Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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República Dominicana [ 21 Septiembre 2012 ] [Tribunal Constitucional]  Sentencia TC/0042/12    caché ES 

Se resolvió un recurso de revisión en materia de amparo relacionado con la negación del acceso a información sobre la nómina y el salario de los asesores de la Cámara de Diputados, en el que señaló que aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático al igual que la protección de datos personales, no pueden de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública.

"Asimismo, el derecho al libre acceso a la información pública tiene como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa, flagelo que, según se hace constar en el preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (de fecha 29 de marzo de 1996) y el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (de fecha 31 de octubre de 2003), socava “(…) las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia (…)”."

"El Tribunal Constitucional considera que, aunque el derecho a la intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, al igual que la protección a los datos personales, no pueden, de manera general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción en la Administración Pública. En ese sentido, el tribunal que dictó la sentencia recurrida acogió la acción de amparo, en razón de que consideró que los datos requeridos por el accionante no eran de carácter confidencial."



República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

SENTENCIA TC/0042/12 

Referencia: Expediente No. TC-052012-

0010, relativo al Recurso de 

Revisión en materia de amparo 

incoado por la Cámara de Diputados 

de la República Dominicana y el 

Estado Dominicano contra el señor 

Manuel Muñoz Hernández. 

 

En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, 

República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del 

año dos mil doce (2012). 

 

 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 

Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo 

Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury 

David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez e Idelfonso Reyes jueces; en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 

 

185.4 de la Constitución y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No.137-11, de 

fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

I.-ANTECEDENTES. 

 

 

 

1.-Descripción de la sentencia recurrida 

 

 

 

La sentencia No. 166-2011, objeto del presente recurso de revisión, fue 

 

Sentencia TC/0042/12. Expediente No. TC-05-2012-0010, relativo al Recurso de Revisión en materia de amparo 

incoado por la Cámara de Diputados de la República Dominicana y el Estado Dominicano contra el señor Manuel 

Muñoz Hernández . 

 

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dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de 

jurisdicción Nacional, el día veinte y ocho (28) de diciembre de dos mil once 

(2011), cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma la presente 

Acción de Amparo interpuesta por el accionante MANUEL MUÑOZ 

HERNADEZ, en fecha 26 de mayo del año dos mil once (2011), por ante éste 

Tribunal Superior Administrativo, en contra de la Cámara de Diputados de 

la República Dominicana. SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo la 

presente Acción de Amparo, interpuesta por el accionante MANUEL 

MUÑOZ HERNADEZ, en fecha 26 de mayo del dos mil once (2011), por 

ante éste Tribunal Superior Administrativo, en contra de la Cámara de 

Diputados de la República Dominicana, y en consecuencia, ORDENA a 

dicha Cámara de Diputados entregar toda la información relativa a la 

nómina de los asesores de la Cámara de Diputados, tal y como lo dispone la 

Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, contentiva de 

nombres, apellidos, cargos y sueldos. TERCERO: CONDENA a la Cámara 

de Diputados de la República, al pago de un astreinte de MIL PESOS 

(RD$1,000.00) diarios, por cada día de retardo en entregar la información 

solicitada, para la cual OTORGA un plazo de treinta (30) días para el 

cumplimiento de lo antes ordenado. CUARTO: DECLARA libre de costas el 

presente proceso de conformidad con el artículo 30 de la Ley 437-06, sobre 

el Acción de Amparo. QUINTO: ORDENA, la comunicación, por Secretaría, 

de la presente Sentencia a la parte accionante señor MANUEL MUÑOZ 

HERNANDEZ, a la Cámara de Diputados de la República Dominicana y al 

Procurador General Administrativo”. 

 

2.-Presentación del recurso en revisión 

 

En el presente caso, la recurrente, Cámara de Diputados de la República 

Dominicana, mediante escrito de fecha diez (10) de enero del año dos mil 

doce (2012), apoderó a este Tribunal Constitucional del recurso de revisión 

 

Sentencia TC/0042/12. Expediente No. TC-05-2012-0010, relativo al Recurso de Revisión en materia de amparo 

incoado por la Cámara de Diputados de la República Dominicana y el Estado Dominicano contra el señor Manuel 

Muñoz Hernández . 

 

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en contra de la sentencia descrita anteriormente. El referido recurso se 

fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

3.-Fundamento de la sentencia recurrida 

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de jurisdicción 

Nacional, admitió, en cuanto al fondo, la acción de amparo interpuesta, por 

entender que el derecho al libre acceso a la información pública, como 

derecho fundamental, le había sido conculcado, sobre los siguientes motivos: 

 

“Considerando: Que reposa en el expediente, depositado por el accionante 

una comunicación de fecha 16 de julio del año 2010 de la Cámara de 

Diputados de la República Dominicana, mediante la cual dicha Cámara le 

informó al accionante, el número de asesores y el monto global de sueldos 

pagados por concepto de asesorías: asimismo consta en comunicación de 

fecha 03 de mayo que los datos entregados no contienen los nombres, 

apellidos y números de cedulas porque se trata de datos personales y los 

asesores no autorizaron su entrega. 

Considerando: Que para poder decidir si la Cámara de Diputados debe 

entregar copia de la nómina en donde constan los nombres de sus asesores, 

es necesario ponderar el concepto de datos personales y el derecho de 

acceso a la información pública, y sus límites. 

Considerando: Que este Tribunal entiende que toda persona tiene derecho a 

accesar a la información pública; que este derecho tiene rango 

constitucional, pero como todo derecho este tiene sus excepciones y sus 

límites; que el término “Datos personales”, esta conformado por los datos 

del individuo y es relativo a su domicilio, teléfono, expediente médico, origen 

étnico o social, características físicas, morales o emocionales, la fotografía y 

todo aquello que esté relacionado con su persona y su intimidad. 

Considerando: Que al tenor del artículo 3 de la Ley General de Acceso a la 

Información Pública dispone que es obligatorio para el Estado Dominicano 

y todos sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o 

descentralizados, la prestación de un servicio permanente y actualizado de 

 

Sentencia TC/0042/12. Expediente No. TC-05-2012-0010, relativo al Recurso de Revisión en materia de amparo 

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información referida a: a) Presupuestos y cálculos de recursos y gastos 

aprobados, su evolución y estado de ejecución; b) Programas y proyectos, 

sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión; c) Llamado a licitaciones, 

concursos, compras, gastos y resultados; d) Listados de funcionarios, 

legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y 

remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su presentación 

corresponda por ley; e)Listado de beneficiarios de programas asistenciales, 

subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros; f) Estado de cuentas de la 

deuda pública, sus vencimientos y pagos; g) Leyes, decretos, resoluciones, 

disposiciones, marcos regulatorios y cualquier otro tipo de normativa; h) 

Índices, estadísticas y valores oficiales; i) Marcos regulatorios legales y 

contractuales para la prestación de los servicios públicos, condiciones, 

negociaciones, cuadros tarifarios, controles y sanciones; j) Toda otra 

información cuya disponibilidad al público sea dispuesto en leyes especiales. 

Considerando: Que de lo anterior se colige que en virtud de la Ley 200-04 se 

considera información pública el listado de empleados, funcionarios, 

legisladores y otro, que a criterio de este Tribunal un listado de empleado y 

funcionario contiene el nombre y apellidos de funcionario o empleado 

público, y hacerlos público en nada afectan la privacidad o intimidad de la 

persona, por ende el listado o nómina debe incluir nombres y apellidos, 

cargos y salarios percibidos; otra cosa sería si se les solicitaran números de 

cédulas, números telefónicos, domicilios de tales personas, pues estos sí 

forman parte de los datos personales de la persona y afectan sui intimidad. 

Que si bien es cierto que el nombre de la persona es lo que lo distingue y lo 

identifica, no menos cierto es que al tratarse de una nómina de una empresa 

pública o de poder público, como es el caso que nos ocupa, el nombre de los 

empleados y funcionarios es una información pública, no así sus demás 

datos tales como cédula, domicilio, entre otros”. 

Considerando: Que cabe agregar que es criterio de este tribunal, que si una 

persona es empleado o funcionario público, o recibe pagos del erario 

público, por servicios prestados, su nombre y el cargo que desempeña en la 

 

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administración pública se convierten en informaciones públicas. 

Considerando: Que nuestra Constitución en su artículo 8 consagra como 

función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la 

persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le 

permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro 

de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el 

orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Que en el 

catálogo de derechos individuales y sociales de carácter enunciativo que 

consagra nuestra Constitución figura en el artículo 49 la libertad de 

expresión e información, el cual en su numeral 1, expresa que; “toda 

persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, 

investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, 

por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la 

ley. 

Considerando: Que por todo lo expuesto anteriormente y en razón de que la 

nómina solicitada en el presente caso corresponde a la nómina de una 

institución pública y dado que, a criterio de este Tribunal y así lo consagró 

el legislador en el artículo 3 de la Ley 200-04, la entrega de la información 

sobre nombres de los asesores de la Cámara de Diputados de la República 

Dominicana no afecta el derecho de intimidad de los asesores, este tribunal 

ordena la entrega inmediata de la información solicitada ”. 

 

4.-Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

 

La recurrente en revisión pretende la revocación de la decisión objeto del 

recurso y, para justificar dichas pretensiones, alega, entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

a) Que entregó la información que le fue solicitada, omitiendo solamente 

aquellas informaciones que eran confidenciales y, por ende, 

protegidas por los artículos 18 y 19 de la ley No. 200-04, sobre Libre 

Acceso a la Información Pública. 

 

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b) Que la sentencia objeto del recurso violó el derecho a la intimidad 

establecido en la Constitución de la República, y el derecho de sus 

asesores, debido a que no se pueden divulgar sus datos personales, a 

menos que no se cuente con su consentimiento. 

 

c) Que “el espíritu de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 

procura la transparencia, y ello es conveniente al desarrollo 

institucional del sistema democrático, pero no se debe permitir que 

ese instrumento legal sea utilizado para perturbar las labores 

administrativas”. 

 

5.-Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

El recurrido pretende el rechazo del recurso en revisión y la confirmación 

del fallo relativo a la acción de amparo, alegando, esencialmente, lo 

siguiente: 

 

a) Que el proporcionar la información solicitada no significa peligro para 

los asesores, sino una forma de identificarlos como personas. 

 

b) Que “(…)tampoco la Cámara de Diputados de la República 

Dominicana ha establecido la negativa oposición de tales personas a 

ser identificadas, por lo que este poder del Estado no puede actuar en 

representación de ellos, porque de hacerlo, excluye un beneficio de la 

función de la asesoría de ellos, que por demás es un servicio prestado 

y remunerado, y que los fondos que salen para el pago de su salario, 

no deviene de una nómina particular de esa institución, sino de la 

Contraloría General de la República, que desciende por la Tesorería 

Nacional, y que además viene de los distintos impuestos con los que el 

Estado se nutre de recursos”. 

 

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6.-Fundamentos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa fundamentó su posición, 

principalmente, en los siguientes argumentos: 

 

a) Que el recurrido tiene derecho a la información, pero que, a la vez, 

también los asesores de la Cámara de Diputados tienen derecho a la 

intimidad, de la cual disponen mediante la otorgación o no de su 

autorización. 

 

b) “Que la obligación de entregar la información no comprende que 

ésta deba ser entregada a la carta o conforme el interés y la forma 

establecida por el solicitante, sino que la Administración debe tomar 

en consideración las violaciones que pudieran generar esta entrega, 

como en el caso de la especie, que la información solicitada, de 

entregarse como lo ha solicitado el reclamante, se vulnera derechos 

preponderantes de terceros”. 

 

7.-Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso en revisión, los documentos más 

relevantes depositados por las partes en Litis son los que se enuncian a 

continuación, suscritos todos por la Lic. Catalina Olea Salazar, Responsable 

de Acceso a la Información de la Cámara de Diputados de la República, a 

saber: 

 

a) Comunicación de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diez (2010), 

en la cual se hace constar el número de asesores, sin indicar los 

nombres de los mismos, la distribución por bloques y el monto total 

de los salarios, sin especificar cuánto gana cada uno. 

 

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b) Comunicación de fecha seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), 

donde le informan al recurrido, señor Manuel Muñoz, que debe 

esperar el otorgamiento del consentimiento de todos los asesores. 

 

c) Comunicación de fecha tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010), 

en la cual se indica que no han obtenido la autorización de los 

asesores y que, por lo tanto, no le pueden facilitar las informaciones 

tal y como fueron solicitadas. 

 

d) Comunicación de fecha tres (3) de mayo de dos mil once (2011), en la 

cual justifican la negativa de entrega de ciertas informaciones, para lo 

cual hacen mención de jurisprudencias extranjeras sobre la materia. 

 

II.-CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

8.-Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente, a los hechos y 

argumentos invocados por las partes, en el caso que nos ocupa el conflicto se 

genera con ocasión de que el señor Manuel Muñoz Hernández solicitó a la 

Cámara de Diputados de la República Dominicana informaciones vinculadas 

a los asesores de dicha institución. Dicho señor estimó incompleta la 

respuesta que le fue suministrada, por lo que recurrió en amparo ante la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo que acogió dicha acción. 

 

9.-Competencia 

 

Este Tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de 

revisión sobre la sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los 

artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la referida Ley No.137-11. 

 

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10.-Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

Antes de entrar en los aspectos de fondo, es de rigor procesal determinar si 

el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el 

artículo 100 en la ley que rige la materia. En este sentido: 

 

a) El referido artículo establece que: “Requisitos de admisibilidad. La 

admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y 

general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales, a que se demuestre la especial transcendencia o 

relevancia constitucional del caso”. 

 

b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una 

noción abierta e indeterminada, razón por la cual e éste Tribunal la 

definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de 

marzo del dos mil doce (2012). 

 

c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes 

del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el 

presente caso existe especial trascendencia o relevancia 

constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el 

Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial 

transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución 

del conflicto planteado supone definir el alcance del derecho de 

acceso a la información frente al derecho a la intimidad, la protección 

de datos personales y, en particular, determinar cuáles datos pueden 

ser divulgados en relación a una persona física, así como referirse a la 

 

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ponderación de los derechos en conflicto, temas en relación a los 

cuales el Tribunal Constitucional no ha sentado jurisprudencia. 

 

11. –Sobre el recurso de revisión constitucional 

En lo que se refiere al fondo del recurso de revisión constitucional, el 

Tribunal expone los siguientes razonamientos: 

 

a) Previo a referirnos al fondo del presente recurso de revisión el 

Tribunal Constitucional deja constancia en ésta sentencia que aunque 

la acción de amparo fue conocida conforme a la anterior legislación 

sobre la materia, es decir, la Ley 437-06, de fecha treinta (30) de 

noviembre; sin embargo, al momento de decidir la misma, es decir, el 

veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011), ya estaba en 

vigencia la actual Ley 137-11, en tal sentido, y en aplicación del 

principio conforme al cual las leyes de procedimiento son de 

aplicación inmediata, el referido recurso será instruido conforme a 

esta última legislación. 

 

b) El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece el derecho de toda persona a investigar y recibir 

informaciones, en los siguientes términos: “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

 

c) Dicho derecho a la información fue consagrado en instrumentos 

internacionales posteriores, como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (artículo 13), y el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), concebidos como sigue: 

 

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“Artículo 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección…”. 

 

“Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 

este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección”. 

 

d) Las disposiciones normativas transcritas forman parte de nuestro 

derecho interno, por haber sido objeto de ratificación por el Congreso 

Nacional. 

 

e) Por otra parte, el derecho a la información adquirió rango 

constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la entrada 

en vigencia de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil 

diez (2010). En efecto, según el artículo 49.1 “Toda persona tiene 

derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, 

recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por 

cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y 

la ley…”. 

 

f) Este derecho tiene una gran relevancia para el fortalecimiento del 

Estado Social y Democrático de Derecho instituido por el artículo 7 

de nuestra Carta Sustantiva, ya que su ejercicio garantiza la 

transparencia y permite a la ciudadanía acceder libremente a las 

informaciones en poder de las instituciones del Estado. En efecto, el 

 

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artículo 75 de nuestra Constitución, relativo a los deberes 

fundamentales, prescribe lo siguiente: “Los derechos fundamentales 

reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un 

orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del 

hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como 

deberes fundamentales de las personas los siguientes: (…) 12) Velar 

por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del 

patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. 

 

g) En el mismo orden de ideas, el artículo 246 de nuestra Carta Magna 

dispone: “Control y fiscalización de fondos públicos. El control y 

fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y usos de los 

fondos públicos se llevaran a cabo por el Congreso Nacional, la 

Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el 

marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de 

los mecanismos establecidos en las leyes.” 

 

h) Con la finalidad de garantizar la efectividad del derecho a la 

información, consagrado en los indicados instrumentos 

internacionales y la Constitución dominicana, fue promulgada la Ley 

No. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, de fecha 28 

de julio de 2004, complementada mediante el Decreto No. 130-05, de 

fecha 25 de febrero de 2005, que instituye el Reglamento para la 

aplicación de la indicada ley. 

 

i) 

El derecho a la información pública tiene una gran relevancia para el 

fortalecimiento de la democracia, ya que su ejercicio garantiza la 

transparencia y permite a los ciudadanos controlar y fiscalizar el 

comportamiento de los Poderes Públicos. 

 

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j) 

Este derecho, sin embargo, no es absoluto, puesto que debe ser 

ejercido dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la 

protección de los datos personales. En efecto, el artículo 44.2. de la 

Constitución expresa que: “Toda persona tiene el derecho a acceder a 

la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los 

registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso 

que se haga de los mismos con las limitaciones fijadas por la ley. El 

tratamiento de los datos e informaciones personales deberá hacerse 

respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y 

finalidad”. 

 

k) De igual manera, el Párrafo del artículo 49 de nuestra Carta Sustantiva 

reza: “El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el 

derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de 

las personas… (…)”. 

 

l) 

En adición a lo que disponen los precitados textos constitucionales, el 

artículo 2 de la referida Ley 200-04, prescribe que el ejercicio del 

derecho a la información no puede afectar la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad 

e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás. 

 

m) En el mismo sentido, el artículo 17 del indicado estatuto establece, 

entre otras limitaciones y excepciones, en su literal k): “(…) que el 

ejercicio del derecho a la información no puede afectar la obligación 

del Estado y sus instituciones de no proporcionar datos cuya 

divulgación pueda dañar o afectar el derecho a la intimidad de las 

personas o poner en riesgo su vida o su seguridad; (…).” 

 

n) Por otra parte, el artículo 18 de la indicada Ley No. 200-04, expresa: 

 

“La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser 

 

Sentencia TC/0042/12. Expediente No. TC-05-2012-0010, relativo al Recurso de Revisión en materia de amparo 

incoado por la Cámara de Diputados de la República Dominicana y el Estado Dominicano contra el señor Manuel 

Muñoz Hernández . 

 

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rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados 

preponderantes, se entenderá que concurre esta circunstancia en los 

siguientes casos: (…) -Cuando se trate de datos personales cuya 

publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal. 

No obstante, la Administración podría entregar estos datos e 

informaciones si en la petitoria el solicitante logra demostrar que esta 

información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación 

de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la 

administración pública”. 

 

o) En el mismo sentido, el referido Reglamento General de Libre Acceso 

a la Información Pública, del 25 de febrero de 2005, agrega, 

expresamente, en su artículo 33: “Los datos personales constituyen 

información confidencial, por lo que no podrán ser divulgados y su 

acceso estará vedado a toda persona distinta del incumbido, excepto 

que éste consintiera, expresa e inequívocamente, en la entrega o 

divulgación de dichos datos”. 

 

p) En lo relativo al derecho a la protección de datos personales, este se 

apoya en los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la 

privacidad. Se reconoce al ciudadano su derecho a estar informado 

para consentir expresamente la entrega y uso de sus datos personales. 

 

 

 

q) El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la 

Constitución de la República, tiene, en virtud del artículo 74.4, la 

obligación de armonizar derechos fundamentales en conflicto, de 

modo tal que no se afecte el contenido esencial de los derechos 

involucrados: en este caso, el derecho a la información pública y el 

derecho a la intimidad. 

 

r) Más allá de las consideraciones de derecho de base constitucional, 

legales y reglamentarias previamente citadas, este Tribunal advierte 

 

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que, en aras de garantizar la seguridad de las personas que sirven al 

Estado dominicano, bien podría justificar otras limitaciones al derecho 

de acceso a la información pública. Sin embargo, más adelante este 

Tribunal desarrollará las consideraciones relacionadas a la 

ponderación de los derechos en conflicto. 

 

s) En la especie, el señor Manuel Muñoz Hernández le ha requerido a la 

Cámara de Diputados que le informe sobre las personas que la 

asesoran; solicitó, particularmente, información en cuanto a los 

nombres y los salarios. 

 

t) 

Ante tal requerimiento, la Cámara de Diputados se ha limitado a dar a 

conocer el número de asesores y el monto global que paga por 

concepto de asesorías, pero no indica los nombres de cada uno de 

ellos ni sus salarios. 

 

 

 

u) La Cámara de Diputados justifica su negativa a revelar los nombres y 

los salarios de sus asesores, en el hecho de que ella entiende que se 

trata de informaciones o datos personales que sólo pueden ser 

divulgados si su titular otorga su consentimiento, requisito que, en la 

especie, alegan no se ha cumplido. 

 

 

 

v) La justificación dada por la Cámara de Diputados no fue aceptada por 

el señor Manuel Muñoz Hernández, razón por la cual apoderó a la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. Dicha 

jurisdicción conoció el caso, procediendo a dictar la sentencia ahora 

recurrida, acogiendo la acción de amparo y estableciendo que los 

datos requeridos por el accionante no eran de carácter confidencial ni 

personal, haciendo una correcta interpretación de la Ley No. 200-04, 

sobre Libre Acceso a la Información Pública, en el sentido de que los 

nombres y apellidos de un individuo, aunque constituyen un medio 

para identificarlo como persona, no son datos que afectan a la esfera 

 

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más íntima de su titular, ni consideradas informaciones personales 

sensibles, como sí lo serían, por ejemplo, las cuestiones ideológicas, 

las características personales, las condiciones de salud, la orientación 

sexual y el origen. 

 

w) En este orden, el artículo 3, literal “d”, de la referida Ley 200-04, 

establece: “(…) Es obligatorio para el Estado Dominicano y todos 

sus poderes y organismos autónomos, autárquicos, centralizados y/o 

descentralizados, la presentación de un servicio permanente y 

actualizado de información referida a: (…) Listados de funcionarios, 

legisladores, magistrados, empleados, categorías, funciones y 

remuneraciones, y la declaración jurada patrimonial cuando su 

presentación corresponda por ley (…)”. 

 

x) Este Tribunal estima que los “listados de funcionarios, legisladores, 

magistrados, empleados”, a que hace referencia la indicada ley, no 

pueden confeccionarse sin consignar sus nombres y apellidos; en 

particular, porque, de manera expresa, el artículo 2 de la misma ley se 

refiere a “personas que cumplen funciones públicas”. 

 

y) En relación al derecho a la información pública, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dictó su primera sentencia en 

fecha 19 de septiembre de 2006 (caso Claude Reyes y otros c. Chile), 

en la cual establecen una serie de criterios para todos los Estados que 

forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, 

además, se enfatiza que el acceso a la información constituye un 

derecho fundamental. 

 

z) En efecto, la indicada sentencia ha precisado la importancia del 

derecho a la información pública para el ejercicio del control 

democrático de la gestión pública y la obligación que tienen los 

Estados de garantizarlo, en los términos siguientes: "(...) el actuar del 

 

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Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y 

transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las 

personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control 

democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan 

cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado 

cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información 

bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir 

la participación en la gestión pública, a través del control social que 

se puede ejercer con dicho acceso” (párrafo 86). El control 

democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 

fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por 

ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es 

esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés 

público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control 

democrático se fomenta una mayor participación de las personas en 

los intereses de la sociedad” (párrafo 87). 

 

aa) El Tribunal Constitucional peruano sostiene (en las STC 0666-1996HD/

TC, 1071-98-HD/TC, 214-2000-HD/TC, 315-2000-HD/TC y 

1797-2002-HD/TC), un criterio muy próximo al de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, dicho tribunal 

considera como regla general lo siguiente: “(…) que todo órgano del 

Estado o entidad con personería jurídica de derecho público se 

encuentra obligada a proveer la información peticionada siendo 

excepcional la negación de acceso a la misma por razones de 

seguridad nacional, afectación a la intimidad personal o supuestos 

establecidos por ley”. 

 

bb) Igualmente, el Tribunal Constitucional peruano estableció en la 

sentencia 1797-2002-HD/TC lo siguiente: “Hemos dicho que el 

contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso 

 

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a la información pública no solo comprende la mera posibilidad de 

acceder a la información solicitada y obligación de dispensarla por 

parte de los organismos públicos, sino que la misma debe ser 

completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y veraz”. 

 

cc)En el mismo orden de ideas, con relación a una demanda de 

información sobre ciudadanos que no ejercían funciones públicas, el 

Tribunal Constitucional dominicano ha sentado un precedente acorde 

con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 

jurisprudencia constitucional comparada aludida, en la sentencia 

TC/0011/12 (acción de amparo incoada por Gary Gresko, S. A., 

contra la Dirección General de Migración, página 18), mediante la 

cual estableció: “J) A la luz de la precedente exposición, el Tribunal 

Constitucional estima que la divulgación no consentida de datos 

contenidos en los registros de la Dirección General de Migración 

resulta un ejercicio desproporcionado del derecho a la información, 

que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la dignidad, 

la integridad, la intimidad y el honor de las personas registradas, 

cuando carezca de incidencia en asuntos de interés colectivo y 

concierna personas cuya relevancia pública no haya sido alegada ni 

tampoco establecida. K) En ese sentido, este Tribunal considera, 

asimismo, que los jueces de la Segunda Cámara del Tribunal 

Superior Administrativo interpretaron correctamente en su decisión 

las limitaciones prescritas en los aludidos artículos 2 y 18 de la 

referida Ley 200-04; mientras que, en cambio, la entidad recurrente 

en revisión no probó la relevancia social de los señores Amal Fabiani 

y Jean Claude Fabiani, ni la naturaleza pública o eventual incidencia 

de la información requerida en los intereses colectivos, ni tampoco 

respaldó sus pretensiones en una base legal que justificara el 

quebrantamiento de la confidencialidad inherente a dichas 

informaciones.” 

 

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dd) Esta sentencia, entre otros referentes comparados, cita y se 

fundamenta en la sentencia del Tribunal Constitucional de España 

(STC 171/90 del 12 de noviembre), que en uno de sus 

“considerandos” expresa lo siguiente: “Dada su función institucional, 

cuando se produzca una colisión de la libertad de información con el 

derecho a la intimidad y al honor (…) será preciso y necesario 

constatar, con carácter previo, la relevancia pública de la 

información, ya sea por el carácter público de la persona a la que se 

refiere o por el hecho en sí en que esa persona se haya visto 

involucrada, y la veracidad de los hechos y afirmaciones contenidos 

en esa información. Sin haber constatado previamente la 

concurrencia o no de estas circunstancias no resulta posible afirmar 

que la información de que se trate está especialmente protegida por 

ser susceptible de encuadrarse dentro del espacio que a una persona 

libre debe ser asegurado en un sistema democrático. Sólo tras 

indagar si la información publicada está especialmente protegida 

sería procedente entrar en el análisis de otros derechos, como el 

derecho a la intimidad o al honor, cuya lesión, de existir sólo deberá 

ser objeto de protección en la medida en que no esté justificada por la 

prevalencia de libertad de información, de acuerdo a la posición 

preferente que por su valor institucional ha de concederse a esa 

libertad”. 

 

ee)En la especie que nos ocupa, se le plantea a este Tribunal 

Constitucional la necesidad de ponderar derechos fundamentales en 

conflicto, lo que implica la operación de “balancear” esos derechos en 

concurrencia, o sea, establecer un orden de importancia entre ellos, 

haciendo prevalecer a uno sobre el otro, con base en una estimación 

específica para el caso concreto. Así, en el presente caso se 

determinará cuál de esos derechos (el de acceso a la información o el 

 

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derecho a la intimidad) debe ceder ante las ventajas para el interés de 

la sociedad de controlar el ejercicio de la Administración Pública. 

 

ff) Como se indicó, en el caso que ocupa nuestra atención, están en 

conflicto el derecho a la información pública que tienen las personas y 

los grupos que no pertenecen al sector público, y el derecho a la 

intimidad, en la medida que revelar los nombres, cargos y salarios de 

los funcionarios y empleados de una determinada institución pública 

dejaría abierta la posibilidad de que se penetre en la esfera privada de 

esas personas. 

 

gg) Cabe destacar que el nombre es un dato que permite identificar a las 

personas e individualizarlas. No se trata de datos o informaciones que 

toda persona podría reservar en un espacio de intimidad particular y 

familiar, sustraído a intromisiones extrañas, por cuanto la intimidad 

constituye un ámbito o reducto en el que otros no pueden penetrar. 

 

hh) Asimismo, el derecho al libre acceso a la información pública tiene 

como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, 

en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa, 

flagelo que, según se hace constar en el preámbulo de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (de fecha 29 de marzo de 1996) y 

el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (de 

fecha 31 de octubre de 2003), socava “(…) las instituciones y los 

valores de la democracia, la ética y la justicia (…)”. 

 

ii) El Tribunal Constitucional considera que, aunque el derecho a la 

intimidad es un valor fundamental del sistema democrático, al igual 

que la protección a los datos personales, no pueden, de manera 

general, aunque sí excepcionalmente, restringir el derecho de libre 

acceso a la información pública, ya que limitarlo despojaría a la 

ciudadanía de un mecanismo esencial para el control de la corrupción 

 

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en la Administración Pública. En ese sentido, el tribunal que dictó la 

sentencia recurrida acogió la acción de amparo, en razón de que 

consideró que los datos requeridos por el accionante no eran de 

carácter confidencial. 

 

jj) En vista de lo indicado, procede rechazar el recurso de revisión que 

nos ocupa y confirmar la sentencia objeto del mismo. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal Constitución, que 

suscriben, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del 

magistrado Wilson S. Gómez Ramírez, Juez, en razón de que no participó en 

parte de la deliberación y en la votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley 

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el recurso interpuesto por la Cámara de Diputados 

de la República Dominicana contra la sentencia No. 166-2011, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de Jurisdicción 

Nacional, en fecha veinte y ocho (28) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso interpuesto por la 

Cámara de Diputados de la República Dominicana, objeto de esta decisión, 

y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia No. 166-2011 dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de jurisdicción 

Nacional, en fecha veinte y ocho (28) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Cámara de 

 

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Diputados de la República Dominicana, y al recurrido, Manuel Muñoz 

Hernández. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 

7 y 66 de la referida Ley No.137-11. 

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 

 

Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 

Víctor Gómez Bergés, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; 

Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario 

 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada en el día, mes 

y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 

Constitucional que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 

 

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