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las Américas [ 31 Agosto 2004 ] [Corte Interamericana de Derechos Humanos]  Ricardo Canese v. Paraguay    caché ES 

En el presente caso, las declaraciones por las que el señor Canese fue querellado, efectuadas en el marco de la contienda electoral y publicadas en dos diarios paraguayos, permitían el ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensiones. Por un lado permitían al señor Canese difundir la información con que contaba respecto de uno de los candidatos adversarios y, por otra parte, fomentaban el intercambio de información con los electores, brindándoles mayores elementos para la formación de su criterio y la toma de decisiones en relación con la elección del futuro Presidente de la República.

La Corte observa que, en sus declaraciones, la presunta víctima hizo referencia a que la empresa CONEMPA, cuyo presidente era el señor Juan Carlos Wasmosy, en ese entonces candidato presidencial, le “pasaba” “dividendos” al ex dictador Stroessner. Ha quedado demostrado, así como también es un hecho público, que dicho consorcio era una de las dos empresas encargadas de ejecutar las obras de construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú, una de las mayores represas hidroeléctricas del mundo y la principal obra pública del Paraguay.

En el presente caso, al emitir las declaraciones por las que fue querellado y condenado, el señor Canese estaba ejercitando su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en el marco de una contienda electoral, en relación con una figura pública como es un candidato presidencial, sobre asuntos de interés público, al cuestionar la capacidad e idoneidad de un candidato para asumir la Presidencia de la República.



Por tanto, 

LA CORTE, 


DECLARA: 


Por unanimidad, que: 


 

102 



1. el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 

consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás 

Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 96 a 108 de la presente 

Sentencia. 

2. el Estado violó el derecho de circulación consagrado en el artículo 22 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de 

dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein, en los 

términos del los párrafos 119 a 135 de la presente Sentencia. 

3. el Estado violó el principio del plazo razonable, el derecho a la presunción de 

inocencia y el derecho a la defensa consagrados, respectivamente, en el artículo 8.1, 

8.2 y 8.2.f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el 

artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás Canese 

Krivoshein, en los términos de los párrafos 139 a 167 de la presente Sentencia. 

4. el Estado violó el principio de retroactividad de la norma penal más favorable 

consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás 

Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 182 a 187 de la presente 

Sentencia. 

Y DISPONE: 


Por unanimidad, que: 


5. esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos de 

los párrafos 205 y 211 de la misma. 

6. el Estado debe pagar la cantidad de US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda paraguaya, 

por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado al señor Ricardo 

Nicolás Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 206 y 207 de la presente 

Sentencia. 

7. el Estado debe pagar al señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein la cantidad 

total de US$ 5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América), por concepto de las costas y gastos. De este monto total, la cantidad de 

US$ 1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) 

corresponderá a los gastos en que incurrió el señor Canese Krivoshein ante la 

Comisión Interamericana y la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los 

Estados Unidos de América) corresponderá a las costas y gastos que el señor Canese 

 

103 



Krivoshein deberá reintegrar a sus representantes por los gastos asumidos en el 

procedimiento internacional ante el sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos, en los términos de los párrafos 214, 215 y 217 de la presente 

Sentencia. 


8. el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación 

nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta 

Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la 

misma, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia. 

9. el Estado deberá cumplir las medidas de reparación y de reembolso de costas 

y gastos dispuestas en los puntos resolutivos 6, 7 y 8 de la presente Sentencia, 

dentro del plazo de seis meses contados a partir de la notificación de ésta, en los 

términos del párrafo 216 de la presente Sentencia. 

10. el Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el 

pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en 

moneda paraguaya, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre 

ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de 

América, el día anterior al pago, en los términos del párrafo 218 de la presente 

Sentencia. 

11. los pagos por concepto de daño inmaterial y costas y gastos establecidos en 

la presente Sentencia, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por 

motivos fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 220 de la presente 

Sentencia. 

12. en caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la 

cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Paraguay. 

13. si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones no fuese 

posible que éste las reciba dentro del indicado plazo de seis meses, el Estado 

consignará dicho monto a favor del beneficiario en una cuenta o certificado de 

depósito en una institución bancaria paraguaya solvente, en dólares estadounidenses 

o su equivalente en moneda paraguaya y en las condiciones financieras más 

favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias del Paraguay. Si al 

cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta 

al Estado, con los intereses devengados. 

14. supervisará el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará 

por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en 

el presente fallo. Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación 

de esta Sentencia, el Paraguay deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las 

medidas tomadas para dar cumplimiento a esta Sentencia. 

 

104 



El Juez ad hoc Camacho Paredes hizo conocer a la Corte su Voto Razonado 

Concurrente, el cual acompaña esta Sentencia. 


Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, 

Costa Rica, el día 31 de agosto de 2004. 


Sergio García Ramírez 

Presidente 



Alirio Abreu Burelli Oliver Jackman 


Antônio A. Cançado Trindade Manuel E. Ventura Robles 


Diego García-Sayán Emilio Camacho Paredes 

Juez ad hoc 


Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario 



Comuníquese y ejecútese, 


Sergio García Ramírez 

Presidente 


 

105 


Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario 


 

VOTO CONCURRENTE RAZONADO DEL JUEZ AD HOC 

EMILIO CAMACHO PAREDES 



CASO RICARDO CANESE VS. PARAGUAY 



Comparto los fundamentos de la presente sentencia, razón por la por la cual 

me adhiero a la misma. Las cuestiones planteadas y las responsabilidades 

determinadas me han suscitado algunas reflexiones que me veo en la obligación de 

consignar en este voto. 


1. El procesar penalmente no implica criminalización de conducta alguna, 

pues la injuria y la difamación están tipificadas en la ley penal (arts. 150 y 151 Ley 

1.160) y (370-difamación- y 372-injuria- Antiguo Código Penal); es decir el proceso 

se inició en base a disposiciones jurídicas plenamente vigentes en ese entonces e 

inclusive en la actual legislación penal. En consecuencia, no se puede pretender en 

forma automática culpar al Estado paraguayo por el hecho de haberse iniciado 

una causa penal. Corresponde, como lo hizo la Corte IDH, analizar detenidamente 

el inicio y la substanciación de la causa, la actuación de los magistrados que 

permitieron la comisión de graves irregularidades procesales, atentatorias contra los 

derechos fundamentales del recurrente y que evidencia, en este caso concreto, que 

una voluntad externa pudo más que la recta administración de justicia. 

2.- Hubo una seria restricción de la libertad personal y particularmente de la 

libertad de tránsito (art. 41 CN) y 22 de la Convención, al impedirse la salida del 

país, a pesar de los reiterados permisos solicitados. Resulta ilegal e 

inconstitucional, abiertamente arbitraria e injustificable la actitud de los agentes 

judiciales que negaron en forma reiterada el permiso de salida del país, tratándose 

de una persona que ha demostrado con creces su arraigo en el país, que estaba 

debatiendo un asunto de interés público. Además, se trataba de un candidato a 

Presidente a la República, concejal municipal, con ejercicio profesional y con toda 

su familia viviendo en el país. 


El Juez de Primera Instancia no permitió la apertura de la causa a prueba!. 

El Juez no permitió que declaren los testigos ofrecidos. Además los querellantes no 

fueron aludidos y aún así continuo la demanda. 


3.-Las resoluciones judiciales más relevantes para una adecuada 

comprensión del caso, son las siguientes: 


Con la S.D. 17 del 22 de marzo de 1994, el Juez de Primera Instancia lo 

condena a 4 meses de penitenciaria a una multa de 14.950.000 Gs., el Acuerdo y 

Sentencia N18 de fecha 4 de noviembre de 1997, Tribunal de Apelación en lo 

Criminal, Tercera Sala. Modificó la sentencia y lo condenó a dos meses de 

penitenciaría y 2.969.000 Gs. de multa. Por difamación. Lo absolvió de 

injuria.-


El Acuerdo y Sentencia Nº 179-2 de mayo de 2.001- Corte Suprema 

de Justicia, confirma la condena impuesta por el Tribunal de Apelación.



 



El Acuerdo y Sentencia N1.362 del 11 de diciembre de 2.002 de la Corte 

Suprema de Justicia. Hizo lugar al Recurso de Revisión y anuló las 

Resoluciones Judiciales: S.D: 17-22-III-94 Primera Instancia, primer turno 

criminal y el A. y S. Nº18- 4 de noviembre de 1997- Absuelve de culpa y 

pena a Canese. 


El Acuerdo y Sentencia Nº804, de fecha 27 de abril de 2.004. de la 

C.S.J.. hace lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por el Sr. Canese en contra 

del A. Y S. Nº 1362 de fecha 11 de diciembre de 2.002 e impone las costas de todo 

el juicio a la parte querellante. 


La CSJ consideró que hubo falta de impulso del accionante (seis meses)- A.I. 

1645., lo que configura una renuencia a utilizar las facultades ordenatorias 

reconocidas en la legislación procesal y, fundamentalmente, la obligación de aplicar 

la Constitución por encima de cualquier argucia u obstáculo procesal, al menos en 

casos como el presente, en que el transcurso del tiempo hacía cada día más evidente 

la arbitrariedad de que era objeto el Ing. Canese. (Ver Sapena, Josefina. 

Jurisprudencia Constitucional. Arbitrariedad1). A este respecto, la Corte 

Interamericana tiene firmemente establecida que los jueces “como rectores del 

proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de 

no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la 

impunidad”2, que es lo que ha ocurrido en forma manifiesta en el caso en estudio, 

en directo perjuicio de los derechos constitucionales del Sr. Canese. 


4.- El A. I. Nº409 de fecha 29 de abril de 1994, Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, 1er Turno. Impide la salida.- La solicitud de autorización para salir del 

país es todo un capítulo especial y así fue considerada por la Corte IDH, pues 

evidentemente no se trataba de una argucia para la fuga. El Juez, los jueces que 

denegaron los pedidos de salida, y los que permitieron que se mantenga durante 

tanto tiempo, evidentemente incurrieron en la violación de las garantías 

constitucionales y de los derechos reconocidos en la Convención. Obviamente en su 

momento deberá separarse y determinarse las responsabilidades, pues es distinta la 

responsabilidad del juez que denegó el pedido, del que permitió que se mantenga 

tanto tiempo y de aquel que tomó intervención durante poco tiempo. 


5.- La libertad de prensa y el interés público. El debate se estableció en el 

marco del interés público, aspecto que evidentemente no fue considerado 

por los magistrados intervinientes. Sólo así se comprende la extrema rigurosidad 

en los criterios adoptados, que convirtieron un simple juicio de difamación e injuria, 

al menos en el campo de las medidas cautelares, en un caso paradigmático de 

arbitrariedad judicial. Más de ocho años sin que ninguna instancia judicial utilizara 

sus facultades ordenatorias para reconducir por sus cauces normales el proceso. 


Los accionantes fueron personas privadas, no el Estado paraguayo, se 

trataba de un pleito entre particulares donde se debatían asuntos de indudable 

interés general. Los socios de Conempa se involucraron con el interés público 

y entonces debe admitirse la primacía del mismo sobre el de los 

particulares, como expresamente lo consagra la Constitución paraguaya en 

su art. 128. 


1 Sapena, Josefina. Jurisprudencia Constitucional. 

2 Caso Myrna Mack Chang, N211.



 



Se observa aquí la condena penal como limitación indirecta de la libertad de 

expresión, lo que consumó una violación del art. 13 de la Convención Americana.



6.-Prohibición de salir del país y plazo razonable. Desde la S.D. de primera 

instancia hasta que quedó firme, pasaron ocho años. Remitiéndonos a los 

argumentos expuestos en el fallo, se demuestra una abierta estricción de 

salida durante casi ocho años, lo que configuró una flagrante y arbitraria 

violación de la presunción de inocencia (art. 17.1), de la libertad y 

seguridad de las personas (art.9 CN) y de la defensa en juicio (art.16C.N.), 

derechos todos estos reconocidos en la Convención, en su art. 8.1 y 2. Recibió un 

trato completamente diferente a los demás procesados, que gozan mayoritariamente 

de las garantías procesales, desconociéndose su derecho a la igualdad (arts. 46 y 47 

CN). Aquí resalta la actitud de los agentes judiciales intervinientes, que en forma 

sistemática y reiterada negaron pedidos de permiso, llegando al extremo inadmisible 

de mantener una medida cautelar por más tiempo de la máxima pena posible, lo que 

en ese juicio significó, primero apenas 18 meses y luego nada!, al revocar la pena de 

prisión el Tribunal de Apelación y anular todo el proceso la Corte Suprema de 

Justicia. 


7.- Los jueces no aplicaron en su momento la Constitución Nacional ni el 

principio Iura Novit Curia, debieron corregir el proceso y no apoyarse en lo que 

hacía o dejaba de hacer la defensa, argumento inadmisible cuando están en juego 

los derechos fundamentales, que incluso ponían en cuestión la responsabilidad 

misma del Estado paraguayo, que concurre solidariamente según lo dispone el 

art.106 de la Constitución y en las resoluciones de segunda y tercera instancia nadie 

se ocupo de la actuación de magistrados judiciales que permitieron años de medida 

cautelar. 


8.-En nuestra opinión, la medida cautelar, que fue arbitraria, ilegal e 

irracional, fue la que más daño causó. NO SE AGOTÓ LA INSTANCIA CIVIL, 

razón por la cual en principio no podría establecerse coactivamente la 

indemnización por daño moral, pues se estaría estableciendo una 

jurisdicción paralela a la ordinaria, creando un Poder Judicial adicional al 

existente, violentando el art. 137 de la Constitución Nacional, que establece la 

prelación del ordenamiento jurídico, lo que incluso podría abrir camino a una 

equivocada utilización de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. Los tratados y convenios internacionales están ubicados debajo de la 

Constitución Nacional y, lo que es aún más evidente, en el caso en cuestión no se 

trata de negar derecho alguno, sino de señalar que debió iniciarse la acción civil por 

indemnización y el Estado paraguayo está en condiciones de garantizar ese tipo de 

juicios, como se evidencia con el caso Napoleón Ortigoza, Hilario Orellado y otros3, 

donde se condenó al Estado paraguayo a pagar sumas multimillonarias en concepto 

de indemnización y daño moral, a través de acciones civiles que siguieron a la 

anulación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta anuló una 

antigua sentencia que había condenado a más de veinte años de prisión a Ortigoza 

(y algo menos a los demás citados) en tiempos de la dictadura. 


No obstante, debe señalarse que el largo camino seguido por las partes y muy 

especialmente el auténtico suplicio padecido por el recurrente, víctima de una 

inadmisible medida cautelar y el consecuente daño, requiere un 


3 Asi lo establece una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. 


 



pronunciamiento de esta Corte respecto al reclamo indemnizatorio. Como 

quedó establecido en el capítulo de consideraciones de esta sentencia, “la 

responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilícito 

internacional, aunque sólo puede ser exigida después de que el Estado haya 

tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios”. 


La Corte ha reiterado en sus fallos que “es un principio de Derecho 

Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido 

un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”4. Al respecto, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, cuando la 

Corte declara que el Estado violó un derecho o libertad protegidos en la Convención, 

“dispon[e] que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados […y,] si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la 

medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización a la parte lesionada”. En este caso, de acuerdo a la citada 

norma, la Corte dispuso las reparaciones que corresponden al Sr. Canese por los 

daños causados por las violaciones a la Convención declaradas en esta sentencia. Es 

obligación del Estado cumplir con las medidas de reparación dispuestas por la Corte 

Interamericana. 


No puede obligarse al recurrente de nuevo a iniciar todo el camino 

judicial reclamando la indemnización, tampoco puede desconocerse el 

ordenamiento constitucional interno del país denunciado así como la 

exigencia clara del agotamiento de las vías ordinarias previas. La Corte ha 

sentado una jurisprudencia por la cual, ante la comprobación del daño en sede penal 

con la correspondiente sanción, también puede exigirse al Estado demandado al 

llegar a un acuerdo indemnizatorio con el demandante (ver pps.501 a 507- Faúndez 

Ledesma). Además, no debe olvidarse que el afán fundamental del recurrente ha 

sido siempre demostrar la arbitrariedad cometida por el Estado y sus agentes 

judiciales, especialmente al mantener en forma casi indefinida una medida cautelar 

restrictiva, excediendo todo parámetro legal y racional. 


Es necesario señalar que hubo arbitrariedad en las resoluciones 

judiciales impugnadas, es inadmisible castigar a un ciudadano con una 

medida cautelar durante años, superior incluso a la expectativa de pena 

máxima existente. Además, se expone al Estado a un incalculable daño 

patrimonial, proveniente del deber resarcitorio que nace, justamente por la ilegal 

actuación de los magistrados intervinientes. Un Estado de Derecho no puede 

permitir este tipo de conducta en sus funcionarios. 


Los jueces, como rectores del proceso, tienen la obligación de velar siempre 

por el correcto cumplimiento del derecho y así lo ha establecido la Corte CIDH: “A 

la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como 

rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento 


Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 

187; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No.109, párr. 219; y Caso Molina 

Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de 

julio de 2004. Serie C No. 108, párr. 39. 


 



judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro 

del formalismo y la impunidad”5. 


Esto significa que necesariamente la Corte IDH debe ocuparse del 

funcionamiento de los órganos judiciales internos del Estado demandado, como se 

tiene establecido en el caso Juan Humberto Sánchez: “El esclarecimiento de si el 

Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones 

de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de 

examinar los respectivos procesos internos”6, de manera a establecer si la 

integralidad de los procedimientos estuvieron acordes a las disposiciones 

internacionales de las que el Estado demandado es signatario. 


Los Arts. 15 y 18 del Código Procesal Civil paraguayo consagran facultades 

ordenatorias de los magistrados y la obligación de aplicar primeramente la 

Constitución, incumplimiento que incluso es pasible de sanción, a estar por lo 

dispuesto en la ley 1.084, en concordancia con el principio de prelación de las leyes 

reconocido en el art. 137 CN. 


9.-En materia de resarcimiento por daño moral y patrimonial no se agotó la 

instancia interna, es más, ni siquiera se ha iniciado demanda alguna, pero por las 

razones precedentemente expuestas surge la necesidad de estipular el monto. 


Lo que en autos queda claramente demostrada es la violación del art. 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos – Garantías Judiciales-al mantener 

en forma arbitraria una medida restrictiva sin fundamento jurídico valedero. 

Arbitrariedad que además se demuestra con los mismos fallos judiciales dictados en 

la causa, todos ellos muy inferiores a los años de duración que tuvo la medida 

restrictiva. Nace entonces el derecho previsto en el art. 10 de la Convención 

Americana. 


Por otro lado, y lo repetimos, haber mantenido durante años una medida 

cautelar no se compadece con ninguno de los principios y garantías en juego: 

debido proceso legal (arts. 16 y 17 CN), presunción de inocencia (art. 17.1) 

razonabilidad de las decisiones judicales (art. 8 Convención) y art. 46 y cc. de la 

Convención Interamericana. Siguiendo los criterios establecidos por la Corte IDH 

para la razonabilidad de la duración de un proceso7: a) complejidad del asunto, b) 

actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales, no 

puede convalidarse más de ocho años de medida cautelar y mas de proceso, para 

llegar incluso a resoluciones judiciales que anulan todo lo actuado. 


Una demora prolongada puede llegar incluso a constituir por sí misma, en 

ciertos casos, una violación de las garantías judiciales y eso debe ser señalado por 

la CIDH y rectificado por el Estado paraguayo. Finalmente, cabe señalar que el 

Estado paraguayo está realizando esfuerzos para avanzar en la vigencia de los 

derechos humanos y en el logro de la tutela judicial efectiva y que ha sido la misma 

Corte Suprema de Justicia la que dictó las resoluciones correctoras en el caso en 

estudio, ubicando así al Paraguay en el buen camino de los derechos humanos. 


5 Caso Myrna Mack Chang, N211.- 

6 Corte I.D.H. Caso Juan Humberto Sánchez, N120, Sentencia de 7 de junio de 2.003.7 

Caso Hilaire, Cosntantine y Benjamin. Sentencia de 21 de junio de 2.002.



 



Emilio Camacho Paredes 

Juez ad hoc 


Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario 

 

 

 

 



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