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Guatemala [ 03 Marzo 2008 ] [Corte Suprema - constituida en Tribunal de Amparo] Amparo 690-2006    caché ES 

Acto reclamado: resolución dictada por el Procurador de Los Derechos Humanos con fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, por medio de la cual resolvió: “(…) I. DECLARAR: la violación del derecho humano a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y al honor, que fueron objeto los señores M.F.F.O. y R.E.B.F., por la empresa Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima. II. RECOMENDAR: al Congreso de la República de Guatemala, adoptar políticas legislativas a efecto de ejercer por parte del Estado de Guatemala una fiscalización adecuada, razonable y proporcional, en la autorización y funcionamiento de empresas de este tipo, que se dedican a comercializar información clasificada de personas, por la vía electrónica.

DENIEGA por notoriamente improcedente el amparo planteado



 

Fuente: http://www.oj.gob.gt/masterlex/default.asp

 

03/03/2008 ­ AMPARO

690-2006

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO: Guatemala, tres de marzo de dos mil ocho.

I) Integrada con los Magistrados suscritos. II) Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por TRANS UNIÓN GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, A TRAVÉS DE SU MANDATARIO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN, IGNACIO ANDRADE AYCINENA contra el PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. El compareciente actúa con el patrocinio del abogado José Alberto Sierra Rosales.

ANTECEDENTES

A) Fecha de interposición: veintinueve de junio de dos mil seis.

B) Acto reclamado: resolución dictada por el Procurador de Los Derechos Humanos con fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, dentro del expediente número ORD. GUA. Cuatrocientos veintitrés – dos mil seis / DI, por medio de la cual resolvió: “(…) I. DECLARAR: la violación del derecho humano a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y al honor, que fueron objeto los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Barrios Flores, por la empresa Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima. II. RECOMENDAR: al Congreso de la República de Guatemala, adoptar políticas legislativas a efecto de ejercer por parte del Estado de Guatemala una fiscalización adecuada, razonable y proporcional, en la autorización y funcionamiento de empresas de este tipo, que se dedican a comercializar información clasificada de personas, por la vía electrónica. III. Certifíquese el presente expediente a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público para los efectos de la investigación e individualización de responsables. IV. Dar seguimiento a la presente resolución (…)”.

C) Fecha de notificación al postulante: uno de junio de dos mil seis.

D) Uso de recursos contra el acto impugnado: contra el acto reclamado el postulante interpuso recurso de reposición; sin embargo, dicho medio de impugnación no fue admitido para su trámite.

E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa y al debido proceso.

HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:

A) De lo expuesto por el postulante y de los antecedentes, se resume lo siguiente: a) los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Barrios Flores presentaron denuncia de violación a sus derechos humanos ante el Procurador de los Derechos Humanos, procediéndose a abrir el expediente respectivo, a efecto de realizar las diligencias pertinentes, con el objeto de verificar la existencia de la violación denunciada. b) Luego de finalizada la investigación correspondiente, el Procurador de los Derechos Humanos emitió resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis. En la misma declaró la violación de los derechos humanos a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y al honor, de la que fueron objeto los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Barrios Flores, por la empresa Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima. Asimismo, recomendó al Congreso de la República de Guatemala, adoptar políticas legislativas a efecto de ejercer por parte del Estado de Guatemala una fiscalización adecuada, razonable y proporcional, en la autorización y funcionamiento de empresas que se dedican a comercializar información clasificada de personas por la vía electrónica y por último, ordenó certificar el expediente respectivo a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público para los efectos de la investigación e individualización de responsables. Respecto de la violación denunciada, el Procurador de los Derechos Humanos efectuó la consideración siguiente: “(…) de los informes recibidos y diligencias realizadas se estableció que efectivamente la empresa Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, proporciona información de referencias crediticias y patrimoniales de personas y empresas, por la vía informática, sin conocimiento, ni consentimiento alguno de los afectados, la que es suministrada a entidades comerciales, industriales, financieras, crediticias, mobiliarias y bancarias, acción por la que obtienen utilidades económicas de sus usuarios, hecho que lesiona el derecho humano a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la intimidad, la dignidad y al honor de los denunciantes. En base al reporte de sociedades, emitido por el Registro Mercantil de la República de Guatemala y que consta en los folios seis, siete y ocho del presente expediente, la empresa citada fue inscrita y autorizada con número de registro cuarenta y un mil seiscientos treinta, folio doscientos cincuenta y nueve, libro ciento treinta y cinco, con el objeto de ´comercializar y vender datos de crédito de registros públicos a granel o en línea, a cualquier persona que tenga la autorización legal necesaria para adquirir dicha información´. También cabe mencionar que los hechos podrían ser punibles, siendo la determinación de ello función de los órganos competentes, a quienes para el efecto consiguiente deberá certificarse el expediente. Asimismo, entre otros tratados y pactos en materia de derechos humanos, el artículo once de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, textualmente preceptúa: a) Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. b) Nadie puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. c) Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas ingerencias o esos ataques; por lo que el Procurador de los Derechos Humanos resolverá lo que en derecho corresponda (…)”. c) La entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, promueve amparo contra el Procurador de los Derechos Humanos, argumentando violación a su derecho de defensa y al debido proceso. En su memorial de solicitud de amparo la entidad postulante expone que el Procurador de los Derechos Humanos le ocasionó un agravio directo y personal con la emisión de la resolución que constituye el acto reclamado; señala que dicho agravio consiste en que se resolvió certificar el expediente subyacente a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, para los efectos de investigación e individualización de responsables, no obstante que de la investigación que efectuó el Procurador de Derechos Humanos, no se estableció la efectiva existencia de la comisión de un delito o falta. Además, que de conformidad con lo preceptuado por el artículo 30 de la ley que rige su actuación, el Procurador de los Derechos Humanos no se encontraba autorizado para certificar el expediente relacionado, motivo por el cual, considera que se excedió en el ejercicio de sus facultades legales, sobretodo, porque en el acto reclamado, la autoridad impugnada estableció que no existe legislación que fiscalice el funcionamiento de empresas con el objeto social de la denunciada, no existiendo una figura delictiva previa que perseguir, ni violación a la intimidad personal que condenar. d) De conformidad con todo lo anterior, la entidad postulante solicitó que al dictar sentencia se declare con lugar el amparo planteado, se deje en suspenso el acto reclamado y se ordene a la autoridad impugnada emitir nueva resolución conforme a derecho, declarando: d.1) la inexistencia de violación de derechos humanos por parte de la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, contra los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Barrios Flores; d.2) que de la investigación efectuada se establece que no existe la comisión de un delito o falta cometida por la entidad antes referida y d.3) que no existe obligación de formular denuncia o querella.

B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 incisos a) y b) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

C) Leyes violadas: artículos 12 y 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 30 inciso c) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.

TRÁMITE DEL AMPARO

A) Amparo provisional: no se decretó.

B) Terceros interesados: MARIO FERNANDO FLORES ORTÍZ, RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES, JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER, GLADYS ANABELLA DE LEÓN RUÍZ, REYNA ISABEL VANEGAS FRANCO, MARIO ARTURO PORTILLO PORTILLO y MINISTERIO PÚBLICO, FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

C) Informe Circunstanciado: rendido por el Procurador de los Derechos Humanos con fecha veintiuno de julio de dos mil seis, en el cual expuso esencialmente lo siguiente: a) con fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, dictó resolución en la cual efectuó una valoración en conciencia de los medios de investigación recabados y consideró que efectivamente la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, proporciona información de los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Flores Barrios, comercializa data y este hecho lesiona el derecho humano a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la intimidad, la dignidad y el honor de los denunciantes. b) Se abstuvo de calificar los típicos antijurídicos en los que pudo haberse incurrido, por ser función del Ministerio Público y de los órganos jurisdiccionales competentes; sin embargo, indicó que es procedente certificar el expediente al ministerio Público para que en ejercicio de sus facultades legales, investigue y promueva persecución penal por los delitos tipificados en los artículos 274 “D” y 274 “E” del Código Penal, sin perjuicio que, eventualmente, también podrían concurrir los elementos contenidos en el artículo 164 del mismo cuerpo legal. c) La resolución contra la que se reclama no causa agravio personal y directo a la postulante del amparo, que sea reparable por la vía del amparo. En efecto, en la resolución que por esta vía se impugna se contiene una amplia sustentación metajurídica y legal dimanante de los tratados y convenios internacionales, del plexo constitucional y de la ley específica de la materia, es decir la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. Consta en el expediente que antecede a la presente acción constitucional de amparo, que la entidad postulante interpuso recurso de reposición ante el Procurador de los Derechos Humanos y en el escrito de interposición de dicho recurso reconoció la conveniencia que se emita la legislación que regule la actividad a la que ilegalmente se dedica; sin embargo, por vía del amparo pretende que se subsanen errores en el planteamiento del recurso interpuesto, si que exista en el presente caso, violación a derecho fundamental alguno.

D) Prueba: a) copia certificada del expediente ORD.GUA cuatrocientos veintitrés – dos mil seis / DI tramitado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, en virtud de denuncia presentada por los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Barrios Flores contra la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima; b) fotocopias de las impresiones de las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes mil cuatrocientos cuarenta y siete – dos mil uno, mil setecientos treinta y nueve – dos mil uno, mil quinientos ochenta y dos – dos mil uno, trescientos ochenta y seis – noventa y ocho, mil quinientos noventa y ocho – dos mil uno y trescientos treinta y seis – noventa y ocho; de fechas trece de febrero de dos mil dos, diecisiete de abril de dos mil dos, catorce de mayo de dos mil dos, once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, trece de marzo de dos mil dos y nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente; c) copias del expediente setenta y seis – dos mil seis del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del municipio de Mixco, departamento de Guatemala; y d) presunciones legales y humanas.

ALEGACIONES DE LAS PARTES

A) La postulante, reiteró las argumentaciones expuestas en su memorial de solicitud de amparo.

B) Los terceros interesados, RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES y MARIO FERNANDO FLORES ORTÍZ, quienes unificaron personería en el último de los mencionados, manifestaron que las acciones realizadas por la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima contravienen los artículos 12 y 22 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud de la calidad de las referencias que utilizan para la información personal que proporcionan a sus clientes; que mediante su proceder, limitan los derechos fundamentales de la persona humana. De acuerdo con lo anterior, solicitaron que al dictar sentencia, se declare sin lugar el amparo planteado.

C) Los terceros interesados, JORGE ROLANDO BARRIENTOS PELLECER, GLADYS ANABELLA DE LEÓN RUÍZ, REYNA ISABEL VENEGAS FRANCO y MARIO ARTURO PORTILLO PORTILLO, no evacuaron la audiencia conferida dentro de la presente acción constitucional de amparo.

D) El tercero interesado, MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN, evacuó la audiencia conferida dentro de la presente acción constitucional de amparo; sin embargo, no se pronunció sobre el fondo de la cuestión sometida a conocimiento de este tribunal constitucional.

E) El MINISTERIO PÚBLICO, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, consideró que: a) que la resolución que emitió el Procurador de los Derechos Humanos con fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, en virtud de la denuncia promovida ante esa procuraduría por los señores Mario Fernando Flores Ortiz y Rafael Eduardo Barrios Flores, se encuentra enmarcada dentro de las atribuciones que le impone al artículo 14 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, en cuanto a su facultad de recibir, analizar e investigar toda denuncia de violación de los derechos humanos que presente cualquier persona y emitir resolución de censura pública en contra de los responsables materiales y/o intelectuales de la violación, cuando del resultado de la investigación arribe a esa conclusión. b) Que de conformidad con el artículo 30 de la ley antes referida, establecida la responsabilidad de cualquier persona de la violación de los derechos humanos, el procurador podrá ordenar la inmediata cesación de la violación y la restitución de los derechos humanos conculcados. c) Que el Procurador de los Derechos Humanos al ordenar en la resolución que constituye el acto reclamado, certificar el expediente subyacente a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público para los efectos de la investigación e individualización de los responsables, se extralimitó en sus funciones, toda vez que la ley de la materia no faculta al Procurador de los Derechos Humanos para certificar el expediente al Ministerio Público; en cambió, correspondía a la autoridad impugnada formular la denuncia o iniciar la querella ante el órgano jurisdiccional competente. A ese respecto, indicó que en ese sentido se pronunció la Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha diecisiete de abril de dos mil dos, en el expediente mil setecientos treinta y nueve – dos mil uno. De conformidad con todo lo anterior, solicitó que al dictar sentencia se otorgue parcialmente la acción de amparo planteada y en consecuencia, se deje en suspenso el numeral romano tres de la parte resolutiva de la resolución que constituye el acto reclamado y se ordene al Procurador de los Derechos Humanos dictar nuevo pronunciamiento, acorde a lo que ordena el artículo 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos.

CONSIDERANDO

-I-

El amparo se instituye con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurarlos en el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido, no existiendo ámbito que no sea susceptible de amparo y procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones o actos de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

La procedencia del amparo está supeditada a la existencia de un agravio que cause o amenace causar una violación a un derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes, deviniendo imperativo que el recurrente evidencie la existencia del agravio que a su decir le causa el acto reclamado.

-II-

La entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima promueve amparo contra el Procurador de los Derechos Humanos, argumentando violación a su derecho de defensa y al debido proceso. Expone que el Procurador de los Derechos Humanos le ocasionó un agravio directo y personal con la emisión de la resolución que constituye el acto reclamado, el cual consiste en que resolvió certificar el expediente que subyace en la presente acción de amparo a la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, para los efectos de investigación e individualización de responsables de una supuesta violación a los derechos humanos, no obstante que de la investigación que efectuó el Procurador de Derechos Humanos, no se estableció la efectiva existencia de la comisión de un delito o falta. Que de conformidad con lo preceptuado por el inciso c) del artículo 30 de la ley que rige su actuación, el Procurador de los Derechos Humanos no se encontraba autorizado para certificar el expediente relacionado, motivo por el cual considera que se excedió en el ejercicio de sus facultades legales, sobretodo, porque la autoridad impugnada estableció que no existe legislación que fiscalice el funcionamiento de empresas con objeto social como el de la denunciada, no existiendo una figura delictiva previa que perseguir, ni violación a la intimidad personal que condenar.

-III-

Luego de haber efectuado el estudio correspondiente sobre el expediente que subyace en la presente acción constitucional de amparo, de la solicitud presentada y sobre el derecho aplicable al caso en concreto, se determina que es menester efectuar un análisis sobre las cuestiones siguientes:

a) La Procuraduría de los Derechos Humanos constituye un órgano de control político del Estado, dirigido por su titular, el Procurador de los Derechos Humanos, quien es un comisionado del Congreso del República para la defensa de los derechos humanos y cuyas atribuciones han sido delimitadas en el artículo 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece: “(…) El Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones: a) Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental, en materia de Derechos Humanos; b) Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; c) Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos Humanos d) Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la modificación del comportamiento administrativo objetado; e) Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales; f) Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente; y g) Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley (…)”.

b) De conformidad con la norma precitada y en virtud de la denuncia presentada por los señores Rafael Barrios Flores y Mario Fernando Flores Ortiz contra la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, el Procurador de los Derechos Humanos procedió a abrir el expediente respectivo y efectuó las diligencias pertinentes, con el objeto de investigar el hecho denunciado. Finalizada la investigación, emitió resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, declarando la existencia de la violación a los derechos humanos a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la intimidad, a la dignidad y al honor por parte de la entidad denunciada; asimismo, recomendó al Congreso de la República de Guatemala adoptar políticas legislativas a efecto de fiscalizar el funcionamiento de empresas con objeto social similar al de la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima y ordenó certificar el expediente respectivo al Ministerio Público, para los efectos de la investigación e individualización de responsables de la violación a los derechos fundamentales denunciada.

Se estima que al efectuar los pronunciamientos que constan en el acto reclamado, el Procurador de los Derechos Humanos actuó en el correcto ejercicio de las atribuciones y competencias que legalmente le son otorgadas específicamente por los artículos 275 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 13 y 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos. En ese sentido, si bien es cierto que -como lo aduce la entidad postulante- dicha normativa no faculta a la autoridad impugnada a certificar el expediente subyacente al Ministerio Público, como efectivamente lo hizo para los efectos de la investigación y determinación de responsables, dicha disposición del Procurador no puede considerarse como violatoria del derecho constitucional de defensa de la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima; toda vez que, con ella, no fue perjudicada en la esfera de sus derechos fundamentales, sino que al haber estimado el Procurador de los Derechos Humanos que “(…) También cabe mencionar que los hechos podrían ser punibles, siendo la determinación de ello función de los órganos competentes, a quienes para el efecto consiguiente deberá certificarse el expediente (…)”, procuró el traslado de los resultados de las diligencias e investigación que efectuó, hacia el ente que, constitucionalmente le corresponde con exclusividad el ejercicio de la acción penal pública, con el objeto que se determine si es procedente o no, iniciar la persecución penal contra presuntos responsables. El hecho que la autoridad impugnada, en lugar de proceder a formular denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente, haya ordenado la certificación del expediente al Ministerio Público, en forma distinta a lo preceptuado por el inciso c) del artículo 30 de la ley que rige su actuación, no constituye per se, una disposición violatoria de los derechos constitucionales de la entidad amparista.

Por consiguiente, con la emisión de la resolución que constituye el acto reclamado, no se evidencia que el Procurador de los Derechos Humanos haya incurrido en la violación constitucional denunciada, motivo por el cual no es dable estimar que el sólo hecho que el pronunciamiento emitido sea contrario a los intereses de la entidad Trans Unión Guatemala, Sociedad Anónima, constituya una causa suficiente para la procedencia del amparo. Por tales razones, la acción constitucional planteada deviene notoriamente improcedente y así deberá declararse al efectuarse los pronunciamientos que corresponden de conformidad con la ley.

-IV-

No se condena en costas a la postulante en virtud de no existir sujeto legitimado para cobrarlas; sin embargo, sí se sanciona con multa al abogado patrocinante.

LEYES APLICABLES

Artículos: Citados y 203 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 3º, 4º, 7º, 8º, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 45 y 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 49, 77, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; Auto Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 9-95 de la Corte Suprema de Justicia.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) DENIEGA por notoriamente improcedente el amparo planteado por TRANS UNIÓN GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA. II) No se condena en costas a la solicitante. III) Se impone la multa de un mil quetzales al abogado patrocinante José Alberto Sierra Rosales, quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. IV) Oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia.

Oscar Humberto Vásquez Oliva, Magistrado Vocal Noveno; Augusto Eleazar Lopez Rodríguez, Magistrado Vocal Tercero; Beatriz Ofelia de León Reyes, Magistrado Vocal Cuarto; Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte, Magistrado Vocal Quinto; Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte, Magistrado Vocal Séptimo; Víctor Manuel Rivera Wöltke, Magistrado Vocal Octavo: Leticia Stella Secaira Pinto, Magistrado Vocal Décimo; Carlos Enrique de León Córdova, Magistrado Vocal Décimo Primero; Rodolfo de León Molina, Magistrado Vocal Décimo Segundo; José Francisco de Mata Vela, Magistrado Vocal Décimo Tercero; Napoleón Gutiérrez Vargas, Magistrado; Noé Moya García, Magistrado; Thelma Noemí del Cid Palencia, Magistrada. Jorge Guillermo Arauz Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.

 



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