuerzas no están obligadas a realizar ese trabajo, en virtud de lo que dispone el artículo 12 del RGAIP. Se advierte que si bien dicho artículo no menciona a la disociación -puesto que literalmente sólo exime al sujeto requerido de procesar o de clasificar información-, esa eximición también comprende a aquélla, dado que el artículo 2º de la Ley Nº 25.326 incluye entre los tratamientos de datos al procesamiento de datos personales y define a la disociación de datos como un tratamiento de datos personales.



Tomo : 270 Página : 78

HABEAS DATA-PROTECCION DE DATOS PERSONALES:REGIMEN JURIDICO-DATOS PERSONALES-SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-SOLICITUD DE DATOS-DENEGATORIA DE LA SOLICITUD:ALCANCES-DATOS SENSIBLES-DISOCIACION DE DATOS-REGLAMENTO GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-OBLIGACION DE INFORMAR:EXCEPCIONES
Datos del Dictamen
Fecha : 4 de Agosto de 2009
Nro. de Dictamen : 000146
Partes : SEBASTIAN GALIANI-MARTIN ROSSI-ERNESTO SCHARGRODSKY
Emisor : OSVALDO CESAR GUGLIELMINO

Texto

Expte. Nº 18891/08
MINISTERIO DE DEFENSA





BUENOS AIRES, 04 AGO 2009


SEÑOR SECRETARIO DE ESTRATEGIA
Y ASUNTOS MILITARES DEL
MINISTERIO DE DEFENSA:

Se consulta a esta Procuración del Tesoro de la Nación acerca del pedido efectuado por los señores Sebastián Galiani, Martín Rossi y Ernesto Schargrodsky a fin de que se les proporcionen determinados datos históricos sobre el servicio militar obligatorio, para la elaboración de un trabajo académico sobre esa materia. 


- I -
RESEÑA NORMATIVA

1. El tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, referido al hábeas data, dispone que Toda persona podrá interponer esta acción (la de amparo) para tomar conocimiento de datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. 

2. La Ley de Protección de los Datos Personales Nº 25.326 (B.O. 2-11-00) establece, en lo que aquí interesa:
2.1. En su artículo 1º, que su objeto es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, re- 
gistros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas y el acceso a la información que sobre ellas se registre, de conformidad con el artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional.
2.2. En su artículo 2º, que:
a) Se entiende por datos personales a la información de cualquier tipo referida a personas determinadas o determinables.
b) Son datos sensibles los datos personales que revelan el origen racial y étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, filosóficas o morales y la afiliación sindical de las personas, y aspectos relativos a su salud o a su vida sexual.
c) Los tratamientos de datos son las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y, en general, el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros. 
d) La disociación de datos es todo tratamiento de datos personales hecho de manera que la información no pueda asociarse a una persona determinada o determinable.
2.3. En su artículo 5º, que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no haya dado su consentimiento, pero éste no será necesario cuando se trate de listados cuyos datos se limiten al nombre, al documento nacional de identidad, a la identificación tributaria o previsional, a la ocupación, a la fecha de nacimiento y al domicilio (v. apartado 1, y apartado 2, inc. c).
2.4. En el apartado 2 de su artículo 7º, que: 
a) Los datos sensibles sólo pueden recolectarse y ser objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley.
b) También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas en tanto sus titulares no puedan ser identificados.
2.5. En su artículo 11, que:
a) Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario, y con el previo consentimiento de su titular (v. apartado 1).
b) Dicho consentimiento no será exigido cuando se haya aplicado un procedimiento de disociación de la información que impida que los titulares de los datos sean identificables (v. apartado 3, inc. e).
2.6. En su artículo 23, que: 
a) Están sujetos a esta ley los datos personales que, por haberse almacenado para fines administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las Fuerzas Armadas (v. apartado 1).
b) El tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional por parte de las Fuerzas Armadas sin consentimiento de los afectados queda limitado a aquéllos que sean necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a dichas Fuerzas para la defensa nacional (v. apartado 2). 

3. Mediante el Decreto Nº 1558/01 (B.O. 3-12-01) se aprobó, como Anexo A, la reglamentación de la Ley Nº 25.326. El artículo 11 de dicha reglamentación dispone que: 
a) La cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable si los datos son de acceso público y se han garantizado los principios de protección establecidos en la ley.
b) Se entiende por cesión masiva de datos personales a la que comprende a un grupo colectivo de personas.

4. Por medio del Decreto Nº 1172/03 (B.O. 4-12-03) se aprobó, como Anexo VII de dicho decreto, el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional (al que en adelante mencionaré como el RGAIP), que determina, en lo que aquí importa, lo siguiente:
4.1. En su artículo 1º, que su objeto es regular el mecanismo de acceso a la información pública.
4.2. En su artículo 2º, que se aplicará en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional.
4.3. En sus artículos 3º y 4º, que el acceso a la información pública tiene como finalidad permitir y promover la participación ciudadana a través del derecho de toda persona a requerir, consultar y recibir información completa, adecuada, oportuna y veraz de parte de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 2º. 
4.4. En su artículo 5º, que:
a) Se considera información a toda constancia obrante en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato, que haya sido creada u obtenida por los sujetos del artículo 2º, o que obre en su poder o esté bajo su control, o cuya producción haya sido financiada total o parcialmente por el erario, o que sirva de base para una decisión de naturaleza administrativa.
b) El sujeto al que se le requiera información debe proveerla, pero no está obligado a crear o a producir aquélla con la que no cuente.
4.5. En su artículo 6º, que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, a acceder y a recibir información, sin necesidad de acreditar un derecho subjetivo o un interés legítimo.
4.6. En su artículo 8º, que toda información producida u obtenida por o para los sujetos enumerados en el artículo 2º se presume pública.
4.7. En su artículo 10, que los sujetos en cuyo poder obre la información deben prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, y asegurar un amplio y fácil acceso a ella.
4.8. En su artículo 12, que:
a) El acceso a la información debe otorgarse en un plazo no mayor de diez días, prorrogables excepcionalmente por otros diez cuando sea difícil reunirla.
b) La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de hacerse la petición. 
c) El sujeto requerido no está obligado a procesarla o a clasificarla.
d) Cuando la información contenga datos personales, éstos deben ser protegidos.
4.9. En su artículo 13, que:
a) El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la información, por medio de un acto fundado, si ésta no existe, o si está incluida en alguna de las excepciones previstas en este reglamento.
b) La denegación debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General.
4.10. En su artículo 16, que sólo puede negarse la información cuando: 
a) Una ley o un decreto así lo establezca (v. párr. primero). 
b) La información haya sido expresamente clasificada como reservada (v. inc. a). 
c) Se trate de información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial (v. inc. d). 
d) Se refiera a datos sensibles -en los términos de la Ley Nº 25.326-, cuya publicidad vulnere el derecho a la intimidad y al honor, salvo que se cuente con el consentimiento de la persona involucrada (v. inc. i). 
4.11. En su artículo 18, que la autoridad de aplicación de este reglamento es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tendrá a su cargo verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en aquél. 


- II -
RELACIÓN DE HECHOS Y ANTECEDENTES

1.1. A fojas 33/35 obra en copia autenticada la presentación de Sebastián Galiani, Martín Rossi (ambos profesores de la Universidad de San Andrés) y Ernesto Schargrodsky (decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella), mediante la cual los nombrados le solicitaron al Responsable de Acceso a la Información de ese Ministerio de Defensa una determinada información histórica sobre el servicio militar obligatorio. 
1.2. Al respecto, explicaron que:
a) Estaban trabajando en una investigación académica sobre los efectos de la participación en el servicio militar obligatorio.
b) Para los primeros pasos de ese estudio, la Oficina de Reclutamiento y Movilización del Estado Mayor General del Ejército Argentino les había facilitado los números de sorteo de cada uno de los tres últimos números del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los individuos de cada clase a ser incorporada, los números de corte correspondientes a la realización o no del servicio militar, y la Fuerza asignada.
c) Con esos elementos elaboraron una nota que fue enviada a la revista The Quarterly Journal of Economics, pero los editores de dicha revista les habían pedido otros análisis adicionales para publicarla. 
d) Por tal motivo, precisaban los siguientes datos sobre todos los integrantes de las clases 1952 hasta 1975 inclusive: los tres últimos dígitos del DNI, la clase, el distrito militar, el número de sorteo, la situación de cumplimiento de servicio conscripto, los estudios cursados, el arma, el origen, el estado civil, la causal de excepción, el cuadro nosológico y la clasificación de reconocimiento médico. 
(Según la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, la nosología es la Parte de la medicina que tiene por objeto describir, diferenciar y clasificar enfermedades). 
e) Dado que estos datos no permiten identificar a las personas -puesto que en cada año de nacimiento aproximadamente doscientos cincuenta hombres comparten los mismos tres últimos dígitos del DNI-, no se trataba de datos sensibles y, por lo tanto, no era necesario, para su entrega, el consentimiento de sus titulares.
f) La información sería utilizada con fines exclusivamente académicos y tratada con absoluta confidencialidad. Además, se comprometían a hacerse cargo de cualquier gasto que el pedido pudiera ocasionar.

2. En la nota glosada en copia certificada a fojas 36, el Jefe I de Recursos Humanos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que:
a) Se había comunicado la solicitud de Galiani, Rossi y Schargrodsky a los Estados Mayores Generales de cada una de las Fuerzas Armadas, dado que ese Estado Mayor Conjunto no contaba con los archivos necesarios para satisfacerla.
b) La información pedida no estaba digitalizada.
c) Era imposible cumplir con los plazos del RGAIP, en razón del tiempo que insumiría el envío de la documentación hacia y desde los destinatarios, y de la confección y digitalización de la información.

3. En el dictamen agregado en copia autenticada a fojas 37/40, la División Jurídica de la Dirección General de Personal del Estado Mayor General del Ejército Argentino manifestó que:
a) No era aplicable al caso el RGAIP -al menos en forma directa-, porque se refiere a la publicidad de los actos de gobierno, sino la Ley Nº 25.326, que establece las condiciones para la cesión de información personal a terceros. 
b) Dicha ley debe prevalecer sobre aquel reglamento, máxime si éste dispone que los obligados a proporcionar la información pueden no hacerlo si así lo establece una ley. 
c) La Ley Nº 25.326 dice que los datos personales sólo pueden ser cedidos para fines directamente relacionados con un interés legítimo del cedente y del cesionario. 
El interés legítimo es el personal y directo que tiene un individuo para peticionar a las autoridades. Toda vez que los solicitantes no tienen un interés personal y directo sobre los datos que requieren, carecen de un interés legítimo al respecto. 
Y, si bien el RGAIP no exige un derecho subjetivo ni un interés legítimo para recibir información, dicho reglamento debe ceder ante la Ley Nº 25.326.
d) Los datos requeridos por los interesados obran en los registros de una Fuerza Armada; como esos registros no son públicos, los particulares no pueden acceder a ellos. 
e) El Decreto Reglamentario Nº 1558/01 define a la cesión masiva de datos personales como aquélla que comprende a un grupo colectivo de personas; e indica que dicho tipo de cesión, efectuada de registros públicos a registros privados, sólo puede ser autorizada por una ley o por una decisión del funcionario responsable si los datos son de acceso público y se han garantizado los principios de protección contenidos en la Ley Nº 25.326.
f) En consecuencia, no estaban dadas las condiciones para la cesión masiva de los datos solicitados.

4. En el escrito añadido en copia autenticada a fojas 41/42, el Departamento de Informaciones de la Dirección General de Personal del Estado Mayor General del Ejército Argentino sostuvo que:
a) La petición debía resolverse aplicando la Ley Nº 25.326 y su reglamentación.
b) Entre los datos pedidos había datos sensibles, como el cuadro nosológico, cuya entrega está prohibida por la ley citada.
c) Los tres últimos dígitos del DNI, la clase, el distrito militar y el número de sorteo permiten identificar a doscientos treinta y nueve mil novecientas noventa y seis personas de la base de datos, y no es posible aplicar a esa información un método de disociación.

5. Mediante la presentación incorporada en copia certificada a fojas 43, Galiani, Rossi y Schargrodsky denunciaron ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos que no se había respondido a su petición. 
Además, afirmaron que todos los datos solicitados están disponibles en formato electrónico en el Departamento de Informática de la Dirección General de Personal del Estado Mayor General del Ejército Argentino, y pueden ser producidos en forma inmediata.

6. En el informe que luce en copia autenticada a fojas 44, la Dirección de Armamento del Personal Naval de la Armada Argentina señaló que:
a) Satisfacer el pedido de Galiani, Rossi y Schargrodsky demandaría una tarea de varios meses, a la que debería dedicarse en forma exclusiva el personal del Archivo General de esa Fuerza, lo que importaría la paralización de las actividades de dicha dependencia.
b) Las clases están microfilmadas y, en algunos casos, no se puede interpretar lo escrito debido a fallas en la microfilmación y a la cantidad de conscriptos que hay por cada tanda. 

7. En el dictamen incluido en copia certificada a fojas 45/46, la Asesoría Jurídica del Ejército Argentino dijo que:
a) La información solicitada es reservada, por lo que ponerla en conocimiento de los requirentes vulneraría el derecho a la intimidad personal de las personas sobre las cuales versa.
b) Los datos pretendidos obran en los registros de una Fuerza Armada, razón por la cual no son públicos y, por ende, no pueden ser entregados.
c) El RGAIP preceptúa que no es necesario producir nueva información, sino tan sólo brindar la disponible y en las condiciones en que se la tenga, siempre y cuando no se afecte el derecho a la intimidad de las personas.
d) En conclusión, y a fin de proteger ese derecho, no era procedente hacer lugar a la petición.

8. En el asesoramiento que se halla en copia certificada a fojas 19/23, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa consideró que:
a) Toda vez que buena parte de los puntos pedidos son datos sensibles, su tratamiento está normativamente prohibido. 
b) Aunque la información vaya a ser utilizada con fines científicos o estadísticos, no corresponde su divulgación, porque los titulares de los datos podrían ser identificados.
c) La Ley Nº 25.326 impone como principio que el tratamiento de datos personales sin el previo consentimiento de su titular es ilegítimo. 
Es cierto que la misma ley enuncia excepciones a dicha regla, pero la información aquí solicitada no encuadra en ninguna de ellas. Por ende, su entrega no puede hacerse sin la previa autorización de los titulares de los datos; recabar esa autorización es una tarea que atañe exclusivamente a los peticionarios, quienes podrían, en esa oportunidad, pedirles a los titulares de los datos la información que necesitan.
d) El Decreto Reglamentario Nº 1558/01 especifica que la cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable si los datos son de acceso público y se ha garantizado la protección establecida en la Ley Nº 25.326.
e) La información requerida no es de acceso público; por lo tanto, su cesión excede las potestades de la Administración. 
f) Por otra parte, la Ley Nº 25.326 ordena que para las cesiones de datos personales debe existir un interés legítimo tanto del cedente como del cesionario.
g) Con arreglo a la misma ley, los datos personales almacenados en los registros de las Fuerzas Armadas no pueden ser objeto de tratamiento sin la anuencia de su titular, salvo en lo estrictamente necesario para el cumplimiento de misiones legalmente asignadas a aquéllas para la defensa nacional.
h) Para conceder la información solicitada es necesario realizar una disociación de datos, lo que no es exigible según el RGAIP. 
i) Por todo lo expuesto, no correspondía acceder a la petición de autos.

9. En el pronunciamiento obrante en copia autenticada a fojas 52/58, la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos expuso, en lo que es relevante para el caso, que:
a) El Responsable de Acceso a la Información y la Dirección General de Política de ese Ministerio de Defensa pidieron una prórroga del plazo normativamente ordenado para satisfacer el requerimiento de Galiani, Rossi y Schargrodsky. 
b) Una vez vencida la prórroga, los funcionarios no habían satisfecho el pedido, pero indicaron que el término para hacerlo debía ampliarse a doscientos setenta días, dado el caudal de la información a relevar (ochenta mil registros) y a que ese trabajo debía hacerse en forma manual. 
c) Posteriormente, el Responsable de Acceso a la Información remitió a esa Oficina Anticorrupción una copia del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa, en el cual se había concluido que no era procedente brindar la información.
d) Los presentantes habían sostenido que los datos pedidos no eran sensibles porque no permitían identificar a las personas, lo que excluía la necesidad del consentimiento de sus titulares. 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, en cambio, había entendido que buena parte de los puntos pedidos aludían a datos sensibles, y que, aunque la información fuera utilizada con fines científicos o estadísticos, no correspondía su divulgación porque sus titulares podrían ser identificados.
Dada la ambigüedad de ambas opiniones, no era posible expedirse sobre si se trataba o no de datos sensibles. 
e) No había habido una denegación formal del pedido y, de acuerdo con el RGAIP, dicha denegación debía ser concretada, mediante un acto fundado, por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a Director General. 

10. En el pronunciamiento inserto en copia autenticada a fojas 2/16, la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros expuso que:
a) La Dirección General de Personal del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina había dicho que era necesario extender el plazo de entrega a doscientos setenta días porque debían procesarse manualmente ochenta mil registros. 
Dicho plazo era excesivo y contrario al espíritu del RGAIP, que prevé un sistema sencillo y expeditivo para acceder a la información pública. 
b) De conformidad con el reglamento citado, la información debe proveerse en el estado en que se encuentre, y no hay obligación de procesarla o de clasificarla. Consiguientemente, el derecho de los solicitantes se habría satisfecho si se les hubiera permitido el acceso a aquellos registros. 
c) También según el RGAIP, tanto ese Ministerio de Defensa como el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas debían tener la información en su poder adecuadamente organizada y sistematizada. Por tanto, la necesidad de procesarla manualmente podría configurar la falta de cumplimiento de esa obligación. 
d) Toda la información que posean los sujetos obligados por el RGAIP es pública.
e) El RGAIP excluye del deber de informar cuando se trate de datos sensibles, pero quien invoque esta excepción debe fundarla razonablemente, y probar el daño que ocasionaría la divulgación de esos datos y el menoscabo de los intereses jurídicos normativamente tutelados.
En la especie, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa opinó que buena parte de los puntos requeridos son sensibles, pero no explicitó cuáles eran, ni fundó la invocación de la excepción.
f) La Ley Nº 25.326 prohíbe el tratamiento de datos sensibles, salvo cuando éstos sean utilizados con fines estadísticos o científicos y siempre que sus titulares no puedan ser identificados. 
La misma ley exige para la cesión de datos personales la existencia de un interés legítimo y el consentimiento del titular de los datos, salvo que se haya aplicado un procedimiento de disociación que impida la individualización de aquél.
g) En el sub examine son datos sensibles la causal de excepción, el cuadro nosológico y la clasificación de reconocimiento médico, dado que involucran a la salud. Pero esos datos podrían ser cedidos sin necesidad del consentimiento de sus titulares, siempre que se utilice un procedimiento de disociación para evitar la identificación de éstos. 
El resto de los datos solicitados son solamente personales, y tampoco es preciso para otorgarlos el consentimiento de sus titulares, ya que la Ley Nº 25.326 dispensa de ese requisito cuando los datos se recaben en virtud de una obligación legal -y el servicio militar era obligatorio por ley-, y cuando se limiten al nombre, al DNI, a la identificación tributaria o previsional, a la ocupación, a la fecha de nacimiento y al domicilio. 
No obstante, tanto para los datos sensibles como para los solamente personales los solicitantes debían acreditar que tienen un interés legítimo. 
h) La Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa había sostenido la improcedencia en el caso de la disociación de datos, porque es una tarea no exigible de acuerdo con el RGAIP. 
Empero, lo que no es obligatorio según el reglamento aludido es crear o producir información que no se tenga, de suerte que disociar información existente no significa crear o producir.
i) En virtud de las consideraciones expresadas, se concluía que la información solicitada podía ser cedida, con los recaudos antes puntualizados.
j) El dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa no constituye una denegación formal del pedido, ya que podría ser el fundamento de la denegación, mas no la denegación misma.

11. A fojas 24/28 se expidió nuevamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa en relación con la opinión de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, en los siguientes términos:
a) La Ley Nº 25.326 permite la recolección y el tratamiento de datos sensibles con fines estadísticos o científicos siempre y cuando no puedan ser identificados sus titulares, lo que podía lograrse mediante la disociación de la información.
b) Los requirentes habían pedido la información en un formato determinado, pero tal formato no existe en la actualidad, y su confección requeriría de un dispendio de recursos por parte de la Administración que en el RGAIP se quiere evitar.
En el caso de la Fuerza Aérea Argentina se trataría de aproximadamente ochenta mil legajos, lo que llevaría doscientos setenta días de trabajo. 
c) En atención a que la autoridad de aplicación del RGAIP había recomendado dar a los interesados la información requerida, podía permitírseles el acceso a ella previa suscripción de un compromiso de confidencialidad. 
En tal supuesto, los solicitantes serían responsables de cualquier perjuicio que se genere por una utilización irregular de la información sensible o por la aplicación de procedimientos inadecuados de disociación.
d) No es innecesario el consentimiento de los titulares de los datos porque el servicio militar fue una obligación legal, dado que lo que quiere decir la Ley Nº 25.326 es que no es preciso ese consentimiento cuando la propia recolección de los datos constituya una obligación legal. Además, dicho consentimiento no hace falta si se realiza una disociación de datos.
e) Habida cuenta de que su dictamen anterior fue suscripto por un Director General, era un acto válido de denegación de la petición. 
f) En suma, debía instruirse a las autoridades competentes de cada Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas para que cumplan con lo indicado en este dictamen, y comunicarle a los interesados que podían consultar la documentación en el modo en que lo coordinaran con los responsables de las áreas castrenses respectivas.

12. A fojas 30/31, la Dirección General de Política de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar de ese Ministerio de Defensa entendió que: 
a) Si bien en el segundo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se proponía una manera jurídicamente viable de dar curso a la solicitud de autos, el acceso a los registros de las Fuerzas Armadas conllevaría la divulgación de datos sensibles, toda vez que los titulares de éstos podrían ser identificados. 
b) Por ello, y dada la inexistencia de un determinado formato o estructura de la información pedida, deberían suprimirse los datos que permitieran la individualización de sus titulares, lo que aparejaría un dispendio de recursos estatales. 

13. A fojas 79/82, la Auditoría General de las Fuerzas Armadas de ese Ministerio de Defensa estimó que:
a) No hay obstáculos a la cesión de información cuando ésta carece de datos sensibles, y siempre y cuando dicha información esté disponible para su entrega, sin que ello implique una producción de lo que se requiere.
b) En el caso, lo solicitado se refiere a datos sensibles y permitiría identificar a doscientos treinta y nueve mil novecientas noventa y seis personas. Además, el hecho de que se haya requerido la información en formato electrónico obligaría al Estado a realizar un trabajo de creación o de producción.
c) Separar y reunir los datos pedidos y someterlos a una disociación para prescindir del consentimiento de los afectados supondría producir una información con la que no se cuenta, lo que no es obligatorio.
d) Si se aceptara la cesión de la información se estaría forzando a las Fuerzas Armadas a realizar una tarea de enormes dimensiones y a poner sus medios materiales al servicio de un interés particular. 
Y, en la eventualidad de que, pese a ello, igual se decidiera dar la información, al menos los peticionarios deberían suscribir un compromiso de confidencialidad; pero, aun tomando ese recaudo, se invadiría la intimidad de los titulares de los datos.
e) En suma, no correspondía acceder al pedido.

14. A fojas 84/86, la Dirección General de Política de la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico y Política Militar de ese Ministerio de Defensa destacó que:
a) La Ley Nº 25.326 establece que los datos pedidos sólo pueden ser cedidos si existe un interés legítimo, lo que no ocurre en el caso.
b) Los registros de las Fuerzas Armadas no son públicos.
c) Entre los datos solicitados hay datos sensibles que permiten identificar a doscientas treinta y nueve mil novecientas noventa y seis personas de la base de datos, lo que haría necesario aplicar un método de disociación de la información.
d) La información requerida no está disponible para su simple entrega a los interesados.
e) Separar y reunir los datos requeridos y someterlos a una disociación para prescindir del consentimiento de los afectados implicaría producir una información con la que no se cuenta y a la que el régimen normativo no obliga. 
f) Aunque los peticionarios firmasen un compromiso de confidencialidad se estaría invadiendo la intimidad de las personas comprendidas, puesto que se le daría acceso a información sensible a personas ajenas a la Administración Pública. 
g) Pedir la previa autorización de los titulares de los datos les corresponde exclusivamente a los peticionarios.
h) En síntesis, dado que la solicitud de información incluye datos sensibles y que es imposible aplicar un procedimiento de disociación, aquélla debe denegarse, porque el RGAIP prohíbe informar cuando ello afecte derechos o intereses legítimos de terceros. 

15. Finalmente, a fojas 91 se solicitó el dictamen de esta Procuración del Tesoro de la Nación. 


- III -
ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA Y CONCLUSIÓN

1. Creo conveniente comenzar este acápite recapitulando sucintamente algunos de los antecedentes del caso y las normas de la Ley Nº 25.326 y del RGAIP directamente vinculadas con ellos.

2.1. Galiani, Rossi y Schargrodsky pidieron los siguientes datos sobre todos los integrantes de las clases 1952 a 1975 inclusive: los tres últimos dígitos del DNI, la clase, el distrito militar, el número de sorteo, la situación de cumplimiento de servicio conscripto, los estudios cursados, el arma, el origen, el estado civil, la causal de excepción, el cuadro nosológico y la clasificación de reconocimiento médico.
2.2. Afirmaron, además, que todos esos datos están disponibles en formato electrónico en el Departamento de Informática de la Dirección General de Personal del Estado Mayor General del Ejército Argentino. 

3. Ante ello, los organismos requeridos dijeron, en lo esencial, que:
a) El formato electrónico mencionado por los peticionarios no existe en la actualidad, y su confección importaría un importante dispendio de recursos por parte de la Administración.
b) La información pretendida por los requirentes no está disponible.
c) Los tres últimos dígitos del DNI, la clase, el distrito militar y el número de sorteo permitirían identificar a doscientos treinta y nueve mil novecientas noventa y seis personas. 
d) Sería necesario disociar los datos pedidos.
e) En el Archivo General de la Armada Argentina generar la información solicitada demandaría una tarea de varios meses, a la que debería dedicarse en forma exclusiva el personal de esa dependencia, lo que importaría la paralización de sus actividades.
f) En la Fuerza Aérea se necesitarían doscientos setenta días para brindar la información, dado que habría que relevar ochenta mil registros en forma manual.

4. La Ley Nº 25.326 establece que: 
a) Se entiende por datos personales a la información de cualquier tipo referida a personas determinadas o determinables; son datos sensibles, entre otros, los datos personales que revelen aspectos de la salud de las personas; en la definición de tratamiento de datos se incluye el procesamiento de datos personales y su cesión a terceros; la disociación de datos es todo tratamiento de datos personales efectuado de manera tal que la información no pueda asociarse a una persona determinada o determinable (v. art. 2º). 
b) El tratamiento de datos personales es ilícito cuando su titular no haya dado su consentimiento (v. art. 5º). 
c) Los datos sensibles pueden ser objeto de tratamiento con finalidades estadísticas o científicas en tanto sus titulares no puedan ser identificados (v. art. 7º).
d) Los datos personales sólo pueden ser cedidos con el previo consentimiento de su titular, salvo que se preserve la identidad de éste mediante un procedimiento de disociación (v. art. 11).

5. El RGAIP dispone que: 
a) Los sujetos obligados a informar pueden no hacerlo cuando se trate de datos personales sensibles cuya publicidad vulnere el derecho a la intimidad y al honor, a menos que se cuente con el consentimiento de la persona a la que se refiere la información (v. art. 16, inc. i). 
b) La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre en el momento en que se la pida, y el sujeto requerido no está obligado a procesarla o a clasificarla; cuando contenga datos personales, éstos deben ser protegidos (v. art. 12).

6. Pues bien, me adelanto a decir que del cotejo entre los antecedentes y las normas recordados se desprende, a mi juicio, que no hay obstáculo jurídico para negar la información solicitada por Galiani, Rossi y Schargrodsky.

7. Para fundar este aserto cabe empezar señalando que, según surge de lo manifestado por los organismos requeridos, existirían dos posibilidades:
a) Que se entregue a los peticionarios la información en el estado en que se encuentra.
b) Que las Fuerzas Armadas procesen, clasifiquen o disocien la información para poder satisfacer el pedido y para evitar que aquéllos conozcan la identidad de los titulares de los datos. 

8.1. En el primer supuesto -siempre ateniéndome a lo señalado por los organismos requeridos-, los solicitantes podrían individualizar a los integrantes de las clases 1952 a 1975 inclusive y conocer sus datos personales -entre ellos, algunos sensibles, como los referidos a la salud-, lo que supondría transgredir los artículos 5º, 7º y 11 de la Ley Nº 25.326 y el artículo 16, inciso i), del RGAIP, salvo que mediara el consentimiento de sus titulares.
8.2. Respecto de ese consentimiento, considero que no tiene sentido examinar desde el punto de vista jurídico quién debería buscarlo, ya que hacerlo implicaría ubicar y consultar a decenas de miles de personas, seguramente dispersas por todo el territorio del país (incluso es probable que algunos vivan en el extranjero) y, aun cuando esto fuera factible, habría que obtener la aprobación de todos o de casi todos. Se trata, pues, de una misión poco menos que imposible, tanto para el Estado como para los interesados. 

9.1. La segunda hipótesis -que las Fuerzas Armadas procesen, clasifiquen o disocien la información para poder satisfacer el pedido de los requirentes y para impedir que éstos conozcan la identidad de los titulares de los datos- no está normativamente prohibida, pero dichas Fuerzas no están obligadas a realizar ese trabajo (al que presentaron como sumamente complejo y difícil), en virtud de lo que dispone el artículo 12 del RGAIP. 
9.2. Corresponde advertir, en tal sentido, que si bien dicho artículo no menciona a la disociación -puesto que literalmente sólo exime al sujeto requerido de procesar o de clasificar información-, esa eximición también comprende a aquélla, dado que el artículo 2º de la Ley Nº 25.326 incluye entre los tratamientos de datos al procesamiento de datos personales y define a la disociación de datos como un tratamiento de datos personales. 

10. Consecuentemente, considero que es jurídicamente viable no brindar la información pretendida por los peticionarios y, por ende, denegar su petición, para lo cual deberá dictarse un acto administrativo fundado, suscripto por un funcionario con jerarquía de Director General o superior, en virtud de lo que dispone el artículo 13 del RGAIP.
Ello así, por cuanto el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio de Defensa no es una medida apta para la denegación, toda vez que no es un acto administrativo sino un mero asesoramiento y, como tal, un acto meramente preparatorio del acto administrativo (v. Dictámenes 259:18). 
Así opino.

OSVALDO CESAR GUGLIELMINO
PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION



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un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho