Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

  Inicio  -  Busquedas  -  Presentación  -  Ayuda  -  Recortes de prensa 25 de Octubre de 2021  

Idioma
Español
Português
Català
English
 




derechos
habeas data
datos personales
honor
imagen
intimidad
olvido

personas
fallecidas
figuras públicas
niños y adolescentes
personas morales

tipo de datos
ambiente laboral
electorales
historial crediticio
Internet
judiciales
medios
salud
telecomunicaciones
vigilancia

legislación
específica
relacionada
sectorial

doctrina



Países
RedIPD
Europa
las Américas
Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
el mundo
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
 
 
Países
 


.
Argentina [ 02 Diciembre 2009 ] [Entre Rios - Superior Tribunal de Justicia - Sala I]  R.A.R. vs. E.R., calumnias e injurias, recurso de casaci?n    caché ES 

... no corresponde la declaración de inconstitucionalidad o anticonvencionalidad de los delitos de calumnias e injurias —opción que debe constituir la última ratio del ordenamiento jurídico— porque aquí sólo está en juego la posible afectación del derecho al honor de E.R., sin que exista —reitero— oposición entre el derecho a expresarse líbremente y a informar una cuestión de “interés público” —artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos— y la protección del derecho a la honra y a la dignidad personal, prevista en el artículo 11 de la Convención.



 

[Fuente no verificada]

Ref. autos: “ROMERO, RAMON A. c/RIVARA, ELVIO s/CALUMNIAS E 

INJURIAS - RECURSO DE CASACIÓN”.-

( Expte. Nº 3637, pág. 5, L. IV, Año 2009 -- Jurisdicción: Jdo. Correccional Nº2, Paraná )

///-C U E R D O: 

En la ciudad de Paraná, Capital de la 

Provincia de Entre Ríos, a los dos días del mes de 

diciembre de dos mil nueve, reunidos los señores Miembros 

de la Sala Nº 1 del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a 

saber: Presidente, Dr. CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ y 

Vocales, Dres.  DANIEL OMAR CARUBIA y  CLAUDIA MONICA 

MIZAWAK, asistidos por el Secretario autorizante, Dr. Rubén 

Chaia, fue traída para resolver la causa caratulada: 

“ROMERO, RAMON A. c/RIVARA, ELVIO s/CALUMNIAS E INJURIAS- 

RECURSO DE CASACION”.-

Practicado el sorteo de ley, resultó que la 

votación tendría lugar en el siguiente orden: Dres.

MIZAWAK, CHIARA DIAZ y CARUBIA.-

              Estudiados los autos, la Excma. Sala planteó 

las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso 

de casación interpuesto?

SEGUNDA CUESTION: ¿Cómo deben imponerse las 

costas?

A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA SEÑORA 

VOCAL, DRA. MIZAWAK, DIJO:

I.- Por resolución de fecha  treinta y uno 

de julio de 2009, el Sr. Juez en lo Correccional de esta 

ciudad, Dr. Daniel J. Malatesta, no hizo lugar a la

inconstitucionalidad de los delitos de calumnias e 

injurias, planteada por el Dr. Jorge Gabriel Sueldo, 

defensor del querellado.-

               II.- Contra esa decisión interpuso recurso 

de casación el Dr. Jorge Gabriel Sueldo, defensor del 

querellado.-

               Sostuvo que el “a quo” aplicó de manera 

errónea las reglas que imperan en la colisión entre el 

derecho a la libre expresión (y no libertad de prensa) y el 

honor. Adujo la existencia de un error “in indicando”.-               Estimó que se conculcaron los arts. 14, 18 y 

75 -inc. 22- de la Constitución Nacional y los Tratados 

internacionales.-

               Propuso como solución que este Tribunal 

Casatorio dicte un pronunciamiento ajustado a derecho y se 

decrete la inconstitucionalidad de la querella incoada 

contra su defendido.-

               Citó el fallo “Kimel” emanado de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y opinó que en el “sub 

judice” se verifica la colisión entre el derecho al honor y 

a la libertad de expresión.-

               Efectuó la reserva del “caso federal” y de 

acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.-

                III.- Habiéndose concedido el recurso 

interpuesto –fs. 47-, se ordenó correr traslado a las 

partes por el plazo de cinco días –fs. 55-.-

                III.1.-  A fs. 57/64 contestó el traslado 

corrido el  recurrente, Dr. Jorge Gabriel Sueldo.-

               Reiteró los agravios planteados en el 

memorial de fs. 42/46 vta. y se explayó acerca del valor de 

la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Mantuvo la reserva del “caso federal” y 

de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.-

               Solicitó la casación del pronunciamiento de 

grado, que se dicte uno nuevo ajustado a la ley y a la 

doctrina que corresponde, y se declare la 

inconstitucionalidad de la querella por calumnias e

injurias entablada.-

                III.2.-  A fs. 66/67 vta. contestó el 

traslado dispuesto el querellante, Ramón Alberto Romero, 

con patrocinio letrado.-

                Interesó el rechazo del recurso incoado. 

Manifestó que los fundamentos del mismo son determinados 

por presuntas consideraciones e intenciones del Poder 

Ejecutivo sobre la despenalización de los delitos de 

calumnias e injurias.-

               Puntualizó que, tanto el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos como otros precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación  –

“Patitó” y “Bruno”- se refieren a la despenalización de las 

calumnias e injurias cuando las expresiones versan  sobre 

asuntos de interés público. Remarcó que ello no es 

aplicable a casos en los que están en juego cuestiones 

privadas, como ocurre en el presente.-

               Opinó que lo resuelto por el Juez de grado 

es correcto y debe ser confirmado.-

               Indicó que el fallo  “Kimel” sólo trató la 

colisión de dos derechos constitucionales protegidos: el 

honor y la libertad de expresión y que el casante no 

acreditó la aludida contradicción.-

               Solicitó el rechazo del recurso incoado, con 

costas.- 

               III.3.-  El Sr. Procurador General de la 

Provincia  –fs. 69/72-, Dr. Jorge Amilcar Luciano García,

consideró que la cuestión planteada es idéntica a la 

resuelta en la causa:  “Gallino, Jorge S. C/Prieu Kees, 

Carlos M. s/Querella por calumnias e injurias - Recurso de 

casación”.-

               Expuso su opinión en cuanto a que quien 

pretende la inconstitucionalidad ha efectuado una lectura 

sesgada, parcial y errada del caso  “Kimel”  como si sus 

considerandos fuesen un úcase de obediencia jerárquica y 

automática para los jueces.-

               Señaló que, si bien en dicho fallo la Corte 

concluyó en que los tipos penales en cuestión afectan la 

taxatividad requerida en la ley penal, lo hizo en relación 

con su conflicto con la libertad de expresión. Opinó que no 

se ponderó el contexto justificante del art. 34, inc. 4º, 

del Código Penal.-

               Adujo que en el presente caso no existe 

afectación a la libertad de expresión sino que se trata de 

una situación de particulares.-               Interesó el rechazo del planteo casatorio.-  

               IV.- Que, así delimitadas las posturas 

partiales, corresponde ingresar al tratamiento del “thema 

decidendi”.-

               IV.1.- En primer lugar, debo reinvidicar una 

vez más la doctrina casatoria sostenida por esta Sala Nº 1 

de Procedimientos Constitucionales y Penal, en lo que 

respecta a la declaración de inconstitucionalidad de las 

normas –cftr. sentencias dictadas in rebus: "UFANO, ANGEL A. – 

ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA – REC. DE CASACION"  (18 de 

febrero de 2008), "LEMARIA, PABLO DANIEL - INCENDIO, COACCION y 

LESIONES LEVES en CONCURSO REAL - RECURSO DE CASACION" (25 de 

diciembre de 2007), "GOMEZ, JUAN M. – ROBO CALIF. POR USO DE ARMA 

DE FUEGO Y HURTO CALIF. POR ESCALAM. EN CONC. REAL  – REC. DE 

CASACION"  (29 de noviembre de 2007) y  “JARA, CRISTIAN G. s/ROBO 

CALIF. EN GRADO DE TENTATIVA - REC. DE CASACION" (1º de julio de 

2009), entre muchas otras-.-

               En los citados antecedentes se estableció 

que es competencia exclusiva del Poder Legislativo Nacional 

el dictado del Código Penal, el establecimiento de  las 

pautas para la incriminación de las conductas que se 

reputan delictivas y la fijación de los montos mínimos y 

máximos de las penas correspondientes a cada delito. Todo 

ello es de aplicación obligatoria para los miembros del 

Poder Judicial, sin que resulte posible el desconocimiento 

de los institutos implementados en consecuencia  (C.S.J.N., 

Fallos: 11:405; 191:245). Por lo tanto, los jueces sólo 

pueden decidir acerca de la compatibilidad o no de  las 

leyes con los principios establecidos en la Carta Magna, 

pero de ninguna manera pueden analizar la conveniencia, 

oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por 

el legislador en el ámbito propio de sus funciones 

(C.S.J.N., Fallos: 257:127; 293:163; 300:642; 301:341).-

                              Sentado ello, advierto que la cuestión 

planteada en el sub judice es idéntica a la resuelta en 

las causas: “ALMARA, RUBEN- ROLDAN MARIA ALEJANDRA s/ 

INJURIAS (QUERELLA PRESENTADA POR BRACCO, JUAN ALFREDO) RECURSO DE CASACION” (sentencia del 5 de agosto de 2009) y 

“GALLINO, JORGE S. c/ PRIEU KEES, CARLOS M. s/ QUERELLA 

POR CALUMNIAS E INJURIAS- RECURSO DE CASACION” 

(pronunciamiento del 9 de octubre de 2009). En el último de 

los citados precedentes este Tribunal “ad quem” sostuvo:

“...el fallo “Kimel” de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se refiere a la tensión entre el derecho al honor – 

tutelado a través de los tipos penales de calumnias e injurias- 

y el derecho a la libertad de expresión o información...la Corte 

entendió que, en tales casos, las figuras legales en cuestión 

son imprecisas y resultan, por ello, contrarias al principio de 

legalidad y se recomendó al Estado Argentino que se redacte un 

tipo penal especial que pondere la libertad de expresión o 

información. Así las cosas, no advierto que dicho precedente 

decrete de manera genérica la anticonvencionalidad de los tipos 

penales cuestionados, sino que el organismo internacional solo 

resolvió un caso particular y en el cual se verificó la aludida 

contraposición entre la protección de la honra y el derecho a la 

libertad de expresión, ya que estaba en juego un tema de interés 

público. Incluso, textualmente la Corte expresó que:“ ...La 

Corte no estima contraria a la Convención cualquier medida penal 

a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero 

esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, 

ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta 

desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las 

características del daño injustamente causado y otros datos que 

pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma 

verdaderamente excepcional, medidas penales... Cabe aclarar que 

lo dicho de ninguna manera pretende desconocer el efecto que 

tiene los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

los cuales, tal cual lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación - fallo 318:514:- “...debe servir de guía para la 

interpretación de los preceptos convencionales en la medida que 

el Estado Argentino reconoció la competencia de la  Corte 

Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la 

interpretación y aplicación de la Convención Americana... (cfr. 

Arts. 75 de la  C.N y 62 y 64 Conv. Americana y Art. 2 ley 

23.054)...”, sino que se trata de fijar con precisión los 

alcances de la decisión adoptada en el caso citado...”.- 

                 Trasladando los conceptos vertidos al “sub 

examine”, es necesario puntualizar que en este caso –tal 

cual fue resuelto por el juez de grado- no se advierte 

contraposición alguna entre el derecho al honor y la 

libertad de expresión, ya que en el escrito de 

interposición de la querella se imputó al querellado el 

haber emitido acusaciones calumniosas e injuriosas contra 

el querellante, a quien concretamente atribuyó la comisión 

de distintos delitos que, supuestamente, hacen imposible la 

convivencia entre vecinos y remarcando su condición de 

funcionario policial. Por ello, los dichos proferidos por 

el Sr. Rivara deben ser analizados a la luz de los 

artículos 109 y 110 del Código Penal, para dilucidar si los 

mismos crearon o no  un  peligro jurídicamente desaprobado que acarreó un resultado lesivo para el  honor del 

querellante, por lo que el trámite de estas actuaciones 

debe continuar según su estado.-

               A mi modo de ver, está muy claro que no 

corresponde la declaración de inconstitucionalidad o 

anticonvencionalidad de los delitos de calumnias e injurias 

–opción que debe constituir la última ratio del 

ordenamiento jurídico- porque aquí sólo está en juego la 

posible afectación del derecho al honor de Romero, sin que 

exista –reitero- oposición entre el derecho a expresarse 

líbremente y a informar una cuestión de “interés público” -

artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos- y la protección del derecho a la honra y a la 

dignidad personal, prevista en el artículo 11 de la

Convención.-

               Tal como lo expuse al comandar el acuerdo en 

la citada causa “Almará”, soy de opinión que:

“...No puede ponerse en tela de juicio que la Convención 

Americana de Derechos Humanos y su interpretación en la Corte 

Internacional protege el derecho al honor, aún de los 

funcionarios públicos, solo que, en el caso en particular 

considera que la aplicación de los citados artículos, cuando se 

encuentra ante el derecho de libertad de expresión  o, más 

precisamente, ante el derecho de información, aparece como 

impreciso y con ello atentatorio del principio de legalidad, 

cimiento del derecho penal... la crítica a la redacción de los 

artículos mencionados lo es a los fines de que los mismos no se 

entrometan en la esfera de protección del derecho de libertad de 

expresión...No puede tacharse de contraria a la Convención, 

cualquier medida penal en materia de protección del honor sin 

considerarse los pormenores del caso concreto...”...

               Por los argumentos expuestos, propicio el 

rechazo del recurso incoado y la confirmación del 

pronunciamiento puesto en crisis.-

               Así voto.-                                 

               El señor Vocal, Dr. CHIARA DIAZ, adhiere al 

voto que antecede por análogas consideraciones.- 

               El señor Vocal, Dr. CARUBIA, a la cuestión 

propuesta, dijo:      

              Que, existiendo coincidencia de los señores 

Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la 

facultad de abstención que me confiere el art. 33, última 

parte, de la L.O.P.J. –texto según Ley Nº 9234-.-

                A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA SRA. 

VOCAL, DRA. MIZAWAK, DIJO:               Las costas de esta etapa impugnaticia deben 

imponerse al recurrente vencido (arts. 547, 548 y ccdtes. del 

C.P.P.), lo que así propicio.- 

               Establecer que no se regulan honorarios 

profesionales por no haber sido ello expresamente 

solicitado (art. 97, inc. 1º, del Dec. Ley Nº 7046/82, ratif. 

por Ley Nº 7504).-

               Así voto.-

               El señor Vocal, Dr. CHIARA DIAZ, adhiere al 

voto que antecede por análogas consideraciones.-

               El señor Vocal, Dr. CARUBIA, a la cuestión 

propuesta, dijo:      

               Que, existiendo coincidencia de los señores 

Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la 

facultad de abstención que me confiere el art. 33,  última 

parte, de la L.O.P.J. –texto según Ley Nº 9234-.-

               Con lo cual se dio por terminado el  acto, 

quedando acordada la siguiente sentencia:

CARLOS A. CHIARA DIAZ

                                                        CLAUDIA M. MIZAWAK                                                        

DANIEL O. CARUBIA

SENTENCIA:

 

                 PARANÁ, 02 de diciembre de 2009.-

y VISTOS:

               Por los fundamentos del acuerdo que 

antecede;

SE RESUELVE:

               I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido 

a fs. 42/46 vta. contra el pronunciamiento de fs. 37/39 

vta., el que, en consecuencia, se confirma.- 

               II.- IMPONER  las costas al recurrente 

vencido.-               III.- DEJAR  constancia que no se regulan 

honorarios profesionales por no haber sido ello 

expresamente solicitado  (art. 97, inc. 1º, del Dec. Ley Nº 

7046/82, ratif. por Ley Nº 7504).- 

                   Protocolícese, notifíquese y, 

oportunamente, bajen.-

 CARLOS A. CHIARA DIAZ

                CLAUDIA M. MIZAWAK             

                                         DANIEL O. CARUBIA

 



Sitio patrocinado por 

IIJUSTICIA

un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho