Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Perú [ 20 Febrero 2009 ] [Tribunal Constitucional - Sala Segunda]  Expediente N.? 04670-2007-PHD/TC    caché ES 

El petitorio de la demanda consiste en ordenar al Ministerio de la Producción que se abstenga de suministrar a asociaciones, gremios pesqueros y/o cualquier tercero, sin previo permiso o autorización expresa, los datos, reportes e información proveniente del Sistema de Seguimiento Satelital relativos a sus embarcaciones pesqueras; así como declarar inaplicables el numeral 115.2 del artículo 115º, y el segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Según el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital, éste constituye un sistema encargado de recaudar información únicamente sobre la ubicación y desplazamiento de las embarcaciones pesqueras de mayor escala de bandera nacional o extranjera, a fin de obtener un control de las actividades extractivas que permitan adoptar las medidas necesarias orientadas al aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Como es de verse, dicha información recabada no tiene el carácter de sensible ni reservada, por lo que puede ser objeto de difusión por parte del Ministerio de la Producción sin transgredir ninguna norma constitucional.

Como es de verse, la información recabada no tiene el carácter de sensible ni reservada, de manera que, en el caso de autos no se está violentando el derecho constitucional a la autodeterminación informativa de la recurrente, por cuanto los datos objeto de difusión por parte del Ministerio de la Producción no tienen el carácter de sensible ni privado, ni se encuentran referidos a algún mecanismo o procedimiento que afecte de manera alguna el secreto industrial o empresarial de la recurrente, ya que la información difundida sólo se refiere a la ubicación y desplazamiento de las embarcaciones pesqueras. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que la revelación de dichos datos a terceros no afecta el derecho a la autodeterminación informativa de la recurrente.

Asimismo, no se puede invocar la inaplicabilidad del numeral 115.2 del artículo 115º ni del segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca toda vez que, si bien es cierto, dichas normas tienen el carácter de autoaplicativas, sin embargo, con su entrada en vigencia no han vulnerado ninguno de los derechos invocados por la recurrente, pues los datos, reportes e información objeto de difusión no pueden ser consideradas como de carácter reservado ya que no afectan de manera directa e inmediata su esfera particular.

Declarar INFUNDADA la demanda



En Lima, a los 20 días del mes de febrero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Pesquera Alejandría S.A.C., contra la resolución de la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 143, su fecha 28 de marzo de 2006, que declaró infundada la demanda de hábeas data de autos.

ANTECEDENTES

          Con fecha 26 de junio del 2006 la recurrente debidamente representada por doña Laila Fátima Gaber Boschiazzo, interpone demanda de hábeas data contra el Ministerio de la Producción, a fin de que se abstenga de suministrar a asociaciones, gremios pesqueros y/o cualquier tercero, sin su permiso o autorización expresa, los datos, reportes e información individualizada proveniente del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), así como se declare la inaplicabilidad del numeral 115.2 del artículo 115º, y del segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca. Invoca la vulneración de sus derechos a la autodeterminación informativa, al secreto de las comunicaciones, a la privacidad de la intimidad personal, a la iniciativa privada, a la libertad de trabajo, a la libertad de empresa y a la libre competencia.

          Manifiesta que mediante el Decreto Supremo N.º 008-2006-PRODUCE se modificaron los artículos 115º y 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N.º 012-2001-PRODUCE, con el propósito de permitir el uso de los datos, reportes e información del Sistema de Seguimiento Satelital – SISESAT, proveniente de embarcaciones pesqueras dedicadas a la extracción de recursos hidrobiológicos distintos a los altamente migratorios y transzonales, por parte de las asociaciones o gremios pesqueros debidamente reconocidos por el Ministerio de la Producción. En ese sentido, alega que dicha norma autoaplicativa vulnera sus derechos fundamentales puesto que pone en conocimiento de terceros los datos que tienen el carácter de confidencial y reservado de la empresa.

          El Procurador Público competente contesta la demanda solicitando que sea declarada improcedente, pues alega que incurre en las causales de improcedencia previstas en los incisos 1) y 2) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional. Expresa, además, que el proceso de hábeas data recauda a las personas jurídicas de la vulneración del derecho de acceso a la información pública mas no del derecho de intimidad personal, y que la información del Sistema de Seguimiento Satelital es de carácter público, siendo administrada y proveída por el Estado en ejercicio de las facultades de control y vigilancia de las actividades económicas sobre recursos naturales.

          El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de octubre del 2006, declara infundada la demanda, por considerar que no se ha acreditado que lo establecido en el numeral 115.2 del artículo 115º, y en el segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca vulneren el derecho constitucional a la autodeterminación informativa ni los otros derechos constitucionales invocados por la recurrente.

          La Sala Superior competente confirma la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1.      El petitorio de la demanda consiste en ordenar al Ministerio de la Producción que se abstenga de suministrar a asociaciones, gremios pesqueros y/o cualquier tercero, sin previo permiso o autorización expresa, los datos, reportes e información proveniente del Sistema de Seguimiento Satelital relativos a sus embarcaciones pesqueras; así como declarar inaplicables el numeral 115.2 del artículo 115º, y el segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca.

Sobre la autodeterminación informativa

2.      El derecho a la autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre la información, como una autodeterminación de la vida íntima, de la esfera personal.

3.      Mediante la autodeterminación informativa se busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente de los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la persona en la totalidad de ámbitos; por lo que no puede identificarse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, ya que mientras que éste protege el derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control en el registro, uso y revelación de los datos que le conciernen. En ese sentido se ha pronunciado este Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.º 1797-2002-HD/TC, de fecha 29 de enero de 2003[1].

4.      En tal orden de ideas, el derecho a la autodeterminación informativa protege al titular del mismo frente a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de los datos, brindando al titular afectado la posibilidad de lograr la exclusión de los datos que considera “sensibles” y que no deben ser objeto de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad de poder oponerse a la transmisión y difusión de los mismos.

La inaplicabilidad en casos concretos de las normas autoaplicativas

5.      De acuerdo al artículo 3º del Código Procesal Constitucional, se consideran normas autoaplicativas aquellas cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada; es decir, tienen eficacia inmediata ya que no se encuentran sujetas a la realización de actos posteriores de aplicación o a una eventual reglamentación legislativa, sino que la adquieren al mismo momento de entrar en vigencia.

6.      En ese sentido, procede la inaplicabilidad de una norma autoaplicativa en un caso concreto cuando la misma suponga la afectación directa de derechos subjetivos constitucionales, es decir, una norma cuya aplicación al caso concreto resulta incompatible con la Constitución.

7.      Con relación a ello, el numeral 115.2 del artículo 115º y el segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca, modificados mediante el Decreto Supremo N.º 008-2006-PRODUCE, tienen un carácter evidentemente autoaplicativo, por cuanto sus efectos se han venido produciendo con la sola entrada en vigencia de la norma, sin requerirse actos de ejecución.

Análisis de la controversia

8.      Según el Reglamento del Sistema de Seguimiento Satelital, éste constituye un sistema encargado de recaudar información únicamente sobre la ubicación y desplazamiento de las embarcaciones pesqueras de mayor escala de bandera nacional o extranjera, a fin de obtener un control de las actividades extractivas que permitan adoptar las medidas necesarias orientadas al aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos. Como es de verse, dicha información recabada no tiene el carácter de sensible ni reservada, por lo que puede ser objeto de difusión por parte del Ministerio de la Producción sin transgredir ninguna norma constitucional.

9.      Como es de verse, la información recabada no tiene el carácter de sensible ni reservada, de manera que, en el caso de autos no se está violentando el derecho constitucional a la autodeterminación informativa de la recurrente, por cuanto los datos objeto de difusión por parte del Ministerio de la Producción no tienen el carácter de sensible ni privado, ni se encuentran referidos a algún mecanismo o procedimiento que afecte de manera alguna el secreto industrial o empresarial de la recurrente, ya que la información difundida sólo se refiere a la ubicación y desplazamiento de las embarcaciones pesqueras. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que la revelación de dichos datos a terceros no afecta el derecho a la autodeterminación informativa de la recurrente.

10.  Asimismo, no se puede invocar la inaplicabilidad del numeral 115.2 del artículo 115º ni del segundo párrafo del artículo 116º del Reglamento de la Ley General de Pesca toda vez que, si bien es cierto, dichas normas tienen el carácter de autoaplicativas, sin embargo, con su entrada en vigencia no han vulnerado ninguno de los derechos invocados por la recurrente, pues los datos, reportes e información objeto de difusión no pueden ser consideradas como de carácter reservado ya que no afectan de manera directa e inmediata su esfera particular.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas data de autos.

Publíquese y notifíquese

SS. 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLVAREZ MIRANDA


 

[1] (…)3. El derecho reconocido en el inciso 6) del artículo 2º de la Constitución es denominado por la doctrina derecho a la autodeterminación informativa y tiene por objeto proteger la intimidad, personal o familiar, la imagen y la identidad frente al peligro que representa el uso y la eventual manipulación de los datos a través de los ordenadores electrónicos. Por otro lado, aunque su objeto sea la protección de la intimidad, el derecho a la autodeterminación informativa no puede identificarse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, reconocido, a su vez, por el inciso 7) del mismo artículo 2º de la Constitución. Ello se debe a que mientras que este protege el derecho ala vida privada, esto es, el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las personas, aquel garantiza la facultad de todo individuo de poder preservarla controlando el registro, uso y revelación de los datos que le conciernen.



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