Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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México [ 07 Julio 2016 ] [Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región]  Amparo en Revisión 355/2016    caché ES 

Se concede amparo contra la México [ 26 Enero 2015 ] [INAI] Resolución PDP 0094/14 

se advierte la intervención de la revista Fortuna, de la cual la quejosa se ostenta como directora; y sí en dicha revista se difundió la nota periodística titulada **, consultable en dicha dirección a través del servicio de motor de búsqueda de la página electrónica www.google.com.mx; es suficiente que la quejosa demostrara ser propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx en la que se difundió esa nota periodística, para concluir que sí tiene el carácter de tercero en el procedimiento de origen en el cual debe dilucidarse su pretensión de que se conserve la información difundida en ejercicio de su profesión o actividad periodística, por lo que sí acreditó su interés legítimo en el juicio de amparo y la autoridad responsable debió otorgarle derecho de audiencia a fin de que manifieste lo que a su interés convenga.

Ver: R3D [24 Agosto 2016] ¡Ganamos! Tribunal anula resolución del INAI sobre el falso «derecho al olvido»



AMPARO EN REVISIÓN: *****. (EXPEDIENTE AUXILIAR: ****.) QUEJOSA Y RECURRENTE: *. MAGISTRADO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA. SECRETARIA: MERCEDES SANTOS GONZÁLEZ. Naucalpan de Juárez, Estado de México, acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, correspondiente a la sesión de siete de julio de dos mil dieciséis. V I S T O S, para resolver los autos del amparo en revisión número *******, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en México, Distrito Federal (ahora Ciudad de México), **, por propio derecho y en representación de ***; **, por propio derecho y en representación de * y **, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: AUTORIDAD RESPONSABLES: “EL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS,…” ACTO RECLAMADO: “La Resolución del Procedimiento de Protección de Derechos dictada en el Expediente ** por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en sesión celebrada el veintiséis de enero de dos mil quince (en adelante “la Resolución” o “el acto reclamado”).” SEGUNDO. Previos diferimientos, mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que por razón de turno conoció del asunto, admitió a trámite la demanda de amparo, con el número de expediente ***; ordenó el trámite por separado y duplicado el incidente de suspensión; decretó la notificación correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas ciento 2 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. dieciocho a ciento veintiuno del juicio de origen). TERCERO. Previo diferimiento, el diez de febrero de dos mil dieciséis, la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia con el punto resolutivo siguiente: “ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo **, promovido por **, ** *****, **** contra el acto reclamado precisado en el considerando tercero, atribuido al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. --- Notifíquese.” (fojas trescientos veintidós a trescientos cincuenta del juicio de origen). CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, **, autorizado de la parte quejosa, interpuso recurso de revisión; y por proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Jueza de Distrito lo tuvo por interpuesto y ordenó remitir los oficios de agravios y expediente del juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno (fojas trescientos sesenta y dos a trescientos setenta y ocho del juicio de amparo). 3 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. QUINTO. Mediante el oficio **, presentado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitió los autos del juicio de amparo de origen ***, y el escrito de agravios, para la substanciación del medio de impugnación (foja dos del recurso de revisión). SEXTO. Por auto de once de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que por razón de turno conoció del asunto, admitió a trámite el recurso, lo registró como amparo en revisión ****/*** y ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la Federación (foja diecinueve del expediente de revisión). SÉPTIMO. En acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente del citado Tribunal ordenó turnar los autos para que se dictara la resolución correspondiente (foja veintiséis del expediente de revisión). OCTAVO. Por acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenó se remitiera el 4 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. presente asunto para resolución a este Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de conformidad con el oficio STCCNO/253/2016, de uno de marzo de dos mil dieciséis, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y en la consulta CAR 18/2016-V. NOVENO. Por auto de trece de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado Auxiliar, tuvo por recibidos los autos del recurso en revisión ***/****, el juicio de amparo indirecto **, y dos sobres amarillos cerrados, y ordenó se registrara el presente asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el cuaderno auxiliar número **/***, asimismo, con fundamento en el artículo 183 de la Ley de Amparo, ordenó el turno del presente asunto al Magistrado Marco Antonio Cepeda Anaya, para la elaboración del proyecto de sentencia. DÉCIMO. Mediante auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de este Tribunal Colegiado Auxiliar, acordó que: “…durante la licencia académica otorgada a la Magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, en el período del veinticinco al veintisiete de este mes y treinta siguiente, comuníquese este proveído al tribunal auxiliado 5 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. para el conocimiento de las partes de que en dicho periodo este órgano colegiado estará integrado por los Magistrados Marco Antonio Cepeda Anaya (Presidente) y Érico Torres Miranda, así como el secretario en funciones de Magistrado Fernando Gutiérrez Toledano…”; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es competente para conocer el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e) y 84, de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción IV, 38 y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, punto quinto, párrafo primero, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en el oficio STCCNO/253/2016, de uno de marzo de dos mil dieciséis, firmado por el Secretario Técnico de la 6 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y en la consulta CAR 18/2016-V. SEGUNDO. Oportunidad del recurso de revisión. El recurso de revisión se presentó oportunamente dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. Al respecto, la sentencia se notificó a la parte quejosa, el jueves once de febrero de dos mil dieciséis, según se advierte en la foja trescientos cincuenta y uno del juicio natural; y la notificación surtió sus efectos al siguiente día hábil, es decir, el viernes doce del mismo mes y año, tal como lo establece el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo. Luego, si el escrito de interposición del recurso se presentó ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), el jueves veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, según se advierte del sello que obra en el escrito de referencia (foja tres de los presentes autos), es claro que se interpuso en tiempo, puesto que el plazo de diez días transcurrió del lunes quince al viernes veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, descontándose los días veinte y veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, tal como lo prevé el artículo 19 de la citada legislación. 7 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión lo interpone, **, autorizado de la parte quejosa, quien se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión, según se advierte del auto de veinticinco de febrero de dos mil quince (foja sesenta y ocho del juicio de origen) en el que la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), le reconoció la personalidad con que actúa, por lo que tiene legitimación en términos de los artículos 5, fracción I y 10 de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia. El recurso de revisión es procedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, inciso e), del artículo 81 de la Ley de Amparo, en virtud de que se impugna una sentencia dictada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto **/**, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México). QUINTO. La sentencia recurrida está fundada en las siguientes consideraciones: “SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de garantías. --- Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 8 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, jurisprudencia que establece lo siguiente: --- “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.” --- De acuerdo con el criterio destacado y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual impone la obligación de que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales lo siguiente: 9 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. --- La resolución recaída al procedimiento relativo a la solicitud de protección de derechos bajo el expediente número *, emitida en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. --- TERCERO. Al rendir su informe justificado (fojas 160 a 181), la autoridad responsable aceptó la existencia y haber emitido el acto que se le reclama en el ámbito de su competencia y atribuciones, consistente en la resolución recaída al procedimiento relativo a la solicitud de protección de derechos bajo el expediente número **, emitida en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por lo que se tiene como plenamente demostrada la certeza de tal resolución. --- Certeza que se corrobora, además, con las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, como sustento de su informe justificado, con las que se formaron dos legajos por separado del presente juicio, en específico la relativas al fallo impugnado recaído al expediente administrativo en mención (fojas 254 a 292 del legajo relativo), a las que se reconoce valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de dicho 10 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. ordenamiento legal y, de donde se advierte que la existencia del acto impugnado, así como la participación de la autoridad señalada como responsable en la emisión de la resolución del expediente en cita. --- CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. --- Al respecto, el tercero interesado aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir a la instancia constitucional, porque no acredita la titularidad de la revista digital consultable en la página de internet www.revistafortuna.com.mx. --- Se destaca que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: --- “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- […] --- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia…” --- El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la Institución del referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal 11 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. --- Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). --- Por otro lado, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, dispone lo siguiente: --- “Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.” - -- Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 12 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. --- Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra actos emitidos por tribunales jurisdiccionales, ya que para que la instancia resulte procedente éstos deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional. --- De lo expuesto, se advierten los dos supuestos que generan el interés jurídico: --- ● La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. --- ● El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. --- Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional a demandar el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo. --- En ese sentido se pronunció el Máximo Tribunal del país, por 13 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. conducto de su Primera Sala, en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, que a la letra señala lo siguiente: --- “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.” --- Una vez que se precisó lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto se 14 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia número 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, cuyo rubro señala: “INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.” --- Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: --- a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; --- b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; --- c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. --- Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. --- En cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que 15 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. --- Ahora, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo. --- Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad –interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. --- Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. --- Que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que 16 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. --- Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. --- Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 50/2014 (10a.), definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO. 17 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)…” --- Con base en la disposición de la Carta Magna antes analizada, rectora del juicio constitucional, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: --- En lo que atañe al interés jurídico: --- a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, --- b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. --- Por lo que respecta al interés legítimo: --- a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; --- b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, --- c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. --- Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe 18 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. - -- Es aplicable al caso, la tesis número 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: “INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS…” --- En el caso concreto, como se indicó en el considerando segundo del presente fallo, la parte quejosa reclama la resolución recaída al procedimiento relativo a la solicitud de protección de derechos bajo el expediente número **, emitida en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. --- Conviene reiterar que, para efectos de la resolución del presente asunto, se tiene debidamente acreditada la existencia del acto reclamado precisado en el párrafo que precede; certeza que se corrobora de la lectura integral de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, en específico las documentales relacionadas con la resolución dictada en el procedimiento relativo a la solicitud de protección de derechos bajo el expediente número **, que 19 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. están glosadas en dos legajos por separado del presente juicio, a las que ya se reconoció valor probatorio pleno. --- Así, en el presente caso, de los antecedentes del acto reclamado relatados, bajo protesta de decir verdad, se infiere que la parte quejosa señala que se afecta su esfera de derechos ostentándose como titular de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx en la que se difundió la nota periodística titulada “Fraude en Estrella Blanca alcanza Vamos a México”, consultable mediante el localizador de recursos uniforme (URL), http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/febrero/htm/fraude_estrella_blanca_vamos_mexico.htm, a través del servicio de motor de búsqueda de la página electrónica www.google.com.mx; y, aduce que en la resolución aquí reclamada, la autoridad responsable ordenó a Google hacer inaccesible desde su servicio de motor de búsqueda el enlace de la nota periodística antes señalada. --- De tal modo que resulta necesario que la ahora parte quejosa acredite en forma fehaciente, que el acto de autoridad que por esta vía reclama, vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, demostrando para ello la titularidad de los derechos de exclusividad la revista que defiende, y con ello acreditar que resiente el agravio de manera directa y personal, pues en caso contrario, como ya se dijo, no contaría con interés jurídico para interponer el presente medio de impugnación extraordinario. --- Al respecto, los artículos 173 y 174 de la Ley Federal de Derecho de Autor, señalan: --- “De las Reservas de 20 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Derechos al Uso Exclusivo --- Artículo 173.- La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros: -- - I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente; --- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse; --- III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos; --- IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y --- V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales. --- Artículo 174.- El Instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger las reservas de derechos a que se refiere el artículo anterior.” - -- Cita de la que se advierte que los títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados 21 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. entre otros géneros, a las publicaciones periódicas, editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente, son susceptibles de reservas de derechos al uso exclusivo, en relación con las cuales el Instituto Nacional del Derecho de Autor, expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger las reservas de derechos, previo cumplimiento de los requisitos que se exijan al respecto de la regulación aplicable. --- En consecuencia, si en el caso concreto el acto reclamado, según el dicho de los solicitantes de amparo, implica afectación o menoscabo a los derechos deducidos de una nota periodística difundida en la revista digital que por esta vía defienden; resulta lógico que para comprobar el interés jurídico, la parte quejosa esté obligada a demostrar de manera fehaciente la titularidad de los derechos relativos a la elaboración y difusión a través de medios de comunicación de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que refiere es propietaria a su vez de la revista digital relativa. --- En el presente caso, *** ********, por derecho propio,*y**, por derecho propio, no exhibieron medio probatorio alguno para acreditar el carácter con que se ostentan, y demostrar la aducida afectación de derechos subjetivos como consecuencia de la emisión y eventual ejecución de la resolución reclamada, esto es, no aportaron prueba que acredite la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que refieren es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx, para lo cual no basta que hayan manifestado, bajo protesta de decir verdad, en la 22 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. demanda de amparo que éstos son titulares y ostentan cargos directivos en la citada revista y que registraron el citado dominio, porque para demostrar tal aserto no anexaron constancia alguna expedida a su favor para acreditar su dicho. --- En la especie, los citados quejosos no anexaron prueba alguna con la que acrediten la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx ni que cuentan con los derechos para realizar publicaciones periódicas vía red de cómputo en el dominio www.revistafortuna.com.mx; en consecuencia, no demuestran el derecho que merezca ser tutelado y, por consiguiente, no acreditan el interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia de la Unión. --- Sin que la suscrita juzgadora desatienda, se reitera, las manifestaciones que realizó la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en las que dice que es titular de la revista digital que por esta vía defiende; sin embargo, tal manifestación por sí misma no acredita su interés jurídico, pues es necesaria la exhibición de pruebas fehacientes que demuestren los derechos de exclusividad que se aducen; ya que, se reitera, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 6 de la Ley de Amparo, imponen al promovente del juicio de garantías el deber de demostrar fehacientemente su interés jurídico. --- Es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 3a./J. 27/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. visible en la página 229, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, que textualmente dispone: --- “INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés.” --- Máxime que el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que ésta pudiera parecer. --- Y como se estableció, ese interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por el carácter excepcional que tiene el juicio de garantías y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. --- No es obstáculo a las anteriores conclusiones que las morales quejosas hayan aportado copia certificada de los instrumentos notariales anexos a la demanda de amparo, toda vez que éstos únicamente acreditan la legal constitución de las personas jurídicas promoventes del amparo y la 24 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. personalidad de las persona físicas que acudieron en su representación legal a esta instancia constitucional. --- En lo que atañe a la quejosa ** solamente exhibió, en copia fotostática simple, el documento denominado “RENOVACIÓN DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO" de diecinueve de marzo de dos mil catorce, documental que, por sí misma, carece de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues únicamente tiene el carácter de indicio de la existencia del documento reproducido en la copia fotostática simple, motivo por el cual resulta insuficiente para acreditar que a la quejosa se otorgó el certificado relativo a la reserva de derechos de uso exclusivo del dominio www.revistafortuna.com.mx, menos aún acredita la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que se dice es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del referido dominio; respecto de lo cual es aplicable, la jurisprudencia número IV.3º. J/23, publicada en la página 510, el Tomo III, mayo de 1996, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con el sumario siguiente: --- “DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la 25 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas”. --- Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000 página 127, de rubro y texto siguientes: --- “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 26 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.” --- En efecto, la documental precisada se trata de un medio probatorio que no es idóneo ni fehaciente para demostrar la afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa, ya que fue exhibido en copia simple, la cual, se reitera, por sí sola y al no estar concatenada con diverso medio de prueba idóneo y fehaciente aportado por la accionante, carece de valor probatorio pleno, en tanto que no es susceptible de producir convicción sobre la veracidad de su contenido, y sólo genera simple presunción de la existencia del documento que reproduce pero no es suficiente para evidenciar la titularidad de derechos que ostenta la quejosa y, por ende, que se vulnere su esfera jurídica con motivo de la emisión y eventual ejecución de lo ordenado en la resolución reclamada; esto, debido a que es simple reproducción fotográfica de un documento que, para su obtención, la parte interesada coloca en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, sin prejuzgar al respecto, que dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la 27 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. --- Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 3a./J. 1/89, publicada en la página 379, del Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, que es del rubro y texto siguientes: --- “COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno 28 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.” (Lo destacado es propio) --- De ahí que la quejosa no acreditó con ningún medio de convicción ser titular de algún derecho que pudiera ser transgredido con motivo de la resolución recaída al procedimiento relativo a la solicitud de protección de derechos bajo el expediente número *, emitida en sesión de veintiséis de enero de dos mil quince, por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ahora Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; ello es así, pues no exhibió pruebas idóneas y fehacientes que acrediten que ante la autoridad administrativa correspondiente tenga reconocida la titularidad de la reserva de derechos de uso exclusivo del dominio www.revistafortuna.com.mx, menos aún acredita la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que se dice es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del referido dominio. --- Por último, como ya se anticipó en la audiencia constitucional que antecede, tomando en consideración su estrecha relación con el acto reclamado destacado en esta instancia constitucional y que no se requieren de conocimientos técnicos o especializados, en términos de lo dispuesto en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se realizó la consulta en el equipo de cómputo correspondiente y se tiene a la vista el sitio de internet con la dirección 29 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl, y desde el motor de búsqueda de este sitio, escribiendo el nombre y apellidos del ahora tercero interesado, se accedió al vínculo *; esto, con el fin resolver lo que en derecho corresponda en esta instancia constitucional. --- Sin embargo, el resultado de la anterior consulta no beneficia en modo alguno en lo que atañe a la carga procesal relativa a acreditar el interés jurídico de la parte quejosa para instar el juicio constitucional, toda vez en términos de lo dispuesto en los numeral 210-A y 217 del citado Código Adjetivo Civil, solamente se acredita la existencia de las referidas páginas de internet en la que, a partir de escribir el nombre y apellidos del tercero interesado en el motor de búsqueda de *, se puede localizar la nota periodística en la que se relaciona al aquí tercero interesado y que fue materia de la resolución impugnada en lo que corresponde a la solicitud de protección de datos personales cuya difusión se opuso y pidió cancelar su titular (tercero interesado), así como también se aprecia el apartado del Directorio de la revista digital en cuestión, en los términos siguientes: --- “Directorio --- Directora --- ***Subdirector Editorial **Coordinadora **Diseño --- ***Fotografía --- ******Equipo de investigación ***** *** **. --- Colaboradores y articulistas --- ** --- Corrector --- * --- Directora de Relaciones públicas --- ***** --- Director de Marketing --- * --- ** --- Producción ***Circulación --- *” --- Información a la que se reconoce valor de indicio y solamente demostraría que las personas físicas antes señaladas, ocupan ciertos cargos, 30 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. colaboran y realizan determinadas funciones para elaboración, producción y difusión de la revista digital en comento, no así, se insiste, que a la parte quejosa se le haya otorgado el certificado relativo a la reserva de derechos de uso exclusivo del dominio www.revistafortuna.com.mx, ni la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que se dice es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del referido dominio, reconocida y registrada ante la autoridad administrativa que resulte competente a efecto de que surta efectos frente a terceros. --- No se desatiende que la quejosa refiera que en la resolución aquí reclamada, la autoridad responsable ordenó a Google México hacer inaccesible desde su servicio de motor de búsqueda el enlace de la nota periodística antes señalada, sin embargo, en sentido contrario a lo afirmado por la quejosa, de la resolución impugnada se advierte que la responsable únicamente determinó lo siguiente: --- “… 1. Por lo que respecta al derecho de oposición, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de la materia, se abstenga de tratar los datos personales del Titular, consistentes en su nombre y apellidos, de tal manera que al ser tecleados en el motor de búsqueda del Responsable, no aparezcan los links o URL´S -indexación- que dicho Titular refirió en su solicitud de ejercicio de derechos ARCO de fecha veintidós de julio de dos mil catorce. --- 2. En cuanto al derecho de cancelación, con fundamento en los artículos 25, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 31 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Posesión de Particulares, y 106, 107 y 108 de su Reglamento, cancele los datos personales del Titular antes mencionados, de modo que no obren en las bases de datos del Responsable.” (Lo destacado es propio).” --- Esto es, en aras de proteger los datos personales del tercero interesado, la autoridad responsable ordenó a Google México se abstuviera de tratar tales datos, consistentes en su nombre y apellidos, de tal manera que al ser tecleados en el motor de búsqueda del sitio de internet respectivo, no aparecieran los links o URL´S -indexación- que el solicitante de la protección de derechos refirió en el escrito de veintidós de julio de dos mil catorce y que cancelara los datos personales de sus bases de datos, no así que desde su servicio de motor de búsqueda no resultara posible acceder directamente al enlace de la nota periodística o la revista digital aquí defendidas. --- Tampoco modifica el sentido que rige al presente fallo, que se haya tenido por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional, pues la circunstancia de que se reconozca la certeza del acto impugnado o se presuma cierta su existencia ante la falta de informe con justificación de la responsable, por sí mismas no relevan ni eximen de la carga probatoria a la parte quejosa de demostrar fehacientemente su interés jurídico. --- Es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 2a./J. 3/93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 68, Agosto de 1993, que textualmente dispone: --- “INTERÉS JURÍDICO. NO LO 32 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. DEMUESTRA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La omisión de las autoridades responsables de rendir sus informes justificados sólo acarrea la presunción, juris tantum, de ser ciertos los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, pero ello no significa que esa presunción exima al quejoso de la obligación que tiene de acreditar su interés jurídico para promover el juicio de garantías.” --- También es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 2a./J. 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 84, Diciembre de 1994, que textualmente dispone: --- “INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.” --- En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la 33 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías. --- Sustenta lo anterior la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo: XV, Febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: --- “INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.” --- De igual forma, por el criterio que informa, es aplicable la tesis XXVII.6 K, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página mil treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, que establece lo siguiente: --- “INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar 34 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías.” --- En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, advertida por la suscrita de oficio, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. - -- No es obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no era posible advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes, de tal suerte que la simple admisión de la demanda de garantías no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiera del análisis de las constancias de autos, pues la suscrita juzgadora está obligada a proceder en tales términos, de acuerdo con el artículo 62 de 35 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. la Ley de Amparo y la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXXI, página 164, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, ES DE ORDEN PÚBLICO EL ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE.” --- En apoyo a las consideraciones expuestas, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo contenido enseguida se transcribe: --- “DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías.” --- En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de rubro: “SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A 36 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.” - -- Por último, no se realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos propuestos por las partes, pues atento lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación forman parte de la litis en el juicio constitucional, por lo que no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos; respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: “ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.” --- Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124, 217 de la Ley de Amparo; se, --- RESUELVE:…” SEXTO. Los recurrentes expresaron los siguientes agravios: “PRIMERO.- INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 119, 123 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, AL NO DESAHOGAR EN EL PERÍODO PROBATORIO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL LA PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR A EFECTO DE QUE SE REALIZARA 37 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. EL ACCESO A LA PÁGINA DE INTERNET ** --- El artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que serán admisibles todo tipo de pruebas, incluyendo la inspección judicial. Cabe señalar que se ha reconocido que puede ofrecerse la prueba de inspección judicial para efecto de que el persona judicial accede a páginas de internet. Al respecto, es pertinente hacer referencia al siguiente criterio: --- Época: Décima Época --- Registro: 2007483 --- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito --- Tipo de Tesis: Aislada --- Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación --- Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III --- Materia(s): Común --- Tesis: VI.lo.P.10 K (10a.) --- Página: 2434 --- INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE LA OFRECIDA RESPECTO DE PÁGINAS DE INTERNET SI RESULTA IDÓNEA PARA DEMOSTRAR LO PRETENDIDO POR EL OFERENTE. De lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o. de la legislación inicialmente citada, se desprende, por una parte, que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones y, por otra, que el juzgador puede valerse de cualquier prueba reconocida por la ley, si tiene relación inmediata con los hechos controvertidos, lo que implica el principio de idoneidad de la prueba. En esas condiciones, debe admitirse la inspección ocular ofrecida en el juicio de amparo respecto de una página de Internet, atento a que su objeto atiende 38 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. a lo que se puede percibir a través de los sentidos, es decir, trata sobre el reconocimiento de hechos, lugar, circunstancias y cosas en la forma en que se encuentren al verificarse la diligencia, con la finalidad de aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieren de conocimientos técnicos especiales, además de que no se constriñe al traslado del personal judicial en tanto puede realizarse en las propias instalaciones del órgano jurisdiccional o en un lugar diverso, luego, el ofrecimiento de dicho medio de prueba con relación a la página de Internet no impide su admisión, mas si con ésta se trata de demostrar el acto reclamado, no se ubica en ninguna de las excepciones con relación a la admisibilidad de las pruebas en el juicio de amparo y su desahogo puede llevarse a cabo mediante el empleo común de la computadora respecto de una información al alcance de la población. --- (…) --- Adicionalmente, el artículo 123 de la Ley de Amparo establece que las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional y el artículo 124 de dicha Ley claramente establece que las pruebas deberán desahogarse de manera previa a que se dicte el fallo que corresponda. --- No obstante lo anterior, a pesar de que esta parte quejosa ofreció en su escrito inicial de demanda la prueba de inspección judicial a efecto de que se accesara a la página de Internet * con el objeto claro, conciso y específico de que se acredite la calidad con que se ostenta * como Directora y 39 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Responsable Editorial de la “**” y del contenido publicado en la página de Internet ** así como de*, como responsable de la publicación “*” y del contenido publicado en la página de internet *, la A quo omitió referirse a dicha prueba dentro del apartado de pruebas en la audiencia constitucional. --- Como consta en la página 6 del auto donde se da cuenta de la audiencia constitucional, la A quo únicamente hace referencia a una sola prueba de inspección ocular ofrecida por las quejosas relativa al acceso a la página de internet http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/febrero/htm/fraude_estrella_blancavamos_ mexico.htm a través del servicio de motor de búsqueda provisto por Google mediante el ingreso a la página www.google.com.mx y el ingreso en el campo de búsqueda del supuesto nombre del tercero interesado “**”, luego de lo cual, se procedió al cierre del periodo probatorio y la apertura del periodo de alegatos y a emitir el fallo en el presente juicio. --- De esta forma, la A quo cometió una infracción a los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo en agravio de las quejosas y por tanto debe revocarse la audiencia constitucional, de manera que sea subsanada la violación a las normas que rigen nuestro juicio de amparo y que vulneran así nuestro derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. --- SEGUNDO.- INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 1°, 17, 94, 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONALES; 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 2.3 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS QUE RIGEN NUESTRO JUICIO DE AMPARO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 5, 40 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. FRACCIÓN I, 61, FRACCIÓN XII, 76, 114, 217 Y OTRAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY DE AMPARO Y A LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, CONGRUENCIA, RAZONABILIDAD JURÍDICA Y PROPORCIONALIDAD AL LLEVAR A CABO UNA INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE AMPARO Y AL DESATENDER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, ENTENDIENDO LOS CONCEPTOS DE INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO DE MANERA ERRÓNEA; Y OMITIENDO ANALIZAR EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS QUEJOSAS. --- La A quo basa el sobreseimiento del presente juicio al aducir la supuesta actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente “contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley (…)”. La anterior determinación es violatoria de las normas que rigen nuestro juicio de amparo como se demuestra a continuación. --- En primer lugar, la A quo, en la página 29 de la sentencia establece como elementos constitutivos del interés legítimo: (se transcribe) --- Lo anterior resulta un desconocimiento absoluto del alcance del concepto de interés legítimo. Resulta particularmente carente de toda lógica jurídica que la propia A quo cita la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) establecida por el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 41 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)…” para inmediatamente desconocerla y establecer elementos distintos a los que, de conformidad con lo que señala el artículo 94 de la Constitución y el artículo 217 de la Ley de Amparo era su obligación aplicarlos en el presente caso. --- En efecto, la jurisprudencia citada, e ignorada por la A quo señala elementos distintos para la acreditación del interés legítimo, a saber: “(…) mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma 42 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.” (resaltado nuestro). --- No obstante lo transcrito y resaltado, la A quo pretende considerar como “elementos constitutivos”, “concurrentes” y respecto de los cuales “basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa sea improcedente” para “acreditar fehacientemente” el interés legítimo los transcritos anteriormente, incluyendo la supuestamente indefectible necesidad de que se acredita la existencia de un interés colectivo o difuso. Lo anterior, se reitera es erróneo, pues como la jurisprudencia citada claramente establece en la parte resaltada, el interés legítimo también puede darse de manera individualmente. --- Por lo tanto, el efectivo incumplimiento de la jurisprudencia citada constituye un incumplimiento del artículo 94 constitucional y del artículo 217 de la Ley de Amparo que nos causa agravio, y que además constituye una infracción al derecho a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia y a un recurso efectivo que establecen los artículos 17 constitucional, 25 de la Convención 43 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y una indebida interpretación y aplicación de los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 76 de la Ley de Amparo. --- En segundo lugar, e independientemente de lo anterior, la A quo únicamente se ciñe a analizar la actualización de un interés jurídico y en ningún momento analiza el interés legítimo que poseemos las quejosas. Como erróneamente sentencia el H. Juzgado de Distrito en la página 32 de la Sentencia, se señala que: (se transcribe) --- Acto seguido, la A quo se limita a analizar la acreditación del interés jurídico e ignora, sin dar justificación alguna, el análisis de la acreditación del interés legítimo que poseemos las quejosas. --- Si la A quo consideraba necesaria la aclaración respecto de que tipo de interés era invocado por las quejosas debió, en su caso, advertirlo mediante la prevención a la que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, sin embargo omitió cumplir dicha obligación en agravio de esta parte quejosa. --- De esta manera, como consta en autos, esta parte quejosa reitera en este sentido que, es claro que las quejosas poseen un interés legítimo respecto del acto reclamado. Esto es así, en tanto en el acto reclamado se ordena a la empresa conocida como Google, hacer accesible desde su servicio de motor de búsqueda el enlace a la nota periodística “**” publicada en el sitio de Internet de la quejosa. --- Resulta un hecho notorio que Google otorga el servicio de motor de búsqueda en Internet más popular en el mundo sirviendo así como puerta de entrada para cientos de millones de personas que buscan información en 44 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Internet. Igualmente resulta notorio que al cancelar y restringir la accesibilidad a la nota periodística publicada por la quejosa a través del servicio de motor de búsqueda de Google, se interfiere con las posibilidades de acceso a dicha nota y se limita el derecho a difundir información de esta parte quejosa. - -- De esta forma, es notorio y carente de controversia que el efecto que tendría el acto reclamado de impedir o limitar el acceso a información periodística publicada por la quejosa constituye un agravio diferenciado, cualificado, real, actual y jurídicamente relevante y que el otorgamiento del amparo supondría un beneficio para esta quejosa en tanto la accesibilidad y las posibilidades de difusión de la labor periodística que lleva a cabo la quejosa serían protegidas ante una resolución, como la combatida, que tendría como efecto limitarlas. Por lo que, se encuentran acreditados los elementos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la actualización del interés legítimo. --- De esta manera, la injustificada ausencia del análisis de la acreditación del interés legítimo que poseemos las quejosas constituye una clara infracción al derecho a la tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia y a un recurso efectivo que establecen los artículos 17 constitucional, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y una indebida interpretación y aplicación de los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII, 76 y 114 de la Ley de Amparo y un incumplimiento a los principios de exhaustividad, congruencia, razonabilidad jurídica y proporcionalidad que causa agravio a esta parte quejosa, por lo que este H. Tribunal 45 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. debe revocar la sentencia recurrida. --- TERCERO.- INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 1°, 6, 17, 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONALES; 13 y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 2.3 y 19 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS QUE RIGEN NUESTRO JUICIO DE AMPARO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN I, 61, FRACCIÓN XII, 76 Y OTRAS NORMAS PERTINENTES DE LA LEY DE AMPARO Y A LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD, CONGRUENCIA, RAZONABILIDAD JURÍDICA Y PROPORCIONALIDAD AL DESATENDER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA Y DEJAR DE OBSERVAR LA PRUEBA OFRECIDA QUE ACREDITA LA LEGITIMACIÓN DE LAS QUEJOSAS. --- Independientemente de lo señalado en el agravio precedente, la A quo aduce que las quejosas “no anexaron prueba alguna con la que acrediten la titularidad de la revista ****, (…) no demuestran el derecho que deba ser tutelado y, por consiguiente, no acreditan el interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia de la Unión” (sic). Lo anterior constituye una infracción a las normas que rigen nuestro juicio de amparo que le causan agravio a esta parte quejosa en atención a lo siguiente. --- Es preciso afirmar que resulta falsa la afirmación de la A quo en relación a que esta parte quejosa no aportó prueba alguna para acreditar el interés que posee para reclamar la resolución combatida. Como consta en el expediente, esta parte quejosa aportó diversas documentales, inclusive copias certificadas, que 46 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. prueban el carácter desconocido por la A quo. --- En primer lugar, debe señalarse que en caso de que las documentales ofrecidas fueran calificadas como “copias simples”, la reiterada afirmación del Juzgado de Distrito respecto a la no aportación de “prueba alguna” y el desconocimiento de cualquier valor probatorio a dichas documentales resulta ser una indebida aplicación de las normas que rigen nuestro juicio de amparo, en particular una infracción a los artículos 1° de la Constitución, en tanto desconoce el principio de interpretación más favorable (principio pro persona) en relación con los artículos 17 constitucional (derecho a la tutela judicial efectiva) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a un recurso efectivo), en particular en su numeral 2, inciso b, el cual dispone la obligación de “desarrollar las posibilidades del recurso judicial”. --- Lo anterior, en tanto la A quo pasa por alto que esta parte quejosa manifestó en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que es titular y responsable de las publicaciones en el sitio de internet *** Lo anterior sin que fuera controvertido por ninguna de las autoridades responsables, ni por el tercero en el presente juicio, a pesar de tener amplia oportunidad para hacerlo. --- El desconocimiento de valor probatorio alguno a las documentales ofrecidas, aun cuando estas fueran calificadas como copias simples, es agraviante y contraria al derecho de acceso a la justicia y las normas que rigen al presente juicio, en tanto, al menos, algún valor probatorio debe ser otorgado a dichas documentales, como se sustenta en los siguientes criterios de este Poder Judicial de la Federación: --- Época: 47 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Décima Época --- Registro: 2003006 --- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito --- Tipo de Tesis: Aislada --- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta --- COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS SUSPENSIONAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1185, localizable con número de registro IUS 395140, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 806, de rubro: "SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.", ha establecido que para la procedencia de la concesión de la suspensión definitiva en los juicios de amparo, el interés suspensional se debe acreditar cuando menos de manera presuntiva. Ahora, el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Al respecto la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 193, con registro IUS 394149, del mismo Apéndice, tomo y materia, página 132, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS.", indicó que si bien las copias simples carecen por sí mismas de valor probatorio pleno, lo cierto es que éstas generan la presunción de existencia de los documentos que reproducen. En 48 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. ese orden, de exhibirse en un juicio de amparo copias fotostáticas simples de las que se pueda presumir la existencia del derecho subjetivo que se pretende tutelar, debe concluirse que dichas constancias son suficientes para tener por acreditado el interés suspensional de la parte quejosa y por ende para conceder la suspensión definitiva solicitada. Máxime si las copias fotostáticas simples exhibidas son de actuaciones judiciales cuya falsedad podría advertirse de forma sencilla por la parte tercero perjudicada, y que además podría ser constitutivo de un delito si se demostrara tal falsedad; de ahí que, no asista razón lógica para negarles aunque sea el valor probatorio de indicio, al ya encontrarse sancionada su falsedad por la propia ley. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos 49 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. Razón por la cual constituye una obligación del juzgador el dirigir el proceso de tal forma que no haya dilaciones o entorpecimientos indebidos que conduzcan a la impunidad. --- Época: Novena Época --- Registro: 172557 --- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito --- Tipo de Tesis: Jurisprudencia --- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta --- Tomo XXV, Mayo de 2007 --- Materia(s): Civil --- Tesis: I.3o.C. J/37 --- Página: 1759 --- COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. --- (énfasis añadido) --- En este sentido, es claro las documentales ofrecidas, aun cuando fueran calificadas como copias simples, poseen algún valor 50 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. probatorio, las cuales consideradas en conjunto con el resto de documentales ofrecidas, la protesta de decir verdad, el hecho de que el documento ofrecido es un documento público que las responsables o el tercero fácilmente podrían controvertir y el hecho de que dichas autoridades no hayan objetado la veracidad de la protesta de decir verdad y las documentales ofrecidas, es prueba suficiente para acreditar carácter ostentado por las quejosas y el interés legítimo para la resolución combatida, de conformidad con las obligaciones constitucionales y convencionales de acceso a la justicia a la luz del principio pro persona establecido en el párrafo segundo del artículo primero constitucional y las obligaciones convencionales de desarrollar las posibilidades del recurso judicial. --- Lo anterior se ve reforzado además, por el hecho de que no tendría sentido y lógica jurídica que la quejosa acudiera en busca del amparo respecto de las normas combatidas si no contara con la calidad que ha ostentado pues en caso de que no tuviera dicha calidad, la eventual sentencia concesoria del amparo y protección de la justicia federal no le presentaría ningún beneficio y no causaría ningún efecto jurídico en la realidad. Por lo tanto, en todo caso, después de un ejercicio de ponderación a la luz del principio pro persona, debe subsistir el principio de buena fe y privilegiarse el trámite del presente juicio, pues, en cualquier caso, lo anterior en ningún escenario puede causar perjuicio alguno a un interés público ni otorgar indebidamente beneficios a la quejosa. En este sentido, se reafirma, el derecho de acceso a la justicia debe privilegiarse en el presente caso. Máxime que la A quo únicamente se ciñó 51 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. a analizar la acreditación del interés jurídico y no el interés legítimo como ya ha sido argumentado en el agravio anterior. -- - En segundo lugar, debe señalarse que la A quo otorga un valor probatorio erróneo a las pruebas de inspección judicial y las documentales en copia certificadas y copias simples. --- Por ejemplo, se infiere que la A quo considera indispensable para la acreditación de la legitimación de la parte quejosa como Directora de la * la presentación de una copia certificada del documento de Reserva de Derechos de Uso Exclusivo del dominio *** Lo anterior, además de erróneo, pasa por alto el resto de las pruebas ofrecidas, por ejemplo, la comparecencia de la quejosa ante el Juzgado de Distrito y sobre todo, la prueba de inspección judicial relativa a el acceso a la página de internet * pues en ella se desprende que ****** aparece con la calidad de Directora ostentada. --- Además, en las páginas 46 y 47 de la sentencia se omite que en la página de Internet mencionada aparece ** --- Adicionalmente, la A quo, reconoce que la prueba de inspección judicial demuestra que las quejosas anteriormente señaladas “ocupan ciertos cargos, colaboran y realizan determinadas funciones para la elaboración, producción y difusión de la revista digital en comento”. Y se infiere, de nuevo, que lo que esta parte quejosa debía probar es el otorgamiento del certificado relativo a la reserva de derechos de uso exclusivo del dominio *** --- Dicha exigencia resulta absolutamente irrazonable y contraria al derecho a la libertad de expresión y de acceso a la justicia. Se insiste que, esta parte quejosa, y ninguna persona que ejerce el 52 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. periodismo, se encuentra obligada a obtener un certificado de reserva de derechos de uso exclusivo de un dominio de internet para ejercer su labor periodística y acreditar su interés legítimo para combatir una resolución que le afecta en las calidades que la propia A quo reconoce fueron demostradas, es decir, como ocupantes de cargos de dirección, colaboradores y responsables de la elaboración, producción y difusión de la labor periodística que lleva a cabo la *. --- En cualquier caso, esta parte quejosa sí ofreció prueba de que posee ese certificado de uso exclusivo, y aun cuando pudiera no considerarse plena dicha prueba, en conjunción con el resto de pruebas ofrecidas y la ausencia de objeción alguna son suficientes para demostrar la calidad con que se ostentan las quejosas y por ende el interés legítimo que poseen. --- En tercer lugar, la A quo, deja de considerar hechos notorios que acreditan las calidades con que se ostentan las quejosas en el presente juicio, como lo son diversas páginas web que acreditan las calidades ostentadas. Al respecto sirve citar el siguiente criterio: --- Época: Décima Época --- Registro: 2004949 --- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito --- Tipo de Tesis: Aislada --- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta --- Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2 --- Materia(s): Civil --- Tesis: I.3o.C.35 K (10a.) --- Página: 1373 --- PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio 53 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. --- (…) --- En este sentido, el registro de los 54 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. dominios de Internet consta en un registro público accesible desde internet y que no requiere conocimientos técnicos avanzados, por lo que constituyen hechos notorios. De visitarse el registro público de dominios conocido como WHOIS se constata, por ejemplo a través del enlace https://www.whois.net/, y la búsqueda en el registro de la página www.revistafortuna.com.mx, que aparece *****, una de las quejosas, como registrante del dominio. --- De esta manera es claro que al ignorar en su integralidad la prueba ofrecida, desvalorar y aplicar un valor erróneo a la prueba ofrecida, exigir cierta prueba de manera arbitraria y violatoria del derecho a la libertad de expresión, aplicar un estándar de prueba únicamente para acreditar el interés jurídico, omitiendo injustificadamente el análisis respecto del interés legítimo, e ignorando hechos notorios que, aunados al resto de la prueba, ofrecen suficiente convicción del interés legítimo que poseen las quejosas en el presente juicio, el H. Juzgado de Distrito ha cometido infracciones a los artículos los artículos (sic) 1°, 6, 17, 107, fracción I, constitucionales; 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.3 y 19 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos que rigen nuestro juicio de amparo, sí como el artículo 5, fracción I, 61, fracción XII, 76 y otras normas pertinentes de la Ley de Amparo y a los principios de exhaustividad, congruencia, razonabilidad jurídica y proporcionalidad en agravio de esta parte quejosa por lo que debe revocarse la sentencia recurrida.” SÉPTIMO. Los quejosos, ahora recurrentes, en sus 55 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. agravios aducen: 1. Infracción de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, al no desahogar en el período probatorio de la audiencia constitucional la prueba de inspección ocular, a efecto de que se realizara el acceso a la página de internet *, no obstante que la quejosa la ofreció en su escrito inicial de demanda. 1.1 Dicha prueba se ofreció a efecto de que se accesara a la página de Internet ** con el objeto de acreditar la calidad con que se ostenta ** como Directora y Responsable Editorial de la “*” y del contenido publicado en la página de Internet * así como de**, como responsable de la publicación “**” y del contenido publicado en la página de internet **. 1.2 Sólo se hizo referencia a una prueba de inspección ocular ofrecida por las quejosas relativa al acceso a la página de internet *** a través del servicio de motor de búsqueda provisto por Google mediante el ingreso a la página www.google.com.mx; y el ingreso en el campo de búsqueda del nombre del tercero interesado “*”, luego de lo cual, se procedió al cierre del período probatorio, la apertura del período de alegatos y a emitir el fallo. 2. Indebida aplicación del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al desatender la cuestión efectivamente planteada, y entender los conceptos de interés jurídico e interés legítimo de manera errónea; y omitió analizar el interés legítimo de las 56 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. quejosas, pues no aplicó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) establecida por el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro; “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)…”. 2.1 Resulta un hecho notorio que al cancelar y restringir la accesibilidad a la nota periodística publicada por la parte quejosa a través del servicio de motor de búsqueda de Google, se interfiere con las posibilidades de acceso a dicha nota y se limita el derecho a difundir información de esta parte quejosa, por tanto, el efecto que tendría el acto reclamado de impedir o limitar el acceso a información periodística publicada por la parte quejosa constituye un agravio diferenciado, cualificado, real, actual y jurídicamente relevante y que el otorgamiento del amparo supondría un beneficio para la parte quejosa, en tanto la accesibilidad y las posibilidades de difusión de la labor periodística que lleva a cabo la parte quejosa serían protegidas ante una resolución, como la combatida, que tendría como efecto limitarlas. 57 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. 2.2 Por lo que se encuentran acreditados los elementos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la actualización del interés legítimo. 3. Infracción a los artículos 1°, 6, 17, 107, fracción I, constitucionales; 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.3 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que rigen el juicio de amparo, así como el artículo 5, fracción I, 61, fracción XII, 76 y otras normas pertinentes de la Ley de Amparo, al desatender la cuestión efectivamente planteada y dejar de observar la prueba ofrecida que acredita la legitimación de las quejosas. 3.1 Se aduce que las quejosas “no anexaron prueba alguna con la que acrediten la titularidad de la revista *, (…) no demuestran el derecho que deba ser tutelado y, por consiguiente, no acreditan el interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia de la Unión”, lo que resulta falso, pues las quejosas aportaron diversas documentales en copias certificadas, que prueban el carácter desconocido por la A quo. 3.2 En primer lugar, aun cuando fueran calificadas como “copias simples”, merecen valor probatorio consideradas en conjunto con el resto de documentales ofrecidas, como la protesta 58 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. de decir verdad, de que el documento ofrecido es un documento público y que no fue objetado, es prueba suficiente para acreditar el carácter ostentado por las quejosas y el interés legítimo para la resolución combatida. 3.3 En segundo lugar, se pasa por alto el resto de las pruebas ofrecidas, por ejemplo, la comparecencia de la parte quejosa ante el Juzgado de Distrito y sobre todo, la de inspección judicial relativa al acceso a la página de internet *** pues en ella se desprende que ** aparece con la calidad de Directora ostentada, también aparece *, una de las quejosas, como registrante del dominio, asimismo, aparece en la página de Internet mencionada “***, y, al respecto, reconoció que la prueba de inspección judicial demuestra que las quejosas anteriormente señaladas “ocupan ciertos cargos, colaboran y realizan determinadas funciones para la elaboración, producción y difusión de la revista digital en comento”. Aunado a que la quejosa, afirma, sí ofreció prueba de que posee ese certificado de uso exclusivo, y aun cuando pudiera no considerarse prueba plena, en conjunto con el resto de pruebas y la ausencia de objeción, serían suficientes para demostrar su interés. 3.4 En tercer lugar, se deja de considerar hechos notorios que acreditan las calidades con que se ostentan las quejosas en el presente juicio, como son diversas páginas web. 59 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. En cuanto al primer agravio que se estima infundado, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda de amparo indirecto ofreció la prueba de inspección, consistente en la verificación mediante el acceso a la página de internet, *** a través del servicio de motor de búsqueda provisto por Google mediante el ingreso a la página www.google.com.mx, y el ingreso en el campo de búsqueda del nombre del tercero interesado “*”, así como, la verificación de la página **, esta última con la intención de verificar las calidades con que se ostentan algunas quejosas. Los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, establecen: “Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. 60 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia”. 61 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. “Artículo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquéllas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la Firma Electrónica”. “Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare. En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la 62 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración”. Dichos preceptos establecen que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, las que deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esa ley disponga otra cosa; y en lo relativo al ofrecimiento de la prueba de inspección judicial, deberá hacerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional; asimismo, las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquéllas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo; las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas y, se recibirán por su orden, las que aún no han sido desahogadas, y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. Por otra parte, los artículos 88, 188, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establecen: 63 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. “ARTICULO 88.- Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes”. “ARTICULO 188.- Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia”. “ARTICULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta”. 64 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. “ARTICULO 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especia (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial”. Dichos artículos prevén que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal; que para acreditarlos pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; incluida la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología; y el valor de esas probanzas quedará al prudente arbitrio judicial. Ahora, en la audiencia celebrada el diez de febrero de dos mil dieciséis, la juez de Distrito abrió el período probatorio y en cuanto a la inspección ocular ofrecida en autos por la parte quejosa, a efecto de que se realice el acceso a la página de internet **, a través del servicio de motor de búsqueda de la página www.google.com.mx, con el objeto que precisaron las quejosas, 65 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. consideró que por su estrecha relación con el acto reclamado destacado en esa instancia constitucional, dado que no se requieren de conocimiento técnicos o especializados, en términos de lo dispuesto en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordenó realizar la consulta en el equipo de cómputo correspondiente y tener a la vista el sitio de internet con la dirección https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl; desde el motor de búsqueda de este sitio, escribiendo el nombre y apellidos del ahora tercero interesado, para acceder al vínculo de la citada página de internet, con el fin de resolver lo que en derecho correspondiera. Al emitir la sentencia correspondiente, el mismo día de la celebración de la audiencia constitucional, la juez federal realizó la consulta en el equipo de cómputo correspondientes y tuvo a la vista la dirección https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl; y desde el motor de búsqueda de ese sitio, accedió al vínculo http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/febrero/htm/fraude_estrella_blanca_vamos_mexico.ht m y concluyó que el resultado de la anterior consulta no beneficia a la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, en virtud de que sólo acreditó la existencia de las referidas páginas de internet, en las que se pudo localizar la nota periodística en la que se relaciona al tercero interesado y que fue materia de la resolución impugnada, en lo que corresponde a la solicitud de protección de datos personales cuya difusión se opuso y pidió cancelar su titular 66 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. (tercero interesado), asimismo, apreció el apartado del Directorio de la revista digital en cuestión, a la que reconoció valor de indicio, para demostrar que las personas físicas allí señaladas, entre ellas, *, ocupan ciertos cargos, colaboran y realizan determinadas funciones para elaboración, producción y difusión de la revista digital en comento, no así, que a la parte quejosa se le haya otorgado el certificado relativo a la reserva de derechos de uso exclusivo del dominio www.revistafortuna.com.mx, ni la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que se dice es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del referido dominio, reconocida y registrada ante la autoridad administrativa que resulte competente a efecto de que surtiera efectos frente a terceros. En ese contexto, si bien es cierto que en la audiencia constitucional se ordenó que al emitir la sentencia correspondiente, se realizará la consulta en el equipo de cómputo para tener a la vista el sitio de internet con la dirección *; y que desde el motor de búsqueda de este sitió, con el nombre del tercero interesado se accediera al vínculo la citada página de internet, **, sin mencionar la diversa página y/o dirección de internet **; también es cierto que la juez al emitir la sentencia recurrida se pronunció respecto del objeto de la prueba, a saber, para verificar las calidades con que se ostentan algunas quejosas, pues de la misma advirtió el nombre de las personas físicas que ocupan ciertos cargos, colaboran y 67 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. realizan determinadas funciones para elaboración, producción y difusión de la revista digital de mérito (la que dicho sea de paso se estimó insuficiente por la juez federal para demostrar su interés jurídico), por tanto, no existe una violación procesal que haya trascendido al resultado del fallo, sino que realmente lo que causa agravio a la parte quejosa recurrente, es el alcance y valor probatorio que se otorgó a las pruebas ofrecidas en autos, apreciados en su conjunto. Por tanto, el hecho de que la juez de Distrito, al celebrar la audiencia constitucional haya ordenado que al emitirse la sentencia se realizara la consulta en el equipo de cómputo correspondiente y que se tuviera a la vista el sitio de internet y las páginas citadas, para resolver conforme a derecho, por sí solo no le causa perjuicio a la parte quejosa, ahora recurrente, pues en ese momento consideró irrelevante el acceso a la citada página de internet, ya que éste sería necesario hasta el dictado de la sentencia para decidir conforme a la litis planteada, lo que en el caso ocurrió el mismo día de la audiencia y se valoró al prudente arbitrio de la juez federal, por lo que no existe una violación procesal como lo pretenden establecer las recurrentes, sino que más bien lo que les afecta es la valoración de dichas pruebas. 68 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Por otra parte, el segundo y tercer agravios son fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida, por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (…) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (…)”. “Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. 69 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (…)” "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita”. De esos preceptos se advierte que para la procedencia del juicio de amparo se requiere, como presupuesto procesal, que 70 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. la parte quejosa acredite una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo cual se identifica como interés jurídico o legítimo que debe demostrarse para estimar procedente la acción de amparo. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que se atribuye a la persona el derecho constitucional de acudir al juicio de amparo, tanto en defensa de su interés jurídico en sentido estricto, como de su interés legítimo, en su caso. Así, la reforma al artículo 107 constitucional, de seis de junio de dos mil once, incluyó el concepto de interés legítimo que otorga mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, dejando de lado la exigencia de acreditar, necesariamente, la afectación a un derecho subjetivo. 71 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Sin embargo, el nuevo contexto constitucional no implica una apertura absoluta para que cualquier persona acuda al juicio de amparo, sin que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Dicho en otras palabras, el constituyente permanente introdujo el concepto de interés legítimo mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple, pues en todo caso debe existir una afectación real y actual en su esfera jurídica, susceptible de ser restituida en la vía extraordinaria del juicio de amparo. En cuanto al interés jurídico es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser 72 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Por lo que respecta al interés legítimo resultan atendibles las tesis aisladas 2a. XVIII/2013 y 2a. LXXX/2013, ambas emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 1736 y 1854, Libro XVIII, Marzo de 2013 y Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3; Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes, respectivamente: “INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial 73 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella”. 74 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. “INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el 75 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente”. Por tanto, la parte quejosa debe acreditar que la ley o acto de autoridad reclamado afecta su interés jurídico o legítimo, esto es, que le produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en razón de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Así, quien promueva el juicio de amparo por afectación a su interés legítimo no está exento de demostrar la afectación real y actual que produzca en su esfera jurídica el acto reclamado, en lo individual o como parte de una colectividad. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el interés legítimo como un interés individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo, en un beneficio en la esfera jurídica del quejoso, ya sea económico, profesional, de salud pública o cualquier otro. 76 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada 77 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea 78 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas”. En el caso, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto y señaló como acto reclamado, la resolución de veintiséis de enero de dos mil quince, emitida en el procedimiento de protección de derechos dictada en el expediente *** por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la cual 79 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. en aras de proteger los datos personales del tercero interesado (*), la autoridad responsable ordenó a ****, llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacer efectivos de manera indubitable los derechos de oposición y cancelación objeto de protección, consistentes en que se abstuviera de tratar tales datos, como el nombre y apellidos del titular (*), de modo que al ser tecleados en el motor de búsqueda del responsable, no aparecieran los links o URL´S -indexación- que dicho Titular refirió en su solicitud y, que dichos datos personales tampoco obren en la base de datos del Responsable. Al respecto, el Instituto designado como autoridad responsable en el juicio de amparo, al emitir el acto reclamado precisó lo siguiente: “(…) 1. Por lo que respecta al derecho de oposición, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de la materia, se abstenga de tratar los datos personales del Titular, consistentes en su nombre y apellidos, de tal manera que al ser tecleados en el motor de búsqueda del Responsable, no aparezcan los links o URL´S -indexación- que dicho Titular refirió en su solicitud de ejercicio de derechos ARCO de fecha veintidós de julio de dos mil catorce. 2. En cuanto al derecho de cancelación, con fundamento en los artículos 25, primer párrafo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y 106, 107 y 108 de su 80 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Reglamento, cancele los datos personales del Titular antes mencionados, de modo que no obren en las bases de datos del Responsable. (…)” Ahora, la parte quejosa plantea la inconstitucionalidad de dicho acto, al considerar que: 1. Se violó en su perjuicio el artículo 14 constitucional, así como, en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no se le dio derecho de audiencia en el procedimiento de protección de derechos (PPD. 0094), cuando el acto reclamado tiene como efecto el obstaculizar la disponibilidad de enlace en un motor de búsqueda, que disminuye y menoscaba de manera directa el derecho de las quejosas a difundir información en internet, y representa así una interferencia con su derecho de libertad de expresión, previsto en el artículo 6° constitucional. 2. Se viola el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en tanto la orden de remoción de enlaces de un motor de búsqueda constituye una medida de censura previa prohibida, en tanto excluye dichos enlaces del conocimiento público, el cual estima menoscaba su derecho a difundir información. 3. Se viola el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el 81 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que al responsabilizar a un intermediario (motor de búsqueda) de información generada por terceros, se generan incentivos para la censura privada, y se ponen obstáculos para el libre flujo informativo, lo cual constituye una violación a la obligación de “proteger” y del “deber de prevención”, reconocidos en el párrafo tercero, del artículo 1° constitucional, así como, al derecho de libertad de expresión. 4. La resolución reclamada viola el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues no constituye una medida de restricción del derecho a la libertad de expresión idónea, necesaria y proporcional, en virtud de que el ofrecer un vínculo a una página de internet no constituye una comunicación del contenido de un dato personal, ya que la página de internet respecto de la cual se pretende obstaculizar su acceso, es de interés público y debe prevalecer respecto del derecho de cancelación y oposición de datos personales del tercero interesado. Con la demanda de amparo, exhibió las siguientes documentales: A) Constancia original de la Renovación de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida el diecinueve de marzo de dos 82 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. mil catorce, por el Subdirector de Reservas de la Dirección de Reservas de Derechos, a favor de *, en un 100% (cien por ciento), respecto del título ** (cuya vigencia de la citada reserva vencería el ocho de marzo de dos mil quince) (foja treinta y dos del juicio de amparo indirecto). B) Instrumento notarial número setenta y cinco mil setecientos diecisiete de la Notaria número doscientos veintisiete del Distrito Federal, de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, en la que se hizo constar el contrato de sociedad por el que se constituye “**”, sociedad anónima de capital variable, en la que intervinieron *****y ***(fojas treinta y cuatro a cuarenta ídem). C) Instrumento notarial número veintinueve mil setecientos ochenta de la Notaria número ciento ochenta del Distrito Federal, de fecha uno de abril de dos mil catorce, en la que se hizo constar el contrato de sociedad por el que se constituye “** ******”, sociedad civil, que otorgó *y **(fojas cuarenta y uno a cuarenta y siete ídem). D) Copia de la autorización de uso de denominación o razón social de “*** *****” (fojas cuarenta y ocho a cuarenta y nueve ídem). E) Copia de credencial de elector de **(foja cincuenta y dos ídem). 83 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. F) Copia de la licencia para conducir de *(foja cincuenta y tres ídem). G) Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de *, con la clave *(foja cincuenta y cuatro ídem). H) Copia de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de **, con la clave **(foja cincuenta y cinco ídem). I) Copia de constancia de recepción de aviso de uso de denominación o razón social de “** ****”, así como su informe de omisión de presentación de solicitud de inscripción de avisos de liquidación o cancelación de personas morales (fojas cincuenta y seis a cincuenta y siete ídem). J) Copia de acuse de aceptación de declaración informativa de notarios públicos y demás fedatarios (foja sesenta y cinco ídem). K) Copia de acuse de inscripción al registro federal de contribuyentes de la denominación o razón social de “** *****”, sociedad civil, con clave ** (fojas sesenta y seis a sesenta y siete ídem). L) la prueba de inspección, consistente en la verificación mediante el acceso a la página de internet, ** a través del servicio 84 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. de motor de búsqueda provisto por Google mediante el ingreso a la página www.google.com.mx, y el ingreso en el campo de búsqueda del nombre del tercero interesado “**”, así como, la verificación de la página **, esta última con la intención de verificar las calidades con que se ostentan algunas quejosas (foja treinta ídem). En la sentencia de amparo recurrida, la juez consideró lo siguiente: A) Que los quejosos no demostraron su interés jurídico, en virtud de que no anexaron prueba alguna con la que acrediten la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx, ni la titularidad de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas, que se dice es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del referido dominio, reconocida y registrada ante la autoridad administrativa que resulte competente a efecto de que surta efectos frente a terceros, esto es, no cuentan con los derechos para realizar publicaciones periódicas vía red de cómputo en el dominio **; en consecuencia, no demuestran el derecho que merezca ser tutelado y, por consiguiente, no acreditan el interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia de la Unión. B) Consideró que la quejosa * exhibió, en copia fotostática simple, el documento denominado “RENOVACIÓN DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO" de diecinueve de marzo de dos 85 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. mil catorce, la cual estimó carece de valor probatorio pleno, pues únicamente tiene el carácter de indicio de la existencia del documento reproducido, asimismo, desestimó lo visto en el sitito de internet con la dirección **, pues señaló que en nada le beneficiaba a la parte quejosa, en razón de que sólo acreditó que, a partir de escribir el nombre y apellidos del tercero interesado en el motor de búsqueda de ***, se puede localizar la nota periodística en la que se relacionó al tercero interesado y que fue materia de la resolución impugnada en lo que corresponde a la solicitud de protección de datos personales a cuya difusión se opuso y pidió cancelar su titular (tercero interesado), así como también apreció el apartado del Directorio de la revista digital en cuestión, que ciertas personas físicas, entre ellas, **, ocupan cargos, colaboran y realizan determinadas funciones para elaboración, producción y difusión de la revista digital en comento. OCTAVO. De conformidad con los antecedentes expuestos y atendiendo a los agravios que se hacen valer en relación con la falta de interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, debe prevalecer una parte del sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, conforme a las consideraciones siguientes. Las pruebas que obran en autos resultan insuficientes para demostrar el interés jurídico o legítimo de **, sólo por cuanto actúa en representación de ***, así como **, por propio derecho y en representación de * y **, ya que no se desprende que tengan una 86 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. vinculación directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico, con el procedimiento ** del índice del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del que deriva el acto reclamado. Lo anterior debe considerarse así, porque en el instrumento notarial número setenta y cinco mil setecientos diecisiete, de la Notaría número doscientos veintisiete del entonces Distrito Federal, de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, sólo se hizo constar el contrato de sociedad por el que se constituye “**”, sociedad anónima de capital variable, en la que intervinieron *****y *****, asimismo, en el diverso instrumento notarial número veintinueve mil setecientos ochenta de la Notaría número ciento ochenta del entonces Distrito Federal, de fecha uno de abril de dos mil catorce, se hizo constar el contrato de sociedad por el que se constituye “*** ****”, sociedad civil, que celebraron **y **. Sin embargo, ***, promovió el juicio de amparo por propio derecho y en representación de “*”, sociedad anónima de capital variable; y la posible afectación a su interés jurídico o legítimo se hace depender de la orden contenida en la resolución reclamada, en el sentido de que no se traten los datos personales del Titular (tercero interesado) en el motor de búsqueda del Responsable, en relación con la publicación vía internet de una nota periodística de la Revista Fortuna, cuyo titular de los derechos de uso exclusivo, a la fecha de presentación de la demanda 87 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. correspondían a la diversa quejosa ** directora de dicha revista, por lo que aquellas personas no se encuentran en una situación particular frente al orden jurídico con motivo de los alcances precisados en el acto reclamado, para considerar que tienen un interés diferenciado, cualificado, real y jurídicamente relevante, en cuanto a su pretensión de que se conserve integra la información difundida en dicho medio de publicación. La misma consideración que antecede resulta atendible respecto de los diversos quejosos “** ******” y *******este último por su propio derecho, puesto que no acuden en defensa o en representación de la “Revista Fortuna”, cuyo derecho defiende ** como directora de dicha revista y titular de la Renovación de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida a su favor respecto del título ****por lo que el simple interés de que no se limite el acceso a la información periodística no constituye un agravio diferenciado, cualificado, real, actual y jurídicamente relevante, que apreciado bajo un parámetro de razonabilidad pueda ser objeto de tutela en el juicio de amparo promovido contra una resolución que pretende salvaguardar datos personales de un tercero mediante la supresión de sus datos en el motor de búsqueda del Responsable, lo que sólo podría trascender, en su caso, respecto de la publicación vía internet de una nota periodística de la Revista Fortuna, por lo que resulta insuficiente que exista en internet un registro público de dominios conocido como “WHOIS”, del cual se pudiera advertir, como hecho notorio, 88 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. que ********aparece como registrante del dominio www.revistafortuna.com.mx, pues se insiste en que la defensa de la publicación y difusión integra de la nota periodística de que se trata, en el caso la asumió la propia revista por conducto de la directora general **, como titular de la Renovación de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. Por los motivos expuestos, son infundados los agravios relacionados con la falta de interés jurídico o legítimo de **, y sólo por cuanto actúa en representación de ***, así como *, por propio derecho y en representación de ****, por lo que debe subsistir el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo sólo respecto de dichas personas. NOVENO. Por otra parte, se analizó primordialmente la falta de interés jurídico de la parte quejosa, al considerar en general, que no se acreditó la titularidad de la Revista Fortuna, Negocios y Finanzas, propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre del dominio www.revistafortuna.com.mx, considerando respecto de ****que exhibió copia simple del documento denominado “RENOVACIÓN DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO”. Sin embargo, en autos obra la constancia original de la Renovación de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo expedida el diecinueve de marzo de dos mil catorce, por el Subdirector de 89 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Reservas de la Dirección de Reservas de Derechos, a favor de **, en un 100% (cien por ciento), respecto del título ** (cuya vigencia de la citada reserva vencería el ocho de marzo de dos mil quince), que valorada en conjunto con las demás pruebas relacionadas, consistente en el acceso que realizó la juez al sitio de internet con la dirección https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl, desde el motor de búsqueda de este sitio, con el nombre y apellidos del ahora tercero interesado, para acceder al vínculo http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/febrero/htm/fraude_estrella_blanca_vamos_mexico.htm, en la que apreció el Directorio de la revista digital en cuestión, en la cual advirtió como Directora a **, ello es suficiente para considerar que la quejosa **, sí acreditó su interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto, esto es, por propio derecho y como titular de la “RENOVACIÓN DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO” respecto del título ** conforme al instrumento notarial número veintinueve mil setecientos ochenta, de la Notaría número ciento ochenta del entonces Distrito Federal, de fecha uno de abril de dos mil catorce. De las pruebas referidas, se advierte que la quejosa *, si acreditó su interés legítimo para promover el juicio de amparo indirecto, como directora de la revista y titular de la “RENOVACIÓN DE RESERVA DE DERECHOS AL USO EXCLUSIVO” respecto del título **, quien al promover el juicio de amparo indirecto tenía los derechos para realizar publicaciones periódicas vía red de cómputo en el dominio de ese título, pues dada su especial situación frente 90 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. el orden jurídico, la supresión de datos personales del tercero interesado, en el motor de búsqueda de la página de internet que se menciona con el vínculo www.revistafortuna.com.mx, respecto de la publicación y difusión de la nota periodística intitulada ** si es susceptible de afectar su esfera jurídica por violación a su derecho de audiencia, pues con independencia de que su derecho subjetivo de libertad de expresión pueda o no ser oponible al derecho del tercero interesado, relativo a la protección de datos personales en posesión de particulares, lo cual podría ser materia del estudio de fondo, en su caso, en el procedimiento del que deriva la resolución reclamada, lo cierto es que la referida quejosa sí tienen derecho a intervenir en dicho asunto y manifestar lo que a su derecho convenga. En otras palabras, la mencionada quejosa sí demostró que los actos reclamados afectan de manera real y actual su esfera jurídica, en razón de su especial situación frente al orden jurídico, como titular de los derechos de uso exclusivo de la “Revista Fortuna”, pues acudió al amparo indirecto en defensa de un interés individual porque el acto reclamado incide en la difusión de la nota periodística titulada ***publicada vía internet en dicha revista. De ese modo, si la quejosa demostró en el juicio de amparo indirecto que es propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx; en la cual se difundió esa nota 91 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. periodística, es claro que acreditó su interés legítimo para solicitar que se conserve integra la información difundida en ejercicio de su profesión o actividad periodística, lo cual debe ser motivo de análisis en el procedimiento de origen. Atento a lo anterior, se hace innecesario el estudio de los demás agravios, pues no variaría el sentido de este fallo; y en términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, procede modificar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción, para analizar enseguida las diversas causas de improcedencia cuyo estudio se omitió en la resolución hoy recurrida. DÉCIMO. La autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia de la Comisionada Presidenta y representante legal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, además de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, hizo valer las siguientes: A) La causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el sujeto obligado (**) promovió juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, en el que impugnó la resolución emitida en el procedimiento * del índice del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 92 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. de modo que dicho juicio de nulidad tendrá por efecto modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (…) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se 93 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Dicho precepto exige interponer los medios ordinarios de defensa que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que genera afectación y, establece como excepciones: 1. El acto reclamado carezca de fundamentación; 2. Sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; 3. La existencia del recurso o medio de defensa ordinario no se encuentre previsto en la ley aplicable, sino en una disposición general de inferior jerarquía; y, 4. Cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado. Ahora, es cierto que la resolución reclamada se emitió en el procedimiento de protección de derechos en el expediente * tramitado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; y el artículo 56 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 94 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. establece: “Artículo 56.- Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”. Sin embargo, en el caso opera una excepción al principio de definitividad, en virtud de que la quejosa hace valer violación a derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 6°, 7° y 14 de la Constitución Federal, y en los artículos 8 y 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por transgresión a su derecho de audiencia en el procedimiento del que deriva el acto reclamado. En ese sentido, la quejosa se ostenta como persona extraña al procedimiento del cual emana el acto reclamado, pues en la demanda de amparo señaló que no tuvo conocimiento de ese procedimiento, sino hasta el uno de febrero de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156, tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: 95 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. “DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114, de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, 96 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". B) La causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que se suspendió la ejecución del acto reclamado en un juicio contencioso administrativo, hasta en tanto se resolviera un recurso ordinario. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (…) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (…)”. Ese precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto que reclama la quejosa recurrente. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el verbo “cesar” significa dejar de hacer lo que 97 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. se está haciendo y el término “efecto” significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En el caso es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: “CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no 98 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal”. De igual manera cabe señalar que la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del Tomo VIII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece: “SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.” De esos criterios se advierte que la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando: 1. Se revoque o cesen los efectos del acto reclamado. 2. Lo anterior suceda de manera incondicional o inmediata. 3. Se produzca el resultado que la Ley de Amparo 99 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. asigna a la sentencia protectora, esto es, se restablezca en su totalidad la situación que guardaba el particular con antelación a la promoción del juicio de amparo. Así, la mencionada causa de improcedencia se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido y perjudicado la esfera jurídica del particular o al haberla irrumpido, con la cesación ya no ocasione afectación alguna. Ahora, la quejosa recurrente promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de enero de dos mil quince, emitida en el procedimiento de protección de derechos dictada en el expediente ** por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, resolución que a su vez fue impugnada por el responsable en dicho procedimiento, **, mediante juicio de nulidad número *, del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y con motivo de dicho juicio se negó la suspensión provisional de la ejecución del acto, la que fue impugnada por la parte actora, mediante recurso de reclamación; y en dicho recurso ordenó la suspensión de la ejecución hasta en tanto se omitiera la resolución correspondiente en el propio recurso. 100 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Por tanto, el acto reclamado en el juicio de amparo, que también es el impugnado en aquel juicio de nulidad, no ha cesado en sus efectos en forma total e incondicional, pues sólo se detuvo su ejecución hasta en tanto se resolviera el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en el citado juicio de nulidad, cuya decisión constituye una medida cautelar y su eficacia está condicionada a la resolución que se indica, por lo que los efectos del acto reclamado en el juicio principal, no desaparecen en forma definitiva. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, establece: “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (…) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.” En relación con esta porción normativa, de texto similar al de la Ley de Amparo abrogada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la causa de improcedencia de previa cita, estimó que se actualiza cuando concurren las siguientes circunstancias: 101 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo. c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Ese criterio fue sustentado en la jurisprudencia 144/2000, visible en la página 15, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: “IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva 102 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado 103 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo”. También sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./J. 38/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 142, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS A TRAVÉS DEL CUAL EL INCULPADO LO RECLAMA, CUANDO ES EL MINISTERIO PÚBLICO QUIEN INTERPONE EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DICHA DETERMINACIÓN. Cuando el Ministerio Público interpone el recurso de apelación contra el auto de formal prisión y, por su parte, el quejoso promueve juicio de garantías reclamando dicha determinación, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa al supuesto de que se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. 104 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Ello es así, porque independientemente de que dicho auto de procesamiento afecta o restringe la libertad de la persona contra la que se decreta, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, por disposición expresa se requiere que el propio quejoso haya interpuesto el recurso ordinario mencionado, y no el Ministerio Público adscrito al juzgado de la causa, pues esta última hipótesis no está prevista en la ley. Además, si bien es cierto que el precepto referido prohíbe la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal por virtud del cual se combata el mismo acto y puedan producirse efectos iguales o incluso contradictorios -lo cual pretende evitar el principio de definitividad-, también lo es que la causa de improcedencia aludida es de estricto derecho; de ahí que su interpretación también es estricta y no admite interpretaciones extensivas, analógicas o por mayoría de razón, ya que con ello se vulneraría y postergaría el derecho constitucional del quejoso para acudir al juicio de amparo, dejándolo en estado de indefensión”. De lo anterior se concluye que la causa de improcedencia a que alude la fracción XIX del numeral 61 de la Ley de Amparo, consiste en que no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal interpuesto por el mismo quejoso, que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad; hipótesis que no se actualiza en el caso, pues quien promovió el juicio de nulidad número *, del índice de la Tercera Sala Regional Metropolitana del 105 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue el responsable en el procedimiento de protección de datos, *; y no así la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto, que se ostenta como tercero extraña al procedimiento de origen, porque no se le otorgó garantía de audiencia. En esa tesitura, toda vez que la autoridad responsable no hizo valer otras causas de improcedencia, y este Tribunal no advierte la actualización de una diversa, se procederá al estudio de los conceptos de violación. DÉCIMO PRIMERO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, constan de la foja dos a veintinueve del juicio de amparo indirecto; y es innecesaria la reproducción, dado que se tienen a la vista en su integridad. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 106 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”. En esencia, la parte quejosa aduce: 1. Se violaron en su perjuicio el artículo 14 constitucional, así como, el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no se le dio derecho de audiencia en el procedimiento de protección de derechos (PPD. 0094), cuando el acto reclamado tiene como efecto el obstaculizar la disponibilidad de 107 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. enlace en un motor de búsqueda, que disminuye y menoscaba de manera directa el derecho de las quejosas a difundir información en internet, lo que representa así una interferencia con su derecho de libertad de expresión, previsto en el artículo 6° constitucional. 2. La resolución reclamada viola el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en tanto la orden de remoción de enlaces de un motor de búsqueda constituye una medida de censura previa prohibida, en tanto excluye dichos enlaces del conocimiento público, el cual estima menoscaba su derecho a difundir información. 3. La resolución reclamada viola el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que al responsabilizar a un intermediario (motor de búsqueda) de información generada por terceros, se generan incentivos para la censura privada, y pone obstáculos para el libre flujo informativo, lo cual constituye una violación a la obligación de “proteger” y del “deber de prevención”, reconocidos en el párrafo tercero, del artículo 1° constitucional, así como, al derecho de libertad de expresión. 108 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. 4. La resolución reclamada viola el derecho a la libertad de expresión reconocido en los artículos 6° y 7° constitucionales, así como el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues no constituye una medida de restricción del derecho a la libertad de expresión idónea, necesaria y proporcional, en virtud de que el ofrecer un vínculo a una página de internet no constituye una comunicación del contenido de un dato personal, ya que la página de internet respecto de la cual se pretende obstaculizar su acceso, es de interés público y debe prevalecer respecto del derecho de cancelación y oposición de datos personales del tercero interesado. El primer concepto de violación es substancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. El concepto de tercero extraño se entiende de manera general como aquella persona que no figura como parte en la controversia, pero que puede resentir un perjuicio en su esfera jurídica con los actos que en ese conflicto se emiten por la autoridad que conoce y resuelve. Conforme a lo anterior, la litis en el presente juicio de amparo consiste en determinar si la resolución del procedimiento de protección de derechos número de expediente ** del índice del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 109 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. transgrede en perjuicio de la quejosa **, quien comparece en representación de la “*”, los derechos fundamentales que refiere, por no haber sido parte en ese procedimiento, a pesar de la calidad de tercero interesado que según aduce tiene la persona moral que representa. El artículo 14 de la Constitución Federal, establece: “Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”. Ahora, en relación con el derecho fundamental de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que éste consiste en la obligación de respetar al particular el derecho a defenderse contra un acto del Estado, no surge de la 110 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. materia en que éste se realiza, sino del carácter privativo de aquél, de su libertad, propiedades, posesiones o derechos. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que “por regla general, la Constitución impone el deber de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de cumplir las formalidades esenciales del procedimiento que, de manera concreta, se traducen en: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas”. Así, es necesario tener presente la jurisprudencia P./J. 47/95, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL 111 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.” En el caso, la parte quejosa aduce violación al artículo 14 constitucional, así como al artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, pues no se le dio derecho de audiencia en el citado procedimiento de protección de derechos (*), cuando el acto reclamado tiene como efecto el “obstaculizar” la disponibilidad de enlace en un motor de búsqueda, que disminuye y menoscaba de manera directa el derecho de las quejosas a difundir información en internet. 112 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Por su parte, la autoridad responsable, acompañó a su informe justificado copias certificadas de ese procedimiento, del que se advierte: A) Del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto se advierten los siguientes antecedentes: “I. El veintidós de julio de dos mil catorce, el Titular, mediante escrito de diecisiete del mismo mes y año, ejerció los derechos de cancelación y oposición de sus datos personales ante ** –en lo sucesivo el Responsable-, en los siguientes términos: (se transcribe) --- (…) --- III. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, con fundamento en los artículos 45, segundo párrafo y 55 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y 124, primer párrafo de su reglamento, el Director General de Sustanciación y Sanción dictó Acuerdo mediante el cual admitió a trámite la solicitud de protección de derechos señalada en el antecedente previo y otorgó el plazo de diez días hábiles al Responsable, para que acreditara haber dado respuesta a la solicitud de derechos de cancelación y oposición que le presentó al Titular, o bien, a falta de 113 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. respuesta, emitiera la correspondiente, notificándola al mismo con copia a este Instituto. --- IV. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce, previo citatorio del día veinticuatro del mismo mes y año, con fundamento en los artículos 35, fracción I y 36, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en términos de su artículo 5, segundo párrafo, se notificó al Responsable el Acuerdo referido en el antecedente previo. --- (…) --- XVI. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, este Instituto recibió escrito presentado por el Titular, a través del cual desahogó la vista ordenada respecto de la información proporcionada por el Responsable el seis de noviembre del año en curso, y para desvirtuarla, argumentó medularmente: 1. La existencia de una relación jurídica entre * y **, derivada del objeto social y la actividad publicitaria y comercial realizada por la primera, de consumo con la segunda; 2. La información que se obtiene de la página de “**”, concretamente, que la oficina de *se ubica en el domicilio de *; 3. La apoderada de ** no aporta ningún elemento de prueba directo 114 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. que acredite plenamente que **. Es la única que opera el motor de búsqueda **, toda vez que las declaraciones que se hacen en las condiciones de servicio que aparecen en la página “*”, constan en un documento proveniente de tercero (**) no ratificado por autor y por lo mismo carente de fuerza probatoria. --- (…) --- XXVIII. El diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó Acuerdo mediante el cual tuvieron por recibidos los alegatos formulados por las partes y se determinó el cierre de instrucción.” B) El nueve de diciembre de dos mil catorce, se celebró audiencia de conciliación, sin que existiera acuerdo entre las partes. C) El veintiséis de enero de dos mil quince, se emitió resolución en ese expediente ** por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la cual en aras de proteger los datos personales del tercero interesado (**), la autoridad responsable ordenó a **, llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacer efectivos de manera indubitable los derechos de oposición y cancelación de datos objeto de protección, consistentes en que se abstuviera de tratar tales datos, como el nombre y apellidos del titular (*), de modo que al ser tecleados en el motor de búsqueda del Responsable, no aparecieran los links o URL´S - indexación- que dicho Titular refirió en su solicitud y, que dichos 115 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. datos personales tampoco obren en la base de datos del Responsable. D) Asimismo, se desprende que el dieciocho de marzo de dos mil quince, se resolvió el expediente número *derivado de la solicitud de la ahora quejosa de conocer en versión pública las documentales aportadas por el responsable en el expediente PPD ** a partir del uno de febrero de dos mil quince, en la que se le negó su solicitud, en virtud de que dicho procedimiento aun no causa estado, ya que se promovió el juicio contencioso administrativo por el responsable. Los artículos 3°, fracción XVI, 4°, 21, 34, fracción III, 45, 47 a 551, 54 a 56 y 58, todos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, establecen: “Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: (…) XVI. Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. (…) Artículo 4.- Los principios y derechos previstos en esta Ley, tendrán como límite en cuanto a su observancia y ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y 116 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. la salud públicos, así como los derechos de terceros. Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el responsable. Artículo 34.- El responsable podrá negar el acceso a los datos personales, o a realizar la rectificación o cancelación o conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos: (…) III. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; (…) Artículo 45.- El procedimiento se iniciará a instancia del titular de los datos o de su representante legal, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de esta Ley que se consideran vulnerados. La solicitud de protección de datos deberá presentarse ante el Instituto dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta al titular por parte del responsable. En el caso de que el titular de los datos no reciba respuesta por parte del responsable, la solicitud de protección de datos podrá ser presentada a partir de que haya vencido el plazo 117 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. de respuesta previsto para el responsable. En este caso, bastará que el titular de los datos acompañe a su solicitud de protección de datos el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición. La solicitud de protección de datos también procederá en los mismos términos cuando el responsable no entregue al titular los datos personales solicitados; o lo haga en un formato incomprensible, se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a los datos personales, el titular no esté conforme con la información entregada por considerar que es incompleta o no corresponda a la información requerida. Recibida la solicitud de protección de datos ante el Instituto, se dará traslado de la misma al responsable, para que, en el plazo de quince días, emita respuesta, ofrezca las pruebas que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del responsable las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el Instituto notificará al responsable el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 118 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Para el debido desahogo del procedimiento, el Instituto resolverá sobre la solicitud de protección de datos formulada, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, como pueden serlo aquéllos que deriven de la o las audiencias que se celebren con las partes. El Reglamento de la Ley establecerá la forma, términos y plazos conforme a los que se desarrollará el procedimiento de protección de derechos. Artículo 47.- El plazo máximo para dictar la resolución en el procedimiento de protección de derechos será de cincuenta días, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de protección de datos. Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo. Artículo 48.- En caso que la resolución de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, se requerirá al responsable para que, en el plazo de diez días siguientes a la notificación o cuando así se justifique, uno mayor que fije la propia resolución, haga efectivo el ejercicio de los derechos objeto de protección, debiendo dar cuenta por escrito de dicho cumplimiento al Instituto dentro de los siguientes diez días. Artículo 49.- En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los 119 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, y el Instituto no cuente con elementos para subsanarlo, se prevendrá al titular de los datos dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de protección de datos, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de cinco días. Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de protección de datos. La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver la solicitud de protección de datos. Artículo 50.- El Instituto suplirá las deficiencias de la queja en los casos que así se requiera, siempre y cuando no altere el contenido original de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, ni se modifiquen los hechos o peticiones expuestos en la misma o en la solicitud de protección de datos. Artículo 51.- Las resoluciones del Instituto podrán: I. Sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente, o II. Confirmar, revocar o modificar la respuesta del responsable. Artículo 54.- El Instituto podrá en cualquier momento del procedimiento buscar una conciliación entre el titular de los datos y el responsable. 120 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. De llegarse a un acuerdo de conciliación entre ambos, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. La solicitud de protección de datos quedará sin materia y el Instituto verificará el cumplimiento del acuerdo respectivo. Para efectos de la conciliación a que se alude en el presente ordenamiento, se estará al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. Artículo 55.- Interpuesta la solicitud de protección de datos ante la falta de respuesta a una solicitud en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por parte del responsable, el Instituto dará vista al citado responsable para que, en un plazo no mayor a diez días, acredite haber respondido en tiempo y forma la solicitud, o bien dé respuesta a la misma. En caso de que la respuesta atienda a lo solicitado, la solicitud de protección de datos se considerará improcedente y el Instituto deberá sobreseerlo. En el segundo caso, el Instituto emitirá su resolución con base en el contenido de la solicitud original y la respuesta del responsable que alude el párrafo anterior. Si la resolución del Instituto a que se refiere el párrafo anterior determina la procedencia de la solicitud, el responsable 121 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. procederá a su cumplimiento, sin costo alguno para el titular, debiendo cubrir el responsable todos los costos generados por la reproducción correspondiente. Artículo 56.- Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo 58.- Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”. En ese contexto normativo, la propia ley de la materia reconoce el carácter del tercero interesado, así como, las diversas etapas del procedimiento consistentes en solicitud de protección de datos ante el instituto, ofrecimiento de pruebas, alegatos y emisión de la resolución correspondiente. Ahora, si la quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veintiséis de enero de dos mil quince, emitida en el procedimiento de protección de derechos dictada en el expediente ** por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que en aras de proteger los datos personales del tercero 122 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. interesado (*), la autoridad responsable ordenó a ****, llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacer efectivos de manera indubitable los derechos de oposición y cancelación objeto de protección, consistentes en que se abstuviera de tratar tales datos, como el nombre y apellidos del titular (*), de modo que al ser tecleados en el motor de búsqueda del Responsable, no aparecieran los links o URL´S -indexación- (http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/febrero/htm/fraude_estrella_blanca_vamos_mexico.htm), que dicho Titular refirió en su solicitud y, que dichos datos personales tampoco obren en la base de datos del Responsable. En relación con dicho acto, se advierte la intervención de la revista Fortuna, de la cual la quejosa se ostenta como directora; y sí en dicha revista se difundió la nota periodística titulada **, consultable en dicha dirección a través del servicio de motor de búsqueda de la página electrónica www.google.com.mx; es suficiente que la quejosa demostrara ser propietaria de la reserva de los derechos de uso exclusivo del nombre de dominio www.revistafortuna.com.mx en la que se difundió esa nota periodística, para concluir que sí tiene el carácter de tercero en el procedimiento de origen en el cual debe dilucidarse su pretensión de que se conserve la información difundida en ejercicio de su profesión o actividad periodística, por lo que sí acreditó su interés legítimo en el juicio de amparo y la autoridad responsable debió otorgarle derecho de audiencia a fin de que manifieste lo que a su interés convenga. 123 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Sin que sea dable en esta vía de amparo el análisis del derecho de libertad de expresión, que como tercero interesado defiende la parte quejosa, porque en este momento los alcances del amparo se limitan a su derecho de audiencia para que en la instancia ordinaria el órgano especializado decida lo que en derecho proceda respecto de las pretensiones de las partes. En las relatadas consideraciones, al resultar esencialmente fundado el primer concepto de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la resolución reclamada y reponga el procedimiento en el expediente * del índice del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para que otorgue el derecho de audiencia a la parte quejosa. Por lo anterior, es innecesario examinar los restantes argumentos que hace valer la quejosa, pues en nada variaría el sentido de la presente resolución. Apoya el criterio referido, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 175-180 cuarta parte, Séptima Época, que dice: 124 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Con relación a lo anterior, es necesario transcribir la tesis 1a. XXXVI/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 651, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. TANTO LA LEY FEDERAL RELATIVA COMO SU REGLAMENTO, RESPETAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Del análisis sistemático de los artículos 24, 25, 40 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 40 y 41 de su Reglamento, se advierte que en el procedimiento de acceso a los datos personales, documentos e información en posesión de los Poderes de la Unión u órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, los terceros interesados tienen la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga respecto de la solicitud de que se trate, en diversos momentos. En primer lugar, en la etapa que se desarrolla ante la unidad de enlace de la dependencia u órgano autónomo cuando, por la naturaleza de la 125 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. información, el Comité de Acceso considere pertinente recabar la autorización del titular de la información, previamente a su entrega, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para contestar; en segundo lugar, en el trámite del recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información, cuando en el escrito por el que se interponga ese medio de defensa, se le señale expresamente como tercero interesado o el Instituto, oficiosamente, le otorgue ese carácter y, por ende, la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas en el recurso, lo que podrá hacer, inclusive, de modo propio, pues ninguna disposición lo prohíbe. Por lo tanto, la Ley en comento y su Reglamento otorgan a los terceros interesados la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” En tales condiciones, ante lo infundado de los agravios, lo que procede es modificar la sentencia recurrida para dejar intocado el sobreseimiento en el juicio respecto de las quejosas *, y sólo por cuanto acudió en representación de ***, así como **, por propio derecho y en representación de * y **, ya que no demostraron su interés jurídico o legítimo. Y ante lo fundado de los conceptos de violación, respecto de la quejosa **, que sí acreditó su interés jurídico por su propio derecho y en representación de la “**”, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos anteriormente precisados. 126 JUICIO DE ORIGEN A.R.* EXPEDIENTE AUXILIAR **. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74, 75, 80, 81, fracción I, inciso e), 84 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo por las quejosas *, en representación de **, así como **, por propio derecho y en representación de * y *. TERCERO. Se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, por **, por su propio derecho y en representación de la “**”, en contra del acto y autoridad citados en el primer resultado, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese, por conducto del Tribunal Auxiliado; devuélvanse los autos al mismo para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones en el libro electrónico que se lleva en este Órgano Colegiado. Así lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por unanimidad de votos del Magistrado Presidente Marco Antonio Cepeda Anaya, el 127 JUICIO DE ORIGEN A.R.** EXPEDIENTE AUXILIAR **. Magistrado Érico Torres Miranda y la Magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, siendo ponente el primero de los nombrados. Con fundamento en el artículo 188, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, firman el Magistrado Presidente Marco Antonio Cepeda Anaya, el Magistrado Érico Torres Miranda y la Magistrada Carolina Isabel Alcalá Valenzuela, ante el Secretario de Acuerdos Rodolfo Carmona Omaña que autoriza y da fe. MAGISTRADO PRESIDENTE, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, EL MAGISTRADO ÉRICO TORRES MIRANDA, LA MAGISTRADA CAROLINA ISABEL ALCALÁ VALENZUELA, Y SECRETARIO DE ACUERDOS, RODOLFO CARMONA OMAÑA. “RÚBRICAS”. En cuatro de agosto de dos mil dieciséis, Rodolfo Carmona Omaña, Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, hago constar y certifico: que la presente impresión es copia fiel y correcta que concuerda en todo con su original, que obra en los autos del expediente del amparo en revisión ****, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la que va en sesenta y cinco fojas, para integrar el cuaderno de antecedentes del expediente auxiliar **. Conste. RODOLFO CARMONA OMAÑA SECRETARIO DE ACUERDOS MSG/jrmv 128 El licenciado(a) Mercedes Santos González, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.



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