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Honduras [ 08 Febrero 2010 ] [Corte Suprema - Sala Penal] Expediente: CP203-07    caché ES 

Condena penal de cuatro años de reclusión por delitos de injurias. Declara SIN LUGAR el recurso de casación por Infracción de ley

 



Esta Sala de lo penal, observa que en el presente caso, atendiendo los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, se ha condenado al acusado señor ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ, a sufrir la pena de cuatro años de reclusión, como autor de tres delitos diferentes de Difamación por imputaciones constitutivas de Injurias, en perjuicio del honor del señor Fernando Mass Castañeda. El juzgador de instancia ha aplicado en correcta y debida forma, la regla del concurso real de delitos, contenida y dispuesta en el Artículo 35 del Código Penal vigente, pues ha condenado al acusado a tres condenas de cumplimiento sucesivo, una detrás de la otra, cada una con un año, cuatro meses, hasta completar la pena impuesta de cuatro años de reclusión. No se trata pues de una pena excesiva o desproporcionada, sino la que ha debido de imponer al acusado por cada una de las infracciones penales por las que ha sido condenado. Por lo expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.- Esta Sala de lo Penal, estima que efectivamente Honduras es un Estado de Derecho respetuoso de las libertades publicas, entre ellas, del derecho a la libertad de expresión del pensamiento, por todos los medios físicos o electrónicos de información y divulgación. El Estado de Honduras es garante del ejercicio libre de la profesión del periodismo, sin más limitaciones que las que exige la ley, constitución de la República y los instrumentos de derecho internacional, sobre el ejercicio de las libertades publicas, suscritos y ratificados por el mismo Estado. No obstante, la enorme importancia que otorga el legislador constitucional a la tutela del derecho a la libertad de emisión del pensamiento, propia de una sociedad, soberana, libre y democrática, esta tutela, no es absoluta, en tanto que la propia carta magna, también se asegura de tutelar, otros derechos individuales, con igual o mayor celo, como resulta precisamente con la protección al derecho al honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen, dispuesto en el Artículo 76 Constitucional, a renglón seguido de las normas sobre la libertad de expresión. Tal como ha argumentado el recurrente, se debe entender que las disposiciones constitucionales de reproche, dispuestas en los Artículos 72 al 75 de la Constitución de la República, son claramente complementadas por las propias normas de la Ley Especial que regula la Libre expresión del pensamiento, concretamente los artículos: 1, 2, 5, 7, 8 en su primer párrafo, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. El artículo 8, de la mencionada Ley, dispone que: "Son punibles de conformidad con esta Ley las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta social de las personas y les causen daño a su reputación, en sus intereses o en sus relaciones familiares". Procede en consecuencia, analizar si las expresiones vertidas por el acusado ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ, en su noticiero televisado "No se Deje", relacionadas al señor Fernando Mass, están o no en estricta consonancia, con las normas constitucionales que tutelan el derecho constitucional invocado como infringido y las disposiciones legales que las complementan. El ejercicio de las libertades públicas, entre ellas, la de libertad de emisión del pensamiento, propia de la labor periodística, esta limitada, aún en los Estados de derecho respetuosos de la ley, soberanos, libres y democráticos, justamente por el respeto al derecho al honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen de las personas. Ciertamente en algunas sociedades, distinta a la nuestra, la jurisprudencia constitucional, ha tolerado y permitido a los medios noticiosos e informativos, cierta invasión a la vida privada, cuando de funcionarios públicos se trate, en atención al interés legítimo de los ciudadanos a estar debidamente informado de la conducta ética de sus autoridades, como justa reacción al reproche social habido de un efecto moralizador y ejemplarizante para la población, pero lo cierto, es que en el caso concreto que el Señor Fernando Mass, se desempeñaba al momento de la difusión de las expresiones del acusado, en el ámbito privado, como Presidente de las Agencias Publicitarias Hondureñas Asociadas, (APHA), por otra parte, el juzgador de instancia ha declarado probado expresiones vertidas por el acusado señor ADOLFO HERNANDEZ, que obviamente invaden la vida privada, la moral, la conducta social del señor Mass, y le causan daño a su reputación, intereses y relaciones familiares, al referirse a este como un pobre diablo, persona de criterio limitado, no confiable a quien creía más inteligente y que no se dejaba utilizar, se prestaba a publicar falacias en su Agencia de Publicidad, inventa encuestas pirujas, mostrando en el programa, reiteradamente, un recorte de periódico con el rostro de Fernando Mass para que los televidentes lo identificaran como la persona que publica encuestas pirujas, expresiones y actuaciones realizadas por el acusado en su labor de Periodista, en el marco del programa televisado de noticias, claramente ofensivas, y por lo tanto alejadas del ámbito de protección o tutela efectiva del precepto constitucional invocado como infringido y de las disposiciones legales complementarias, atinentes al derecho a la libertad de emisión del pensamiento, en tanto carecen de un legítimo carácter noticioso de interés público, sino que afectan el honor del señor Fernando Mass. Por lo expuesto, esta Sala de lo penal no encuentra infracción al precepto constitucional, por lo que desestima el motivo de casación invocado por el recurrente.- Esta sala de lo penal, aprecia que en el presente caso, el recurrente ha interpuesto recurso de casación por defecto de forma, a consecuencia de la admisión y posterior valoración de la prueba oportunamente admitida por el tribunal, consistente en tres videos de los días 15,17 de julio y 16 de septiembre de 2003, del espacio noticioso "No se deje", transmitido en el Canal 11, en atención a la forma de obtención de la prueba. La defensa del acusado ha estado presente, tanto en la audiencia de proposición de prueba, en la fase de incidentes, durante la evacuación de la prueba y en la fase de conclusiones del juicio, sin haber objetado, presentado queja o reclamo contra la admisión o ponderación valorativa de la prueba de cargo aludida, tampoco ha dejado constancia de reclamo, ni de impugnación alguna, en el acta del debate como reserva de casación, a los efectos de recurrir por Quebrantamiento de forma. El Art. 363, tercer párrafo del Código Procesal penal dispone concretamente, sobre la forma y plazo para interponer el recurso de casación, que: " tratándose de casación por la forma, deberá también de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya dejado en su oportunidad para subsanarlos". El recurrente no ha acreditado haber tratado de enmendar el defecto de forma invocado, pese a que estuvo presente al momento de su admisión, incidentes, evacuaciones y conclusiones, sin haber reclamado, impugnado o argumentado en contra de su ponderación, requisito indispensable para recurrir por quebrantamiento de forma; y aún si se hubiesen presentado los reclamos oportunamente no habría lugar al motivo invocado, en virtud que la Ley de Emisión del Pensamiento, lo que regula es la obtención de los archivos originales, exigiendo la tutela judicial para dicho propósito, sin embargo, no es aplicable dicho procedimiento al caso subjudice en tanto que la obtención del video se efectúa mediante la grabación de una copia luego de que el mismo es compartido en el dominio público mediante la emisión de un noticiero a través de televisión abierta en donde su publicación llega al conocimiento del público en general, en consecuencia, se trata de una copia que no puede recibir el mismo régimen del archivo o video original, sino el de la copia tomada de una televisora abierta al público, cuya única restricción para la reproducción posterior es la cita de la fuente, incluso deja abierto el derecho del usuario de reproducir el video sin autorización del propietario para el uso personal que estime pertinente, como lo es en opinión de la sala, el uso del mismo en juicio para la defensa de su derecho al honor, tal y como lo prevé la Ley de Derechos de Autor y derechos conexos, (artículos 9 preámbulo y número 12 y 47)". Por lo expuesto, se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente.-

 

 

 

Materia: PENAL Tipo: CASACION Ponente: RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO Expediente: CP203-07 Resolución: SIN LUGAR 1a. Instancia: TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN 2a. Instancia: Emitida: 08/02/2010 12:00:00 a.m. Caso: DIFAMACIÓN POR IMPUTACIONES CONSTITUTIVOS DE INJURIAS Recurrente: ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ Recurrido: MINISTERIO PUBLICO

 

 

CERTIFICACION

La Infrascrita, Secretaria General de la Corte Suprema de

Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “EN

NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS.- LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA,Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de

febrero de dos mil diez, por medio de la SALA PENAL,

integrada por los MAGISTRADOS JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ

Coordinador CARLOS DAVID CALIX VALLECILLO, y RAUL ANTONIO

HENRIQUEZ INTERIANO,dicta sentencia conociendo el Recurso de

Casación por Infracción de Ley, Infracción de Precepto

Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra

la sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil siete,

dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa,

Francisco Morazán, mediante la cual falló: 1º.- CONDENANDO al

Señor ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ, a la pena de CUATRO (4)

AÑOS DE RECLUSION, como autor de Tres delitos de Difamación

por imputaciones constitutivos de Injurias, en perjuicio del

honor del Señor FERNANDO MASS CASTAÑEDA, juntamente con las

accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN

CIVIL;2) DECLARANDOLE al acusado ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ,

la responsabilidad civil la que será objeto de tasación en la

fase de ejecución de dicha sentencia.- 3).- CONDENANDO a

dicho acusado al pago de costas personales y otros pagos

ocasionados por dicho juicio.-Son partes: El Abogado ROBERTO

CARLOS GUZMAN VARELA, en su condición de Apoderado Defensor

del Señor ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ como recurrente y el

Abogado JORGE JESUS KAWAS, en su condición de Acusador

Privado y Apoderado del Señor FERNANDO MASS CASTAÑEDA, como

recurrido.-HECHOS PROBADOS.-Conforme a la prueba practicada y

sometida a debate, y valorando la misma conforme a los

criterios de la sana crítica, el Tribunal de Sentencia

declaró probados los

hechos siguientes: UNO: Que el día quince de julio de dos mil

tres el señor Adolfo Hernández Hernández en el espacio

noticioso “No se Deje” transmitido por Canal 11 se refirió al

señor Fernando Mass Castañeda como un pobre diablo, como una

persona de criterio limitado, no confiable a quien creía más

inteligente y que no se dejaba utilizar y que se prestaba a

publicar falacias.- DOS: El día diecisiete de julio del dos

mil tres, en el mismo programa antes referido, el acusado

manifestó que la Agencia de Publicidad de Fernando Mass, es

1la que inventa las encuestas pirujas.- TRES: Nuevamente, el

dieciséis de septiembre del mismo año, el acusado se refirió

al señor Mass, como una persona que realiza encuestas

pirujas. Además mostró en el programa, reiteradamente, un

recorte de periódico con el rostro de Fernando Mass para que

los televidentes lo identificaran y conocieran como la

persona que publica encuestas pirujas.”-CONSIDERANDO.-I.- El

Recurso de Casación por Infracción de Ley, Infracción de

Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma

interpuesto por el Abogado ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA,

como Representante Legal del Señor ADOLFO HERNANDEZ

HERNANDEZ, reúne los requisitos exigidos por la ley, por lo

que procede su admisibilidad, siendo procedente pronunciarse

sobre la procedencia o improcedencia del mismo.-II.- EL

ABOGADO ROBERTO CARLOS GUZMAN VARELA, EN SU CONDICION DE

APODERADO LEGAL DEL SEÑOR ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ PROCEDIO

A FORMALIZAR EL RECURSO DE LA MANERA SIGUIENTE: “PRIMER

MOTIVO DE CASACION.- Infracción de Ley por interpretación

errónea del precepto legal sustantivo contenido en el

artículo 160 del Código Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este

motivo de casación se encuentra comprendido en lo dispuesto

en el artículo 360 del Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL

MOTIVO: La norma penal referente al delito de Difamación,

señala: “Artículo 160.- Se incurre en difamación, y se

impondrá al culpable la pena de seis meses a tres años de

reclusión, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o

calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que

puedan concitar, en contra del ofendido, el odio o desprecio

público”.- Establece nuestra norma sustantiva penal, que habrá

lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando

dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se

haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de

carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación

de la ley penal.- Los hechos probados UNO, DOS Y TRES se

refieren a que el señor ADOLFO HERNÁNDEZ es su espacio

noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite

expresiones relacionadas a que Fernando Mass ha publicado

“encuestas pirujas”.- A partir de esa definición de hechos

probados la Sentencia recurrida determina que existe el

delito de INJURIA y debido a que éste se presenta, es que

también concurre el delito de DIFAMACIÓN.- En la declaración

2de los hechos probados, no encontramos que las expresiones

proferidas por ADOLFO HERNÁNDEZ se hicieren en forma o por

medios de divulgación que pudieran concitar, en contra del

ofendido, el odio o desprecio público.- El tipo penal del

delito de DIFAMACIÓN, además de exigir la existencia de una

INJURIA, requiere que coexista ese INSTIGAMIENTO o

CONCITACIÓN AL ODIO O AL DESPRECIO PÚBLICO, extremo que no es

reconocido en los hechos probados de la sentencia recurrida,

de ahí es que surge la infracción de la ley por

interpretación errónea de la norma del artículo 160 del

Código Penal.- LA INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE consiste en

que la Sentencia recurrida a partir de la declaración de

hechos probados, debe interpretar que la norma sustantiva

requiere un elemento de concitar en contra del ofendido, el

odio o desprecio público, no consiste simplemente en que las

expresiones sean realizadas por un medio de comunicación

masiva, como en el caso de autos un canal de televisión.”

RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY FUNDADO EN LA

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO

  CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL.-  Argumenta el

recurrente que el A Quo incurrió en infracción de la norma

penal que corresponde al delito de Difamación, tipificada en

  el Art.  160 del Código Penal,  dados los hechos declarados

  probados en la sentencia recurrida. Concretamente reprocha l  os

hechos probados 1,2 y 3, que se refieren a que el acusado

señor ADOLFO HERNÁNDEZ en su espacio noticioso “NO SE DEJE”

en tres ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a

que Fernando Mass ha publicado “encuestas pirujas”.- Estima

  que en los  hechos declarados probados, no se encuentran

expresiones del acusado presentadas en los medios de

divulgación que pudieran concitar, en contra del ofendido, el

  odio o desprecio público.- Refiere que e  l tipo penal de

DIFAMACIÓN, además de exigir la existencia de una injuria,

requiere que coexista ese instigamiento o concitación al odio

o al desprecio público, extremo que no es reconocido en los

hechos probados de la sentencia recurrida. Esta Sala de lo

Penal, aprecia que los hechos declarados probados, por el

juzgador de instancia, de forma integral, los que constituyen

el cuadro fáctico de la sentencia recurrida, se subsumen o

ajustan perfectamente a los elementos objetivos y subjetivos

3exigidos por el tipo penal de Difamación, tipificado y

sancionado en el Art. 160 del Código Penal. Lo anterior, se

constata objetivamente atendiendo al medio de divulgación

social masiva en que la información ha sido difundida al

público por parte del acusado señor ADOLFO HERNANDEZ, en

tanto para ello ha hecho uso de un noticiero de televisión,

visto por gran numero de ciudadanos a nivel nacional, en que

  ha sido probado        que ha expresado conceptos, apreciaciones

de connotación injuriosa, en tres ocasiones distintas, contra

la persona del señor Fernando Mass. Por lo expuesto, el

motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado.

III.- CONTINUA MANIFESTANDO EL RECURRENTE: “SEGUNDO MOTIVO DE

CASACION.- Infracción de Ley por interpretación errónea del

precepto legal sustantivo contenido en el artículo 157 del

Código Penal, relacionado con los artículos 8 en su primer

párrafo de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, 18 y 20

del Código Civil, 11 del Código Penal.,-RECEPTO AUTORIZANTE:

Este motivo de casación se encuentra comprendido en lo

dispuesto en el artículo 360 del Código Procesal Penal.-

EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma penal referente al delito de

Injuria señala: “Artículo 157.- Será penado por injuria, con

reclusión de tres meses a un año, quien profiera expresión o

ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra

persona”.- Establece nuestra norma sustantiva penal, que habrá

lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando

dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se

haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de

carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación

de la ley penal.- Los hechos probados UNO, DOS Y TRES se

refieren a que el señor ADOLFO HERNÁNDEZ es su espacio

noticioso “NO SE DEJE” en tres ocasiones diferentes emite

expresiones relacionadas a que Fernando Mass ha publicado

“encuestas pirujas”.- A partir de esa definición de hechos

probados la Sentencia recurrida determina que existe el

delito de INJURIA y debido a que éste se presenta, es que

también concurre el delito de DIFAMACIÓN.- De la declaración

de los hechos probados, surge una interpretación errónea del

artículo 157 del Código Penal, por cuanto determina que la

expresión de “encuestas pirujas”, es suficiente para

consentir que hay expresiones en deshonra, descrédito o

menosprecio de FERNANDO MASS.- Para determinar la presencia

4del tipo penal de Injurias, se exige al autor que profiera

expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o

menosprecio de otra persona.- Pero la norma penal que

tipifica el delito de INJURIAS no es clara en definir que

debe entenderse por deshonra, descrédito o menosprecio de

otra persona.- A manera de ilustración, el delito de CALUMNIA

tipificado en el artículo 155 del Código Penal, es muy claro,

por que define a esa agresión penal como “la falsa imputación

de un delito de los que dan lugar a procedimiento de

oficio”.- Siendo mucho más amplio, en el Código Penal no

existen definiciones o simples aproximaciones de lo que

debemos entender por esas expresiones o acciones en deshonra,

descrédito o menosprecio de otra persona.- Alejándose del

Principio de Legalidad en materia penal, establecido en el

artículo 11 del Código Penal, el Tribunal ha estimado

entonces, que el HONOR más que un elemento objetivo y

claramente definido en nuestra Ley Penal, debe entenderse

como un elemento subjetivo propio de la susceptibilidad de

cada persona.- De ahí llega a concluir el Tribunal que: “Un

honor que puede ser más vulnerable para unos que para otros,

pero honor al fin, que igual estamos obligados a proteger

independientemente de la persona de quien se trate”. Y que:

“Como vemos, la afectación del honor no solo depende de los

que se dice, sino también de la susceptibilidad de las

personas ante quien se dicen, pues a la larga el honor de una

persona se puede ver menguado en mayor grado para unos que

para otros”.

1

Sostener esa idea del honor, resulta adecuada

en el marco teórico, para sostener la integridad incólume del

derecho que sostiene el artículo 76 Constitucional, pero es

sabido, que este derecho no puede ser absoluto, no puede

estar sujeto a ninguna ley, porque la susceptibilidad de cada

hombre o la capacidad de juzgar una violación a su honor

puede equivocarse.- Dada la diversidad de pareceres privados

u opiniones particulares, forzosamente producirá confusión en

la aplicación de las sanciones penales.- En contra del

parecer del Tribunal, siguiendo o manteniendo el Principio de

Legalidad, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento desde

1958, señala los fundamentos que sostiene el Poder Estatal

para determinar cuando expresiones son dañinas o vulneran el

honor de la persona, cuando falten al respeto de la vida

privada y a la moral; considerándose que faltan a la vida

1

Ver página 13,en lo referente al elemento objetivo consignado en el Ordinal “SEGUNDO” de los

“FUNDAMENTOS JURIDICOS” de la Sentencia impugnada.-

5privada, cuando se refieran en forma denigrante a la vida

exclusivamente de hogar o a la conducta social de las

personas.- El artículo 18 del Código Civil ha establecido que

“Cuando el legislador definiere expresamente las palabras

para ciertas materias, se les dará en estas su significado

legal”, por otra parte, el artículo 20 del Código Civil ha

declarado que “Se interpretarán los pasajes obscuros o

contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu

general de la legislación y a la equidad natural”.- LA

INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE: la interpretación errónea del

artículo 157 del Código Penal se produce cuando la Sentencia

Impugnada llega a determinar que la expresión “encuesta

piruja” debe entenderse como una expresión que afecta el

honor de FERNANDO MASS; sin embargo, la INTERPRETACIÓN

ADECUADA Y CORRECTA DE LA NORMA SUSTANTIVA no puede residir,

partiendo de la susceptibilidad y la subjetividad de la

persona ofendida, lo cual contraría el principio de legalidad

penal, olvida la definición especial consignada por el

legislador en la Ley de Emisión del Pensamiento y además

conlleva el desconocimiento de la interpretación de los

pasajes obscuros del modo que más conforme parezca al

espíritu general de ley y a la equidad natural”.- RECURSO DE

  CASACION POR  INFRACCIÓN DE LEY BASADO EN LA INTERPRETACIÓN

ERRÓNEA DEL PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO CONTENIDO EN EL

ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO PENAL, LOS ARTÍCULOS 8 EN SU PRIMER

PÁRRAFO DE LA LEY DE LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO, 18 Y 20

  DEL CÓDIGO CIVIL, 11 DEL CÓDIGO PENAL.-  Argumenta el

recurrente que el Juzgador ha incurrido en infracción de ley

por interpretación errónea del tipo penal de Injurias,

  tipificado en el  Artículo 157 del código Penal, pues aprecia

  que  los hechos declarados probados de la sentencia impugnada

  no se ajusta a dicha norma penal.  Se concreta el recurrente a

  indicar  que la expresión: “encuestas pirujas”, no es

  suficiente para asumir que el acusado ha vertido  expresiones

de deshonra, descrédito o menosprecio contra el señor

  FERNANDO MASS. Alude que  para determinar el tipo penal de

  Injurias, se exige que el autor  profiera expresión o ejecute

acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona,

pero refiere a que la norma no define los alcances de dichas

consideraciones. Refiere el recurrente que el juzgador

6vulnera el Principio de Legalidad, del artículo 11 del Código

Penal, al estimar el honor más que un elemento objetivo, a

  uno subjetivo.  Reprocha que el  honor, no es un derecho

absoluto y que no puede estar sujeto a la susceptibilidad de

cada persona. Aprecia que el Principio de Legalidad, lo fija

la Ley de Libre Emisión del Pensamiento desde 1958, pues esta

dispone que las expresiones son dañinas o vulneran el honor

  de la persona,  cuando faltan al respeto de la vida privada y

a la moral. Lo invoca en relación a los artículos 18 del

Código Civil y 20 del Código Civil sobre la forma en que

  deben interpretarse los pasajes oscuros de la ley.  Esta Sala

de lo Penal, aprecia que los hechos declarados probados, por

el juzgador de instancia, de forma integral, los que

constituyen el cuadro fáctico de la sentencia recurrida,

también se subsumen o ajustan perfectamente a los elementos

objetivos y subjetivos exigidos por el tipo penal de

Injurias, tipificado y sancionado en el Art. 157 del Código

Penal. De los hechos probados se deriva que el Acusado Señor

ADOLFO HERNANDEZ ha proferido en su noticiero televisado, en

tres ocasiones distintas, expresiones de connotación

objetivamente ofensiva, dirigidas contra la persona del Señor

Fernando Mass, calificativos, no amparados por la letra, ni

el espíritu de la ley especial que regula la libre expresión

del pensamiento, pues han puesto de manifiesto el interés del

acusado, que más allá de querer informar y transmitir hechos

noticiosos, ha sido la de afectar la honra y a la estimación

pública del señor Mass. Por lo expuesto, se desestima el

  motivo de casación invocado por el recurrente.  -IV.- SIGUE

MANIFESTANDO EL RECURRENTE.- TERCER MOTIVO DE Casación.-

infracción de Ley por interpretación errónea del precepto

legal sustantivo contenido en el artículo 35 del Código

Penal.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se

encuentra comprendido en lo dispuesto en el artículo 360 del

Código Procesal Penal.- EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: La norma penal

referente a la imposición de penas señala: “Al culpable de

dos o más delitos se le impondrán todas las penas

correspondientes a las diversas infracciones. El sentenciado

cumplirá sus condenas simultáneamente, si fuere posible.

Cuando no lo fuere, o si de ello resulta ilusoria alguna de

las penas, las cumplirá sucesivamente, principiando por las

7mayores, o sean las señaladas a los delitos mas graves. Sin

embargo, la duración de las penas acumuladas por varios

delitos no excederá de treinta años”.- Establece nuestra

norma sustantiva penal, que habrá lugar al recurso de casación

por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren

probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal

u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser

observada para la aplicación de la ley penal.- Los hechos

probados UNO, DOS Y TRES se refieren a que el señor ADOLFO

HERNÁNDEZ es su espacio noticioso “NO SE DEJE” en tres

ocasiones diferentes emite expresiones relacionadas a que

Fernando Mass ha publicado “encuestas pirujas”.- La defensa

ha sostenido y siempre sostendrá que en el caso de mérito, ha

existido una interpretación errónea de las normas penales

sustantivas contenidas en los artículos 157 y 160 del Código

Penal, por ello en los motivos precedentes, se sostiene y

propugna por la inocencia de nuestro Cliente.- Asimismo,

propugnamos y defendemos la postura de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos en su declaración de

principios sobre la Libertad de Expresión reconocido en el

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, de la cual el Estado de Honduras forma parte, en el

sentido que:“Las leyes de privacidad no deben inhibir ni

restringir la investigación y difusión de información de

interés público. La protección a la reputación debe estar

garantizada sólo a través de sanciones civiles”.- Sin embargo

y ya que el Tribunal ha establecido la culpabilidad, al

momento de imponer la pena concreta, y partiendo de los

hechos probados, también ha incurrido en una interpretación

errónea de la norma sustantiva contemplada en el artículo 35

del Código Penal, al momento de aplicar una pena concreta a

mí representado.- Como así lo ha reconocido la Honorable

Corte Suprema de Justicia, la pena además de ser necesaria,

también ha de ser proporcionada, a la acción cometida y a las

circunstancias que rodean la misma; pero también las penas no

solo han de tener un carácter punitivo, sino también han de

tener un carácter resocializador, y en toda sociedad

democrática, el derecho penal habrá de verse como la ultima

ratio.- Contrario a la aplicación del principio de

cumplimiento de las condenas simultaneas; y mediando una

interpretación errónea, por cuanto no se señala en los hechos

probados la existencia de hechos que vienen a constituir

8delitos mas graves o mayores, la sentencia impugnada impone

una sola pena de cumplimiento sucesivo y de ahí se determina

la sanción de CUATRO AÑOS DE RECLUSIÓN, misma que viene a

constituirse en una pena excesiva y desproporcionada con el

tipo penal por el que existe la condena.- La Interpretación

errónea permite una interpretación “in malam partem” del

imputado y da una discrecionalidad al órgano jurisdiccional

que crea un grado de inseguridad contrario a los valores

propugnados por la Constitución de la República, el sistema

de derecho penal hondureño, que propugna entre otros, el

principio de “nullem crimen sine lege certa”.- LA

INTERPRETACIÓN QUE SE PRETENDE, en ese sentido, y siendo que

los hechos probados han definido la existencia de tres

diferentes hechos, realizados en fecha 15 de julio, 17 de

julio y 16 de septiembre del 2003, la pena que debía

aplicarse al señor ADOLFO HERNANDEZ es la de UN AÑO Y CUATRO

MESES DE RECLUSIÓN por cada hecho determinado en la sentencia

recurrida.-  RECURSO DE CASACION POR  INFRACCIÓN DE LEY BASADO

EN LA INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO

  CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 35 DEL CÓDIGO PENAL.-  Argumenta el

recurrente que el Juzgador ha incurrido en infracción de ley

por interpretación errónea del Art. 35 del Código penal.

  Aprecia el recurrente que  dados los hechos probados en la

sentencia que se impugna, no se ha infringido la norma

  señalada, en tanto los hechos probados 1,2 y 3,  se refieren a

que el señor ADOLFO HERNÁNDEZ en su espacio noticioso “NO SE

DEJE” en tres ocasiones diferentes emite expresiones

relacionadas a que Fernando Mass, ha publicado “encuestas

pirujas”.- Aprecia el recurrente que el Jugador ha incurrido

en interpretación errónea de los artículos 157 y 160 del

Código Penal, y apela a la posición jurídica de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración sobre

la Libertad de Expresión, artículo 13 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que las

“Las leyes de privacidad no deben inhibir, ni restringir la

investigación y difusión de información de interés público.

La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a

  través de sanciones civiles”.- Aprecia  que al momento de

imponer la pena concreta, partiendo de los hechos probados,

el juzgador interpreta erróneamente el Artículo 35 del Código

9Penal, por cuanto la pena además de ser necesaria, ha de ser

proporcionada a la acción y a las circunstancias que la

rodean, no de carácter punitivo, sino resocializador y como

ultima ratio. No se señala en los hechos probados la

existencia de hechos que vienen a constituir delitos mas

graves o mayores, la sentencia impugnada impone una sola pena

de cumplimiento sucesivo y de ahí se determina la sanción de

cuatro años de reclusión, misma que aprecia es excesiva y

desproporcionada. Esta Sala de lo penal, observa que en el

presente caso, atendiendo los hechos declarados probados por

el Juzgador de instancia, se ha condenado al acusado señor

ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ, a sufrir la pena de cuatro años

de reclusión, como autor de tres delitos diferentes de

Difamación por imputaciones constitutivas de Injurias, en

perjuicio del honor del señor Fernando Mass Castañeda. El

juzgador de instancia ha aplicado en correcta y debida forma,

la regla del concurso real de delitos, contenida y dispuesta

en el Artículo 35 del Código Penal vigente, pues ha condenado

al acusado a tres condenas de cumplimiento sucesivo, una

detrás de la otra, cada una con un año, cuatro meses, hasta

completar la pena impuesta de cuatro años de reclusión. No se

trata pues de una pena excesiva o desproporcionada, sino la

que ha debido de imponer al acusado por cada una de las

infracciones penales por las que ha sido condenado. Por lo

expuesto, se desestima el motivo de casación invocado por el

recurrente.-V.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE.-CASACION

POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL.- “CUARTO MOTIVO DE

CASACION: Infracción por interpretación errónea de los

preceptos constitucionales establecidos en los artículos 72,

75 y 76 de la Constitución de la República, relacionados con

la Ley de Emisión del Pensamiento en sus artículos 1, 2, 5,

7, 8 en su primer párrafo, 32, 33, 34, 35, 36 y 37; 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 157 del Código

Procesal Penal.-EXPOSICIÓN DEL MOTIVO:1.-CONSTITUCIÓN DE LA

LIBERTAD.- El Preámbulo de nuestra Carta Magna señala que la

Constitución ha sido decretada y sancionada para asegurar una

sociedad política, económica y socialmente justa que afirme

la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena

realización del hombre, como persona humana, dentro de la

libertad.- La Sentencia recurrida se imparte en nombre del

10Estado de Honduras, quien de acuerdo al artículo 1 de la Ley

Suprema, es un Estado de derecho, soberano, constituido como

república libre, democrática e independiente para asegurar a

sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la

cultura y el bienestar económico y social.- La Constitución

de la Republica propugna y defiende la dignidad del ser

humano y su derecho a la libertad (59, 61, 68), en ese mismo

orden de ideas se refiere a libertad de sufragio (42, 272), a

libertad personal (69) a libertad de asociación y reunión

(78), a la libertad individual (83), a los casos de privación

de libertad (92, 97), a la libertad de investigación, de

aprendizaje y de cátedra (155), del goce de la libertad

(182), a la libertad de consumo, ahorro, inversión,

ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de

empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que

informan esta Constitución (331); bajo el mismo concepto

señala: el derecho a la libre navegación de todas las

naciones (12), el voto libre y secreto (44), el libre

funcionamiento de los partidos políticos (47), la libertad e

igualdad de todos los hombres (60), el libre ejercicio de

todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna (77),

el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer

en el territorio nacional (81), el libre acceso a los

tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que

señalan las leyes (82), la libre administración de nuestros

bienes (110), el derecho a escoger libremente nuestra

ocupación y a renunciar a ella (127), el derecho para

asociarnos libremente en sindicatos o asociaciones

profesionales (128 numeral 14), el libre nombramiento de

empleados municipales (297), y el derecho a la libre

asociación en patronatos, federaciones y confederaciones

(302).- Conforme se ha ido reafirmando la preponderancia o

importancia de la libertad individual en el mundo, surge la

figura del OMBUSDMAN, o defensor del pueblo, que ingresa a

nuestra Constitución, según el Decreto No. 191-94 y

ratificado por el Decreto No. 2-1995, bajo la denominación de

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, regulado en el

Decreto Legislativo No. 153-95.- Todo ello es concluyente,

para determinar que nuestra Constitución de la Republica es

una norma que instaura, defiende y pretende el darle el mayor

grado de libertad individual a las personas.- 2.- DE LA

LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE LA LIBRE EMISIÓN DEL

11PENSAMIENTO.- El derecho a la libre emisión del pensamiento,

ocupa una categoría de importancia en nuestra Constitución de

la Republica; en efecto, los otros derechos simplemente se

mencionan, mientras este derecho es el que tiene la mayor

enumeración o reglamentación constitucional.- Desde la

Constitución de la República Federal de Centro América de

1824 nuestro País ha reconocido que: “Artículo 175 No. 1.- No

podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades:

Coartar en ningún caso ni por pretexto alguno la libertad del

pensamiento, la de palabra, la de la escritura y la de

imprenta”.- Las disposiciones constitucionales al respecto

señalan: ARTICULO 72.- Es libre la emisión del pensamiento

por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son

responsables ante la ley los que abusen de este derecho y

aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o

impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.-

ARTICULO 73.- Los talleres de impresión, las estaciones radio

eléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de

emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus

elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni

clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito

o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las

responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos

de conformidad con la Ley. - Ninguna empresa de difusión del

pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o

partidos políticos extranjeros. La Ley establecerá la sanción

que corresponda por la violación de este precepto. - La

dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados,

y la orientación intelectual, política y administrativa de

los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por

nacimiento. - ARTICULO 74.- No se puede restringir el derecho

de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos,

tales como el abuso de controles oficiales o particulares del

material usado para la impresión de periódicos; de las

frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la

información. - ARTICULO 75.- La Ley que regule la emisión del

pensamiento, podrá establecer censura previa, para proteger

los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los

derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la

adolescencia y de la juventud. - La propaganda comercial de

bebidas alcohólicas y consumo de tabaco será regulada por la

Ley. - ARTICULO 76.- Se garantiza el derecho al honor, a la

12intimidad personal, familiar y a la propia imagen. - 3.-DE LA

LEY QUE REGULA LA EMISIÓN DEL PENSAMIENTO.- El artículo 75

Constitucional hace referencia a esa Ley que debe regular la

emisión del pensamiento; al momento de ser sancionada nuestra

Carta Magna ya se había promulgado la “Ley de Emisión del

Pensamiento”, contenida en el Decreto Legislativo No. 6 de

1958.-Esa normativa forma parte de las “Leyes complementarias

de la Constitución” o “leyes integrativas de las normas

constitucionales”, así se designan aquellas normas previstas

en el estatuto básico de la Republica y que con un rango de

naturaleza constitucional, nos sirven para entender el

verdadero alcance del derecho estipulado, de las causas de

esas responsabilidades que la misma Constitución determina en

su artículo 72 y de los derechos al honor, a la intimidad

personal, familiar y a la propia imagen bajo el precepto 76

de la Carta Magna.- Al efecto la Ley complementaria de la

Constitución ha establecido que: “Ninguna persona puede ser

inquietada o perseguida por sus opiniones. Las acciones

privadas que no alteren el orden público o que no causen daño

a terceros, estarán fuera de la acción de la Ley”, “Las

libertades de expresión del pensamiento e información son

inviolables. Este derecho incluye el de no ser molestado a

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir

informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por

cualquier medio de expresión”; “Todo habitante de la

república podrá libremente, sin censura previa, expresar su

pensamiento, dar y recibir información y discutir sus

opiniones y las ajenas, por medio de la palabra escrita o

hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o

visual”. Artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Emisión del

Pensamiento.- En otro apartado, y quizás el mas relevante

para los meritos de este recurso, la Ley Complementaria ha

señalado que es lo que debemos entender como una intromisión

al honor, a la intimidad personal y familiar de terceras

personas, a sabiendas, el primer párrafo del artículo 8 de la

mencionada Ley dice: “Son punibles de conformidad con esta

Ley las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad

de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se

contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a

la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando

se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de

hogar o a la conducta social de las personas y les causen

13daño a su reputación, en sus intereses o en sus relaciones

familiares”.- El caso que nos ocupa, no puede desatenderse

que se dirige en contra de un Periodista, en el ejercicio

libre de su profesión, tanto como director y presentador de

su programa noticioso “NO SE DEJE” (ver ordinal NOVENO de los

Fundamentos Jurídicos de la Sentencia recurrida), por ello le

es aplicable los conceptos establecidos en el artículo 7 de

la Ley de Emisión del Pensamiento que ha señalado: Artículo

7.- Los periodistas y escritores tienen libertad para hacer

las versiones que consideren oportunas, con motivo de las

declaraciones hechas por cualquier autoridad, funcionario o

empleado público, representante de corporación o persona

jurídica o individual.- Los artículos 32 al 37 de la Ley

Complementaria de la Constitución, señala el derecho a la

Rectificación o Respuesta, donde se permite a las personas

naturales o jurídicas el derecho a defenderse decorosamente

de los cargos y criticas que se le hagan por la prensa con el

fin de desvirtuar los hechos que se les imputen; es decir,

que las disposiciones integradoras de la Constitución, nos

establecen un medio o sistema para el cual ejercer la mejor

defensa que se estime en beneficio de las supuestas

vulneraciones a nuestros derechos.- En el caso especifico de

la disposición de los hechos probados, no se desprende que el

supuesto ofendido haya hecho uso de estos derechos que

desarrollan la norma constitucional y ya con una negativa de

rectificación o aclaración de parte de mi representado, es

que definitivamente puede llegarse a determinar la

vulneración del artículo constitucional del derecho al honor,

extremo que nunca se pretendió por el señor FERNANDO MASS

CASTAÑEDA en el caso de méritos.- 4.-DE LA SENTENCIA

IMPUGNADA.-Los hechos probados de la Sentencia, efectivamente

reconocen que mí representado el periodista ADOLFO HERNÁNDEZ

en su espacio noticioso “NO SE DEJE” transmitido por “CANAL

11”, se refirió en fechas 15 de julio, 17 de julio y 16 de

septiembre del 2003, del señor Fernando Mass, respectivamente

como: “… un pobre diablo, como una persona de criterio

limitado, no confiable a quien creía más inteligente y que no

se dejaba utilizar y que se prestaba a publicar falacias…”;

“que el acusado manifestó que la Agencia de Publicidad de

Fernando Mass, es la que inventa las encuestas pirujas”, y,

“que se refirió a Fernando Mass, como una persona que realiza

encuestas pirujas”.-Al efecto, la sentencia impugnada, viene

14a constituir un funesto precedente de la aplicación subjetiva

de una simple norma penal, que nos ocasiona o produce una

infracción por la interpretación errónea de los preceptos

constitucionales que: a) Han reconocido y protegido el

derecho a la libertad de opinión o pensamiento, y el derecho

a la libertad de emitir esas ideas o derecho a la libertad de

expresión, y sus manifestaciones más importantes como son el

derecho a escribir, a publicar, a comunicarse de palabra,

como uno de los derechos fundamentales de especial

trascendencia.- b) Han prohibido la censura previa en la

emisión de nuestras ideas, creencias y opiniones, incluyendo

estas, nuestro derecho a opinar sobre la idoneidad

profesional de una persona que públicamente ejerce una

actividad profesional o una simple actividad mercantil. El

fallo nos impediría en adelante consignar nuestra ideas sobre

la idoneidad en que se ha ejecutado, tal o cual obra civil,

tanto por empleados públicos o por personas privadas, la

capacidad que ostentan determinadas personas en el ejercicio

bien de funciones públicas o de funciones privadas, etc. C)

Reconocen que solo pueden existir restricciones a las

libertades de expresión cuando objetivamente lesionan otros

derechos humanos, entre los cuales se mencionan: el honor de

los ciudadanos, la vida privada y familiar, el señalamiento

inadecuado de la comisión de algún crimen.- d) Que establecen

una protección objetiva en beneficio del interés público que

persigue el derecho a la información y el derecho a usar

libremente esa información, siempre y cuando no existan las

intromisiones a la vida intima o privada de los individuos.-

e) De forma expresa nos conducen o nos remiten a leyes

especificas que reglamentan esas libertades y derechos de

opinión, expresión, información y de libre emisión de ideas o

pensamientos, tal cual es el caso de nuestro País con la Ley

de Emisión del Pensamiento.- El ejercicio del derecho a la

libre emisión del pensamiento por parte del periodista ADOLFO

HERNÁNDEZ, uno de los más profundos críticos del gobierno del

Presidente Ricardo Maduro, no puede ser borrado con la

infracción por interpretación errónea de los artículos

constitucionales 72, 75 y 76, en cuanto a que debe

reconocerse el honor del supuesto perjudicado FERNANDO MASS,

como superior a cualquier interés público o colectivo, y que

el referido honor debe entenderse como un concepto

indeterminado y de una manera distinta para cada individuo,

miembro del grupo social en el cual vive.- De ahí se llega a

15concluir con una interpretación errónea lo que el Tribunal ha

señalado que “Un honor que puede ser más vulnerable para unos

que para otros, pero honor al fin, que igual estamos

obligados a proteger independientemente de la persona de

quien se trate”. Y que: “Como vemos, la afectación del honor

no solo depende de los que se dice, sino también de la

susceptibilidad de las personas ante quien se dicen, pues a

la larga el honor de una persona se puede ver menguado en

mayor grado para unos que para otros”

2

.- Contrariamente a esa

interpretación errónea y subjetiva de los preceptos

constitucionales, ya la Ley del Pueblo Hondureña en sus

artículos 72 al 76 refiere a su norma complementaria, como lo

es la Ley de Emisión del Pensamiento donde se considera la

existencia de responsabilidad y que se ha lesionado el

ejercicio de la libertad de expresión, cuando por cualquiera

de los medios de difusión que se contemplen, cuando falten al

respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que

faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma

denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta

social de las personas.- Asimismo, ha señalado la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos en su declaración de

principios sobre la Libertad de Expresión reconocido en el

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, de la cual el Estado de Honduras forma parte, en el

sentido que: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni

restringir la investigación y difusión de información de

interés público. La protección a la reputación debe estar

garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos

en que la persona ofendida sea un funcionario público o

persona pública o particular que se haya involucrado

voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en

estos casos, debe probarse que en la difusión de noticias el

comunicador tuvo la intención de infligir daño o pleno

conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o

se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la

verdad o falsedad mismas.

3

- En cambio, la sentencia impugnada

contiene una interpretación errónea de las normas 72, 75 y 76

constitucionales, además, una incorrecta interpretación de la

norma contenida en el artículo 13 de la Convención Americana

2

  Ver página 13, en lo referente al elemento objetivo consignado en el Ordinal “SEGUNDO” de los

“FUNDAMENTOS JURIDICOS” de la sentencia impugnada.

3

Principio Número 10, los resaltados son nuestros, simplemente para enfatizar que lo procedente en la

supuesta afectación del honor es la existencia de sanciones civiles, pero siendo objeto de procesos que se 

16sobre Derechos Humanos, tratado sobre derechos humanos del

que Honduras forma parte; al conceder una aplicación

preferente a lo dispuesto en el artículo 157 del Código Penal

vigente en Honduras y remitirse a conceptos subjetivos en

cuanto se considera que al señor Fernando Mass, quien por

cuestiones de “susceptibilidad” personal, se la vulnerado su

Honor al señalarle como una persona que publicaba encuestas

“pirujas”, es decir, que no se le considera completamente

capacitado, según las opiniones o creencias propias y

personales de ADOLFO HERNÁNDEZ, para realizar o publicar

encuestas de audiencia televisiva de su programa noticioso

“NO SE DEJE”, transmitido por Canal 11 de la Televisión de

Honduras.- En consecuencia, por la infracción de los

preceptos constitucionales señalados, consideramos que debe

ser admitido nuestro recurso, y en su oportunidad CASAR la

sentencia impugnada y declarar libre de toda responsabilidad

penal a nuestro representado ADOLFO HERNÁNDEZ”.-RECURSO DE

CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LOS ARTÍCULOS 72, 75 Y 76 DE LA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, RELACIONADOS CON LA LEY DE

EMISIÓN DEL PENSAMIENTO EN SUS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 7, 8 EN SU

PRIMER PÁRRAFO, 32, 33, 34, 35, 36 Y 37; 13 DE LA CONVENCIÓN

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 157 DEL CÓDIGO PROCESAL

  PENAL.-  Argumenta el recurrente que el juzgador ha incurrido

  en  infracción de precepto constitucional por interpretación

errónea de los preceptos constitucionales vinculados al

DERECHO A LA LIBERTAD. El art. 1 de la Constitución de la

República, que refiere a que Honduras es un Estado de

derecho, soberano, constituido como república libre,

democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el

  goce de la justicia,  la libertad,  la cultura y el bienestar

económico y social.- Defensa de la dignidad del ser humano y

su derecho a la libertad (Arts. 59, 61, 68); Libertad de

sufragio (Arts. 42, 272), a libertad personal (Art. 69) a

libertad de asociación y reunión (Art. 78), a la libertad

individual (Art. 83), a los casos de privación de libertad

(Arts. 92, 97), a la libertad de investigación, de

aprendizaje y de cátedra (Art. 155), del goce de la libertad

(Art. 182), a la libertad de consumo, ahorro, inversión,

ocupación, iniciativa, comercio, industria, contratación de

empresa y cualesquiera otras que emanen de los principios que

17informan esta Constitución (Art. 331); bajo el mismo concepto

señala: el derecho a la libre navegación de todas las

naciones (Art. 12), el voto libre y secreto (Art. 44), el

libre funcionamiento de los partidos políticos (Art. 47), la

libertad e igualdad de todos los hombres (Art. 60), el libre

ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia

alguna (Art. 77), el derecho a circular libremente, salir,

entrar y permanecer en el territorio nacional (Art. 81), el

libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en

la forma que señalan las leyes (Art. 82), la libre

administración de nuestros bienes (Art.110), el derecho a

escoger libremente nuestra ocupación y a renunciar a ella

(Art. 127), el derecho para asociarnos libremente en

sindicatos o asociaciones profesionales (Art. 128 numeral

14), el libre nombramiento de empleados municipales (Art.

297), y el derecho a la libre asociación en patronatos,

federaciones y confederaciones (Art. 302).- Aprecia el

recurrente que Honduras ha ido reafirmando la preponderancia

o importancia de la libertad individual, por lo que surge la

figura del OMBUSDMAN, o defensor del pueblo. Concluye, que la

Constitución es una norma que instaura, defiende y pretende

el darle el mayor grado de libertad individual a las

  personas. Concretamente estima infringido el D  erecho a la

Libre Emisión del Pensamiento, manifiesta que este derecho

tiene mayor categoría e importancia en nuestra Constitución

de la Republica y mayor enumeración o reglamentación

constitucional.- Hace una referencia a la evolución de dicha

libertad en la historia constitucional de nuestro país, desde

la Constitución de la República Federal de Centro América de

1824, hasta la actual. Asegura que las disposiciones de la

ley que regula la emisión del pensamientos son

complementarias de la Constitución o leyes integrativas de

  las normas constitucionales.  Aprecia que este derecho implica

no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y

recibir informaciones y el de transmitirlas y difundirlas por

cualquier medio de expresión; a que “Todo habitante de la

república podrá libremente, sin censura previa, expresar su

pensamiento, dar y recibir información y discutir sus

opiniones y las ajenas, por medio de la palabra escrita o

hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o

18  visual”. Dispone lo que  debemos entender como intromisión al

honor, a la intimidad personal y familiar de terceras

personas, a sabiendas, el primer párrafo del artículo 8 de la

  mencionada Ley dice:  “Son punibles de conformidad con esta

Ley las infracciones cometidas en el ejercicio de la libertad

de expresión por cualquiera de los medios de difusión que se

contemplen, cuando falten al respeto de la vida privada y a

la moral; considerándose que faltan a la vida privada, cuando

se refieran en forma denigrante a la vida exclusivamente de

hogar o a la conducta social de las personas y les causen

daño a su reputación, en sus intereses o en sus relaciones

  familiares”.-  Concluye que  la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos en su declaración de principios sobre la

Libertad de Expresión reconocido en el artículo 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el

Estado de Honduras forma parte, en el sentido que: “Las

leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la

investigación y difusión de información de interés público.

La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a

través de sanciones civiles, en los casos en que la persona

ofendida sea un funcionario público o persona pública o

particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos

de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que

en la difusión de noticias el comunicador tuvo la intención

de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba

difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta

negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad mismas.-

En cambio, la sentencia impugnada contiene una interpretación

errónea de las normas 72, 75 y 76 constitucionales, además,

una incorrecta interpretación de la norma contenida en el

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, tratado sobre derechos humanos del que Honduras

forma parte; al conceder una aplicación preferente a lo

dispuesto en el artículo 157 del Código Penal vigente en

Honduras y remitirse a conceptos subjetivos en cuanto se

considera que al señor Fernando Mass, quien por cuestiones de

“susceptibilidad” personal, se ha vulnerado su Honor al

señalarle como una persona que publicaba encuestas

“pirujas”., es decir, que no se le considera completamente

capacitado, según las opiniones o creencias propias y

19personales de ADOLFO HERNÁNDEZ, para realizar o publicar

encuestas de audiencia televisiva de su programa noticioso

“NO SE DEJE”, transmitido por Canal 11 de la Televisión de

Honduras.- Esta Sala de lo Penal, estima que efectivamente

Honduras es un Estado de Derecho respetuoso de las libertades

publicas, entre ellas, del derecho a la libertad de expresión

del pensamiento, por todos los medios físicos o electrónicos

de información y divulgación. El Estado de Honduras es

garante del ejercicio libre de la profesión del periodismo,

sin más limitaciones que las que exige la ley, constitución

de la República y los instrumentos de derecho internacional,

sobre el ejercicio de las libertades publicas, suscritos y

ratificados por el mismo Estado. No obstante, la enorme

importancia que otorga el legislador constitucional a la

tutela del derecho a la libertad de emisión del pensamiento,

propia de una sociedad, soberana, libre y democrática, esta

tutela, no es absoluta, en tanto que la propia carta magna,

también se asegura de tutelar, otros derechos individuales,

con igual o mayor celo, como resulta precisamente con la

protección al derecho al honor, intimidad personal, familiar

y a la propia imagen, dispuesto en el Artículo 76

Constitucional, a renglón seguido de las normas sobre la

libertad de expresión. Tal como ha argumentado el recurrente,

se debe entender que las disposiciones constitucionales de

reproche, dispuestas en los Artículos 72 al 75 de la

Constitución de la República, son claramente complementadas

por las propias normas de la Ley Especial que regula la Libre

  expresión del pensamiento,  concretamente los artículos: 1, 2,

5, 7, 8 en su primer párrafo, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. El

  artículo 8, de la mencionada Ley, dispone que:  “Son punibles

de conformidad con esta Ley las infracciones cometidas en el

ejercicio de la libertad de expresión por cualquiera de los

medios de difusión que se contemplen, cuando falten al

respeto de la vida privada y a la moral; considerándose que

faltan a la vida privada, cuando se refieran en forma

denigrante a la vida exclusivamente de hogar o a la conducta

social de las personas y les causen daño a su reputación, en

sus intereses o en sus relaciones familiares”. Procede en

consecuencia, analizar si las expresiones vertidas por el

acusado ADOLFO HERNANDEZ HERNANDEZ, en su noticiero

20televisado “No se Deje”, relacionadas al señor Fernando Mass,

están o no en estricta consonancia, con las normas

constitucionales que tutelan el derecho constitucional

invocado como infringido y las disposiciones legales que las

complementan. El ejercicio de las libertades públicas, entre

ellas, la de libertad de emisión del pensamiento, propia de

la labor periodística, esta limitada, aún en los Estados de

derecho respetuosos de la ley, soberanos, libres y

democráticos, justamente por el respeto al derecho al honor,

intimidad personal, familiar y a la propia imagen de las

personas. Ciertamente en algunas sociedades, distinta a la

nuestra, la jurisprudencia constitucional, ha tolerado y

permitido a los medios noticiosos e informativos, cierta

invasión a la vida privada, cuando de funcionarios públicos

se trate, en atención al interés legítimo de los ciudadanos a

estar debidamente informado de la conducta ética de sus

autoridades, como justa reacción al reproche social habido de

un efecto moralizador y ejemplarizante para la población,

pero lo cierto, es que en el caso concreto que el Señor

Fernando Mass, se desempeñaba al momento de la difusión de

las expresiones del acusado, en el ámbito privado, como

Presidente de las Agencias Publicitarias Hondureñas

Asociadas, (APHA), por otra parte, el juzgador de instancia

ha declarado probado expresiones vertidas por el acusado

señor ADOLFO HERNANDEZ, que obviamente invaden la vida

privada, la moral, la conducta social del señor Mass, y le

causan daño a su reputación, intereses y relaciones

familiares, al referirse a este como un pobre diablo, persona

de criterio limitado, no confiable a quien creía más

inteligente y que no se dejaba utilizar, se prestaba a

publicar falacias en su Agencia de Publicidad, inventa

encuestas pirujas, mostrando en el programa, reiteradamente,

un recorte de periódico con el rostro de Fernando Mass para

que los televidentes lo identificaran como la persona que

publica encuestas pirujas, expresiones y actuaciones

realizadas por el acusado en su labor de Periodista, en el

marco del programa televisado de noticias, claramente

ofensivas, y por lo tanto alejadas del ámbito de protección o

tutela efectiva del precepto constitucional invocado como

infringido y de las disposiciones legales complementarias,

21atinentes al derecho a la libertad de emisión del

pensamiento, en tanto carecen de un legítimo carácter

noticioso de interés público, sino que afectan el honor del

señor Fernando Mass. Por lo expuesto, esta Sala de lo penal

no encuentra infracción al precepto constitucional, por lo

que desestima el motivo de casación invocado por el

recurrente.-VI.- SIGUE MANIFESTANDO EL RECURRENTE.-“ CASACION

POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- QUINTO MOTIVO DE CASACION.-

Que se basa en medios o elementos probatorios no incorporados

legalmente al juicio.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de

casación se encuentra comprendido en lo dispuesto en el

artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal.- ELEMENTOS

PROBATORIOS CUESTIONADOS: LOS FRAGMENTOS DE LOS VIDEOS

REFERENTES AL PROGRAMA “NO SE DEJE” DE LOS DÍAS 15, 17 DE

JULIO Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.- NORMAS VIOLENTADAS:

Artículos 20, 29 y 39 de la Ley de Emisión del Pensamiento;

199 y 200 del Código Procesal Penal; primer párrafo del

artículo 90 de la Constitución de la República.- EXPOSICIÓN

DEL MOTIVO: El artículo 20, 29 y 39 de la Ley de Emisión del

Pensamiento, aún vigente, no derogada por ninguna otra ley

secundaria y ratificada por nuestra Constitución Política de

1982, dicen que: “Los archivos de las radiodifusoras, en lo

concerniente a los textos de radiodifusiones y a las

grabaciones que conserven para su garantía, deberán mostrarse

a las personas que se consideren afectadas, las cuales al

examinar estos documentos y materiales serán responsables

ante los tribunales comunes por los abusos que cometieren.

Tales documentos y materiales no podrán extraerse de los

archivos de las radiodifusoras más que por orden de autoridad

competente. La falta de cumplimiento de las obligaciones

anteriores causará multa que se graduará entre cien y mil

lempiras”.- “No podrá entregarse ningún original contrariando

la voluntad del autor o del empresario, salvo reclamación

judicial”.- “El dueño o arrendatario de imprenta o

radiodifusora incurrirá en la responsabilidad que pueda

derivarse de la publicación cuando requerido por autoridad

judicial competente, no exhiba o entregue el original firmado

por el autor o persona garante de la publicación y será

personalmente responsable, si la firma exhibida fuere

apócrifa”.- Los elementos probatorios señalados en este

motivo de casación, corresponden simplemente a tres

22fragmentos del programa “NO SE DEJE” transmitido por el

Periodista ADOLFO HERNÁNDEZ en las fechas que se indican.-

Resulta que la norma complementaria de la Constitución, en

materia de la libertad de expresión, establece que la

obtención de tales publicaciones debe hacerse por medio de

autoridad competente; esto para garantizar la veracidad, como

la exactitud de las publicaciones que luego, como en el caso

de autos, puede tener valor probatorio en los procesos

criminales o civiles respectivos.- El proceso de difamación,

es un proceso de acción privada, donde los particulares o las

victimas tienen la obligación de probar, fuera de toda duda

razonable y por medio de pruebas legítimamente obtenidas, la

veracidad de sus imputaciones.- La sentencia recurrida se

base en dichos medios de prueba que no fueron incorporados

legalmente al juicio, pues no consta que el Tribunal a

petición de la parte querellante, haya obtenido la totalidad

de las publicaciones transmitidas en el Programa Televisivo

“NO SE DEJE” conducido por el periodista ADOLFO HERNÁNDEZ.-

El artículo 199 del Código Procesal Penal requiere que los

medios de prueba permitidos, sean objetivamente confiables,

por su parte el artículo 200 del mismo cuerpo legal, señala

que carecen de eficacia probatoria los actos o hechos que

vulneren las garantías procesales establecidas en la

Constitución de la Republica.- La defensa siempre ha

sostenido que no se le puede dar valor probatorio a simples

fragmentos de las publicaciones periodísticas del programa en

referencia, más aún cuando dichos fragmentos no han sido

obtenidos directamente del medio de difusión, sino que se

refieren a simples grabaciones producidas por la parte

querellante.- El primer párrafo del artículo 90 de la Carta

Magna precisa que todo proceso se instruya de conformidad con

las reglas procesales o adjetivas y con las garantías

previamente señaladas en la Ley; pues bien, la norma especial

referente a la libre emisión del pensamiento exige esa

intervención judicial y si la valoración o aceptación como

validos de esos tres videos se hace contrariando lo ya

establecido en la Ley, nos encontramos ante pruebas

prohibidas o ilícitas, o que no pueden ser tenidas como

objetivamente confiables.- La determinación de los hechos

probados se hace en relación a la veracidad que se le dan a

dichos videos, la defensa siempre ha sostenido que los mismos

son simples fragmentos de la publicación completa del

programa NO SE DEJE; la valoración que le concede la

23sentencia cuestionada se realiza precisamente en el momento

de dictarse la sentencia y por ello no se han hecho reclamos

para subsanar el vicio.- Lo que se pretende con este motivo,

es que la Corte Suprema de Justicia establezca que la

valoración de fragmentos de videos de programas de

televisión, no puede ser tenido como una prueba con valor

decisivo y como una prueba incorporada legalmente al juicio;

La obligación de todo querellante privado deberá ser, tal

como lo dice la Ley, obtener esa prueba con la intervención

de una autoridad judicial competente, con la participación de

la parte que pudiese afectar y con la totalidad de la

transmisión para aseverar la exactitud de los datos

consignados, como lo más importante el contexto en que se

pronuncian las expresiones de los periodistas o personas que

hacen uso del derecho a libre emisión del

pensamiento.”-RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE

FORMA FUNDADO EN MEDIOS O ELEMENTOS PROBATORIOS NO

  INCORPORADOS LEGALMENTE AL JUICIO.-  Argumenta el recurrente

que el A Quo ha incurrido en motivo de casación por

  Q  uebrantamiento de forma fundado en la incorporación ilegal

al juicio de medios o elementos probatorios. Centra su

  reproche con fundamento en los  artículos 20, 29 y 39 de la

  Ley de Emisión del Pensamiento, orientados a que “  no podrán

extraerse de los archivos de las radiodifusoras más que por

orden de autoridad competente. Y debido a que “No podrá

entregarse ningún original contrariando la voluntad del autor

o del empresario, salvo reclamación judicial”.- Aprecia el

  impugnante que la prueba consiste en  tres fragmentos del

programa “NO SE DEJE”, transmitido por el Periodista ADOLFO

HERNÁNDEZ, pero que la obtención de tales publicaciones debió

hacerse por medio de autoridad competente, para garantizar la

veracidad y exactitud de las publicaciones.-Reprocha que la

sentencia recurrida se base en dichos medios de prueba que no

fueron incorporados legalmente al juicio, debido a que no

consta que el Tribunal a petición de la parte querellante,

haya obtenido la totalidad de las publicaciones transmitidas

en el Programa Televisivo “NO SE DEJE” conducido por el

periodista ADOLFO HERNÁNDEZ.- Concluye que el querellante

privado debió obtener la prueba con la intervención de una

autoridad judicial competente, con la participación de la

parte que pudiese afectar y con la totalidad de la

24transmisión para aseverar la exactitud de los datos

consignados, como lo más importante el contexto en que se

pronuncian las expresiones de los periodistas o personas que

hacen uso del derecho a libre emisión del pensamiento. Esta

sala de lo penal, aprecia que en el presente caso, el

recurrente ha interpuesto recurso de casación por defecto de

forma, a consecuencia de la admisión y posterior valoración

de la prueba oportunamente admitida por el tribunal,

consistente en tres videos de los días 15,17 de julio y 16 de

septiembre de 2003, del espacio noticioso “No se deje”,

transmitido en el Canal 11, en atención a la forma de

obtención de la prueba. La defensa del acusado ha estado

presente, tanto en la audiencia de proposición de prueba, en

la fase de incidentes, durante la evacuación de la prueba y

en la fase de conclusiones del juicio, sin haber objetado,

presentado queja o reclamo contra la admisión o ponderación

valorativa de la prueba de cargo aludida, tampoco ha dejado

constancia de reclamo, ni de impugnación alguna, en el acta

del debate como reserva de casación, a los efectos de

recurrir por Quebrantamiento de forma. El Art. 363, tercer

párrafo del Código Procesal penal dispone concretamente,

sobre la forma y plazo para interponer el recurso de

casación, que: “ tratándose de casación por la forma, deberá

también de manera clara y precisa, exponer los hechos

constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que

haya dejado en su oportunidad para subsanarlos”. El

recurrente no ha acreditado haber tratado de enmendar el

defecto de forma invocado, pese a que estuvo presente al

momento de su admisión, incidentes, evacuaciones y

conclusiones, sin haber reclamado, impugnado o argumentado en

contra de su ponderación, requisito indispensable para

recurrir por quebrantamiento de forma; y aún si se hubiesen

presentado los reclamos oportunamente no habría lugar al

motivo invocado, en virtud que la Ley de Emisión del

Pensamiento, lo que regula es la obtención de los archivos

originales, exigiendo la tutela judicial para dicho

propósito, sin embargo, no es aplicable dicho procedimiento

al caso subjudice en tanto que la obtención del video se

efectúa mediante la grabación de una copia luego de que el

mismo es compartido en el dominio público mediante la emisión

25de un noticiero a través de televisión abierta en donde su

publicación llega al conocimiento del público en general, en

consecuencia, se trata de una copia que no puede recibir el

mismo régimen del archivo o video original, sino el de la

copia tomada de una televisora abierta al público, cuya única

restricción para la reproducción posterior es la cita de la

fuente, incluso deja abierto el derecho del usuario de

reproducir el video sin autorización del propietario para el

uso personal que estime pertinente, como lo es en opinión de

la sala, el uso del mismo en juicio para la defensa de su

derecho al honor, tal y como lo prevé la Ley de Derechos de

Autor y derechos conexos, (artículos 9 preámbulo y número 12

y 47)”. Por lo expuesto, se declara improcedente el motivo de

  casación invocado por el recurrente.  -  POR TANTO: La Corte

Suprema de Justicia, en nombre de la República de Honduras

por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en

aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316

párrafo segundo reformados de la Constitución de la

República, 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y

Atribuciones de los Tribunales 360, 361 y 362.2 del Código

Procesal Penal.- FALLA: Declara SIN LUGAR el recurso de

casación por Infracción de ley, en sus tres motivos, de

Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo y

el de Quebrantamiento de Forma, en su único motivo,

interpuesto por el recurrente contra la sentencia pronunciada

por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Municipio del

Distrito Central, en fecha dieciséis de abril de dos mil

siete.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se

remitan las presentes diligencias al juzgado de origen, para

los fines y efectos legales.- REDACTÓ EL MAGISTRADO RAUL

ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-NOTIFIQUESE. SELLO Y FIRMAS.-

JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ.- COORDINADOR.-CARLOS DAVID

CALIX VALLECILLO.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-SELLO Y

FIRMA. LUCILA CRUZ MENENDEZ. SECRETARIA GENERAL.-Extendida en

la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a

los veintitrés días del mes de abril de dos mil diez,

certificación de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos

mil diez, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden

de ingreso en este Tribunal No.203-07.-

26LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL

 



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