Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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España [ 18 Diciembre 2009 ] [Juzgado de lo Penal n? 16 de Madrid]  Sentencia 531/09    caché ES 

La sentencia se refiere a la publicación por parte de la Cadena Ser y de la página web www.cadenaser.com de un listado con los nombres de una serie de personas afiliadas irregularmente al Partido Popular en la localidad de Villaviciosa de Odón. Determina que los hechos relatados son constitutivos de un delito de revelación de secretos del artículo 197, del Código Penal,

La defensa alegó que los acusados actuaron en el ejercicio de su derecho de comunicar libremente información veraz (art.20.1 CE) y que tal información era de interés general, que debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad y que, por aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, su conducta no debe ser castigada. Sin embargo, en opinión del Tribunal se produjo una divulgación de datos personales, aunque se tratara de información de conocimiento público.

El derecho a la protección de datos también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, son accesibles al conocimiento de cualquiera, pero que no escapan al poder de disposición de sus titulares.

Se condena a un año y nueve meses de prisión, y a la inhabilitación para el ejercicio del periodismo, como autores de un delito de "revelación de secretos"



[FUENTE NO VERIFICADA]

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 38/09

El limo. Sr. D. Ricardo Rodríguez Fernández en la causa de referencia, ha dictado, EN NOMBRE DE S. M., EL REY, la siguiente

SENTENCIA 531/09

En Madrid, a 18 de diciembre de 2009

Vistos por el limo. Sr. D. Ricardo Rodríguez Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n° 16 de Madrid, los autos del Procedimiento Abreviado núm. 38/09, dimanantes de las diligencias del Juzgado de Instrucción n° 4 de MADRID, núm. 6745/03, seguidos por un delito de Revelación de secretos contra DANIEL ANIDO DIAZ con DNI ... nacido en Trobo Begonie (Lugo) el día 10 de Junio de 1960, hijo de Victoriano y Maria y representado por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillen y defendido por el Letrado Don Gerardo Viada Fernández Velilla; RODOLFO IRAGO FERNANDEZ con DNI ... nacido en Vigo el día 15 de Marzo de 1966, hijo de Rodolfo y Leonor y representado por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillen y defendido por el Letrado Don Javier Moreno Núñez. La acusación pública la sostiene el Ministerio Fiscal representado por la lltma. Sra. Da Pilar Joga Romero. La acusación particular es ejercida por Don José Ruiz -Peinado Gertrudis, Doña Rosa María Coello Cabrera, Doña Rosa María Martín Consuegra Miaja, Doña Mercedes Rodríguez Fernández, Don Luís Carlos de Diego Soria, Doña Maña del Mar Cobo Quintanilla, Don Sebastián Ruiz-Peinado Gertrudis, Dona Vicenta Gertrudis Romero de Avila, Don Javier Ruiz-Peinado Gertrudis, Doña Isabel La Torre Cárdenal, Don Antonio Aguilar Ruiz, Doña María Nieves Parras García, Doña Agustina Cortijo Muñoz, Don Angel Luís Delgado Cortijo, Doña Rosa María Fernández Grandal, Doña María Luz Méndez Silgado, Don Francisco País Agrelo, Doña María el Carmen García Nieto, Don Antonio Rodríguez Chica, Doña María Jesús Ruiz Soldado, Don Joaquín Cobos Macías, Doña María Pilar Casquero Gil, Doña Ruth María Varo Núñez, Doña Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, Doña Nuria Fernández-Canillas Ron, Doña Olga Lozano Berruguete, Doña Virginia Guillen Barrado y del Grupo Político Municipal por el Partido Popular en Villaviciosa de Odón representados por el Procurador Don Miguel Angel Heredero Suero y defendidos por el Letrado Don José María Roces Vigil.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, calificó los hechos como con constitutivos de un delito de Revelación de secretos del art. 197.2 y 5 del Código Penal. De los hechos que han quedado narrados responden los acusados en concepto de autores. No concurren en los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer a los acusados las penas de: tres años y seis meses de prisión.

Accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y pago de las costas por mitad.

El Ministerio Fiscal en el acto del juicio oral, modifica en el siguiente sentido:

En la SEGUNDA, suprimir el apartado 2 del art. 197, añadiendo al apartado tres del último párrafo. 

En la CUARTA, hacer constar la concurrencia del art. 20.7 en relación con el art. 21.1 del Código Penal, obrar en el ejercicio legítimo de un derecho o cargo, como eximente incompleta.

En QUINTA, solícita para cada acusado, la pena de cinco meses de prisión, a sustituir conforme al art. 88 por 300 cuotas de multa con una cuota diaria de 10 euros y una pena de cinco meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros. En ambos casos con la responsabilidad personal subsidiaria del art. 53 del Código Penal en caso de impago.

Manteniendo el resto de sus conclusiones y elevándolas a definitivas.

 

SEGUNDO.- La acusación particular en su escrito de acusación, calificó los hechos como constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos en grado de consumación tipificado en el art. 197 apartados 2, 3 y 5 del Código Penal. Los acusados son responsables de los anteriores delitos en concepto de autores. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Procede imponer a cada uno de los acusados, una pena de prisión de tres años, con las penas accesorias de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de periodista y dirección de medios de comunicación durante tres años e inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, accesorias y costas procesales, incluidas las de la acusación particular.

Y, como Responsabilidad civil, la acusación particular solicito que los acusados Don Daniel Anido Díaz y Don Rodolfo Irago Fernández, y en su defecto la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. deberán indemnizar a cada uno de quienes ejercitan la acusación en la suma de sesenta mil euros (60.000,00 euros), lo que una cantidad total de un millón quinientos mil euros (1,500.000,00), debiendo procederse a su aseguramiento, a excepción del Grupo Político Municipal por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Doña Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina y Don Joaquín Cobos Macías en los que esta parte se reserva en nombre de éstos para un procedimiento civil posterior la reclamación de la responsabilidad civil que pudiera derivar de los delitos por los que se formula acusación de conformidad con el art. 109.2 del Código Penal, tanto contra los acusados como contra la Sociedad Española de Radiodifusión S.A.

 

TERCERO.- Los Letrados de la defensa, en igual trámite negaron los hechos y solicitaron la libre absolución de sus representados.

 

CUARTO.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales.

 

HECHOS PROBADOS

 

Se declara expresamente probado que:

 

ÚNICO.- Los acusados DANIEL ANIDO DÍAZ y RODOLFO IRAGO FERNÁNDEZ, mayores de edad y sin antecedentes penales, el día 17 de junio de 2003, en calidad de director y subdirector, respectivamente, de la cadena de radio Cadena Ser, cedieron a la sociedad Ser.com los nombres, apellidos, domicilio y afiliación al Partido Popular de setenta y ocho (78) ciudadanos de la localidad de Villaviciosa de Odón (Madrid). Estos datos los obtuvieron de persona que no han querido identificar en el ejercicio de su derecho al secreto profesional y protección de fuentes de información. Tal lista de afiliados con los datos personales citados era de uso exclusivo del Partido Popular y carecían los acusados de la necesaria autorización de las personas afectadas para proceder a su publicación o cesión a otra entidad para su publicación,

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Valoración de la prueba. Los hechos anteriormente declarados probados y la participación en ellos de los acusados resultan acreditados por las pruebas practicadas en el plenario, complementadas por los documentos unidos a las actuaciones, convicción a la que se llega de la conjunta valoración de la prueba practicada en el acto del juicio oral en los términos establecidos en el art. 741 LECr.

Así, el acusado Daniel Anido Díaz declaró que a la fecha de los hechos era director de los servicios informativos de la Cadena Ser, que recibieron un soporte documental de unos hechos en Villaviciosa de Odón y difundieron la información en la Cadena Ser; que la información les llegó a través de una fuente; que esa la lista de afiliados se difundió en Ser.com, siendo el que declara únicamente responsable de la información que se difunde en Cadena Ser, que son dos empresas distintas; que en la Cadena Ser se difunde la información y se dice que se cuenta con el soporte documental, que es lo que se publica en Ser.com; que lo difundieron porque "... pretendían denunciar afiliaciones irregulares al PP"; que los nombres, apellidos y domicilio de los afiliados no los transmitieron por la radio, sino que "... se lo facilitaron a Ser.com para que elaboraran ellos la información", aclarando que "... lo que facilitaron fue el soporte documental que avalaba la información"; que ratifica su declaración realizada en fase de instrucción (fs. 217 y ss de las actuaciones sumariales); que el listado de afiliados al Partido Popular de Villaviciosa de Odón se lo entregaron a él y al otro acusado, Rodolfo Irago; que no recordaba haber mantenido una conversación en aquellas fechas con la alcaldesa de Villaviciosa de Odón, en donde les exigió que retirasen de la página web de esa infracción y haber recibido un fax del Partido Popular en similares términos; que son él, en calidad de director de informativos de la Cadena Ser, y Rodolfo Irago quienes deciden trasladar la información a Ser.com, la cual es propiedad de Prisa.com, aclarando que "... Ser.com se surte principalmente de lo que ocurre en su antena, hay un mecanismo habitual del día a día donde las cosas que se reflejan en antena son redamadas por Prisa.com y se pone a disposición de Prisa.com la información; que ellos reelaboran la información ya que la radio no es lo mismo que “internet" y que, en definitiva, ni él ni Rodolfo Irago, en calidad de director y subdirector de informativos de la Cadena Ser, respectivamente, podían dar la orden de que la lista de afiliados se publicara en Ser.com".

El otro acusado, Rodolfo Irago Fernández, declaró en similares términos: que a la fecha de los hechos era subdirector de informativos de la Cadena Ser, que mantuvieron varios contactos con sus fuentes sobre un presunto proceso fraudulento de afiliaciones al Partido Popular de Villaviciosa de Odón y que, al final, hay un contacto personal donde se les entrega esta documentación, donde se comprendía, entre otros, una relación de afiliaciones; que en la radio "... no se publicó la lista pero se daba alguno de los nombres", que no publicaron en la radio ninguna lista, pero que sí dijeron que existía, que contrastaron que la mayoría de las afiliaciones eran presuntamente irregulares; que ratifica su declaración sumarial (fs. 219 y ss); que la lista se la dieron, en soporte documental, a la página web y que no pidieron consentimiento a los perjudicados; que no recuerda si en la radio se dijo que la lista de presuntas afiliaciones irregulares al PP de Villaviciosa de Odón estaba en la página web; que sobre la Ser.com no tenía ninguna responsabilidad; que la relación con los setenta y ocho afiliados "... figura en la denuncia de la presidenta del PP local ante los órganos del partido" y que, en suma, él no tiene responsabilidad alguna "... sobre la publicación de ese listado en la página web".

Declaró en el plenario, igualmente y en calidad de testigo, María Eia Rubio Jiménez, redactora de la Cadena Ser, la cual relató como de la documentación que le entregaron los acusados, en calidad de jefes suyos, realizó una información y que le ordenaron que contrastara la información recibida, usando como base documental el dosier y que comprobó que la documentación era correcta; que ratificaba su declaración sumarial (fs. 404 y ss); que trabajan en equipo y que cuando les llegó esta información, se debatió "... si era necesario hacer mención al hecho de que existía un documento de esas características [datos personales] que formaba parte de un dosier más amplio sobre afiliaciones irregulares", que ella dio su punto de vista a sus jefes; que el documento es una parte pequeña, había muchos más papeles en ese dosier sobre afiliaciones irregulares, dictaminadas así por el propio PP, es un dosier que manejaban todas las personas del PP que tenían que decidir sobre ese tema, contrastó la información con al menos cinco personas del PP, contrastó la fecha de elaboración, que ese informe lo tenían varias personas"; y que no recuerda si dieron información en la Ser de que el listado estaba publicado en la página web.

En el juicio oral compareció, también en calidad de testigo, Alfredo García Arruga, el cual declaró que era responsable de los servicios jurídicos de la Cadena Ser, que le dijeron que la información que se dio en la radio estaba contrastada; que la web de la Ser es empresa distinta de la Cadena Ser, que pertenece a Prisa.com; que ésta es una plataforma o un soporte multimedia por llamarlo de alguna manera, que se nutre de información oral, audiovisual o escrita ... de información de agencias, de información de la propia Cadena Ser y de otro tipo de informaciones que vuelca o no en la página web a su conveniencia"; que entre las funciones del acusado Daniel Anido en la fecha de autos no estaba el decidir los contenidos de la página web; que ambas empresas, Cadena Ser y Prisa.com están en sedes distintas, la primera en el Campo de las Naciones y la segunda en la Gran Vía, María del Pilar Martínez López declaró, por su parte y también en calidad de testigo, que en la fecha de autos era la presidenta local del PP en Villaviciosa de Odón y Consejera de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid y antes había sido alcaldesa de la citada localidad; que mandó una cartas al Secretario del PP en Madrid denunciando "... unos hechos sobre unas irregularidades en el proceso electoral en Villaviciosa", que se afiliaron personas de manera Irregular, que junto con las citadas cartas enviaba una relación de personas que, según ella, se habían afiliado irregularmente y, en definitiva, explicó los motivos por los que creía la existencia de tales afiliaciones irregulares a su partido al cual seguía perteneciendo en la actualidad. Por último, comparecieron, igualmente en calidad de testigos algunas de las personas cuyos datos de filiación y su afiliación al Partido Popular de Villaviciosa de Odón fueron publicados en a

Ser com- María Nieves Margarita García Nieto, Alfredo García Arruga, Nuria Fernández Ron, Olga María Lozano Berruguete, María Pilar Casquero Gil, Joaquín Cobos Maclas, Jose Ruiz Peinado, Rosa María Martín Consuegra Miaja, Ruth María Bravo Núñez María Mercedes Rodríguez Fernández y Carlos de Diego Soria que relataron todos ellos los perjuicios que les causo la publicación de sus datos personales (así, ad exemplum, no tiene porque saber la gente si está afiliada en un partido político o no declaró Ruth María Bravo y en similares términos Joaquín Cobos; "su marido es Guardia Civil, capitán; debido a esto [la publicación de la lista] le han molestado mucho, incluso ha tenido que cambiar de teléfono". María del Pilar Casquero; "no tiene porque darse ningún dato privado", José Ruiz Peinado; "un sentimiento de indefensión ... es un pueblo muy pequeño, Mana Mercedes Rodríguez- "se ha enterado gente que no tiene por que enterarse, Luis Carlos de Diego) y que no dieron su autorización para tal publicación.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (vid por todas, por todas, TC SS17/2002, de 28 ene y TS2 a SS 213/2002, de 14 feb y 941/2005, de 18 jul).

En el presente caso el acervo probatorio de carácter incriminatorio expuesto tiene la entidad y eficacia necesaria y suficiente para enervar el citado derecho a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24 CE con rango de derecho fundamental. Esto es, al comportar la presunción de inocencia, conforme reiterada jurisprudencia (vid., por todas, TC1 a S 3 abr

2006), el derecho de no ser penalmente condenado si no es en virtud de una mínima actividad probatoria, producida con todas las garantías, que pueda entenderse de cargo, y de la que pueda inferirse de forma no ilógica, ni excesivamente abierta o débil, la existencia del hecho punible y la intervención de los acusados en el, está claro en el caso, a juicio del Tribunal, la participación de ambos acusados, Daniel Anido y Rodolfo Irago, en el hecho delictivo objeto de imputación y en los términos que infra se examinarán.

 

SEGUNDO.- Calificación Jurídica de los hechos. 

I.- Los hechos relatados en el apartado anterior son legalmente constitutivos de un delito de revelación de secretos del art. 197, apartados 2, 3 y 5, del Código Penal, castigándose en el primer apartado y respecto a lo que es objeto de enjuiciamiento, al que sin estar autorizado utilice, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal que se hallen registrados en cualquier tipo de archivo o registro público y privado o accediese à los mismos sin estar autorizado (apartado 2 del citado precepto), cediera tales datos a tercero (apartado 3) y la agravante del apartado 5 al tratarse de datos de carácter personal que revelen ideología.

II.- El derecho al respeto de la privacidad asegura al ciudadano una esfera en la que éste pueda desarrollar y realizar su personalidad, sin injerencia de los poderes públicos o de otras personas y la intromisión ilícita en tal privacidad está tipificada penalmente.

Al efecto, baste recordar que el derecho a la protección de datos tiene una singularidad especial frente a los demás derechos fundamentales. En primer lugar, por cuanto su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a la protección de datos extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el art. 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones el Tribunal Constitucional (vid., por todas, S 170/1987, de 30 oct) ha definido en términos más amplios como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la dignidad personal, como el derecho al honor, citado expresamente en el art. 18,4 CE, e igualmente, en expresión bien amplia del propio art. 18.4 CE, al pleno ejercicio de los derechos de la persona. El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado.

De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. 

Pero es que también y en segundo lugar, el derecho fundamental a la protección de datos posee una segunda peculiaridad que lo distingue de otros, como el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE. Dicha peculiaridad radica en su contenido, ya que a diferencia de este último, que confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima de la persona y la prohibición de hacer uso de lo así conocido (vid., entre otras TC SS 73/1982, de 2 die; 110/1984, de 26 nov; 89/1987, de 3 jun; 231/1988, de 2 dic; 197/1991, de 17 oct; 134/1999, de 15 Jul; 144/1999, de 22 jul, y 115/2000, de 10 may), el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la capital función que desempeña este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo imponiendo a terceros los mencionados deberes de hacer, cual es, principalmente, el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos. Esto es, el poder de disposición sobre los datos personales (vid, en tal sentido, TC S 254/1993).

El Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia 242/2000, considera el derecho a la protección de datos de carácter personal como un derecho fundamental e independiente del derecho a la intimidad y que nos viene determinado por el carácter dispositivo que tiene cada ciudadano de sus datos personales y que, en un sistema de derechos cerrados como el español, no viene a añadirse a los anteriores sino que se considera como una manifestación del acervo de los derechos de la personalidad del art. 10 CE.

En definitiva, de todo lo expuesto resulta que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos. En suma, los elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales son el derecho del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y el derecho consiguiente a saber de los mismos, esto es, quien los tiene.

Debe recordarse que, el TEDH, Secc. 2ª, S 6 jun 2006 («Caso Segerstedt-Wiberg y otros contra Suecia»), ha declarado que el almacenamiento de información, referente en concreto a afiliaciones y actividades políticas, constituye una interferencia en su derecho al respeto de la vida familiar reconocido por el artículo 8 del Convenio y que, al mismo tiempo, supone una violación de los artículos 10 y 11 de la Convención (Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y Libertades Fundamentales; en siglas, CEPDHLF).

III.- En nuestro derecho, la divulgación o cesión sin autorización de tal información relativa a la afiliación política de una persona constituye una acción tipificada en el Código Penal como delito. Así, baste recordar que el art. 197 del Código Penal establece un amplio catálogo de tipos penales, todos ellos tendentes a la protección del bien jurídico constituido por el derecho a la intimidad respecto a los ataques al mismo constituidos por actos que supongan el descubrimiento o la revelación del secreto y así deriva de la ubicación sistemática del precepto y de la rotulación del título y capítulo de aquélla dentro del Código Penal como lo ha reiterado la jurisprudencia (vid., entre otras, TS2a SS 666/2006, de 19 jun, 358/2007, de 30 abr, y 123/2009, de 3 feb), donde se insiste en la indisociabilidad de intimidad y secreto a estos efectos como ese «ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás».

Las modalidades típicas básicas difieren según el objeto sobre el que se despliega el comportamiento sea:

a) Papeles cartas, mensajes de correo electrónico, documentos o efectos personales, telecomunicaciones, o sonidos, imágenes o señales de comunicación que se puedan escuchar, transmitir, grabar o reproducir, mediante artificios técnicos (artículo 197.1).

b) Datos reservados de naturaleza personal o familiar que sean localizados precisamente en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en archivos o registros tanto públicos como privados (197.2).

c) La difusión, revelación o cesión de lo descubierto o captado, distinguiendo en este caso según que el sujeto activo sea el mismo que accedió al dato o captó la imagen (197.3).

Esta modalidad básica incluye, a su vez, tres figuras diversas, tres conductas por parte del sujeto activo, cuales son:

1a. El apoderamiento, la utilización o la modificación de datos.

2a. El mero acceso, y

3a. La alteración o utilización.

Por difícil que resulte comprenderlo, las modalidades 1a. y 2a. exigen que el sujeto actúe sin autorización, lo que no se traslada a la modalidad 3a. La 1a. exige que se actúe en perjuicio de tercero, la 3a. que se haga en perjuicio de tercero o del titular del dato y, lo que aquí es relevante, en la 2a. no se exige perjuicio alguno.

En suma, el art. 197.2 describe el tipo básico de los recientemente llamados por la doctrina delitos contra la libertad informática o habeas data, esto es, de los delitos que atenían contra la intimidad de las personas desvelando o, más ampliamente, haciendo un uso ilegítimo de los datos personales insertos en un programa Informático y también el apoderamiento de tales datos procedentes de cualquier archivo o registro público o privado. Como se recoge en la TS2a S 18 feb 1999, "... a primera vista, parecen recogidos en cada uno de los dos incisos de dicha norma dos tipos delictivos distintos, pero hay que reconocer que no resulta fácil precisar cuáles son sus elementos diferenciadores. La acción es, en ambos casos, prácticamente la misma; apoderarse, utilizar o modificar en el primer inciso, y acceder, utilizar o modificar en el segundo, aunque puede apreciarse una diferencia de matiz en la intensidad de la acción entre apoderarse y acceder «por cualquier medio». El objeto de la acción delictiva es exactamente el mismo: (datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado). Alguna diferencia parece marcarse entre el sujeto pasivo del delito del primer inciso -«en perjuicio de tercero»- y el del segundo -«m»- pero es más que probable que no se le deba dar demasiada importancia a esta diversidad puesto que, lógicamente, el que con mayor frecuencia resulta perjudicado por la infracción es el titular de los datos, aunque inexplicablemente se le haya silenciado en la definición legal del primer inciso. Por lo demás, tanto el elemento negativo del tipo -«sin estar autorizado»- como el resultado de la acción «en perjuicio de»- aparecen expresados de la misma manera en los dos tipos. Pese a esta sustancial identidad, la diferencia de matiz que existe, según hemos señalado, entre apoderarse y acceder por cualquier medio -la primera expresión evoca la acción de sustraer, en tanto la segunda conviene a toda forma ilícita, puesto que no se está autorizado, de llegar a conocer los datos reservados- autoriza a hablar de dos tipos delictivos, muy cercanos morfológicamente (...)".

En el apartado segundo del precepto se impone penas más graves cuando los datos citados "... se difunden, revelan ó ceden Igualmente, se tipifica en el citado precepto unas conductas agravadas;

a) Por la condición del sujeto activo (apartado 4º), agravándose la pena sí la acción es ejecutada por los encargados o responsables de los ficheros, archivos o registros.

b) La naturaleza del dato como perteneciente al núcleo duro de la intimidad (apartado 5º); esto es, se agrava la pena sí los datos revelados son referentes a ideología, religión, creencias, salud, origen racial o sexual o si la víctima fuere menor de edad o incapaz, y

c) Por mediar precio (apartado 6°).

En todos estos casos, la finalidad, que se identifica con el elemento subjetivo del tipo, es la de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad sin el consentimiento del titular del bien jurídico protegido y el consentimiento -obvio es decirlo- opera como causa que excluye la tipicidad.

 

IV.- Hechas estas consideraciones generales sobre los tipos penales tipificados en el art. 197 de nuestro texto punitivo, examinaremos y calificaremos la conducta realizada por los acusados en los términos descritos en la narración táctica. En el caso de autos, (a acción descrita en el factum se ubica en la modalidad básica b/ (el apoderamiento y/o acceso y/o utilización de ficheros de cualquier índole sin estar debidamente autorizados -art. 197.2-) y c/ (la revelación y/o cesión a terceros de tales datos –art. 197.3-), así como la agravante específica de ser datos de carácter personal que revelen ideología -art. 197.5-, datos, como hemos visto, integrantes del núcleo más importante dentro del derecho a la intimidad.

Así, el tipo del art. 197.2 CP no hace distinciones respecto del objeto de la acción que tengan fundamento en normas no penales y se refiere a «datos reservados de carácter personal o familiar» registrados en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos de archivos o registros públicos o privados. Es decir, que el legislador ha querido alcanzar todos los datos de estas características porque, indudablemente, todos son merecedores de protección penal.

Desde este punto de vista, es claro que el dato referente a la filiación política de una persona contenido en unas listas o archivos es un dato de carácter personal en el sentido del citado artículo, pues se refiere a uno de los ámbitos en los que una persona desarrolla y realiza su personalidad; esto es, datos pertenecientes al ámbito de su intimidad más estricta. Al respecto, cabe precisar que dos problemas de especial importancia, suscita la interpretación del art. 197.2 CP, examinados ya por la jurisprudencia (vid., entre otras, TS2a S 19 feb 1999) y llegándose a la siguiente conclusión; 

1a. El perjuicio producido por la acción tiene que estar naturalmente abarcado por el dolo pero no tiene que ser el único ni el prioritario móvil de la acción y a esta conclusión debe conducir no sólo el argumento sistemático a que acabamos de aludir, sino la propia relevancia constitucional del bien jurídico lesionado por el delito, cuya protección penal no puede estar condicionada, so pena de verse convertida prácticamente en ilusoria, por la improbable hipótesis de que se acredite, en quien atente contra él, el deliberado y especial propósito de lesionarlo. Estamos, pues, ante un delito doloso pero no ante un delito de tendencia.

2a. En cuanto alcance objetivo que se ha de dar a la protección penal de los datos reservados, parece razonable que no todos los datos reservados de carácter personal o familiar puedan ser objeto del delito contra la libertad información y, precisamente, como señala la referida sentencia, "... porque el delito se consuma tan pronto el sujeto activo «accede» a los datos, esto es, tan pronto los conoce y tiene a su disposición, pues sólo con eso se ha quebrantado la reserva que los cubre, es por lo que debe entenderse que la norma requiere la existencia de un perjuicio añadido para que la violación de la reserva integre el tipo, un perjuicio que puede afectar, como hemos visto, al titular de los datos o a un tercero".

Cuestión íntimamente vinculada al alcance de la protección penal es determinar qué datos de carácter personal o familiar suponen un ilícito penal cuando se revelan sin consentimiento de su titular. Antes de resolver tal cuestión, conviene recordar la doctrina constitucional (vid., por todas, TC SS 11 y 94/1998, de 13 ene y 4 may, respectivamente) que la garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18,1 CE) y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; en definitiva, a la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención.

El derecho fundamental a la intimidad del citado art. 18.1 CE tiene como función proteger a un ciudadano frente a cualquier invasión que pueda realizarse en el ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (de ahí que se exige autorización judicial para las intervenciones telefónicas y las invasiones domiciliarias, salvo en este último caso, autorización judicial). Por el contrario y en los términos examinados, el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa misma persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito final de impedir su tráfico ilícito -sin su consentimiento- y lesivo para su dignidad y derecho; esto es, garantiza este derecho a la protección de datos un poder de disposición personal sobre esos datos, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida o, como ha declarado el TC (SS 134 y 144/1.999, de 15 y 22 jul, respectivamente, y 115/2000, de 10 may) "... permite excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno".

Hechas estas precisiones sobre el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, no es fácil precisar, desde el punto de vista penal, a priori y en abstracto, cuándo el desvelamiento de un dato personal o familiar produce ese perjuicio y sea perseguible penalmente. Al respecto la jurisprudencia (vid., por todas, TS2a S 19 feb 1999) a precisado que serán aquellos datos que "... el hombre medio de nuestra cultura considera «sensible» por ser inherente al ámbito de su intimidad más estricta, dicho de otro modo, un dato perteneciente al reducto de los que, normalmente, se pretende no transciendan fuera de la esfera en que se desenvuelve la privacidad de la persona y de su núcleo familiar".

 

V.- A la vista de esta doctrina constitucional y jurisprudencia analizada, debemos concluir que revelar la afiliación a un determinado partido político afecta a la intimidad más estricta de toda persona al tratarse de un dato de absoluta privacidad y referente a la ideología de cada uno que nadie, ningún tercero debe revelar si no cuenta con la autorización de su titular pues, en caso contrario, entendemos, incurre en las conductas descritas en el citado precepto de nuestro texto legal punitivo. No podemos olvidar que el art. 16 CE expresamente protege los datos relativos a ideología, religión y creencia de forma especial al establecerse que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión ó creencia (art. 16.2), sin hacerse excepción alguna y, por tanto, tampoco un Juez ó Tribunal puede exigirlo. Tiene estos datos relativos a ideología, religión y creencia el carácter de datos de especial protección, estableciéndose en el art. 7 de la LO 15/1999, de 13 diciembre, en concordancia con lo establecido en la Directiva Comunitaria 95/46 CEE de la comisión y del Consejo de 24 octubre 1975, que para su obtención deben concurrir dos condiciones: la primera, que no se está obligado a facilitar tales datos; y, la segunda, que tiene que darse su consentimiento expreso y por escrito. En suma, la ideología tiene en nuestro ordenamiento jurídico una especialisima protección y su revelación conlleva, incurrir en el tipo penal referido.

Considera el Tribunal que unos profesionales de la información como son los acusados, de ya larga trayectoria a la fecha de los hechos, obligados por eso mismo al análisis de la realidad social, no pueden desconocer que existan datos personales a los que, por su carácter íntimo, el extraño no tiene el derecho de acceder o publicar o ceder a terceros para su publicación. Igualmente, debían ser conocedores del seguro perjuicio que se irrogaba a una persona si se publicaba que estaba afiliado a un determinado partido político, con las connotaciones sociales que ello conlleva en la relación diaria con sus conciudadanos, máxime como es del caso, en una población pequeña cual es la de Villaviciosa de Odón de aproximadamente unos veinte mil habitantes a la fecha de los hechos) y así se declaró por algunos de los perjudicados en el plenario como así hemos recogido, aleatoriamente, en el Fundamento de Derecho Primero de esta resolución. Que los acusados no se propusieran especialmente y como finalidad última causar perjuicio a los afiliados al Partido Popular cuyos datos revelaron lo puede admitir el Tribunal. Tal afirmación, no obstante, no nos impide precisar que el hecho deba ser considerado doloso, con dolo directo de segundo grado (dolo eventual), puesto que el perjuicio para aquéllos que vieron publicados sus datos personales junto con su afiliación al Partido Popular, por ser inevitable y notorio, no pudo dejar de representárseles a los acusados, y a pesar de ello al menos cedieron - cuando no ordenaron-, en los términos examinados, tal información a la Cadenaser.com para su publicación, como así efectivamente se hizo.

Así las cosas, la acción de los acusados es subsumible en el tipo básico del delito de descubrimiento y revelación de secretos previstos en el segundo inciso del art. 197.2 CP. Igualmente, incurrieron en su acción en la conducta descrita en los tipos agravados de los apartados 3 y 5 del mismo precepto, por haber ordenado y/o cedido tales datos personales y de ideología para su publicación a través de internet y por quedar revelado con dichos datos un dato que forma parte del núcleo duro de los derechos de intimidad, como ya hemos examinado.

En efecto, debemos estimar concurrente en la acción de los acusados el tipo agravado previsto y penado en el art. 197.5 CP como solicita tanto la acusación pública como la particular, al acceder, revelar o difundir datos relativos a la salud, vida sexual, creencias, origen racial, ideología o religión de las personas. Y es que, en del caso, se han revelado datos referentes a la ideología al tratarse la afiliación a un partido político concreto corno el acto más elemental de identificar a una persona con una ideología concreta.

En efecto, según el diccionario RAL, «revelar» significa, en su primera acepción, «descubrir o manifestar lo ignorado o secreto» y, según el Diccionario de Uso del Español de María Moliner, «descubrir, decir o hacer saber "cosas que se mantenían secretas"». En suma, en el caso, descubrir o manifestar un secreto implicaría dar a conocer la ideología como se hizo y es evidente que tal descubrimiento afecta a la ideología, a una concreta, con los perjuicios que ello conlleva, como ya hemos examinado y profundizaremos infra.

TERCERO.- Autoría o participación.

Son responsables los acusados Daniel Anido Díaz y Rodolfo Irago Fernández en concepto de autores del artículo 28, párrafo segundo, apartado b/ del Código Penal, por su participación personal, directa y voluntariamente intencional en los hechos que integran el delito de revelación de secretos en los términos descritos en el Fundamento de Derecho precedente.

Ambos acusados afirmaron en el plenario que recibieron la información, sin revelar sus fuentes, pero en todo caso no contaban con la autorización de quien o quienes podían concederla. Ambos, igualmente, reconocieron en fase instructora (fs. 217 y ss y 219 y ss, respectivamente) que ordenaron su publicación en la página web de la Cadena Sen Ordenasen los acusados la publicación mentada lista en la página web de la Cadena Ser ("Cadenaser.com") ó la cediesen para su publicación, lo cierto es que se trata de una cesión universal por cuanto tiene acceso a la citada información todo el que la quiera ver; esto es, es libre. La protección constitucional al derecho a la información se refiere a los medios de comunicación social (televisión, radio ó prensa escrita) pero, debe matizarse, internet no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal.

Cierto es que, al inicio del juicio oral, la defensa de Daniel Anido aportó documental, siquiera sea por la simple impresión de páginas web, del Registro Mercantil y de Cadenaser.com, sobre los datos registrales de Prisacom SL y datos identificativos de la misma mercantil, e igualmente, ambos acusados en el plenario declararon -al contrario de lo afirmado en fase instructora- que no ... tenían poder alguno sobre la publicación de la lista refenda en la de narración táctica, conteniendo datos personales y de afiliación al Partido Popular de setenta y ocho personas, en la página web de Cadenaser.com, perteneciente a la mercantil Prisa.com, pero tales alegaciones no desvirtúan su condición de autores del delito y por dos razones esenciales;

La primera, por cuanto, además de que se trata de una alegación nueva, siendo sorpresiva en el plenario, no ha quedado acreditado fehacientemente que el dominio www.cadenaser.com a la fecha de los hechos (esto es, junio de 2003) no perteneciera a la mercantil Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena Seri donde los acusados eran, respectivamente, director y subdirector de informativos, según sus propias manifestaciones, y

La segunda, por cuanto, admitiendo a efectos dialécticos que fueran a la fecha en que acaecieron los hechos diferentes empresas y no tuvieran los acusados capacidad alguna de poder obligar u ordenar la publicación de la referida lista de afiliados al Partido Popular a la sociedad Prisacom SL, a través de Cadenaser.com, lo cierto es que reconocieron en el mismo plenario que cedieron tal lista conteniendo aquellos datos personales citados a la citada mercantil Prisacom SL, incurriéndose con tal acción en la conductas descritas en los apartados 3 y 5 del citado art. 197 CP ya examinadas ut supra. Debe recordarse a tal efecto que, conforme al art. 3 i) de la LO 15/1999, de 13 Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la cesión es " toda revelación de datos realizada a personas distintas del interesado". Y con tal acción de ceder, vulneramos la especial protección que nuestro ordenamiento jurídico otorga a la ideología en los términos ut supra expuestos.

 

CUARTO.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Se alegó por el Ministerio Fiscal, en conclusiones definitivas modificando su escrito inicial de acusación provisional, que concurría en ambos acusados la eximente incompleta de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho o cargo (art. 20.7° en relación con el art. 21.1°, ambos del Código Penal).

Cabe recordar al respecto que la doctrina jurisprudencial de forma constante, reiterada y pacífica viene estableciendo que la apreciación de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal exige que sus presupuestos tácticos se encuentren tan acreditados como el hecho mismo (por todas, TS2a S 10 oct 2001), extremos que en solo en parte han sido cumplimentados en el caso que nos ocupa como examinaremos infra.

Entendió el Ministerio público que los acusados ejercitaban, al ceder los datos reservados de referencia para su publicación, el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión que el art. 20.1 d) CE le reconoce, existiendo una confrontación entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión e información, concurriendo un principio de justificación, siquiera sea incompleto. La alegación debe ser estimada y con las consecuencias penológicas que luego se dirán. Debemos recordar que esta causa de justificación, prevista en el apartado T del art. 20 CP es expresión del principio de la unidad del ordenamiento jurídico; esto es, lo que está legitimado en una rama del Derecho no puede prohibirse penalmente. Supuestos típicos son las lesiones del derecho al honor producidas en el ejercicio de la libertad de expresión o en el ejercicio de la profesión de periodista, incluso en las lesiones producidas por un agente policial en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando, obvio es decirlo, concurran una serie de requisitos precisados tanto por al doctrina como por la jurisprudencia. En el caso de autos, cuestión similar a la presente fue analizada por el TS2a en S 18 feb 1999 que apreció tal eximente, como incompleta, en la acción de un periodista que publicó en un determinado diario que dos internos en un Centro Penitenciario, revelando sus nombres y apellidos, tenían el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y trabajaban en la cocina.

Alegaron las defensas, en trámite de informes y en síntesis, que los acusados actuaron en el ejercicio de su derecho de comunicar libremente información veraz (art. 20.1 CE) y que tal información era de interés general, que debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad y que, por aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, su conducta debe ser impune. Debe recordárseles que el mismo art. 20 CE por ellos citado, pero en su apartado cuarto establece que «estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor» a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».

Igualmente y en los términos ya examinados, los datos referentes a la ideología son de especial protección (art. 16 CE) y si nadie tiene obligación de declarar sobre ellos (ni siquiera un Tribunal puede preguntar sobre la ideología de un acusado, testigo ó perito) menos se pueden ceder tales datos para su publicación en internet.

En suma, el rango constitucional del derecho a la libertad de información parece introducir en la conducta de los acusados un principio de justificación, pero la inserción en la propia norma de un límite especial impuesto por el derecho a la intimidad nos obliga a preguntamos si este límite enerva total -como solicitaron las defensas- o parcialmente -como instó la acusación pública-, en los hechos objeto de enjuiciamiento, aquel principio de justificación que, en su caso, operaría indirectamente a través de la eximente citada de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho. Es doctrina constitucional pacífica y reiterada (vid., entre otras, TC SS 16 mar 1981, 23 nov 1983 y 31 ene 1985) que la fórmula del art. 20.1 d) CE incluye dos derechos distintos, si bien íntimamente conectados: a) el derecho a comunicar Información, que en cierto sentido puede considerarse como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión; y b) el derecho a recibir esa misma información.

Al respecto de estos dos derechos, la referida TS2a en S 18 feb 1999 precisa que "(...) el derecho a comunicar y recibir libremente información -se dice en la TC S 6/1988 de 21 Ene., citándose la 105/1983 de 23 Nov.,- versa «... sobre hechos o, tai vez más restringidamente, sobre aquellos que pueden considerarse noticiables», añadiéndose más adelante, con cita de la TEDH S 8 Jul 1996, «caso Lingens», que la comunicación informativa a que se refiere el art. 20.1 d) CE versa sobre hechos, específicamente, que pueden encerrar trascendencia pública a efectos de que sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva, de tal forma que de la libertad de información -y del correlativo derecho a recibirla- es sujeto primero la colectividad y cada uno de sus miembros, cuyo interés es el soporte final de este derecho»".

Al mismo tiempo, la doctrina del TC ha reiterado en más de una ocasión -entre otras, TC SS 159/1986, 51/1989 y 20/1990- la posición preferente que ha de reconocerse a los derechos consagrados en el art. 20 CE, lo que implica tanto una mayor responsabilidad moral y jurídica en quien los ejerce como una rigurosa ponderación de cualquier norma que coarte su ejercicio.

Esta doctrina ha sido, en cierto modo, resumida por la TC S 85/1992 de 8 jun, en los siguientes términos: «(...) En el mismo sentido, hemos declarado que las libertades del art. 20.1a) y d) CE, además de otros derechos fundamentales, son valores objetivos esenciales del Estado democrático y, como tales, están dotados de valor superior o eficacia irradiante, que impone a los órganos judiciales y a este TC, en los supuestos de que colisionen con el derecho al honor, el deber de realizar un juicio ponderativo para establecer previamente si el ejercicio de aquellas libertades ha supuesto lesión del derecho al honor y en caso afirmativo, si esa lesión viene o no justificada por el valor prevalente de tales libertades».

En el caso origen de este procedimiento la información al menos cedida significó, sin duda alguna, una lesión del derecho a la intimidad de setenta y ocho personas, mediante la divulgación de datos incluidos en un listado de afiliaciones a un determinado partido político, el juicio ponderativo que debe realizar este Tribunal se concretará en la eventual justificación, total o parcial, de dicha lesión por el interés público que pudo estar en juego cuando los acusados ejercieron, legítima o ilegítimamente, el derecho a la información.

Conforme a tal doctrina constitucional y jurisprudencia, cabe precisar en lo referente al caso analizado que el Tribunal considera que las posibles irregularidades de afiliación, inmersas en un presunto estado de corrupción urbanística, ambos argumentos invocados tanto por los propios acusados como por sus defensas, era un tema que interesaba o podría interesar a la opinión pública y sobre el que la ciudadanía tenia derecho a estar informada como lo tiene en relación con casi todos los sectores en que se desenvuelve la actividad de los partidos políticos y actuaciones públicas.

Derivado de tal afirmación no puede negarse que era un hecho noticiable, en la ocasión de autos, la existencia de ciertas afiliaciones a un determinado partido político presuntamente, al menos así denunciadas, precisamente por la propia alcaldesa de la localidad como así lo reconoció en su declaración en calidad de testigo en el plenario, como irregulares. Los acusados, pues, podían honestamente pensar que, publicando o cediendo para su publicación la lista de los presuntamente afiliados irregularmente, cuya denuncia ciertamente les constaba, informaban a la opinión pública de algo que la misma tenía derecho a conocer, lo que no puede ser desconectado del interés colectivo de funcionamiento interno de los partidos políticos.

Hechas estas afirmaciones, la conclusión es lógica: En la conducta de los acusados parece existir un principio de justificación que podría estar tipificado como la eximente citada de obrar en el ejercicio de un derecho a que se refiere el art. 20.7 CP. 

Sin embargo, esta justificación no la puede considerar el Tribunal como plena por lo que la antijuridicidad típica de la conducta descrita en la narración fáctica no puede reputarse desaparecida aunque sí considerablemente atenuada. Esto es, para que el ejercicio por parte de los dos acusados del derecho a la información hubiese sido plenamente legítimo, de forma que hubiese integrado la correspondiente circunstancia eximente de la responsabilidad criminal, hubiese sido necesario que la divulgación o, al menos, la cesión de los datos reservados relativos a la afiliación de determinadas personas al Partido Popular (junto con -no podemos olvidarnos- su datos personales que permiten una perfecta identificación) se presentasen como el único procedimiento por el que cupiese informar a la opinión pública del hecho noticiable.

Y considera el Tribunal que no era así, puesto que lo noticiable no era la afiliación de determinadas personas, revelando sus datos (nombre, apellidos e, incluso, domicilio), al citado partido sino y en cualquier caso la mera denuncia de irregularidades en la afiliación en la localidad de Villaviciosa de Odón.

Podría haberse alegado -aunque no se hizo- que sin tener conocimiento de la identidad de los afiliados -recuérdese, setenta y ocho personas- difícilmente hubiesen podido los acusados estar razonablemente seguros de la veracidad de la noticia, por lo que si querían darla a conocer necesitaban saber previamente de qué afiliados se trataba aunque el mero acceso o divulgación o cesión de estos datos, sin la debida autorización, ya fuese penalmente típico. Pero es que esta cuestión ya fue analizada por la referida TS2a en S 18 feb 1999 al precisar que "... esta dificultad consistente en la dificultad de desvincular la difusión lícita de una noticia del acceso ilícito a ciertos datos que son presupuesto de aquélla, que se da inevitablemente a veces en la actuación del profesional de la información, puede llevar a cuestionarla tipicidad de la conducta si una vez conocidos los datos reservados que son imprescindibles para la confección de una noticia veraz, el profesional se abstiene de publicarlos en tanto no lo son para la presentación de la noticia.

Pero en modo alguno la actuación dejará de ser típica, ni podrá estar amparada por una eximente completa de ejercicio legítimo de un derecho, cuando tras acceder ilícitamente a los datos, se procede a su publicación en el contexto de una noticia que no los necesita".

Y es que, en el caso, los acusados ordenaron la publicación de tales datos (si seguimos su declaración sumarial) o los cedieron para su publicación ( como así lo reconocieron en el plenario).

En definitiva, a la vista de la jurisprudencia analizada, entiende el Tribunal que en la conducta de los acusados concurre una causa de justificación, la de obrar en el ejercicio de un derecho, pero tal justificación no puede considerarse como completa al no ser necesaria la información facilitada absolutamente necesaria para la difusión de la noticia, sí para su confección, pero no, se reitera, para su difusión -o, en el caso y al menos, su cesión para la publicación en los términos examinados-, con las consecuencias penológicas que se recogerán infra.

 

QUINTO.- Extensión de las penas, penas accesorias y responsabilidad civil.

- Extensión de las penas.

Respecto a la pena a imponer a los acusados, al concurrir los subtipos agravados de los apartados tercero y quinto del art. 197 CP, la pena a imponer comprendería entre los tres años y seis meses de prisión a cinco años. Al concurrir igualmente la eximente incompleta de obrar en el ejercicio de un derecho, procede rebajar la citada pena en uno o dos grados (art. 68 CP) y el Tribunal considera que procede la rebaja de la pena en un solo grado -y no en dos grados conforme interesó en sus conclusiones definitivas el Ministerio público- principalmente por dos circunstancias:

- La primera, por cuanto su larga trayectoria profesional, su cualificación -recuérdese a la fecha director y subdirector de informativos de la mencionada cadena de radio - les permitía perfectamente distinguir entre la averiguación de los datos reservados necesarios e imprescindibles para la confección de una noticia veraz y los que en modo alguno eran necesarios para la presentación de la noticia, esto es su publicación o, en su caso, cesión.

- La segunda, por la concurrencia de numerosos perjudicados (hasta el número de setenta y ocho), que vivían en una localidad pequeña con los perjuicios que tal circunstancia les conllevó.

Rebajada la pena en un grado, considera el Tribunal que por las demás circunstancias concurrentes procede imponer la pena mínima; esto es, un año y nueve meses de prisión.

- Pena de multa.

El delito por el que se condena a los acusados conlleva, por imperativo legal, la pena de multa, en extensión de doce a veinticuatro meses. Al estimarse la concurrencia de una eximente incompleta en los términos ya examinados, procede rebajar su extensión también en un grado (como la pena privativa de libertad), de conformidad con lo previsto en el art. 50.5 CP. Dentro del grado, el Tribunal considera que, por las circunstancias concurrentes, procede imponerla en su extensión mínima; esto es, seis meses.

En cuanto a la extensión de la cuota diaria, debe estarse exclusivamente, conforme al citado art. 50.5 del texto punitivo, a la situación económica de los acusados "... deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales", señalándose en su apartado cuarto que su extensión "... tendrá un mínimo de dos euros y un máximo de cuatrocientos" y en tal sentido, la jurisprudencia (vid., por todas, TS2a S 12 ene 2004) ha precisado que "... el propio Código Penal impone también la obligación de razonar la individualización de las penas (v. art. 66), y, por lo que a la pena de multa se refiere, el art. 50 del Código Penal señala, en el apartado 3, los límites de su extensión temporal, y, en el apartado 4, los de la correspondiente cuota diaria; disponiendo, en su apartado 5, que «los Jueces y Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y (...) fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo»". Lo expuesto no significa que los Tribunales deban efectuar una inquisición exhaustiva de todos los factores directos o indirectos que pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse (vid., en tal sentido, TS2a S 3 jun 2.002).

Cierto es que en el caso no se ha abierto pieza de responsabilidad civil ni se han hecho indagaciones, en fase instructora y como era legalmente pertinente, para averiguar la situación económica de ambos acusados, pero no debe desconocerse que existe una reiterada jurisprudencia (vid., entre otras, TS2a SS 7 Jul 1.999, 12 feb y 11 Jul 2.001 y 3 jun y 7 nov 2.002) que señala que los Tribunales deberán tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse. Y, en el caso, como datos de suficiencia económica de los acusados podemos reseñar, además de comparecer en juicio con un letrado de confianza, de libre designación, destaca, fundamentalmente, los importantes cargos directivos que ambos desempeñan en la Cadena Ser (actualmente, director general Daniel Anido y director de los servicios informativos Rodolfo Irago), cargos que si bien desconocemos cual será su retribución, sin duda alguna será verdaderamente importante. A la vista de tales circunstancias, parece razonable, a juicio del Tribunal, imponer una cuota diaria de cien euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago prevista legalmente (art. 53.1 CP).

- Penas accesorias.

De conformidad con lo previsto en el art. 56.1 CP, el Tribunal tiene la obligación (“impondrán", recoge textualmente el precepto) de imponer alguna de ellas, reconociéndosele la posibilidad de elegir entre las que se mencionan en tal artículo, en atención a la gravedad del delito y, tras la reforma operada en el precepto por la LO 15/2003, de 25 de noviembre, se permite la imposición conjunta de más de una pena accesoria, criterio éste que ya había sido aceptado por la jurisprudencia (vid., por todas, TS2a S 1.309/1.999, de 25 sep) y por la Fiscalía General del Estado en Consulta 2/2.000, de 14 de die.

Cabe hacer las siguientes precisiones jurisprudenciales respecto de las penas accesorias:

- Las penas accesorias son inherentes a la pena de prisión impuesta al condenado y como consecuencia necesaria de la misma, por lo que el Tribunal deberá imponer la que mejor se adecue a las características del hecho sancionado y a la finalidad de la sanción (vid., en tal sentido, TS2 S 417/2.003, de 20 de mar).

- Su imposición es preceptiva hasta el punto de que deberá imponerse aunque no hubiere petición expresa por parte de las acusaciones, sin que con ello se vulnere el principio acusatorio (vid., en este sentido TS2a S 69/1.999, de 26 de ene) y su omisión es subsanable mediante el oportuno recurso de casación por infracción de ley (TS2a S 370/2.000, de 6 mar).

- En lo que se refiere a la imposición de la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo, cargo público y, en los que aquí nos interesa, profesión u oficio, es la única que necesita que se determine en la sentencia condenatoria su relación directa, su vinculación, con el delito cometido y no las otras dos penas accesorias previstas en el precepto (Vid., por todas, TS2a SS 1,442/1.999, de 18 oct; 388/2.001, de 13 mar; 112/2.003, de 3 feb y 548/2.003, de 9 abr).

- La pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo es una pena residual que procede imponer cuando el condenado no ejerza ningún cargo o empleo público del que pueda ser suspendido y el delito no tenga relación directa con su profesión u oficio (vid., entre otras, TS2a SS 1442/1999, de 18 oct, 1273/.2000, de 14 jul, 1479/2.000 y 1.273/2.003, de 20 mar).

La Fiscalía General del Estado, ya en Consulta 2/2000, de 14 de febrero, precisaba que «... habrá de solicitarse la inhabilitación especial para ... profesión, oficio ... o cualquier otro derecho, especificando concretamente cuál o cuáles son los derechos a que alcanza la inhabilitación, únicamente cuando éstos hayan tenido relación directa con el delito y el penado se haya aprovechado de ellos para cometerlos. En este caso, habrá de solicitarse también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo», criterio posteriormente seguido en la Circular 2/2.004, de 22 de diciembre.

En el presente caso, de conformidad con la jurisprudencia y doctrina citadas, entiende el Tribunal que procede la imposición conjunta a los acusados de las penas accesorias de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo y la de inhabilitación especial profesión u oficio; esto es y respecto a esta última pena accesoria, la inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y ejercicio de la actividad de periodistas durante el tiempo de la condena.

En efecto, entiende el Tribunal que, al condenarse a Daniel Anido y Rodolfo Irago en calidad de director y subdirector, respectivamente, de los servicios informativos de una cadena de radio y en el ejercicio ambos de su profesión de periodistas, bien por ordenar la publicación en la página web de la Cadenaser.com de la tantas veces citada lista de afiliados al Partido Popular de la localidad de Villaviciosa de Odón, bien por haberla cedido para su publicación en los términos ya examinados, lo cierto es que lo hicieron no solo como periodistas sino y también en calidad de directores de los servicios informativos de la Cadena Ser, sociedad dedicada, precisamente, a la comunicación social y en el ámbito de esa misma actividad y, por ello, es obligado imponerles la pena de inhabilitación para la dirección de medios de comunicación y ejercicio de la actividad de periodistas y, de conformidad con el art. 45 CP, con una duración temporal igual a la pena privativa de libertad impuesta.

- Responsabilidad civil.

Todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios (art. 116 del CP), En el presente caso, la acusación pública no solicitó ni en su escrito de acusación provisional ni en el plenario al elevar aquél a definitivas, responsabilidad civil alguna a los acusados por los perjuicios casados a las personas cuya identidad y afiliación al Partido Popular se publicó en internet; sí, por el contrario, lo instó la acusación particular. Las defensas, en trámite de informe, negaron la existencia de responsabilidad civil, sea para los acusados, sea para la Cadena Ser.

La existencia de perjuicios para los denunciantes es, a juicio del Tribunal, obvia (se ha vulnerado su derecho a su intimidad y protección de datos de carácter personal, lo que les ha conllevado perjuicios en los términos ya expuestos) y, en consecuencia, existe responsabilidad civil en los acusados y, subsidiaría de la mercantil en donde y para la cual trabajaban que no es otra que la Cadena Ser. El problema estriba en determinar el alcance de la misma; esto es, en qué cantidad deberán ser indemnizados los perjudicados.

Cabe precisar, en primer lugar, que sólo cabe establecer indemnización por perjuicios a los denunciantes quienes han ejercitado su derecho de personación en la causa en calidad de acusación particular y solicitaron la declaración de responsabilidad civil para los acusados y, subsidiariamente, de la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A (Cadena Ser), a excepción del Grupo Político Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina y Joaquín Cobos Macías, que se reservaron el ejercicio de sus acciones en el proceso civil correspondiente. Por el contrario, no cabe hacer pronunciamiento alguno respecto de las demás personas cuyos nombres, domicilio y afiliación al Partido Popular fue publicado en los términos recogidos en la narración táctica por cuanto, siendo cierto que no consta que hubieran renunciado a la misma, no se personaron en el procedimiento y el Ministerio público, única parte habilitada legalmente para representarles y ejercer conjuntamente con la acción penal la acción civil, no la ha ejercitado en el caso, bien por olvido, bien por no considerar la existencia de perjuicio alguno. El Tribunal les reserva, pues y en su caso, el ejercicio de tal derecho por la vía civil correspondiente.

Hecha la anterior precisión, procede ahora determinar el alcance de la indemnización que corresponde a cada uno de los perjudicados; es decir, establecer una cantidad económica que les resarza del daño sufrido y tal cuestión no es fácil de resolver.

De la narración táctica se deduce, claramente, al existencia de perjuicios en los denunciantes y así lo manifestaron en el acto del plenario, como ya se ha examinado ut supra, No son daños físicos o materiales, como podrían ser los derivados de unas lesión es o de un robo, sino morales. En efecto, perjuicios morales derivados de la publicación de los datos citados en internet, en la página web de la Cadenaser.com.

Respecto al daño moral, es reiterada jurisprudencia (vid., entre otras, TS2a SS 5 may 1998, 10 abr 2000, 28 ene 2002 y 525/2009 de 26 may) que el mismo se trata, sin duda, de un concepto que acoge expansivamente, el «precio del dolor», sin necesidad de ser acreditados cuando fluye lógicamente del suceso acogido como hecho probado y valoración que corresponde a la prudente discrecionalidad del Tribunal de instancia la fijación del «quantum» indemnizatorio cuando se trata de daños o perjuicios de índole moral que no tienen una exacta traducción económica.

En tal sentido es clarificadora la TS2a S 27 mar 2002 que precisa que «... cuando se trata de daños de índole moral, que por su propia naturaleza no son traducibles económicamente y por ello no pueden utilizarse como criterios o bases determinantes de la indemnización los mencionados para los daños físicos y materiales, la única base para medir la indemnización por esos perjuicios y daños anímicos es el hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o resultado causal, de tal suerte que la propia descripción del hecho constituye la base que fundamenta el "quantum" indemnizatorio señalado por el Tribunal sentenciador en el ejercicio de una prudente discrecionalidad únicamente revisable en casación cuando la valoración rebase los límite mínimos y máximos dentro de los cuales resulta razonable esa prudente discrecionalidad (...)».

En el caso, valorándose la gravedad de los hechos por los que se condena a los acusados, la importancia del bien jurídico protegido la gran difusión de la noticia (consta en autos documental aportada por la defensa con su escrito de acusación de la Oficina de Justificación de la Difusión -fe. 462 y ss- en donde se recogen las visitas de los internautas a la página web de Cadenaser.com, siendo un promedio alzado en el mes de los hechos juzgados, junio de 2003 de unas cincuenta mil visitas y páginas visitadas de unas trescientas mil, en ambos casos diariamente) y, especialmente la repercusión en los perjudicados que tal difusión tuvo, así como las cifras que en similares supuestos de reclamación por daños morales suelen señalar los tribunales españoles, fijamos la indemnización por tales daños morales a cada uno de los perjudicados citados en cinco mil (5.000) euros, cantidad que, conforme a la jurisprudencia citada y en base a la narración fáctica no puede tacharse de arbitraria, desmesurada o extravagante, y ello ante el lógico sentimiento que la publicación de sus circunstancias personales y afiliación a un determinado partido político produjeron en los denunciantes incomodidad, desasosiego e intranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida; esto es ante las repercusiones o consecuencias subjetivas en la esfera psíquica o sentimiento de los sujetos afectados por la acción de los acusados.

En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria de la «Sociedad Española de Radiodifusión, SA» (Cadena Ser) es cristalina. Y no se entra a valorar si lo es por lo previsto en el art. 120.2° CP ("... delitos o faltas cometidos utilizando los medios de los que sean titulares"), sino que, en el caso, su responsabilidad viene derivada, precisamente, de lo dispuesto en el apartado 4º del mismo precepto penal: "Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: 4º. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios". Pero es que, incluso, sería de aplicación lo recogido en el apartado 3º del citado artículo: "Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus pendientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción".

En definitiva, hemos de declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la «Sociedad Española de Radiodifusión, SA» por la conducta realizada por los dos acusados, empleados de tal entidad. Al respecto cabe precisar que la jurisprudencia (vid., por todas, TS2a S 12 abr 2002), en un supuesto semejante al que ahora estamos enjuiciando, analiza la responsabilidad civil subsidiaria y distingue entre la prevista en el apartado 3º y el 4º del citado art. 120 CP, señalando que la del número cuarto" (...) es la clásica concepción de dicha responsabilidad civil subsidiaría por los delitos cometidos por los empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus funciones o servicios, a cargo de sus principales (personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio), y que se fundamenta en la «culpa in vigilando», «culpa in eligendo», o la «culpa in operando», que había sido interpretada por esta Sala Casacional con gran amplitud y generalidad, al punto de llegar a una causi-objetivación basada en la teoría del riesgo, o bien del aprovechamiento de la actividad («cuius commoda eius incommoda»), y la responsabilidad civil subsidiaria que surge ahora del citado apartado tercero del art. 120 del Código Penal, que dispone: «las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos o faltas cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción»".

Los requisitos legales que son necesarios para el nacimiento de la responsabilidad civil subsidiara prevista en el apartado 4º, según la mentada sentencia, son los siguientes:

a) que se haya cometido un delito o falta;

b) que tal delito o falta se haya cometido en un establecimiento dirigido por el sujeto pasivo de dicha pretensión;

c) que se haya infringido un reglamento de policía o alguna disposición de la autoridad, entendidos estos reglamentos como normas de actuación profesional en el ramo de que se trate (abarcando cualquier violación de un deber impuesto por ley o por cualquier norma positiva de rango inferior, incluso el deber objetivo de cuidado que afecta a toda actividad para no causar daños a terceros);

d) que dicha infracción sea imputable no solamente a quienes dirijan o administren el establecimiento, sino a sus dependientes o empleados; y 

e) que tal infracción esté relacionada con el delito o taita cometido de modo que éstos no se hubieran producido sin dicha infracción (nexo de causalidad, operativo, eficaz y eficiente).

Circunstancias todas ellas concurrentes en el presente caso, además de la ya citada responsabilidad recogida en el apartado 4º del precepto por cuanto, en el caso, los acusados Daniel Anido y Rodolfo Irago actuaron, precisamente, en calidad de director y subdirector de informativos, respectivamente, de la Cadena Ser, esto es de la «Sociedad Española de Radiodifusión, SA», a la que declaramos responsable civil subsidiaria.

 

SEXTO.- Costas. 

A tenor de lo dispuesto en los arts. 110 CP y 240 LECr, procede la condena en costas al acusado que resultare condenado. 

Por lo que respecta a la imposición al condenado de las costas de la acusación particular, es jurisprudencia reiterada (vid., entre otras, TS2a SS 25 ene 2001, 10 abr 2003, 4 abr 2,004 y 96/2007, 13 feb) la que señala que deben tenerse en cuenta los siguientes criterios;

1) La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte incluye siempre las de la acusación particular.

2) La condena en costas por el resto de los delitos incluye como regla general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil.

3) La exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia.

4) El apartamiento de esta regla general debe ser especialmente motivada, en cuanto hace recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el condenado, y 

5) La condena en costas no incluye las de la acción popular.

A falta de una definición legal y jurisprudencial de lo que debe entenderse por actuación temeraria o mala fe en el proceso, precisa la TS2a S 4 abr 2.004, que "... habrá de estarse a lo que resulte en cada caso concreto de la propia consistencia o sustento de la pretensión formulada por la acusación, su incidencia perturbadora o no a lo largo de aquél y, sustancialmente, su confrontación con las tesis mantenidas por el Ministerio Fiscal, criterio este último que funcionalmente tiende a sobreponerse como definitivo".

Conforme a tal jurisprudencia, procede en el caso la condena en costas a los dos acusados, incluidas las costas de la acusación particular, al ser la regla general tal imposición y sin que pueda estimarse la excepción a tal regla general de considerar la intervención de ésta notoriamente superflua, inútil o gravemente perturbadora o también cuando las peticiones fueren absolutamente heterogéneas a las del Ministerio Fiscal y a las acogidas definitivamente por la sentencia, circunstancias que, en modo alguno, y en los términos ya examinados, acaecen en el caso.

 

Por lo expuesto, y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

 

FALLO:

 

Que debo condenar y condeno a DANIEL ANIDO DÍAZ y RODOLFO IRAGO FERNÁNDEZ como autores de un delito de revelación de secretos, ya definido y con la concurrencia de a eximente incompleta de obrar en el ejercicio de un derecho, a la penas, cada uno de ellos, de;

- UN AÑO Y NUEVE MESES DE PRISIÓN.

- SEIS MESES DE MULTA, con una cuota diaria de cien euros (100 €), con responsabilidad personal subsidiaria legal en caso de impago.

- Las accesorias de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para la dirección de medios de comunicación y ejercicio de la actividad de periodistas por el tiempo de la pena privativa de libertad impuesta, y

- Al pago de las costas procesales por mitad, incluidas las de la acusación particular.

Igualmente y en concepto de responsabilidad civil los condenados Daniel Anido Díaz y Rodolfo Irago Fernández deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, con responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil «Sociedad Española de Radiodifusión S A» (Cadena Ser) a José Ruiz Peinado Gertrudis, Rosa Mana Coello Cabrera, Rosa Maria Martín Consuegra Miaja, Mercedes Rodríguez Fernández, Luís Carlos de Diego Sona, Mana del Mar Cobo Quintanilla, Sebastián Ruíz-Peinado Gertrudis, Vicente Gertrudis Romero de Avila» Javier Ruiz-Peinado Gertrudis, Isabel La Torre Cárdena, Antonio Aguilar Ruiz, María Nieves Parras Garda, Agustina Cortijo Muñoz, Angel Luís Delgado Cortijo, Rosa María Fernández Grandal, María Luz Méndez Silgado, Francisco Pais Agrelo, María del Carmen García Nieto, Antonio Rodríguez Chica, María Jesús Ruiz Soldado, María Pilar Casquero Gil , Ruth María Varo Núñez, Nuria Fernández-Canillas Ron, Olga Lozano Berruguete, Virginia Guillen Barrado en la cantidad de 5.000 € a cada uno, así como sus intereses legales.

Se reserva el ejercicio de las acciones civiles para reclamación de la responsabilidad en el procedimiento civil correspondiente al Grupo Político Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, a Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina, a Joaquín Cobos Maclas y a todos aquéllos que no se personaron en el presente procedimiento y que aparecen en el listado unido a autos a los folios 6, 7 y 8 del presente procedimiento y que no conste su renuncia expresa.

Notifíquese a las partes, y al Ministerio Fiscal, advirtiéndoles que esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de diez días y del que conocerá la Audiencia Provincial de Madrid.

Particípese al Registro Central de Penados y Rebeldes a los efectos oportunos.

Llévese al Libro de Sentencias, dejando testimonio en los originales.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Juez que la suscribe, en el mismo día, estando constituida en audiencia publica y con mi asistencia. Doy fe.



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un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho