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sobre Protección de Datos Personales

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Argentina [ 03 Febrero 2011 ] [C?mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial]  M. A. N?jera vs. Banco de la Provincia de Buenos Aires    caché ES 

El artículo 1071 bis del Código Civil establece que el juez podrá, a solicitud del agraviado, hacer publicar la sentencia en un diario del lugar, si ello sirviera para reparar adecuadamente la afectación del damnificado. De ello se sigue que como requisitos para que proceda la reparación deberían verificarse: (i) el pedido del damnificado y, (ii) que la publicación sea efectiva para que el agravio quede desvirtuado. El primero de los mencionados dada la claridad de la norma no merece mayores comentarios. En cambio, el segundo no es sencillo de evaluar pues, a modo de ejemplo en casos en que se ofende la intimidad, la reedición de los hechos y su pública ventilación pueden dar lugar al agravamiento del daño. Mas se entiende que esto último no se verificaría en el caso y, no puede soslayarse que ha sido la agraviada la que consideró que la publicación era la mejor manera de recomponer sus derechos personalísimos afectados (véase CNCiv, Sala C, 27.6.89, "F, M. J. c/ Editorial Perfil y otros", LL 1989-E-42). En la situación descripta corresponde ordenar la publicación de las partes relevantes de este decisorio el primer día domingo -desde que adquiera firmeza- en El Día de la ciudad de La Plata.




Ref. Normativas : 

Código Civil Art.1071

http://www.microlex.com.ar/buscar/cij/97694.pdf

En Buenos Aires a los 3 días del mes de febrero de  dos mil once, reunidos los 

Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los 

autos  “NAJERA MARTA ALICIA, C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, S/ ORDINARIO” (Expediente N° 91971/07, del Juzgado  

Comercial N° 11, Secretaría N° 22 y N° 57.798/07 del Registro de ésta Cámara) en 

los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en 

el siguiente orden: Doctores Barreiro, Tevez y Ojea Quintana. 

  Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: 

  ¿Es arreglada a  derecho la sentencia apelada de fs.  342/346? 

  El Señor Juez de Cámara doctor  Barreiro dice:   

I. Los antecedentes.

(a) MARTA ALICIA NAJERA promovió demanda de daños y

perjuicios contra el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la 

suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) con más sus intereses y sus costas y, 

solicitó la publicación de la sentencia en determinados diarios (v. fs. 102/107). 

Adujo que con fecha 1 de diciembre de 2006 presentó a través de la 

Sra. Julia Gómez en la sede Lacroze del Banco demandado, una nota para informar 

su desvinculación de la sociedad DROGUERIA GENERAL S.A. y solicitar  la baja 

de la autorización de su firma en la cuenta corriente nro 4011-14922/0. Aclaró que 

en dicha oportunidad acompañó actas labradas ante la notaria Crespo y copia 

certificada de la  modificación del directorio de la mentada sociedad.  

Dijo que la desvinculación se notificó a todas aquellas entidades 

bancarias en las que operaba  Droguería General SA (v.gr. Banco Ciudad de Buenos 

Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Credicoop Cooperativo y Banco 

Provincia de Neuquén). Dijo que a pesar de las múltiples comunicaciones habidas, la 

demandada no actualizó los datos relativos a la cuenta corriente perteneciente a 

Droguería General S.A. 

Relató que recién el 7 de mayo de 2007,  el  Banco Provincia contestó 

su nota de fecha 3.5.07 y le hizo saber que procedería a desvincularla ante el BCRA 

de los cheques nros. 46.546.659 y 46.546.647, los cuales habían sido rechazados por 

falta de fondos. 

Explicó que remitió una nota a la Gerencia de Gestión de la 

Información del Banco Central de la República Argentina  narrando lo acontecido. 

Además,  le solicitó directa intervención en la cuestión y la actualización de la 

información de firmantes autorizados en la cuenta corriente nro  4011-14922/0.  

Continuó diciendo que el 28.5.07 el BCRA  le hizo saber que el 

reclamo debía presentarse ante la entidad bancaria a la cual pertenecía la cuenta. 

Dio cuenta del contenido de los informes financieros que hubo 

solicitado entre el 30.4.07 y el 7.6.07.  

Alegó que como consecuencia de la inclusión indebida en las bases de 

datos no sólo padeció un agravio moral sino  que además, se vio perjudicada su 

imagen profesional y comercial. 

Refirió a la carta documento  que con fecha 31/05/2007 remitió al 

banco demandado dándole a conocer los alcances del  daño producido y a la 

respuesta que hubo recibido el 1.6.07. 

Aseguró que ante los informes comerciales negativos, le fue denegado 

un crédito  solicitado ante el Banco Credicoop el 5.5.07. 

Luego de  dar cuenta de sus antecedentes profesionales y laborales, 

practicó liquidación de los rubros indemnizatorios pretendidos del modo siguiente: 

a) daño moral: $ 20.000, b) daño en la imagen: $ 20.000 y, c) daño comercial: $ 

5.000.  Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

(b) A fs. 126/130 contestó demanda el BANCO DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES, solicitando el rechazo de la demanda con expresa imposición 

de costas. 

Realizó una negativa genérica de los hechos esgrimidos por la actora, 

negando especialmente: (i) que la actora tuviese derecho alguno a reclamar daño 

moral contra la entidad bancaria; (ii) la nota presentada al banco con fecha 

01/12/2006 y que la desvinculación fuera del 03/08/2006; (iii) los supuestos 

reclamos efectuados por la actora, incluso los realizados ante el Banco Central; (iv) 

la validez del informe financiero; (v) que el banco no hubiese atendido a los 

reclamos; (vi) que la entidad financiera haya ocasionado a la Sra. Najera daño 

alguno; (vii) la documental presentada entre otros: el acta de mediación y su boleta 

de depósito, la notas de fecha 29/11/2006 dirigidas a diversas entidades financieras, 

el informe emitido por el Veraz, el curriculum vitae de la actora, las notas e 

informes emitidas por el Banco Central. 

Relató que la primera nota recibida por el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires solicitando la desvinculación data del 03/05/2007 y, que en la 

contestación del 07/05/2007 el banco accedió a la desvinculación con la finalidad 

última de evitar que se ocasione perjuicio alguno a la actora. 

Citó la normativa relativa al rechazo de cheques y el reglamento de la 

cuenta corriente bancaria.  

Alegó que en virtud de la desaparición del registro de 

cuentacorrentistas inhabilitados y el surgimiento de la “Central de Cheques 

Rechazados”, la actora jamás se encontró impedida para operar como titular, 

apoderada o representante en la cuentas corrientes bancarias existentes a nombre de 

la Sra. Najera.  

Por otro lado, arguyó que la actora no probó la existencia del daño 

reclamado, ni el cumplimiento de los requisitos esenciales para que se configure 

dicho perjuicio. Finalmente dijo que cualquier reclamo posible debería ser intentado 

contra la sociedad titular de la cuenta corriente quien incumplió la reglamentación 

vigente. 

II. La sentencia recurrida.         

En el decisorio de fs. 342/346 la juez  a quo rechazó la demanda 

incoada por  Marta Alicia Najera contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y 

le impuso a la primera las costas del proceso. 

Para resolver en el sentido apuntado ponderó –luego de analizar los 

requisitos que resultan necesarios para tener por configurada la responsabilidad civil 

de la demandada- que: a) la actora no acreditó que  a la fecha del rechazo de los 

cheques librados por Droguería General SA hubiera comunicado al banco su 

desvinculación con la sociedad libradora, b) la nota supuestamente cursada por la 

Sra. Najera el 29.11.06, fue desconocida por la entidad bancaria y el testimonio de la 

Sra. Gómez es insuficiente para tener por  acreditada la entrega de la misma, c) 

frente a cada uno de los probados reclamos de la actora, la entidad obró en 

consecuencia y brindó respuesta (v.gr. a las cartas documento), d) los rechazos de 

los cheques que dieron lugar a la calificación adversa ocurrieron antes de que la 

actora comunicara al banco su desvinculación con la sociedad libradora. Ergo, no 

puede imputársele obrar indiligente a la entidad, e) en tanto no se configuró en la 

especie la conducta que la actora endilgó al banco (v.gr. ilicitud en el obrar),  queda 

desvirtuado el marco jurídico para atribuirle responsabilidad por los perjuicios que 

dijo haber padecido la Sra. Najera. 

III. El recurso. 

La parte actora apeló la sentencia en fs. 352. Concedido libremente el 

recurso, el escrito continente de los agravios obra glosado en fs.  367/374 y su 

responde en fs. 376/381. 

Las críticas formuladas por la Sra. Najera –enderezadas a obtener la 

revocación del decisorio- pueden sintetizarse del modo siguiente: (i)  la juez utilizó Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

un solo argumento para desestimar el reclamo y se ciñó a analizar si la actora había 

presentado o no  ante el banco la carta fechada el 29.11.06, (ii) la magistrada soslayó 

que luego de asumir el banco  el 7.5.07 el compromiso de adecuar los registros no 

produjo prueba alguna tendiente a acreditar cuándo cursó el aviso al BCRA, (iii) no 

ponderó la sentenciante que recién el 12.6.07 y  sólo después del requerimiento del 

BCRA de fecha 28.5.07, se modificaron los datos relacionados con la situación 

financiera de la actora, (iv)  concluyó erróneamente que la conducta de la actora fue 

la que causó los daños y desatendió el hecho de que el banco mantuvo 

arbitrariamente la calificación comercial.   

IV. La solución. 

a) Previo a ingresar al análisis de los argumentos  plasmados por la 

actora en el escrito de expresión de agravios, es preciso recordar que  la 

responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro 

presupuestos: 1) incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción 

al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea 

a través de la violación del deber genérico de no dañar; 2) un factor de atribución de 

responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de  naturaleza subjetiva u objetiva- 

para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor; 3) el daño que 

consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del 

incumplimiento jurídicamente atribuible; y 4) una relación de causalidad suficiente 

entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa 

fuente de tal daño.  

Sin la concurrencia de esos cuatro presupuestos no hay responsabilidad 

que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si 

la persona de quien se pretende la indemnización es responsable, debe comenzar por 

analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se 

concluye que hubo tales eventos, debe estudiarse si media un factor de atribución. 

Cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene 

sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, 

atribuible y dañoso, se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de 

la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de 

causalidad (Alterini, Ameal y López Cabana, "Derecho de Obligaciones Civiles y  

Comerciales", páginas 158/59; CNCiv., Sala H, "Salez Emilia c/ Arg. Gas SA. 

s/daños y perjuicios", 25/6/03, Gaceta de Paz, año LXVII N° 2889; CNCom, Sala B, 

31.5.2005, “Hildenberg, Olga Sofía y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario”; 

íd., esta Sala, 27.04.2010,  “Lucchini Hernán Ricardo c/ Banco de  la Nación 

Argentina y otro, s/ ordinario”).                                                                              

La doctrina uniforme de los autores señala que, para que un daño deba 

repararse jurídicamente, es preciso que haya sido causado por el responsable, con su 

acción u omisión. A este requisito alude también  en diversos preceptos nuestra ley 

civil, al legislar sobre los presupuestos en que procede la reparación: así establece 

que el daño indemnizable es el que se causare o se hubiese causado u ocasionado a 

otro (arts. 1068, 1074, 1111, 1113, 1114, etc.; además en la responsabilidad 

contractual, arts. 508, 521, etc.). 

En un sistema jurídico como el nuestro, la relación de causalidad tiene 

una importancia de primer plano, no sólo como condición general de la 

responsabilidad, sino también para establecer la medida de esta responsabilidad, ya 

que –salvo excepciones muy limitadas- el responsable está obligado a resarcir los 

daños que tengan vinculación causal con su acto y no los demás.  

Como enseña Orgaz en los casos de responsabilidad por hecho propio, 

fundada en la culpa lato sensu (arts. 1073 y  1109), el requisito de la relación causal 

se presenta con características  muy similares  a la requerida en la doctrina penal: la 

relación de causalidad debe encontrarse directamente entre la acción u omisión del 

responsable y el daño. Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

El problema jurídico de la conexión causal consiste en determinar, de 

conformidad con la ley, cuando o con qué criterio  un resultado debe ser atribuido a 

una persona determinada.  

Según nuestra ley, debe contestarse: hay conexión causal entre un acto 

y un resultado, cuando ese acto ha contribuido  de hecho a producir un resultado –

esto es, ha sido una de las condiciones sine qua non de él- y, además,  debía 

normalmente producirlo, conforme al orden natural y ordinario de las cosas (Orgaz, 

Alfredo, “El daño resarcible…”, pág. 89 y ss., Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As. 

1952). 

b) Sentado lo anterior, adelanto que comparto  la tesis  sostenida por la 

recurrente en su escrito de expresión de agravios. 

Es que, ciertamente, disiento con la apreciación y  calificación 

realizada por la  a quo en punto al obrar desplegado por el banco luego de tomar 

conocimiento de la desvinculación  comercial de la  actora con la firma Droguería 

General SA –recuerdo, libradora de los cheques rechazados por falta de fondos que 

dieran origen a la información adversa divulgada-. 

En verdad, analizado el material probatorio incorporado a la causa no 

es posible concluir con certeza que el 1.12.06 la Sr. Najera, por intermedio de la Sra. 

Gómez, presentara ante el Banco Provincia una nota  informando su desvinculación 

con la empresa libradora. 

Ello pues, a más de que las declaraciones testimoniales ofrecidas para 

avalar tal versión resultaron cuestionadas (véanse las manifestaciones de la entidad 

bancaria en ocasión de presentar su alegato, fs. 335/339), tal como indicó la 

sentenciante,  resultó llamativo que ante la negativa a recibir la nota la actora no 

insistiera remitiéndole al banco otra comunicación fehaciente.  

Pero, paralelamente, devino igualmente curioso el escueto contenido 

de la nota confeccionada por la entidad bancaria el 7.5.07, desde que ninguna 

mención hizo a los documentos supuestamente presentados por la actora el 1.12.06. Frente a la confusa situación, aparece un único dato certero; esto es: el 

3.5.07 el banco inequívocamente tomó conocimiento de que a la fecha del rechazo 

de los cheques por falta de fondos, la Sra. Najera  no se encontraba facultada para 

librarlos (v. copia en fs. 19).  

Ahora bien, la demandada en su respuesta del 7.5.07 le hizo saber a la 

Sra. Najera que “…procedemos a desvincular ante el Banco Central de la República 

Argentina los CUIT N° 27-11802935-1 de los cheques  n° 46.546.659 y 

46.546.647….” (v. copia en fs.20 vta.). Y, en su escrito de responde aclaró que: (i) 

“…se cercioró de la verdad de sus dichos requiriendo de la cuentacorrentista la 

respectiva documentación…”, (ii)  “…no es de su resorte manejar los tiempos del 

Banco Central  de la República Argentina…” y, (iii) el 1.6.07 contestó la intimación 

de la actora explicándole que procedió a remitir la información correspondiente al 

Banco Central (v.fs. 126/130). 

En primer lugar debo señalar que más allá de sus dichos no hay 

ninguna constancia documental de la actividad supuestamente desplegada por el 

banco tendiente a obtener la corrección de la información habida en las bases de 

datos del sistema crediticio con posterioridad al 3.5.07.  

Antes bien, a estar a lo actuado en el expediente administrativo nro. 

19101/07 y su carpeta anexa -expediente nro. 17577/07- que en copia acompañó el 

Banco Central de la República Argentina y obra glosado en fs.  183/217,  fue 

menester que esa autoridad de contralor intimara al Banco de  la Provincia  el 

28.5.07 para que éste urgiera la solicitada corrección  (v. copia en fs. 195). 

La respuesta a esa misiva data del 12.6.07. En dicha ocasión, el Banco 

Provincia  le hizo saber  al BCRA que “…respondiendo al pedido que efectuaran 

mediante carta certificada del 28/5/07, llevamos a su conocimiento que con fecha 

6.6.07 procedimos a presentar en ese organismo el soporte magnético conteniendo la 

“desvinculación de las claves de identificación de las titulares de la referencia” en Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

los cheques n° 46.546.647 y n° 46.546.659 pertenecientes a la cuenta corriente n° 

14922/0, radicada en nuestra  Sucursal N° 11…” (v. copia en fs. 200).  

De otro lado, los términos empleados por la actora  en la carta 

documento que cursara al banco con fecha 30.5.07 (v. copia en fs. 28),  vinieron a 

confirmar la nula diligencia de la entidad  para llevar adelante el compromiso 

asumido el 7.5.07.  

Aclaro que esa misiva fue respondida el 1.6.07, empero en  dicha 

oportunidad la entidad bancaria no dio mayores detalles ni precisiones respecto de la 

gestión que dijo haber llevado a cabo (v. fs. 29). Y, además, si se coteja esa versión 

con la plasmada en la respuesta  brindada al BCRA el 12.6.07,  surge una clara 

contradicción  respecto de la fecha en que la información fue cursada a ese banco a 

los efectos de su regularización. Es que, si el soporte magnético fue presentado ante 

la entidad de contralor el 6.6.07, no se comprende  qué información había sido 

remitida  al mentado organismo para el 1.6.07.   

Lo sintetizado en los apartados precedentes me lleva a concluir lo 

siguiente: (i) si bien  es cierto  que, como señaló la anterior sentenciante y en cuanto 

a la faz comunicativa concierne, nada puede reprochársele al banco porque dio 

respuesta a los requerimientos que le fueron cursados, (ii) no lo es menos que  los 

compromisos que hubo asumido –en cada una de sus cartas- frente al cliente no 

fueron atendidos con la celeridad que era esperable de un profesional de la materia 

(arg. cciv: 902). Es que –reitero-, fue necesaria la intervención del BCRA y una 

contundente intimación de la actora para que el Banco Provincia pusiera en marcha 

el proceso de rectificación (v.gr. desvinculación).   

Ergo, no bastó con la confección de las notas, sino que lo allí 

expresado debió traducirse en actividad útil.  Máxime por el carácter profesional de 

la actividad bancaria (Garrigues, Joaquín, “Contratos Bancarios”, pág. 419, 1958; 

Ripert, “Tratado Elemental de Derecho Comercial”, T. III, 1954, p. 309, arts. 902 y 

909 C.C.), dado que es un comerciante profesional con alto grado de especialización y superioridad técnica sobre el actor, colector de fondos públicos y el interés general 

exige que los servicios que presta, funcionen responsable y adecuadamente, pues los 

consumidores descuentan su profesionalidad (C.N.Com., Sala B, 31-10-97, 

“González, Mario Daniel c/ Banco Popular Argentino”; íd. 1-8-91, “González, 

Mario Daniel c/ Bank of Credit and Commerce S.A.”; entre otros).  

Además, y como  ha sido reiteradamente juzgado, la  conducta del 

banco no puede apreciarse con los parámetros aplicables a un neófito, sino que debe 

ajustarse a un “standard” de responsabilidad agravada (conf. Sala B, voto del Dr. 

Butty, “in re”: “Giacchino, Jorge c/ Machine & Man”, del 23-11-95, E.D. 168-121; 

íd. voto de la Dra. Piaggi, “Molinari, Antonio Felipe c/ Tarraubella Cía. Fciera. 

S.A.”, del 24-11-99, public. en Doctrina Societaria, Ed. Errepar, T. XI, p. 905; entre 

otros).  

En mi opinión, el accionar del banco fue inexcusable dado que la 

gravedad de las consecuencias de su inadecuada actuación pudieron evitarse con un 

mínimo de diligencia (conf. arts. 512, 902, 909 y ccdtes. C.Civil).  

Es que, luego de tomar conocimiento de la  desvinculación de la actora 

con la sociedad libradora, el banco no empleó el debido cuidado, medidas eficaces, 

atención y diligencia para hacer cesar -en cuanto fue advertido- la errónea inclusión 

de la actora en  las bases de deudores del sistema financiero (repárese en la fecha 

que lleva el informe glosado en fs. 30/32).  Ello constituye, sin duda una   “torpeza 

calificada” a la luz del cciv 902. La ilicitud objetiva surge de la confrontación de la 

conducta obrada con la ley en sentido material (o lato o amplio) mediante la 

confrontación total del ordenamiento jurídico (cciv 1066, 1071, 1113 y ccdtes.; 

CNCom, Sala A, “Tuñez Verónica c/ Banco Itau Buen Ayre SA”, 20.10.04; Sala B, 

“Domínguez Alvaro c/ Banco Río de la Plata SA, 30.12.02, íd., “Vitelli, Miguel c/ 

Deutsche Bank Arg.  SA”, 8.4.99). 

En la descripta situación, considero que el banco debe responder frente 

al cliente por los perjuicios que con su accionar le hubo irrogado.  Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

c) Corresponde entonces analizar la procedencia –o falta de ella- de los 

distintos rubros indemnizatorios que integraron la demanda. 

(i) El daño moral y  el daño a la imagen.

A tenor del modo en que han sido descriptos los daños en el libelo 

inaugural de la instancia, advierto que no corresponde realizar en el caso un 

tratamiento diferenciado. Es que, cuando hablamos de imagen como derecho 

personalísimo, se hace referencia a la manifestación externa o visible de la 

personalidad humana.   

La protección del derecho a la imagen en derecho Argentino está 

consagrada en el art. 31 de la ley 11.723, además del que el propio cciv: 1071 bis 

establece que la reproducción no autorizada de retratos puede ser objeto de las 

medidas que dicho artículo regula.  

Dicho lo anterior, el derecho personalísimo en examen  se ve afectado 

cuando se reproduce de cualquier manera la imagen de una persona o su voz, salvo 

que existan razones legales que justifiquen su reproducción (Diego M. Fissore, La 

reparación en especie a los daños a la intimidad, al honor y a la imagen, Revista de 

Derecho Privado y Comunitario, año 2006, T.2 pág. 369 y ss., ed. Rubinzal – 

Culzoni). Y, tal cosa no ha sido siquiera alegada en la especie pues, las afecciones 

padecidas –sobre todo aquéllas que tuvieron lugar  en el ámbito profesional donde se 

desempeña la actora-  parecen más bien encuadrarse en un ataque al honor. 

En efecto, el honor ha sido definido como “la dignidad personal 

reflejada en la consideración  de los terceros y en el sentimiento de la persona 

misma”. Tiene un aspecto interno, cual es la propia estimación que una persona 

tiene de sí mismo (autoestima o autovaloración), y un aspecto objetivo o externo que 

es la visión que de una persona se tiene en la sociedad que podría ser llamado como 

buen nombre o reputación (Rivera, Julio César,  Instituciones de Derecho Civil. 

Parte General, T. II, 3° ed. act., pág. 121, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires;  Zabala de González, Matilde, Resarcimiento de daños (vol 2), Daños a las 

personas, Hammurabi -José Luis Depalma Editor-, Buenos Aires, 1996).  

De modo que aquello que se peticionó  en concepto de daño a la 

imagen habrá de incluirse y especialmente ponderarse al determinar el quantum de 

la indemnización por  daño moral. Daño que, por lo  demás, indudablemente ha 

padecido la actora  por la indebida inclusión en las bases de datos del sistema 

financiero pese a la actividad que hubo desplegado en aras de obtener la corrección 

de la información divulgada. 

Respecto de este último interesa recordar copiosa jurisprudencia del 

fuero según la cual  el agravio moral debe ser entendido aquí en su doble función, 

como sanción ejemplar al proceder reprochable y como reparación a quienes 

padecieran las aflictivas consecuencias de dicho proceder (conf. CNCom, Sala C, 

“López Carlos, c/ Banco Roca Coop. Ltda., s/ ord.”, 12.10.94; íd., “Rodrigo Juan 

Carlos y otros, c/ Esso S.A.P.S.A., s/ ord.”, 23.03.99; íd., “Porcel Roberto José c/ 

Viajes Futuro SRL, s/ sum.”, 28.03.03; íd., “Albín  Gabriel F. y otro, c/ Club 

Vacacional SA – Rincón Club- y otros, s/ ord.”, 20.04.07; conf. esta Sala, 

06.05.2010, voto del Dr. Ojea Quintana en autos “González Ricardo Adrián c/ CTI 

PCS SA, s/ ordinario”; íd., 04.05.2010, voto del Dr. Ojea Quintana en autos 

“Cantero Delia Noemí c/ Berkley Internacional  Seguros SA, s/ ordinario”; íd., 

27.04.2010,  mi voto in re “Lucchini Hernán Ricardo c/ Banco de La Nación 

Argentina y otro, s/ ordinario”; íd., 22.04.2010, mi voto en la causa “Farenga Juan 

Antonio y otro, c/ Banco Río de la Plata SA, s/ sumarísimo”; íd., 24.6.2010, mi voto 

en autos “Cots Roberto Jorge c/ La Caja de  Seguros SA, s/ ordinario”).  

Este perfil bifronte resulta particularmente relevante en estos casos, 

por las condiciones que inviste la demandada en relación con las legítimas 

expectativas del usuario de sus servicios (arg. cciv 902). 

El agravio moral importa una lesión a las afecciones legítimas; entre 

otras, la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

psíquica, los afectos familiares, etc. (conf. CNCom., Sala B, “Katsikaris A. c/ La 

inmobiliaria Cía. de Seguros, s/ ord.”, 12.08.86). No se reduce al Pretium doloris, 

pues involucra todo daño a intereses jurídicos extrapatrimoniales (conf. CNCom, 

Sala B, “Galán Teresa c/ Transportes Automotores Riachuelo SA, s/ sumario”, 

16.03.99). Se trata de una lesión susceptible de causar lo que una aguda fórmula ha 

llamado “modificaciones disvaliosas del espíritu” (Pizarro, Daniel, “Reflexiones en 

torno al daño moral y su reparación”, JA del 17.09.86, pág. 6 y doctrina allí citada). 

En síntesis, en uso de las facultades que confiere  el cpr: 165, estimo 

adecuado fijar la indemnización en concepto de daño moral la suma de $ 15.000, 

atendiendo para así concluir  no sólo a las especiales características de la accionante 

sino, además,  al lapso en que indebidamente permaneció informada. 

Dicho importe devengará intereses desde el 3.5.07 –fecha de la 

inequívoca recepción por el banco demandado de la solicitud de corrección de la 

información- y hasta su efectivo pago a la tasa que aplica el Banco de la Nación 

Argentina para sus operaciones comunes de descuento a treinta días (CNCom, en 

pleno “SA La Razón”, 27.10.94; CNCom, en pleno, “Calle Guevara Raúl (Fiscal de 

Cámara), s/ revisión de plenario”, 25.8.03). 

(ii) El daño comercial.   

Recuerdo que  bajo este rótulo la actora pretendió ser resarcida con la 

suma de $ 5.000 pues indicó que  en razón de la inclusión errónea en las bases de 

datos no pudo acceder a un préstamo dinerario solicitado al Banco Credicoop 

Cooperativo Limitado.  

La actora acompañó,  con la finalidad de dar sustento a su versión, los 

formularios de “manifestación de ingresos y bienes  personales”, “solicitud de 

préstamo personal”,  “las condiciones que regirían  la contratación” y, una carta 

dirigida al Banco Credicoop –sucursal 052, Villa Sahores- de fecha 5.5.07,  

solicitando a la  gerente de la entidad la consideración de la documentación y la 

evaluación de la posibilidad de otorgamiento del crédito  (v. copias en fs. 43/53). Cabe al respecto aclarar que si bien la mentada documentación aparece 

como la usual utilizada y confeccionada por el Banco Credicoop, en rigor no exhibe 

la misma ninguna intervención de la entidad bancaria y, esa ausencia, también se 

aprecia en la misiva más arriba referida. 

Tengo presente que las testigos Gómez, Martínez y Celis declararon en 

esta sede que sabían que la Sra. Najera había solicitado un crédito en el Banco 

Credicoop para refaccionar la casa y que el mismo le fue denegado en razón de los 

informes comerciales adversos (v. fs. 177, resp. 17, 18 y  19,  fs. 180 idénticas 

respuestas y  fs. 228, resp. 11, 12 y 13). Empero,  no puedo soslayar la respuesta 

brindada por el Banco Credicoop en la presentación  de fs. 232. Esa institución, 

informó que no conserva los antecedentes de los créditos que no fueron otorgados y, 

ciertamente, ninguna referencia hizo a la documentación acompañada por la Sra. 

Najera.  

Téngase en cuenta que la prueba de informes ha sido ofrecida e 

incorporada al proceso sin oposición alguna (cpr: 403),  de modo que en tal 

situación corresponde al juez apreciarla de conformidad con las reglas de la sana 

crítica y formar su convicción confrontándola con los demás elementos que obran en 

el juicio (cfr. Kielmanovich, Jorge L., "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación comentado y anotado", T. I, ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2005, Pág. 693; 

CNCom, Sala E, “Kessler Ignacio c/ HSBC Bank Argentina SA, s/ordinario”  

12/11/2007). 

En síntesis, con los elementos arrimados a la causa no es posible tener 

por acreditado el rechazo de la ayuda financiera, pues la entrega efectiva de los 

formularios que fueron completados a tal fin no fue probada. Ergo, no cabe sino 

desestimar el rubro en examen.   

d) Finalmente, debo expedirme sobre la pretensión enderezada a 

obtener la publicación de la sentencia en los diarios La Nación y Clarín, en días 

domingos, y en El Día de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

El cciv: 1071 bis establece que el juez podrá, a solicitud del agraviado, 

hacer publicar la sentencia en un diario del lugar, si ello sirviera para reparar 

adecuadamente la afectación del damnificado.  

De ello se sigue que como requisitos para que proceda la reparación 

deberían verificarse: (i) el pedido del damnificado y, (ii) que la publicación sea 

efectiva para  que el agravio quede desvirtuado. 

El primero de los mencionados dada la claridad de la norma no merece 

mayores comentarios. En cambio, el segundo no es sencillo de evaluar pues, a modo 

de ejemplo en casos en que se ofende la intimidad, la reedición de los hechos  y su 

pública ventilación  pueden dar lugar al agravamiento del daño.  

Mas entiendo que esto último no se verificaría en el caso y, no puede 

soslayarse que ha sido la agraviada la  que consideró que la publicación era la mejor 

manera  de recomponer sus derechos  personalísimos afectados (véase CNCiv, Sala 

C, 27.6.89, “F, M. J. c/ Editorial Perfil y otros”, LL 1989-E-42). 

En la situación descripta corresponde acoger,  bien que parcialmente, 

la pretensión y ordenar la publicación de las partes relevantes de este decisorio el 

primer día domingo –desde que adquiera firmeza-  en El Día de la ciudad de La 

Plata.  

V. Conclusión. 

Por todo lo expuesto si mi criterio fuera compartido por mis 

distinguidos colegas propongo al Acuerdo:  a) acoger los agravios  vertidos en fs. 

367/374, b) revocar la sentencia de fs. 342/346 y, consecuentemente: [1]  condenar 

al Banco de la Provincia de Buenos Aires a pagar a la actora la suma de $ 15.000 en 

concepto de daño moral, con más los intereses establecidos en el apartado IV, c), 

punto (i) de la presente; [2] condenar a la mencionada entidad a publicar el primer 

día domingo, a partir de que quede firme  este decisorio las partes relevantes del 

mismo, de conformidad con las pautas vertidas en el apartado IV, punto d) y,  c)

imponer las costas de alzada al demandado perdidoso (cpr: 68). Así voto.   

Por análogas razones los señores  Jueces de Cámara  Doctores Ojea 

Quintana y Tevez  adhieren al voto que antecede.  

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los Señores Jueces de 

Cámara doctores:   

Rafael F. Barreiro  

Juan Manuel Ojea Quintana 

 

   Alejandra N. Tevez 

Fernando I. Saravia  

             Secretario 

Buenos Aires,  febrero  3 de 2011.  

Y VISTOS:

1. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede se 

resuelve: a) acoger los agravios  vertidos en fs. 367/374, b) revocar la sentencia de 

fs. 342/346 y, consecuentemente: [1]  condenar al Banco de la Provincia de Buenos 

Aires a pagar a la actora la suma de $ 15.000 en concepto de daño moral, con más 

los intereses establecidos en el apartado IV,  c) punto (i) de la presente; [2] condenar 

a la mencionada entidad a publicar el primer día domingo a partir de que quede 

firme  este decisorio las partes relevantes del mismo, de conformidad con las pautas 

vertidas en el apartado IV, punto d) y, c) imponer las costas de alzada al demandado 

perdidoso (cpr: 68). Poder Judicial de la Nación 

USO OFICIAL 

Notifíquese.  

Rafael F. Barreiro. Juan Manuel Ojea Quintana. Alejandra N. Tevez. 

Ante mí: Fernando I. Saravia.  

Es copia del original que corre a fs.            de los autos que se 

mencionan en el precedente Acuerdo.  

 

      Fernado I. Saravia  

    Secretario  



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