Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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las Américas [ 06 Abril 1982 ] [Puerto Rico, Tribunal Supremo]  E.C. vs. Carlos Romero Barcel? & al.    caché ES 

(1) no se trata de una publicación hecha en ejercicio de la libertad de prensa y sí para promover una propuesta sumida en una controversia política; (2) el asesinato de una persona no convierte a ésta, ni a sus familiares, en figuras públicas dentro del alcance de dicha decisión; y (3) no se trata aquí de una publicación libelosa y sí de una publicación que pudo afectar el derecho de los demandantes a que no se lesionara su intimidad ni se abusara de sus sentimientos.

En la situación ante nos, el derecho a lo privado es de superior jerarquía a la libertad de expresión. Al solicitar de los demandantes el consentimiento para el anuncio, ellos se negaron. Cuando comenzó su difusión le pidieron a los demandados que lo descontinuaran y éstos se negaron. Según expresáramos anteriormente, los demandados podían llevar a cabo su mensaje de otra forma o utilizando otros medios. La inclusión de la fotografía objetada no era esencial para comunicarlo. Ante estas circunstancias no se justificó la invasión de la intimidad.



Emilie Colón Vda. de Rivera, por sí y en representación de

sus hijos menores Minerva, Edwin Américo, Ramfis y

Jacqueline Rivera Colón; Tulio Germán Rivera Colón,

demandantes y recurrentes

v.

Carlos Romero Barceló, Charles Guggenheim y/o Corp. John Doe,

Inc. y Richard Roe Mary Joe, actuando como Comité Carlos 80,

demandados y recurridos.

Número: R-80-591 Resuelto: 6 de abril de 1982

Sentencia de Ismael O'Neill Rosa, J. (San Juan), que desestima

una demanda en daños e injunction. Se revoca la sentencia

desestimatoria y se devuelve el caso para la continuación de los

procedimientos compatibles con la opinión.

José A. Silva Cofresí y Pedro J. Salicrup, abogados de los

demandantes y recurrentes; Alex González, abogado de los

demandados y recurridos.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió la opinión del

Tribunal.

La viuda e hijos del Sr. Tulio Germán Rivera Lugo --asesinado el

24 de septiembre de 1977 durante un asalto perpetrado en el

Frigorífico "La Palma", Santurce-- formularon el 25 de junio de

1980 demanda en daños e injunction contra el Gobernador Hon.

Carlos Romero Barceló, el Sr. Charles Guggenheim y el "Comité

Carlos 80", alegando en síntesis que éstos difundieron un anuncio

de televisión donde, sin obtener previo consentimiento utilizaron

"una grotesca foto" del cadáver del señor Rivera Lugo. Adujeron

que fueron visitados por la Sra. Mildred Mercado, identificada

como empleada de La Fortaleza, quien les pidió que participaran

en el mencionado anuncio y ellos se negaron. La demanda

consigna, además, que no obstante tal negativa, se comenzó a

transmitir el anuncio por televisión, lo cual continuó aun cuando

uno de los familiares del occiso, a nombre de ellos,

infructuosamente solicitó a funcionarios de La Fortaleza que

suspendieran esa difusión. Finalmente, la reclamación expone que

la actuación de los demandados constituyó una invasión de su

intimidad, causándoles sufrimientos y angustias mentales y daños

estimados en la cantidad de $500,000.

A solicitud de los demandados el tribunal desestimó la acción.

Acordamos revisar. (FN1)

I

El examen de las alegaciones de la demanda refleja que la acción

está basada en el derecho a la intimidad de los demandantes.

Amerita, pues, un análisis sucinto del rango constitucional de

ese derecho a la luz del enfoque y evolución doctrinarios en

nuestra jurisdicción.

Nuestra Ley Fundamental dispone en lo pertinente:

La dignidad del ser humano es inviolable.

Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o

familiar. (Énfasis suplido.) Art. II, Secs. 1 y 8.

El carácter y primacía del derecho y protección a lo privado nos

ha movido a reconocer que opera ex proprio vigore y puede hacerse

valer entre personas privadas. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107

D.P.R. 250 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R.

436 (1975); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964);

González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125 (1963). Así, en E.L.A.

v. Hermandad de Empleados, supra, señalamos que el derecho a la

intimidad en nuestro país tiene un historial distinto y más

amplio que el plasmado en la jurisdicción federal y exime del

requisito de acción estatal (state action) para hacerlo valer

entre personas particulares.

Este derecho constitucional impone a toda persona el deber de no

inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres

humanos. A tal efecto, una indebida intromisión en el hogar de

una familia es una infracción remediable mediante el recurso de

injunction. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra; Sucn. de

Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974).

El recurso que nos ocupa permite decidir si puede también hacerse

valer este derecho mediante una demanda en daños, o sea, si son

indemnizables los perjuicios causados por una violación del deber

de no intervenir con la privacidad de los demás bajo el Art. 1802

(FN2) del Código Civil. La ilustrada sala de instancia

reconoció en la afirmativa la cuestión, pero estimó que no

procedía en el caso de autos resarcimiento alguno por los

fundamentos de que se trataba de un anuncio de "interés pblico"

para difundir la ocurrencia de un célebre suceso criminal ya

acaecido, de carácter noticioso y pblico, con el fin de crear

conciencia en el pueblo sobre la alta criminalidad en el país y

estimular al electorado para que acudiera a votar afirmativamente

en la consulta que se celebraría sobre la enmienda constitucional

sobre el derecho a la fianza; circunstancia que a su juicio

sobrepasa el derecho a la privacidad de los demandantes.

En su decreto el tribunal sentenciador concluyó que en la

jurisdicción norteamericana, aunque con renuencia, se admite la

validez de la acción en daños por violación al derecho a la

intimidad --Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4ta ed., 1972,

pág. 802 y ss.; Ann., Invasion of Privacy by Publications Dealing

with One Other Than Plaintiff, 18 A.L.R.3d 873 et seq. (1968);

Ann., Waiver of Loss of Right of Privacy, 57 A.L.R.3d 16 et seq.

(1974)-- pero por la situación apuntada desestimó la acción.

II

Concluimos que incurrió en error. Nos explicamos. El Art. 1802

citado, como fórmula abarcadora que rige la legalidad en el campo

de lo civil de toda acción u omisión de la conducta humana,

acepta conceptualmente el derecho a la intimidad como parte

integrante de los derechos de la personalidad. A tal efecto

Castán nos dice que su defensa se medirá por los principios

jurídicos relativos a la culpa:

No aparece, prima facie, en el Código civil español rastro alguno

de los derechos esenciales de la persona. Pero, en realidad, la

vida, la libertad, el nombre, el honor y demás bienes personales,

aun sin tener una clara conceptuación de derechos subjetivos,

tienen, sin embargo, en nuestro Derecho, aparte de la

correspondiente protección de orden penal, la tutela civil

resultante de la acción de indemnización que con carácter general

establece el art. 1.902 del Código civil, contra el que, por

acción u omisión, causa daño a otro interviniendo culpa o

negligencia. (Énfasis suplido.) Castán, Derecho Civil Español,

Comn y Foral, 1971, T. I, Vol. 2, pág. 341.

Santos Briz explica el derecho con referencia a la propia imagen:

En virtud de este derecho toda persona puede oponerse a que se

reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográficas de la

misma, por personas a quienes no haya concedido autorización

expresa o tácita. Se extiende la prohibición a reproducir la

imagen de otro en el teatro, el cine o la televisión; y comprende

no solo la publicación de la imagen sino también la confección,

dibujo o pintura de la misma sin autorización cuando se oponga a

legítimos intereses del afectado, en especial si segn el objeto

de la fotografía o el modo y forma de su obtención resulta

escandalosa o tuvo lugar contra la voluntad conocida del

perjudicado. La autorización para hacer una fotografía no

incluye la autorización para publicarla, ya que la publicación

afecta a la personalidad del interesado más intensamente que el

simple hecho de retratarlo. La autorización para ser publicada

puede incluir alguna limitación cuya amplitud se determinará segn

la interpretación del caso concreto.

Cierta doctrina e incluso legislación extranjera considera

admisible, sin perjuicio de otras causas de justificación, la

publicación o la toma de fotografías en la esfera llamada de

historia contemporánea ("aus dem Bereich der Zeitgeschichte") no

referida a la vida privada, o cuando reproduzcan reuniones,

manifestaciones u otros actos pblicos semejantes o sucesos o

localidades pblicos en los que la persona fotografiada sea una

figura accesoria. Además, se admite la publicación de

fotografías hechas sin petición del interesado cuando así lo

justifique un serio interés artístico.

Pero aun en estos casos no debe tolerarse hacer una fotografía o

publicarla cuando a ello se oponga un interés legítimo del

fotografiado. Igualmente ha de considerarse inadmisible la

publicación de una fotografía cuando la toma de la misma haya

violado intereses dignos de una protección predominante, aunque

la publicación misma no se oponga a dichos intereses.

No hay en nuestro Derecho, como unánimemente reconocen los

autores, normas jurídicas que directamente protejan la esfera

personal consistente en prohibir la reproducción de la propia

imagen. No queda otro medio para esta protección que acudir al

Código penal cuando la reproducción de la imagen constituya un

delito de injurias o de calumnia, o considerar, cuando se trate

de infracción civil derivada de culpa extracontractual, que su

protección se establece en el amplísimo precepto del artículo

1.902 del Código civil. Queda, pues, hasta ahora conferida la

apreciación de los casos concretos al prudente arbitrio de los

Tribunales que se apoyarán principalmente en las circunstancias

que concurran, tanto para incriminar los hechos como delito o

falta, como para pronunciarse acerca de la sanción civil

correspondiente. (Énfasis suplido.) Santos Briz, Derecho de

Daños, Madrid, 1963, págs. 178-179. (FN3)

Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el concepto de culpa del

Art. 1802 es tan infinitamente amplio como la conducta de los

seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que

produce un mal o daño. Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co.,

104 D.P.R. 853 (1976); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305

(1970). Acordes con esta posición concluimos que nuestra

evolución doctrinaria en materia de daños enmarca la causa de

acción en el caso de autos. Cf. Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370

(1951).

Por ltimo, antes de examinar si procede o no la moción de

desestimación, hay que distinguir la presente demanda de una por

libelo. Algunos rasgos que la diferencian de ésta son que: (1)

en la acción de daños la verdad no es defensa; (2) ni se trata de

una publicación en ejercicio de la libertad de prensa (pues es

una persona o entidad particular y no un medio noticioso quien

promueve la publicación); ni (3) se trata de una publicación

libelosa o difamatoria que afecte la reputación, sino de una que

supuestamente atenta contra el derecho de los demandantes a lo

privado.

III

En la moción de desestimación los demandados levantaron dos

defensas, a base de las cuales el tribunal de instancia declaró

sin lugar la acción. Examinémoslas por separado.

1. Interés pblico

El interés pblico es una defensa oponible a las acciones como la

presente, segn la referida doctrina civilista. Castán, supra. A

estos efectos Santos Briz señala:

Toda lesión de la personalidad es antijurídica salvo que concurra

una causa de justificación (legítima defensa, estado de

necesidad, acción directa o autoayuda) o el consentimiento del

ofendido que no sea contrario a las buenas costumbres. La

antijuridicidad queda también excluida cuando el acto se

considera socialmente adecuado, es decir, conforme a derecho en

atención a la ordenación ético social de la vida en comn. El

reconocimiento de la adecuación social como causa de

justificación se opone también al peligro de una extensión

excesiva de la protección de la personalidad. Ciertas lesiones

de la personalidad son inevitables y han de ser toleradas cuando

así lo imponga un criterio razonable de la vida social.

Finalmente la antijuridicidad del ataque puede ser excluida para

salvaguardar intereses que merezcan una especial protección. Los

intereses contrapuestos deben ser recíprocamente compulsados, en

todos los casos de antagonismo, segn principios racionales. La

infracción estará justificada nicamente cuando, atendiendo a

consideraciones objetivas, el interés del agente pblico o privado

sea de mayor valor o rango. Ha de atenderse al interés más alto

cuando la infracción aparece objetivamente como necesaria e

inevitable y segn las circunstancias, contenido y forma aparece

como el medio más indicado y adecuado para obtener, por medio del

ataque llevado a cabo, una finalidad lícita y jurídica. Santos

Briz, op. cit., págs. 165-166. (Énfasis suplido.)

El juez sentenciador señaló que el interés pblico aquí envuelto

era: "... hacer consciente an más a nuestra población del

problema de la alta criminalidad en Puerto Rico, en vías de

estimularlos para que en ánimo de combatir ese mal, acudiera a

votar afirmativamente en la consulta que se celebraría sobre la

enmienda constitucional para permitir a la legislatura reformar

las leyes sobre las fianzas a acusados criminales." Determinó

que el anuncio tenía "carácter de interés pblico" y que por tanto

"su contenido se considera como uno privilegiado y no existe

causa de acción en reclamo de daños por una alegada violación al

derecho a la privacidad".

Aun aceptando como válido el interés pblico aducido, el mismo no

justifica que se desestime este caso. Nos explicamos. Como bien

señala Santos Briz, ante, esta defensa prevalece cuando la

intromisión a la intimidad es necesaria e inevitable y constituye

el medio más adecuado para obtener un fin lícito. No es ésta la

situación ante nos. Existían otros medios de difundir el mensaje

contenido en el anuncio. No tenía que presentarse la foto

grotesca del señor Rivera para cumplir con tal propósito. Hasta

podía ser otra clase de anuncio y causar el mismo efecto en el

pblico. No siendo este anuncio la nica ni la más adecuada forma

de cumplir con ese interés pblico la violación de la intimidad no

estuvo válidamente justificada y es improcedente esta defensa.

2. Libertad de expresión

La segunda defensa levantada por los demandados fue que el

anuncio se difundió en ejercicio del derecho constitucional a la

libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución en la

Sec. 4 del Art. II. Hemos reconocido que el mismo se puede

aducir en pleitos entre particulares. E.L.A. v. Hermandad de

Empleados, supra; Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal,

supra. Se deben sopesar los intereses envueltos --la intimidad y

la libre expresión en el caso de autos-- y determinar, a base de

las circunstancias envueltas, cuál prevalece. E.L.A. v.

Hermandad de Empleados, supra; Sucn. de Victoria v. Iglesia

Pentecostal, supra.

Lo primero que notamos es que García Cruz v. El Mundo, Inc., 108

D.P.R. 174 (1978), no es aplicable a los hechos de este caso toda

vez que (1) no se trata de una publicación hecha en ejercicio de

la libertad de prensa y sí para promover una propuesta sumida en

una controversia política; (2) el asesinato de una persona no

convierte a ésta, ni a sus familiares, en figuras pblicas dentro

del alcance de dicha decisión; y (3) no se trata aquí de una

publicación libelosa y sí de una publicación que pudo afectar el

derecho de los demandantes a que no se lesionara su intimidad ni

se abusara de sus sentimientos.

Lo segundo, en la situación ante nos, el derecho a lo privado es

de superior jerarquía a la libertad de expresión. Al solicitar

de los demandantes el consentimiento para el anuncio, ellos se

negaron. Cuando comenzó su difusión le pidieron a los demandados

que lo descontinuaran y éstos se negaron. Segn expresáramos

anteriormente, los demandados podían llevar a cabo su mensaje de

otra forma o utilizando otros medios. La inclusión de la

fotografía objetada no era esencial para comunicarlo. Ante estas

circunstancias no se justificó la invasión de la intimidad.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque

la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y devuelva el caso a

dicho foro para la continuación de los trámites compatibles con

lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibió. El Juez Asociado Señor

Díaz Cruz no intervino.

FN1. A los fines de evaluar los méritos de ese dictamen,

conforme la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, debemos aceptar

como ciertas las alegaciones de la demanda.

FN2. Reza:

"El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La

imprudencia concurrente del perjudicado no exime de

responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización."

31 LPRA sec. 5141.

FN3. Esta doctrina se extiende a otros países de tradición

civilista tales como Italia (Art. 10 del Código Civil); Argentina

(Art. 31 de la Ley Nm. 11.723 sobre propiedad intelectual); y

Francia, que también la reconoce: Carbonier, Derecho Civil,

(trad. Zorrilla Ruiz), 1960, T. I, Vol. I, págs. 313-314.



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