Jurisprudencia Iberoamericana
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Argentina [ 12 Noviembre 2008 ] [Procuraci?n del Tesoro de la Naci?n]  Dictamen N? 274/2008    caché ES 

Previo a la continuación del proyecto de decreto por el que se aprueba la reglamentación de los artículos 70 y 163 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 referidos al registro en la persona de los internos, de los locales que ocupan, de sus visitas y de las pertenencias en las instalaciones de los establecimientos penitenciarios, corresponde determinar si existen otros métodos alternativos capaces de reemplazar el registro manual de las personas, teniendo en cuenta la imposibilidad fáctica de requerir autorización judicial para la realización del examen corporal.

El proyecto de decreto reglamentario al precisar las disposiciones de la ley 24660 debe seguir los lineamientos del informe CIDH Nº 38/96. De ese modo la República Argentina cumplirá con su obligación de respeto eficaz de la Convención así como también prevendrá eventuales violaciones al derecho de integridad física o intimidad de las visitas a cárceles en el país, que podrían invocarse por los afectados contra el Estado Argentino en jurisdicción internacional por la realización de revisaciones en la modalidad denominada integral.

La ponderación de la existencia de métodos alternativos al registro manual de los visitantes que ingresan a un establecimiento carcelario -cuestión de carácter eminentemente técnico-, debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trata. Por ende, deben extremarse las medidas para dilucidar si el registro manual (requisa física) es el único medio idóneo para la detección de sustancias prohibidas en el ingreso a establecimientos carcelarios, de modo de evitar incurrir en responsabilidad internacional por violación de los principios que inspiran la rama del Derecho que la rige. La requisa personal por medio de la violación de la intimidad de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitar personas allí alojadas con restricción de su libertad, siendo sustituible en la medida de lo posible por otros medios o técnicas de similar efectividad, no se condice con la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmada en el Informe CIDH Nº 38/96 y otros documentos relacionados.

El asesoramiento de la Procuración del Tesoro de la Nación debe, en principio atenerse a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a la interpretación y aplicación del Derecho, aun cuando se opongan a los de este Organismo asesor, dado la necesidad de ahorrarle al Estado las consecuencias patrimoniales adversas que se derivarían de acciones judiciales en su contra con pronóstico gravemente desfavorable (Dictámenes 207:578; 210:108; 211:334; 212:327 y 237:438). El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro de la Nación se circunscribe a los aspectos jurídicos de todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias, debiendo entonces abstenerse de abrir juicio sobre aspectos técnicos que éstas contengan (conf. Dict. 222:137, 236:202).



Ref. Jurisprudenciales 
in re Lavado, Diego Jorge t otros c/ Mendoza Provincia de y otro s/ declaración aclarativa de certeza-2007-03-20-Fallos:330:1135 
Gustavo Carranza Latrubesse v. Provincia del Chubut y otro-2002-03-12-Fallos:325:380 
Martín y & Cía.Ltda.S.A. c/ Administración General de Puertos s/ repetición de pago-1963-11-06-Fallos:257:99 
Recurso de hecho deducido por la querella en la causa Carro Evangelista, Delia y otros s/falso testimonio, para decidir su procedencia-2004-03-09-Fallos:327:352 
Recurso de hecho deducido por Hugo Alberto Romero Cacharane en la causa Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ ejecución penal, para decidir su procedencia-2004-03-09-Fallos:327:388 
Recurso de hecho deducido por Norberto Julio Quantín (Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional) en la causa Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación-causa 44.891-,para decidir su procedencia-1996-09-12-Fallos:319:840 
Recurso de hecho deducido por Osvaldo Iuspa (defensor oficial) en la causa Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación-causa nº 32/93, pra decidir su procedencia-1995-04-07-Fallos:318:514 
Arena, María y Lorenzo, Kakis s/recurso de ampar-1989-11-21-Fallos:239:2056

 

Tomo : 267 Página : 273

CARCELES-PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD:REGIMEN JURIDICO-REGLAMENTACION DE LA LEY-PROYECTO DE DECRETO:ALCANCES-VISITAS CARCELARIAS-REQUISA PERSONAL-COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-INFORMES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES-FALLOS DE LA CORTE SUPREMA-PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION-CONTROL DE LEGALIDAD-COMPETENCIA-CUESTION TECNICA
Datos del Dictamen
Fecha : 12 de Noviembre de 2008
Nro. de Dictamen : 000274
Partes : SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
Emisor : OSVALDO CESAR GUGLIELMINO

Texto 

Expte. Nº 58.456/05 
Ex MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS
(y agreg. Expte. Nº 538/08
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS)




BUENOS AIRES, 12 NOV 2008


SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS:

Se solicita la opinión de este Organismo asesor con relación a un proyecto de decreto por el que se aprueba la reglamentación de los artículos 70 y 163 de la Ley Nº 24.660 -Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (B.O. 16-7-96)-, referidos al registro en la persona de los internos, de los locales que ocupan, de sus visitas y de las pertenencias, así como a los recuentos de la población carcelaria y a las requisas de las instalaciones de los establecimientos penitenciarios. 


- I -
ANTECEDENTES DE LA CONSULTA

1. Surge de los actuados que se encomendó al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal la elaboración de un proyecto de modificación de la Guía de Procedimientos de la Función Requisa, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las Recomendaciones elaboradas por el Comité contra la Tortura (CAT) del 10-12-2004, en los Criterios Refundidos de Actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, aprobados en la VIII Reunión (Madrid, Noviembre 1994) -punto D-, en las Recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH o la Comisión) en el Informe Nº 38/96 sobre el Caso Nº 
10.506, del 15 de octubre de 1996 y en los Memorandos Nº 84/2000 D.G.C.P. -Dirección General del Cuerpo Penitenciario- y Nº 109/01 D.G.R.C. -Dirección General del Régimen Correccional- (v. fs. 1/42).
La citada Dirección Nacional elaboró un proyecto de Guía de Procedimiento de Requisa (v. fs. 58), con base en el cual la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos produjo un proyecto de Reglamentación a los artículos 70 y 163 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 (v. fs. 59/63). 
Posteriormente, una Comisión de Trabajo conformada por funcionarios de ese Servicio Penitenciario propuso diversas modificaciones al proyecto (v. fs. 101/111 y 112/114), algunas de las cuales fueron incorporadas a su texto (v. fs. 120/123 y 124/135).

2. Requerida la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dicho servicio jurídico señaló que, previo a su dictamen, debían pronunciarse la Dirección General de Asistencia Técnica y Legislativa y la Secretaría de Derechos Humanos de esa jurisdicción (v. fs. 136/137).

3. La citada Dirección General de Asistencia Técnica y Legislativa manifestó no tener reparos de fondo sobre el acto en trámite (v. fs. 140/142).

4. El entonces Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la citada Secretaría de Derechos Humanos -haciendo suya la opinión formulada por el Área Jurídica Nacional de esa Secretaría- sostuvo, entre otras consideraciones, que:
a) los registros manuales, en sus modalidades superficial, semi-integral e integral a los visitantes, y en su modalidad integral al interno, son inadecuados;
b) deben implementarse métodos alternativos a esa clase de registros; en tal sentido, señaló que .los sistemas de detección de metales y de drogas se han modernizado y se implementan en numerosos países.;
c) respecto de los requisitos para efectuar el registro integral, .dejar librado al personal penitenciario la consideración de lo que son "comportamientos o manifestaciones extrañas", o bien entender como "indicios fehacientes" a "estados de nerviosismo" o "gesticulaciones", implica otorgar a dicho personal un poder que puede conducir a la arbitrariedad.;
d) el conocimiento por parte del juez competente del empleo del registro integral no garantiza los derechos de quien es sometido a ese procedimiento y, a tal efecto, debe exigirse autorización judicial (v. fs. 152/167).

5. A requerimiento de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, emitieron además su opinión la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y el Procurador Penitenciario de la Nación.
5.1. La citada Comisión observó que los parámetros previstos en la reglamentación en estudio a fin habilitar los registros semi-integral e integral (arts. 6º y 9º, inc. a)) podían conducir a un alto grado de discrecionalidad en su implementación.
No obstante, advirtió que, .tras un arduo debate en el seno de esta Comisión, no hemos logrado dar con criterios más objetivos que (.) resulten igualmente practicables frente a las razones de seguridad que subyacen en la materia y a nuestra realidad carcelaria. (v. fs. 148/149).
5.2. El Procurador Penitenciario expresó que, en diversos artículos del texto en consideración, se utilizaban conceptos ambiguos que .traen aparejados numerosos problemas de interpretación y habilitan la utilización de criterios arbitrarios, puramente subjetivos y de difícil control externo; a título de ejemplo mencionó los referidos a la observación de algún comportamiento o manifestación extraña (art. 6º) y a indicios fehacientes basados en .estado de nerviosismo, demostración de apariencia incómoda. (art. 9º inciso a)).
Además, estimó conveniente contemplar la necesidad de una orden judicial para la realización del registro en su modalidad integral, así como el uso de medios alternativos al registro manual (v. fs. 150/151).

6. A fojas 168/171 y 194/197, obran dos informes elaborados por un asesor de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
6.1. El primer informe expresa -en discrepancia con la opinión vertida por la entonces Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos Humanos- que, si bien es posible localizar objetos metálicos mediante el empleo de sistemas que utilizan el espectro electromagnético, no existen métodos alternativos eficientes para sustituir el examen manual de visitantes e internos a fin de detectar estupefacientes y drogas en general.
Asimismo señala que, al invocarse la necesidad de autorización judicial para el registro de la persona que ingresa a un establecimiento carcelario, no se contempla .la especificidad de la intervención jurisdiccional ni los tiempos que involucra la actuación de la judicatura.
6.2. El segundo informe expresa que el Reglamento Penitenciario del Reino de España aprobado por Real Decreto Nº 190 del 9 de febrero de 1996, así como la Instrucción Nº 4/2005 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dictados en el marco de la Ley Orgánica 1/1979 del 26 de septiembre, deben considerarse referentes válidos al analizarse el texto en estudio; ello, atento su carácter de antecedente de la Ley Nº 24.660.
Advierte que la pauta general en España es el contacto semanal, a través de locutorio, de los familiares con el recluso, mientras que en el régimen argentino la regla es el encuentro familiar mediante visitas de contacto .lo que acredita una diferencia sustancial en el manejo de la problemática de ingresos de elementos peligrosos a los establecimientos.
Destaca que, en el reglamento propuesto, se han seguido .las premisas de derechos humanos en el orden internacional, principalmente atendiendo al diagrama español, ya probado en el marco de los criterios fijados por la jurisprudencia de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria y del Tribunal Constitucional de aquel país, adaptándolas al orden fáctico de nuestra realidad carcelaria en el difícil límite entre la seguridad de los establecimientos y el respeto a la dignidad de la persona (v. documentación agreg. a fs. 172/193).
6.3. A fojas 198, el entonces Subsecretario de Asuntos Penitenciarios expresó que hacía suyos los informes precedentemente mencionados.

7. Al analizar el proyecto en examen, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos manifestó, entre otras consideraciones, que las previsiones contenidas en los artículos 6º y 9º de la reglamentación propiciada habilitaban el registro integral de los internos y de los visitantes en base a criterios que conllevan un alto grado de discrecionalidad en su implementación.
Señaló que, con relación al procedimiento previsto para la modalidad integral de registro, sólo se cumplían parcialmente los requisitos establecidos a ese respecto en el citado Informe Nº 38/96 de la CIDH.
Agregó que no obraba en autos información sobre las razones que impedían efectuar el registro superficial a las visitas e integral al interno, y aconsejó ampliar en el punto los fundamentos del acto en estudio (v. fs. 227/234).

8. A fojas 241/242 obra un informe que da cuenta de una reunión de trabajo convocada por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, de la que participaron integrantes de la Comisión de Cárceles, los Secretarios de los Juzgados de Ejecución Penal Nº 2 y Nº 3, asesores de la entonces Subsecretaría de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.
En esa ocasión, los representantes de la precitada Subsecretaría sostuvieron la postura expresada a fojas 152/167, y el resto de los participantes propuso diversas modificaciones que fueron luego incorporadas al proyecto en trámite.

9. En ocasión de elevar ese proyecto a consideración del entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el ex Subsecretario de Asuntos Penitenciarios manifestó que, en el texto propuesto .sobresale la enumeración de los "Principios Básicos de Intervención" del Título II, algunos de ellos adaptados de criterios jurisprudenciales de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria del Reino de España. 
Señaló que la mención de que el registro se haría en modalidad superficial al visitante e integral al interno, luego de la visita, fue incluida en el artículo 4º (inc. b) de la reglamentación, sólo en carácter de norma subsidiaria, en los casos que resulte posible; ello, en orden a que el .contexto fáctico dentro del cual se efectivizan las visitas en los establecimientos penitenciarios federales, permitió descartar la opción por inadaptable a la realidad de nuestro país.
En tal sentido expresó que, en la situación nacional, las visitas de contacto personal resultan, en principio, un derecho indiscutido, y se implementan varias veces a la semana a través de procedimientos multitudinarios de ingreso de los visitantes a dichos establecimientos; además, que el respeto irrestricto de la intimidad familiar durante las visitas es práctica inveterada de la administración penitenciaria en nuestro país y, por ende, la supervisión estatal durante el encuentro familiar .no alcanza a extremar los recaudos tendientes a impedir maniobras introductorias en el espacio carcelario de elementos de riesgo.
Agregó que la legitimación de los procedimientos de registros y requisas sobre los visitantes tiene como contrapartida el derecho de éstos de decidir, libremente, no tener contacto físico con los internos; y ello hace desaparecer la potestad de la administración de realizar inspecciones táctiles.
Además, manifestó que, al abordarse el registro de las personas bajo la modalidad integral, se introducen los postulados de la CIDH contenidos en el citado Informe Nº 38/96.
A este respecto, explicó que .la participación jurisdiccional que se propicia en el texto, para la procedencia legal de la medida (.) ha debido adecuarse a nuestra realidad nacional., ya mencionada, referida a . los procedimientos masivos de ingreso a los establecimientos penitenciarios durante las visitas.
Destacó que tales circunstancias .determinan la imposibilidad fáctica de habilitar una instancia de intervención procesal judicial plena, con amplitud de debate y prueba, y que a la vez sea rápida.
Consideró que .el conocimiento del juez competente en el plazo perentorio que se ha fijado, respecto del empleo de la modalidad integral, brinda la cobertura necesaria de control judicial para evitar la arbitrariedad y el abuso en la autoridad de aplicación.
Asimismo manifestó que, en el texto propuesto, se tuvieron en cuenta las observaciones formuladas por el servicio jurídico de esa jurisdicción (v. fs. 244/250).
Corresponde señalar que, en la nueva versión del proyecto (agreg. a fs. 252/264), se han suprimido algunos de los términos contenidos en los artículos 6º y 9º de dicho reglamento, cuestionados por diversos órganos preopinantes (v. supra 4. 5. y 7.).

10. Al ser requerida la opinión de esta Procuración del Tesoro (v. fs. 265/266), este Organismo asesor expresó que, previo a su dictamen, debía expedirse la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación (v. fs. 267/268).

11. El servicio jurídico precedentemente citado emitió su opinión a fojas 330/334.
En tal sentido, considerando .las numerosas intervenciones de organismos con competencia primaria en el tema que han analizado en profundidad y elaborado el proyecto en análisis., concluyó que .la medida se encuentra en condiciones de proseguir su curso.

12. A fojas 348, se requirió el dictamen de esta Procuración del Tesoro.

13. La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal solicitó la remisión de las actuaciones a fin de efectuar una nueva evaluación del proyecto en trámite, y devolvió posteriormente aquéllas a este Organismo asesor (v. Expte. Nº 538/08 Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, agreg. sin acumular, fs. 1 y 6).

14. A fojas 376 de estos obrados, se indica que, con relación al proyecto mencionado, se han efectuado las .adecuaciones formales, en atención a que el tiempo transcurrido, motivara el cambio de denominación de la Instancia Ministerial Superior.


- II -
EL PROYECTO DE DECRETO

1. El proyecto de decreto en trámite -Provisorio Nº 1279/07- dispone, en su artículo 1º, que la Reglamentación que se aprueba .como Anexo I forma parte integrante del presente. (v. última versión a fs. 362/375).
En su artículo 2º dispone: Facúltase al señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a dictar todas las normas aclaratorias y complementarias. 

2. El REGLAMENTO GENERAL DE REGISTRO DE INTERNOS, VISITAS, INSTALACIONES, COSAS Y RECUENTO (Anexo I cit.).
2.1. El reglamento propuesto, en el TÍTULO I -OBJETO Y ALCANCE-, expresa que las actividades de registro, recuento y requisa .serán destinadas a preservar la vida y la integridad física del personal penitenciario, de los internos y de los visitantes, y a la prevención del ingreso, tenencia y circulación de los elementos que puedan ser utilizados para afectar la seguridad general, producir alteraciones del orden o como medio para facilitar la fuga o evasión de los internos. (art. 2º).
2.2. En el TÍTULO II -PRINCIPIOS BASICOS DE INTERVENCION- dispone que los procedimientos de registro, recuento y requisa deben desarrollarse dentro de los parámetros establecidos .con determinación de responsabilidades y respetando los siguientes principios.
a) Proporcionalidad entre la intensidad de afectación a la intimidad del sujeto pasivo de la medida de seguridad utilizada y los fines que se persiguen con su utilización.
b) Toda aplicación de medidas de seguridad no ordinarias requieren la previa justificación de su necesidad por el Director del Establecimiento. El registro del visitante que exceda el simple superficial, resulta innecesario cuando se pueda llevar a cabo un examen intensivo del interno posterior a la visita, siempre que este procedimiento sea factible para el personal penitenciario interviniente y permita garantizar la seguridad de las personas y del establecimiento.
c) Para lograr el resultado perseguido, se utilizará prioritariamente aquella medida que resulte menos gravosa para la dignidad e intimidad de los internos y de los visitantes.
d) Para el empleo de las medidas de seguridad interna mencionadas en la presente reglamentación, y para fijar su intensidad en la práctica, se deberá tener en cuenta el nivel de seguridad del establecimiento y el grado alcanzado en la progresividad del régimen de la ejecución de la pena privativa de la libertad de los alojados en el mismo, considerándose habilitado el registro, cuando se justifique en los criterios de proporcionalidad y de necesidad de los incisos a) y b).
e) Los internos y los visitantes deberán ser registrados por personal penitenciario de su mismo sexo.
f) En ningún caso, el personal de seguridad podrá realizar registros en las cavidades íntimas del cuerpo de los internos o de los visitantes.
g) Todos los procedimientos de registro, recuento y requisa deberán ser planificados y organizados, su ejecución deberá ser controlada y los resultados evaluados, a efectos de poder establecer su grado de eficacia.
h) Cuando los visitantes resulten ser menores de DIECIOCHO (18) años, el registro se efectuará con la presencia de la persona mayor que los acompañe (art. 4º).
2.3. En el TÍTULO III -TIPOS DE REGISTRO-, se refiere al REGISTRO DE LAS PERSONAS (Capítulo I) y contempla tres modalidades de registro:
a) La modalidad superficial será aplicable, .de manera regular, a los internos. en las circunstancias allí indicadas y, .en general, cuando la situación lo amerite, a toda persona que pretenda ingresar a un establecimiento penitenciario.
Consiste .en una revisación corporal, mediante palpado general. (art. 5º).
Si durante el procedimiento de registro superficial .se observara algún comportamiento extraño o fuera de lo habitual, el personal penitenciario de mayor grado que se encuentre presente podrá ordenar que se realice la modalidad de registro semi-integral, debiéndose dejar explicitados, de forma escrita, los motivos que dieron lugar a la utilización de la otra clase de registro (art. 6º).
b) La modalidad semi-integral será aplicable a los internos en las situaciones allí determinadas, y a los visitantes, según lo preceptuado en el artículo 7º.
Dicha modalidad se efectuará .en condiciones y modalidad similar a la superficial, agregándose la revisión cuidadosa de las prendas. y .en detalle los objetos que portan. (art. 7º).
c) La modalidad integral será aplicable .a los internos y, en su caso, a los visitantes, con excepción de los menores de DIECIOCHO (18) años (.) Consiste en la inspección del cuerpo del sujeto, luego de haber sido invitado a desvestirse, y en la observación de sus partes y/o cavidades íntimas, realizadas exclusivamente por personal médico (.) se practicará evitando el desnudo total (.) no deberán excluirse aquellas medidas tendientes a asegurar la rápida intervención del personal de seguridad, cuando las circunstancias lo requieran para preservar la vida y la integridad física de las personas (art. 8º).
2.3.1. Para realizar el registro integral, tanto en el caso de los internos como en el de los visitantes, .deberán reunirse necesariamente las siguientes condiciones para su realización:
a) Indicios que hagan presumir que el sujeto pasivo del registro pudiera ocultar en su cuerpo algún elemento cuyo ingreso se encuentre prohibido. Estos indicios pueden basarse en movimientos extraños, gesticulaciones, estado de nerviosismo, intento de evadir los controles y demostración de apariencia incómoda.
b) No existencia de alternativa posible que reemplace esta modalidad de registro.
c) Resolución fundada del Director del establecimiento carcelario, o quien lo reemplace.
La medida deberá ser puesta en conocimiento del juez a cuya disposición se encuentre el interno involucrado, por la vía más rápida disponible dentro de un plazo de CUARENTA y OCHO (48) horas (art. 9º).
2.3.2. En el TÍTULO III el reglamento en trámite se refiere, además, a la REQUISA DE LAS INSTALACIONES (Capítulo II), al REGISTRO DE LAS COSAS (Capítulo III) y a los REGISTROS SEGéN EL LUGAR DE REALIZACIÓN (Capítulo IV).
2.4. En el TÍTULO IV el reglamento en trámite se refiere al RECUENTO de lo internos.
2.5. En el TÍTULO V incluye DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, y entre ellas, establece que: 
a) El visitante .podrá ser exceptuado de los procedimientos de registro corporal, a su solicitud, sin que ello implique la supresión del examen de visu de su persona y vestimenta, ni del empleo de sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces. En tal supuesto, la visita sólo podrá ser realizada sin contacto en locutorio o, si lo permiten las instalaciones, en sector separado que permita el registro posterior del interno, previo a su reintegro al sector de alojamiento. (art. 22).
b) El personal penitenciario que desempeñe tareas de seguridad interna y registro debe ser instruido en la materia, y capacitado respecto de la normativa sobre el trato a las personas en el contexto de los derechos humanos (art. 25).
c) Los registros en las modalidades semi-integral e integral practicados a los visitantes .deberán realizarse en lugares cerrados donde se preserve la intimidad de los registrados., y cuando se practiquen a los internos .deberá también preservarse, en lo posible, su intimidad. (art. 28). 


- III -
RESEÑA NORMATIVA

1. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, dispone que los Tratados de Derechos Humanos allí enumerados -entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la CADH o la Convención)-, .en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional.

2. La CADH establece, en su artículo 1º, que los Estados Partes .se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
En su artículo 5º dispone: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Establece, además, que toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales (v. art. 7º), a la protección de la honra y de la dignidad (v. art. 11), y a la familia (v. art. 17).
En su artículo 32.2. expresa que los derechos de cada persona .están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 

3. La citada Ley Nº 24.660, en su artículo 70, dispone: Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la dignidad humana.
En su artículo 163 establece: El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será realizado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del mismo sexo del visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.


- IV -
EL INFORME Nº 38/96 DE LA CIDH

Previo a expedirme respecto del procedimiento establecido en la reglamentación en trámite para las actividades de registro, recuento y requisa ya mencionadas, y teniendo en cuenta que el texto propuesto contempla la modalidad de registro integral de las personas, estimo conveniente hacer especial referencia a los conceptos formulados por la CIDH en el Informe Nº 38/96 antes citado.

1. En dicho Informe, emitido el 15 de octubre de 1996 en el caso Nº 10.506, X & Y c. Argentina, la CIDH se pronunció respecto de la facultad del Estado para efectuar exámenes vaginales a las visitantes a establecimientos carcelarios (v. copia, foliada de modo incorrecto, obrante a fs. 8/32). 
1.1. Cabe señalar que, en la denuncia presentada ante esa Comisión, se alegó que las autoridades penitenciarias federales habían comunicado a la esposa de un interno que, para poder realizar una visita de contacto personal, ella y su hija de 13 años debían someterse a una revisión vaginal; y que esas revisiones eran realizadas en forma rutinaria.
1.2. La decisión de la autoridad penitenciaria había sido recurrida judicialmente mediante un amparo que, denegado en primera instancia, fue luego admitido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
1.3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la resolución del Tribunal de Alzada y aprobó dicha medida administrativa; ello, con fundamento en que .son legítimas las medidas fuertemente limitativas de la libertad individual cuando ellas tienden a preservar un interés vital -como la preservación de la integridad física de los internos en una unidad carcelaria- y no parecen existir vías alternativas menos restrictivas para satisfacer ese interés estatal. (v. Fallos 312:2218). 

2. Al fundamentar su opinión en el referido Informe Nº 38/96, la CIDH señaló que el artículo 32.2. de la CADH reconoce la existencia de ciertas limitaciones inherentes a los derechos de las personas que resultan del convivir en sociedad; y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que las restricciones a los derechos consagrados en la Convención .deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que atañen a los medios a través de los cuales se manifiestan y condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse (ap. 56, y 59 y su cita).
En consecuencia, opinó que una medida que de algún modo afecte los derechos protegidos por la CADH debe necesariamente: 1) ser prescripta por la ley; 2) ser necesaria para la seguridad de todos y guardar relación con las demandas justas de una sociedad democrática y c) su aplicación debe ceñirse a las circunstancias enunciadas en el artículo 32.2, y ser proporcional y razonable a fin de lograr esos objetivos (v. ap. 60).

3. La CIDH agregó que la razonabilidad y proporcionalidad de una medida pueden determinarse únicamente examinando el caso específico, y que .una inspección vaginal es mucho más que una medida restrictiva., pues .implica la invasión del cuerpo de la mujer. (ap. 71).
Estimó entonces que, para establecer la legitimidad de una revisión vaginal, en un caso particular, deben cumplirse cuatro condiciones: 1) ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en el caso específico; 2) no existir alternativa alguna; 3) ser, en principio, autorizada por una orden judicial y 4) ser realizada por un profesional de la salud (v. ap. 72).

4. Respecto de las manifestaciones del Gobierno argentino, en orden a que el procedimiento implementado para esa inspección corporal no era obligatorio y se realizaba únicamente con el consentimiento de los visitantes, la CIDH expresó que .el Estado no puede proponer o solicitar que las personas bajo su jurisdicción se sometan a condiciones o procedimientos que pueden constituir una violación de los derechos protegidos por la Convención. (ap. 77).
Añadió que .cuando el Estado realiza cualquier tipo de intervención física en un individuo, debe observar ciertas condiciones para asegurar que no produzca más angustia y humillación que lo inevitable (.) se debe disponer siempre de una orden judicial que asegure algún control sobre la decisión referente a la necesidad de su aplicación, y para que la persona que se vea sometida a ella no se sienta indefensa frente a las autoridades. (ap. 87).
Asimismo manifestó: Las visitas con contacto personal no son un derecho y en muchos países este tipo de visita ni siquiera es una opción (.) Sin embargo, cuando el Estado reglamenta la manera en que los reclusos y sus familias ejercen el derecho a la familia, no puede imponer condiciones o llevar a cabo procedimientos que constituyan una violación de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención, al menos, sin el debido proceso. (ap. 99).

5. La Comisión reconoció .las medidas tomadas por el Estado argentino para modificar su sistema penitenciario, específicamente en lo referente a la violación denunciada en el presente caso (ap. 112).
No obstante, expresó que, si bien el artículo 163 del entonces proyecto de ley de ejecución de la pena privativa de la libertad .es, en principio, consistente con las recomendaciones de la Comisión (.) no menciona expresamente el tipo de inspección corporal invasiva que ha sido analizada en el presente informe. (ap. 115). 

6. Concluyó entonces que, .al imponer una condición ilegal a la realización de las visitas a la penitenciaría sin disponer de una orden judicial ni ofrecer las garantías médicas apropiadas y al realizar revisiones e inspecciones en esas condiciones, el Estado argentino ha violado los derechos de la Sra. X y su hija Y consagrados en los artículos 5, 11 y 17 de la Convención en relación al artículo 1.1 (.) de esa Convención. (v. ap. 116).

7. Por último, recomendó la adopción de medidas legislativas o de otro carácter en orden a las obligaciones establecidas por la CADH expresadas en ese Informe (v. ap. 117).


- V -
ANÁLISIS DEL PROYECTO EN CONSULTA

1. El proyecto de decreto en trámite (v. supra -II-) aprueba la reglamentación de los artículos 70 y 163 de la Ley Nº 24.660 (v. supra -III- 3).
Dicha reglamentación establece el procedimiento que debe implementarse para: a) el registro de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen; b) los recuentos; c) las requisas de las instalaciones del establecimiento penitenciario y d) el registro del visitante y sus pertenencias.
En lo que atañe al registro de las personas, se contemplan tres modalidades: a) superficial; b) semi-integral y, finalmente, c) integral.
Tal como quedó expresado en el Capítulo II, punto 2.3., apartado c) del presente asesoramiento, la modalidad integral incluye la observación, por personal médico, de las partes y/o cavidades íntimas del cuerpo de los internos y visitantes. 

2. Sentado lo anterior corresponde ingresar al análisis jurídico del proyecto en curso, a la luz de la recomendación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la normativa internacional que rige la materia y las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en el ámbito internacional. 

3. La divergencia de criterios que se suscita en estos autos se presenta, justamente, respecto del examen manual, que incluye, naturalmente, el registro anal y vaginal. 
Es que el artículo 163 de la Ley Nº 24.660, al autorizar el registro de los visitantes, establece que el registro manual debe ser sustituido .por sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces; ello, .en la medida de lo posible.
Así, la Subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos Humanos del ministerio de origen afirma que existen tales técnicas (v. fs. 152/167). Sin embargo, un asesor de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios sostiene que no se cuenta con métodos alternativos que permitan excluir la examinación manual (v. fs. 168/171).
En efecto, en la OPINIÓN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE REGISTRO DE INTERNOS, VISITAS, INSTALACIONES Y COSAS, ELABORADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS del Área Jurídica Nacional de la Secretaría de Derechos Humanos, que el Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos hace suya (v. fs. 152/167), se indica -entre otras cuestiones- que .Pasaron diez años desde la sanción de la Ley 24.660 y desde que la CIDH emitió el informe 38/96. Durante ese lapso, los sistemas de detección de metales y de drogas se han modernizado, y se implementan en numerosos países del mundo, no sólo en Europa y Estados Unidos, sino también en América Latina (.).
En Chile se aplican sistemas de detección por rayos X de alta resolución para el ingreso de bultos; sistemas altamente sensibles de detección de metales con tecnología Silla BOS y de drogas y explosivos de última generación -por aspiración de partículas- (.) con lo que se optimiza la revisión y el ingreso de visitas (www.minjusticia.cl/Comunicados/2005). (.) Es decir: los "medios alternativos para detectar la presencia de objetos prohibidos" sí existen (.) Son los mecanismos (arcos detectores de metales) que se comprometió a instalar la entonces Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, en el año 2000, y que pueden observarse en casi todos los establecimientos penitenciarios federales, instalados en las zonas de ingreso y en los módulos, aunque sin funcionar (el destacado es propio).
La afirmación, como se dijo, es enfáticamente negada a fojas 168/171, por un Asesor de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, quien señala que .Asiste razón al Área Jurídica en lo concerniente a la localización de objetos metálicos, mediante el empleo de sistemas que utilizan el espectro electromagnético (v.gr. Rayos X), pero yerra cuando sostiene que existen opciones alternativas en reemplazo de la examinación manual, para detectar estupefacientes y drogas en general. El único modo que permite obtener un alto grado de efectividad en la búsqueda de este tipo de elementos -que por otra parte es un problema grave en los establecimientos hoy en día- es el registro manual de las personas que ingresan en ellos. Para concluir que, .la requisa manual es una modalidad más, entre todas las alternativas no taxativas que la ley permite utilizar a la autoridad de aplicación y cuya elección delega a la reglamentación que eventualmente se dicte. Sólo prevé su sustitución "en la medida de lo posible", lo que no puede ponderarse sino a favor de su empleo en los casos en los que resulte imprescindible en orden al objetivo legal de impedir la entrada de elementos peligrosos en los establecimientos. Resulta claro que si el registro manual es el único idóneo (.) deviene imperativo para el Estado su uso.

4. Está claro que el control de legalidad que ejerce este Organismo Asesor se circunscribe a los aspectos jurídicos de todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias, debiendo entonces abstenerse de abrir juicio sobre aspectos técnicos que éstas contengan (v. Dictámenes 222:137 y 236:202, entre otros). Siendo ello así, la ponderación de la existencia de métodos alternativos al registro manual -cuestión de carácter eminentemente técnico-, debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trata (v. Dictámenes 212:87 y 233:109, entre otros),
Por ende, frente tal disyuntiva, considero que deben extremarse las medidas para dilucidar si el registro manual (requisa física) es el único medio idóneo para la detección de sustancias prohibidas en el ingreso a establecimientos carcelarios, de modo de evitar incurrir en responsabilidad internacional por violación de los principios que inspiran la rama del derecho que la rige. 

5. En efecto, en primer lugar y en lo que se refiere a los registros vaginales y anales, cabe destacar que desde la doctrina, se ha definido este tipo de actividad estatal de restricción de derechos (todo registro de hecho lo es, porque posee carácter invasivo sobre la intimidad y/o los bienes de las personas) bajo la especie escrutinio directo.
Asimismo, se ha entendido que .Es el Estado el que debe probar que aquella es necesaria para el logro de un apremiante interés público y que está ajustadamente (ceñidamente) diseñada para servir a ese interés (BIANCHI, Enrique T. La libertad de expresión de quien trabaja para el estado, J.A., 2000-II-943, citado en ATTA, Gustavo, El control de razonabilidad: escrutinio estricto, L.L. 2003-C, 247).
.Además el fin invocado por el Estado no debe ser meramente legítimo sino que debe ser un interés público intenso o urgente. Por último, el Estado debe demostrar que la medida es estrictamente necesaria, en otras palabras, que no hay otras alternativas menos gravosas o menos restrictivas del derecho constitucional afectado. En consecuencia, ya no basta la adecuación entre el medio empleado y el fin perseguido (ATTA, G., op. cit.).
Ése resulta ser el criterio hermenéutico que ha seguido el voto minoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Arena María y Lorenzo, Karina s/recurso de amparo (Fallos 312:2218), decisorio éste que motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Informe Nº 38/96 ya mencionado.
En dicha sentencia, el voto disidente del doctor Fayt -tomando como eje el concepto de escrutinio directo- consideró inválidas las disposiciones cuestionadas, siguiendo la línea luego establecida por la CIDH, y entendió que .en la actualidad se ofrecen comercialmente medios de detección más eficaces que los tactos vaginales y la inspección ocular. Tales los sillones o banquetas detectoras.

6. En ese orden de ideas y respecto de las opciones en materia de requisas personales, en especial frente a la denominada inspección vaginal, el Informe CIDH Nº 38/96 claramente indicó que:
74. La Comisión considera que la práctica de realizar revisiones e inspecciones vaginales y la consecuente interferencia con el derecho de visita no sólo deberá satisfacer un interés público imperativo, sino también deberá tener en cuenta que "entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido".
Agregándose que:
75. Los hechos sugieren que la medida no era la única, ni tampoco quizá la más eficiente, para controlar el ingreso de narcóticos y otras sustancias peligrosas a las penitenciarías. Tanto la Sra. X como su hija fueron, como se ha admitido, sometidas al procedimiento todas las veces que visitaron al marido de la Sra. X y, a pesar de ello, durante una investigación rutinaria de su celda, se encontraron en su posesión 400 gramos de explosivos.
76. Hay indicaciones de que otros procedimientos menos restrictivos, como la inspección de los internos y sus celdas, constituyen medios más razonables y eficientes para garantizar la seguridad interna. Además, no debe ignorarse que la situación legal especial de los internos en sí conlleva una serie de limitaciones en el ejercicio de sus derechos. El Estado, que tiene a su cargo la custodia de todas las personas detenidas y es responsable de su bienestar y seguridad, tiene mayor latitud para aplicar las medidas que sean necesarias para asegurar la seguridad de los internos. Por definición, las libertades personales de un detenido son restringidas y, por lo tanto, en ciertos casos puede justificarse la inspección corporal, e incluso la revisión física invasiva, de los detenidos y presos, por métodos que igualmente respeten su dignidad humana (.). 
La Corte Interamericana ha establecido que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos, lo cual implica, entre otras cosas, que le corresponde explicar lo que suceda a las personas que se encuentran bajo su custodia. Las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. 
En el caso que nos ocupa, hubiera sido obviamente más sencillo y más razonable inspeccionar a los internos después de una visita de contacto personal, en lugar de someter a todas las mujeres que visitan las penitenciarías a un procedimiento tan extremo. Sólo en circunstancias específicas, cuando hay fundamento razonable para creer que representan un peligro concreto para la seguridad, o que están transportando sustancias ilícitas, se deben hacer inspecciones de los visitantes.
.79. Por otra parte, la Comisión desea hacer notar que en el caso de Y no era posible contar con un consentimiento real dado que, en ese momento, era una niña de 13 años totalmente dependiente de la decisión tomada por su madre, la Sra. X, y de la protección que le ofreciera el Estado. Además, por el evidente motivo de la edad de la niña, el método de revisión vaginal empleado resultaba absolutamente inadecuado e irrazonable.
80. Por lo tanto, en opinión de la Comisión, en el caso bajo examen las autoridades penales disponían de otras opciones razonables para asegurar la seguridad en la penitenciaría. 
Al decir de la propia CIDH, .La inspección vaginal, por su naturaleza, constituye una intrusión tan íntima del cuerpo de una persona que exige protección especial. Cuando no existe control y la decisión de someter a una persona a ese tipo de revisión íntima queda librada a la discreción total de la policía o del personal de seguridad, existe la posibilidad de que la práctica se utilice en circunstancias innecesarias, sirva de intimidación y se constituya en alguna forma de abuso. (par. 82, Informe CIDH Nº 38/96).
De lo hasta aquí expresado, puede concluirse que la requisa personal por medio de la violación de la intimidad de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitar personas allí alojadas con restricción de su libertad, siendo sustituible en la medida de lo posible por otros medios o técnicas de similar efectividad, no se condeciría con la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmada en el Informe CIDH Nº 38/96 y otros documentos relacionados.
De existir, entonces, medidas alternativas, a la luz de la recomendación del Órgano internacional, la legitimidad de la inspección vaginal o anal resultaría cuestionable. 

7. Lo expuesto en el punto anterior no implica restringir la facultad del Estado de imponer ciertas limitaciones a los derechos de las personas cuando esté en peligro la seguridad de todos, en la medida que dichas restricciones respeten los principios de legalidad y proporcionalidad que imperan en un Estado de Derecho. En tal sentido, corresponde buscar el modo en que ambos sean armonizados, evitando que se reitere la eventualidad de una situación como la que generó el Informe CIDH Nº 38/96. Por ello, en mi opinión, esto amerita una discusión más profunda de los especialistas en los aspectos que aún persisten ambiguos.

8. En lo que concierne a la protección de la integridad física de las personas que eventualmente pueden ser objeto de estas revisiones cabe recordar que la CADH en su artículo 1.1. establece dos obligaciones primordiales para los Estados Partes: la obligación de respeto de los derechos en ella reconocidos y la obligación de garantizar su pleno y libre ejercicio.
El contenido de la obligación de garantía fue definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso que inauguró su competencia contenciosa -Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988-, del modo siguiente: .La segunda obligación de los Estados Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. 
Al respecto, en la sentencia recaída en el caso Simón, Julio Héctor y otros sobre privación ilegítima de la libertad, etc. (Poblete) -Fallos 328:2056-, el Procurador General de la Nación en su dictamen, sostuvo que: .Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Agregó allí también que .La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (de los párrafos 166 y 167).
Así, el proyecto de decreto reglamentario que es objeto de mi intervención, al precisar las disposiciones de la Ley Nº 24.660 debe, no sólo adecuarse a lo expresado anteriormente, sino seguir los lineamientos del Informe CIDH Nº 38/96. 
De ese modo, la República Argentina cumplirá con su obligación de respeto eficaz de la Convención así como también prevendrá eventuales violaciones al derecho de integridad física o intimidad de las visitas a cárceles en el país, que podrían invocarse por los afectados contra el Estado Argentino en jurisdicción internacional por la realización de revisaciones en la modalidad denominada integral. 

9. En lo que concierne al valor de la jurisprudencia, opiniones, informes, declaraciones y principios emanados de los organismos internacionales, particularmente la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el máximo Tribunal argentino tuvo oportunidad de referirse, en numerosos casos, algunos de los cuales se citan a continuación. 
En efecto, en el caso Giroldi, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la jurisprudencia de los organismos internacionales de control .debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. (Fallos 318:514, Considerando 11).
En el mismo fallo, la Corte interpretó que el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, inviste de jerarquía constitucional a algunos tratados sobre derechos humanos. Dicha norma dispone que tal jerarquía constitucional se reconozca en las condiciones de su vigencia, lo cual significa tal como (.) -el tratado- efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. 
En la misma línea falló el Alto Tribunal en los casos Bramajo (Fallos 319:1840, Considerando 8º), Carro Evangelista (Fallos 327:352, Considerando 13), Romero Cacharane (Fallos 327:388, Considerando 11) y Simón (Fallos 257:99, Considerando 17). 
A la luz de lo expresado, cabe afirmar que el valor general de los informes de la CIDH, según la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema es el de guía interpretativa o pauta hermenéutica. 
Particularmente en relación a los informes preparados por la CIDH en un caso individual, se entiende que el Estado debe encomendar sus mayores esfuerzos para el cumplimiento de las recomendaciones allí estipuladas, a pesar de no ser obligatorios a priori.
En este sentido, Juan Méndez, ex Presidente de la Comisión Interamericana afirmó .Los informes de la CIDH (.) a menudo contienen reflexiones críticas sobre el grado de cumplimiento por el Estado de sus obligaciones internacionales. Por cierto, las recomendaciones que en ellos se hacen no son vinculantes. Sin embargo, aun en su carácter de "derecho blando", se constituyen en poderosas herramientas para la corrección de conductas y políticas que no se compadecen con los derechos humanos." (Curso General, IIDH, San José, Costa Rica, 2002).
Es que, tal como lo expuso la CSJN en la causa Acosta -citada más arriba-, por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado Argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél .debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable. a las recomendaciones de la CIDH; ello, en coincidencia con la Opinión Consultiva Nº 13/93 de la Corte Interamericana de la Derechos Humanos, y con la sentencia de dicho tribunal en el caso Loayza Tamayo, del 17 de julio de 1997. 
Agrego también, al respecto, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha indicado que .es el Poder Ejecutivo Nacional quien tiene la atribución de representar a la República Argentina en el marco de aquellos asuntos que puedan involucrar la responsabilidad del país en la esfera internacional, toda vez que le ha sido conferido constitucionalmente el ejercicio de la conducción de las relaciones exteriores de la Nación (art. 99, inc. 11, Constitución Nacional; Fallos: 325:380, considerando 51); lo que significa que .en la custodia de los intereses del Estado Nacional, deberá actuar por un interés propio respecto de las consecuencias que podría traer aparejado el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones y decisiones adoptadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a los hechos denunciados. (Fallos, 330:1135; in re Lavado, Diego Jorge y otros c/Mendoza, Provincia de y otro s/acción declarativa de certeza, 20-03-07; Considerando 13 y 14).
Por ello, a tenor de la postura de nuestro más Alto Tribunal, respecto de las opiniones de la CIDH, se ha señalado que para .abandonar una "interpretación-guía", los jueces locales (argentinos, en el caso) tendrán que dar razones valederas, de modo parecido al que un juez puede desvincularse de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aportando nuevos argumentos o abordando aspectos no tratados por ella, en la interpretación normativa del caso. (Sagües, Néstor: Nuevamente sobre el valor, para los jueces argentinos, de los pronunciamientos de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de interpretación de derechos humanos, JA 1999-II-364).
Ahora bien, esta Casa ha dicho que .El asesoramiento de la Procuración del Tesoro de la Nación debe, en principio, atenerse a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a la interpretación y aplicación del Derecho, aun cuando se opongan a los de este Organismo asesor, dado la necesidad de ahorrarle al Estado las consecuencias patrimoniales adversas que se derivarían de acciones judiciales en su contra con pronóstico gravemente desfavorable (Dictámenes 207:578; 210:108; 211:334; 212:327 y 237:438).
En el presente caso, esto podría verse agravado ya no por la litigiosidad interna, sino por las consecuencias negativas que podrían surgir para el Estado Nacional en el ámbito internacional por incumplimiento de la recomendación inserta en el Informe CIDH Nº 38/96.

10. Finalmente, corresponde hacer referencia a un documento elaborado en fecha reciente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 131º Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
En dichas sesiones, mediante Resolución CIDH Nº 1/08 se aprobaron los denominados Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los cuales resultan de central importancia para el análisis de la cuestión que se somete a consulta.
Ello, con sustento en .el derecho fundamental que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral; DESTACANDO la importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad; TENIENDO PRESENTE que las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la protección de las víctimas y de la sociedad, y finalmente, RECORDANDO que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos se han comprometido a respetar y garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción (.).
Entre los principios allí enumerados, el Principio XXI, Registros corporales, inspección de instalaciones y otras medidas establece que: 
Los registros corporales, la inspección de instalaciones y las medidas de organización de los lugares de privación de libertad, cuando sean procedentes de conformidad con la ley, deberán obedecer a los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 
Los registros corporales a las personas privadas de libertad y a los visitantes de los lugares de privación de libertad se practicarán en condiciones sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberán ser compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos fundamentales. Para ello, los Estados Miembros utilizarán medios alternativos que tomen en consideración procedimientos y equipo tecnológico u otros métodos apropiados.
Los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley.
Las inspecciones o registros practicados al interior de las unidades e instalaciones de los lugares de privación de libertad, deberán realizarse por autoridad competente, conforme a un debido procedimiento y con respeto a los derechos de las personas privadas de libertad (el destacado no está en el original).
En tales condiciones, considero que las opiniones vertidas en estas actuaciones, respecto al proyecto de decreto en trámite, deberían ser revisadas a la luz de los principios que emanan del documento al que se hace referencia en el primer párrafo de este apartado, el que no ha sido valorado por las áreas intervinientes.

11. Independientemente de lo hasta aquí analizado, observo que en oportunidad del citado Informe Nº 38/96, se cuestionó el, por entonces, proyecto de ley (de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad), pues éste no mencionaba en su artículo 163 ...el tipo de inspección corporal invasiva que ha sido analizada (v. supra -IV- especialmente ap. 5).
Posteriormente, la Ley Nº 24.660, al autorizar el registro de los internos y de los visitantes, remitió a la reglamentación a dictarse la determinación del procedimiento que debe implementarse a ese efecto, sin referirse expresamente al registro integral ya comentado (v. arts. 70 y 163 cit.).
Por ello, estimo aconsejable que, en su caso y en orden a lo manifestado en el referido Informe de la CIDH, se considere la posibilidad de propiciar la modificación legislativa correspondiente. Ello, teniendo en cuenta, además, la invocada imposibilidad fáctica de requerir autorización judicial para la realización de ese examen corporal (v. supra -I- 9).

12. En relación con el sistema implementado en la reglamentación en examen para la requisa de instalaciones, el registro de las cosas y el recuento de los internos (v. TÍTULOS III y IV), no tengo reparos que oponer.


- VI - 
CONCLUSIÓN

En mérito de todo lo expuesto, considero que, previo a la continuación del trámite del proyecto de decreto, corresponde: a) determinar si existen otros métodos alternativos capaces de reemplazar el registro manual de las personas; b) revisar las opiniones vertidas en estas actuaciones a la luz de los principios que emanan de la Resolución CIDH Nº 1/08 y, finalmente, c) valorar, en caso de así corresponder, lo manifestado en el punto 11 del Capítulo anterior. 
Así opino.

OSVALDO CESAR GUGLIELMINO
PROCURADOR DEL TESORO DE LA NACION



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un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho