Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Europa [ 24 Noviembre 2011 ] [Tribunal de Justicia - Sala Tercera]  Sentencia en los asuntos acumulados C‑468/10 y C‑469/10    caché ES 

El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes.

El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 tiene efecto directo. 



Em português embaixo


En los asuntos acumulados C‑468/10 y C‑469/10,

que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo (España), mediante resoluciones de 15 de julio de 2010, recibidas en el Tribunal de Justicia el 28 de septiembre de 2010, en los procedimientos entre

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (asunto C‑468/10),

Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (asunto C‑469/10)

y

Administración del Estado,

en el que participan:

Unión General de Trabajadores (UGT) (asuntos C‑468/10 y C‑469/10),

Telefónica de España, S.A.U. (asunto C‑468/10),

France Telecom España, S.A. (asuntos C‑468/10 y C‑469/10),

Telefónica Móviles de España, S.A.U. (asunto C‑469/10),

Vodafone España, S.A. (asunto C‑469/10),

Asociación de Usuarios de la Comunicación (asunto C‑469/10),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. K. Lenaerts (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. E. Juhász, T. von Danwitz y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de septiembre de 2011;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), por los Sres. C. Alonso Martínez y A. Creus Carreras, abogados;

–        en nombre de la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), por los Sres. R. García del Poyo Vizcaya y M.Á. Serrano Pérez, abogados;

–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. M. Muñoz Pérez, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. I. Martínez del Peral y el Sr. B. Martenczuk, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31).

2        Dichas peticiones se presentaron en el marco de sendos litigios entre, por una parte, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), y, por otra parte, la Administración del Estado.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 La Directiva 95/46

3        Los considerandos séptimo, octavo y décimo de la Directiva 95/46 se expresan en los siguientes términos:

«(7)      Considerando que las diferencias entre los niveles de protección de los derechos y libertades de las personas y, en particular, de la intimidad, garantizados en los Estados miembros por lo que respecta al tratamiento de datos personales, pueden impedir la transmisión de dichos datos del territorio de un Estado miembro al de otro; que, por lo tanto, estas diferencias pueden constituir un obstáculo para el ejercicio de una serie de actividades económicas a escala comunitaria, falsear la competencia e impedir que las administraciones cumplan los cometidos que les incumben en virtud del Derecho comunitario; que estas diferencias en los niveles de protección se deben a la disparidad existente entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros;

(8)      Considerando que, para eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas, por lo que se refiere al tratamiento de dichos datos, debe ser equivalente en todos los Estados miembros; que ese objetivo, esencial para el mercado interior, no puede lograrse mediante la mera actuación de los Estados miembros, teniendo en cuenta, en particular, las grandes diferencias existentes en la actualidad entre las legislaciones nacionales aplicables en la materia y la necesidad de coordinar las legislaciones de los Estados miembros para que el flujo transfronterizo de datos personales sea regulado de forma coherente y de conformidad con el objetivo del mercado interior […]; que, por tanto, es necesario que la Comunidad intervenga para aproximar las legislaciones;

[...]

(10)      Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»)], así como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo tanto, la aproximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad».

4        El artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Objeto de la Directiva», tiene la siguiente redacción:

«1.      Los Estados miembros garantizarán, con arreglo a las disposiciones de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.

2.      Los Estados miembros no podrán restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros por motivos relacionados con la protección garantizada en virtud del apartado 1.»

5        El artículo 5 de la misma Directiva es del siguiente tenor:

«Los Estados miembros precisarán, dentro de los límites de las disposiciones del presente capítulo, las condiciones en que son lícitos los tratamientos de datos personales.»

6        El artículo 7 de la Directiva 95/46 establece:

«Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales sólo pueda efectuarse si:

a)      el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o

[...]

f)      es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.»

7        El artículo 13, apartado 1, de esta Directiva dispone:

«Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de las obligaciones y los derechos previstos en el apartado 1 del artículo 6, en el artículo 10, en el apartado 1 del artículo 11, y en los artículos 12 y 21 cuando tal limitación constituya una medida necesaria para la salvaguardia de:

a)      la seguridad del Estado;

b)      la defensa;

c)      la seguridad pública;

d)      la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas;

e)      un interés económico y financiero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales;

f)      una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que hacen referencia las letras c), d) y e);

g)      la protección del interesado o de los derechos y libertades de otras personas.»

 Derecho nacional

 La Ley Orgánica 15/1999

8        La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999, p. 43088) adapta el Derecho español a la Directiva 95/46.

9        El artículo 3, letra j), de la Ley Orgánica 15/1999 enumera las «fuentes accesibles al público» en una lista exhaustiva y taxativa, del siguiente tenor:

«[…] aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación.»

10      El artículo 6, apartado 1, de la Ley Orgánica 15/1999 supedita el tratamiento de los datos a la prestación del consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. Así, el artículo 6, apartado 2, in fine, de dicha Ley dispone que no será preciso el consentimiento, entre otros supuestos, «cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado».

11      El artículo 11, apartado 1, de la Ley Orgánica 15/1999 recuerda la necesidad del consentimiento del interesado para poder comunicar a terceros los datos de carácter personal, si bien el apartado 2 de dicho artículo dispone que el consentimiento no será necesario, en particular, cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.

 El Real Decreto 1720/2007

12      El Gobierno español desarrolló la Ley Orgánica 15/1999 mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE nº 17, de 19 de enero de 2008, p. 4103).

13      El artículo 10, apartado 1, del Real Decreto 1720/2007 autoriza el tratamiento y la cesión de los datos de carácter personal si el interesado presta previamente su consentimiento para ello.

14      No obstante, el artículo 10, apartado 2, del Real Decreto 1720/2007 dispone:

«[…] será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando:

a)      Lo autorice una norma con rango de ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes:

–        El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

–        El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas.

b)      Los datos objeto de tratamiento o de cesión figuren en fuentes accesibles al público y el responsable del fichero, o el tercero a quien se comuniquen los datos, tenga un interés legítimo para su tratamiento o conocimiento, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.

No obstante, las Administraciones públicas sólo podrán comunicar al amparo de este apartado los datos recogidos de fuentes accesibles al público a responsables de ficheros de titularidad privada cuando se encuentren autorizadas para ello por una norma con rango de ley.»

 Litigios principales y cuestiones prejudiciales

15      La ASNEF, por una parte, y la FECEMD, por otra parte, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra diversos artículos del Real Decreto 1720/2007.

16      Entre los preceptos impugnados se encuentra el artículo 10, apartado 2, letras a), supuesto primero, y b), párrafo primero, de dicho Real Decreto, a los que la ASNEF y la FECEMD imputan la infracción del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46.

17      En particular, la ASNEF y la FECEMD consideran que el Derecho español añade al requisito del interés legítimo como presupuesto del tratamiento de los datos sin consentimiento del titular un requisito que no está presente en la Directiva 95/46: que los datos consten en fuentes accesibles al público.

18      El Tribunal Supremo opina que el fundamento de los recursos interpuestos por ASNEF y FECEMD depende en gran medida de la interpretación que haga el Tribunal de Justicia del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46. Así, señala que si el Tribunal de Justicia estimase que no corresponde a los Estados miembros añadir requisitos adicionales a los establecidos en esa disposición y que a dicha disposición puede reconocérsele efecto directo, el artículo 10, apartado 2, letra b), del Real Decreto 1720/2007 debería inaplicarse.

19      El Tribunal Supremo explica que, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, para autorizar el tratamiento de sus datos de carácter personal, necesario para la satisfacción de un interés legítimo del responsable de ese tratamiento o de los terceros a quienes se comuniquen los datos, el Derecho español exige, además del respeto de los derechos y libertades fundamentales del interesado, que los datos figuren en los ficheros enumerados en el artículo 3, letra j), de la Ley Orgánica 15/1999. A este respecto considera que la Ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto 1720/2007 restringen el ámbito del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46.

20      Según el Tribunal Supremo, esta restricción constituye un obstáculo a la libre circulación de los datos de carácter personal que únicamente sería compatible con la Directiva 95/46 si viniera exigida por el interés o los derechos y libertades fundamentales del titular de los datos. De ello deduce que la única posibilidad de salvar la contradicción entre la Directiva 95/46 y el ordenamiento español sería considerar que la libre circulación de los datos de carácter personal que figuren en ficheros distintos de los enumerados en el artículo 3, letra j), de la Ley Orgánica 15/1999 vulnera el interés o los derechos y libertades fundamentales del titular de los datos.

21      No obstante, el Tribunal Supremo se pregunta si tal interpretación es conforme a la voluntad del legislador de la Unión.

22      En estas circunstancias, por considerar que la solución de los dos asuntos de que conoce depende de la interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, formuladas en idénticos términos en ambos asuntos:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 […] en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, no mediando consentimiento del afectado y para permitir el tratamiento de sus datos de carácter personal que resulte necesario para satisfacer un interés legítimo del responsable o de los terceros a los que se vayan a comunicar, exige además de que no se lesionen los derechos y libertades fundamentales de aquel que los datos consten en fuentes accesibles al público?

2)      ¿Concurren en el mencionado artículo 7, letra f), las condiciones que exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [...] para atribuirle efecto directo?»

23      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2010 se acumularon los asuntos C‑468/10 y C‑469/10 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Sobre la primera cuestión

24      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público.

25      El artículo 1 de la Directiva 95/46 impone a los Estados miembros el deber de garantizar la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Huber, C‑524/06, Rec. p. I‑9705, apartado 47).

26      Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo II de la Directiva 95/46, titulado «Condiciones generales para la licitud del tratamiento de datos personales», sin perjuicio de las excepciones admitidas al amparo de su artículo 13, todo tratamiento de datos personales debe ser conforme, por una parte, con los principios relativos a la calidad de los datos, enunciados en el artículo 6 de dicha Directiva, y, por otra, con alguno de los seis principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos, enumerados en su artículo 7 (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros, C‑465/00, C‑138/01 y C‑139/01, Rec. p. I‑4989, apartado 65, y Huber, antes citada, apartado 48).

27      Del séptimo considerando de la Directiva 95/46 se desprende que las diferencias entre los regímenes nacionales aplicables al tratamiento de datos personales pueden afectar seriamente al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior (véase la sentencia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, C‑101/01, Rec. p. I‑12971, apartado 79).

28      En este contexto, procede recordar que la Directiva 95/46 tiene por objeto, tal y como se desprende, en particular, de su octavo considerando, equiparar el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas por lo que se refiere al tratamiento de datos personales en todos los Estados miembros. Su décimo considerando añade que la aproximación de las legislaciones nacionales en la materia no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Lindqvist, apartado 95, y Huber, apartado 50).

29      Se ha declarado así que la armonización de dichas legislaciones nacionales no se limita a una armonización mínima, sino que constituye, en principio, una armonización completa. Desde este punto de vista, la Directiva 95/46 trata de asegurar la libre circulación de datos personales, garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de los derechos e intereses de las personas a las que se refieren dichos datos (véase la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 96).

30      Así pues, se deduce del objetivo consistente en asegurar un nivel de protección equivalente en todos los Estados miembros que el artículo 7 de la Directiva 95/46 establece una lista exhaustiva y taxativa de los casos en que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito.

31      Corroboran esta interpretación los términos «sólo pueda efectuarse si» y la conjunción «o», empleados en el artículo 7 de la Directiva 95/46, que ponen de manifiesto el carácter exhaustivo y taxativo de la lista que figura en dicho artículo.

32      De ello se desprende que los Estados miembros no pueden ni añadir al artículo 7 de la Directiva 95/46 nuevos principios relativos a la legitimación de los tratamientos de datos personales ni imponer exigencias adicionales que vendrían a modificar el alcance de alguno de los seis principios establecidos en dicho artículo.

33      No se opone a la anterior interpretación el artículo 5 de la Directiva 95/46. En efecto, dicho artículo solo autoriza a los Estados miembros a precisar, dentro de los límites del capítulo II de la Directiva, y, por ende, del artículo 7 de ésta, las condiciones en que los tratamientos de datos personales son lícitos.

34      Por lo tanto, el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en virtud del citado artículo 5 únicamente puede utilizarse de conformidad con el objetivo perseguido por la Directiva 95/46, que consiste en mantener un equilibrio entre la libre circulación de datos personales y la tutela del derecho a la intimidad (véase la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 97).

35      La Directiva 95/46 contiene normas que se caracterizan por una cierta flexibilidad y deja en muchos casos en manos de los Estados miembros la tarea de regular los detalles o de elegir entre varias opciones (véase la sentencia Lindqvist, antes citada, apartado 83). Es preciso distinguir, pues, entre medidas nacionales que establecen exigencias adicionales que modifican el alcance de un principio fijado en el artículo 7 de la Directiva 95/46, por una parte, y medidas nacionales que se limitan a precisar alguno de estos principios, por otra parte. El primer tipo de medida nacional está prohibido, y únicamente en el contexto del segundo tipo de medida nacional disponen los Estados miembros de un margen de apreciación, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 95/46.

36      Se desprende de lo anterior que los Estados miembros tampoco pueden introducir, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 95/46, principios relativos a la legitimación de los tratamientos de datos personales distintos a los enunciados en el artículo 7 de esa Directiva ni modificar, mediante exigencias adicionales, el alcance de los seis principios establecidos en dicho artículo 7.

37      En el presente asunto, el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 dispone que el tratamiento de datos personales es lícito si «es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva».

38      Dicho artículo 7, letra f), establece dos requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos personales sea lícito, a saber, por una parte, que ese tratamiento de datos personales sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, y, por otra parte, que no prevalezcan los derechos y libertades fundamentales del interesado.

39      De ello se sigue que, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 se opone a toda normativa nacional que, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, imponga exigencias adicionales que se sumen a los dos requisitos acumulativos mencionados en el apartado anterior.

40      No obstante, ha de tenerse en cuenta que el segundo de esos requisitos exige una ponderación de los derechos e intereses en conflicto, que dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular de que se trate y en cuyo marco la persona o institución que efectúe la ponderación deberá tener en cuenta la importancia de los derechos que los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea confieren al interesado (en lo sucesivo, «Carta»).

41      A este respecto, procede señalar que el artículo 8, apartado 1, de la Carta declara que «toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan». Este derecho fundamental se halla íntimamente ligado al derecho al respeto de la vida privada, consagrado en el artículo 7 de dicha Carta (sentencia de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, Rec. p. I‑0000, apartado 47).

42      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el respeto del derecho a la vida privada en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal, reconocido por los artículos 7 y 8 de la Carta, se aplica a toda información sobre una persona física identificada o identificable (véase la sentencia Volker und Markus Schecke y Eifert, antes citada, apartado 52). No obstante, de los artículos 8, apartado 2, y 52, apartado 1, de la Carta se desprende que, bajo ciertas condiciones, pueden introducirse limitaciones a dicho derecho.

43      Además, corresponde a los Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico a la Directiva 95/46, procurar basarse en una interpretación de ésta que les permita garantizar un justo equilibrio entre los distintos derechos y libertades fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, Rec. p. I‑271, apartado 68).

44      En lo que respecta a la ponderación requerida por el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, cabe tomar en consideración el hecho de que la gravedad de la lesión de los derechos fundamentales de la persona afectada por dicho tratamiento puede variar en función de que los datos figuren ya, o no, en fuentes accesibles al público.

45      En efecto, a diferencia de los tratamientos de datos que figuran en fuentes accesibles al público, los tratamientos de datos que figuran en fuentes no accesibles al público implican necesariamente que el responsable del tratamiento y, en su caso, el tercero o terceros a quienes se comuniquen los datos dispondrán en lo sucesivo de ciertas informaciones sobre la vida privada del interesado. Esta lesión, más grave, de los derechos del interesado consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta debe ser apreciada en su justo valor, contrapesándola con el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos.

46      A este respecto, procede subrayar que nada se opone a que, en ejercicio del margen de apreciación que les confiere el artículo 5 de la Directiva 95/46, los Estados miembros establezcan los principios que deben regir dicha ponderación.

47      No obstante, si una normativa nacional excluye la posibilidad de tratar determinadas categorías de datos personales, estableciendo con carácter definitivo el resultado de la ponderación de los derechos e intereses en conflicto respecto de tales categorías, sin permitir un resultado diferente en atención a las circunstancias particulares de cada caso concreto, no se trata ya de una precisión en el sentido del citado artículo 5.

48      Por lo tanto, sin perjuicio del artículo 8 de la Directiva 95/46, relativo al tratamiento de determinadas categorías particulares de datos, disposición que no se discute en el litigio principal, el artículo 7, letra f), de dicha Directiva se opone a que un Estado miembro excluya de forma categórica y generalizada la posibilidad de someter a un tratamiento de datos determinadas categorías de datos personales, sin permitir ponderar los derechos e intereses en conflicto en cada caso concreto.

49      Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes.

 Sobre la segunda cuestión

50      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 tiene efecto directo.

51      A este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, siempre que las disposiciones de una directiva resulten ser, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, los particulares podrán invocarlas frente al Estado, en particular cuando éste no haya adaptado el Derecho nacional a la Directiva dentro del plazo señalado o cuando haya procedido a una adaptación incorrecta (véase la sentencia de 3 de marzo de 2011, Auto Nikolovi, C‑203/10, Rec. p. I‑0000, apartado 61 y jurisprudencia que se cita).

52      Resulta obligado hacer constar que el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 es una disposición suficientemente precisa para poder ser invocada por un particular y aplicada por los órganos jurisdiccionales nacionales. Además, si bien no puede negarse que la Directiva 95/46 confiere a los Estados miembros un margen de apreciación más o menos grande para la aplicación de algunas de sus disposiciones, el citado artículo 7, letra f), enuncia, por su parte, una obligación incondicional (véase, por analogía, la sentencia Österreichischer Rundfunk y otros, antes citada, apartado 100).

53      El empleo de la expresión «siempre que» en el propio texto del artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 no tiene entidad suficiente para poner en entredicho, por sí solo, el carácter incondicional de dicha disposición, en el sentido de la referida jurisprudencia.

54      En efecto, con esta expresión se pretende establecer uno de los dos requisitos acumulativos formulados en el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46, al cumplimiento de los cuales queda supeditada la posibilidad de tratar datos de carácter personal sin el consentimiento del interesado. Como dicho requisito está definido, no priva al citado artículo 7, letra f), de su carácter preciso e incondicional.

55      Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 tiene efecto directo.

 Costas

56      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)      El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes.

2)      El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 tiene efecto directo.

 

Nos processos apensos C‑468/10 e C‑469/10,

que têm por objecto pedidos de decisão prejudicial nos termos do artigo 267.° TFUE, apresentados pelo Tribunal Supremo (Espanha), por decisões de 15 de Julho de 2010, entrados no Tribunal de Justiça em 28 de Setembro de 2010, nos processos

Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C‑468/10),

Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C‑469/10)

contra

Administración del Estado,

sendo intervenientes:

Unión General de Trabajadores (UGT) (C‑468/10 e C‑469/10),

Telefónica de España SAU (C‑468/10),

France Telecom España SA (C‑468/10 e C‑469/10),

Telefónica Móviles de España SAU (C‑469/10),

Vodafone España SA (C‑469/10),

Asociación de Usuarios de la Comunicación (C‑469/10),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: K. Lenaerts (relator), presidente de secção, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, T. von Danwitz e D. Šváby, juízes,

advogado‑geral: P. Mengozzi,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 15 de Setembro de 2011,

vistas as observações apresentadas:

–        em representação da Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), por C. Alonso Martínez e A. Creus Carreras, abogados,

–        em representação da Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), por R. García del Poyo Vizcaya e M. Á. Serrano Pérez, abogados,

–        em representação do Governo espanhol, por M. Muñoz Pérez, na qualidade de agente,

–        em representação da Comissão Europeia, por I. Martínez del Peral e B. Martenczuk, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado‑geral, de julgar as causas sem apresentação de conclusões,

profere o presente

Acórdão

1        Os pedidos de decisão prejudicial têm por objecto a interpretação do artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (JO L 281, p. 31).

2        Estes pedidos foram apresentados no âmbito de litígios que opõem a Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) e a Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) à Administración del Estado.

 Quadro jurídico

 Direito da União

 Directiva 95/46

3        O sétimo, oitavo e décimo considerandos da Directiva 95/46 têm a seguinte redacção:

«(7)      Considerando que as diferenças entre os Estados‑Membros quanto ao nível de protecção dos direitos e liberdades das pessoas, nomeadamente do direito à vida privada, no domínio do tratamento de dados pessoais, podem impedir a transmissão desses dados do território de um Estado‑Membro para o de outro Estado‑Membro; que estas diferenças podem, por conseguinte, constituir um obstáculo ao exercício de uma série de actividades económicas à escala comunitária, falsear a concorrência e entravar o exercício pelas administrações das funções que lhes incumbem nos termos do direito comunitário; que esta diferença de níveis de protecção resulta da disparidade das disposições legislativas, regulamentares e administrativas nacionais;

(8)      Considerando que, para eliminar os obstáculos à circulação de dados pessoais, o nível de protecção dos direitos e liberdades das pessoas no que diz respeito ao tratamento destes dados deve ser equivalente em todos os Estados‑Membros; que a realização deste objectivo, fundamental para o mercado interno, não pode ser assegurada unicamente pelos Estados‑Membros, tendo especialmente em conta a dimensão das divergências que se verificam actualmente a nível das legislações nacionais aplicáveis na matéria e a necessidade do coordenar as legislações dos Estados‑Membros para assegurar que a circulação transfronteiras de dados pessoais seja regulada de forma coerente e em conformidade com o objectivo do mercado interno […]; que é portanto necessária uma acção comunitária com vista à aproximação das legislações;

[...]

(10)      Considerando que o objectivo das legislações nacionais relativas ao tratamento de dados pessoais é assegurar o respeito dos direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente do direito à vida privada, reconhecido não só no artigo 8.° da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais[, assinada em Roma, em 4 de Novembro de 1950 (a seguir «CEDH»),] como nos princípios gerais do direito comunitário; que, por este motivo, a aproximação das referidas legislações não deve fazer diminuir a protecção que asseguram, devendo, pelo contrário, ter por objectivo garantir um elevado nível de protecção na Comunidade».

4        O artigo 1.° desta directiva, sob a epígrafe «Objecto da directiva», tem a seguinte redacção:

«1.      Os Estados‑Membros assegurarão, em conformidade com a presente directiva, a protecção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais.

2.      Os Estados‑Membros não podem restringir ou proibir a livre circulação de dados pessoais entre Estados‑Membros por razões relativas à protecção assegurada por força do n.° 1.»

5        O artigo 5.° da mesma directiva tem a seguinte redacção:

«Os Estados‑Membros especificarão, dentro dos limites do disposto no presente capítulo, as condições em que é lícito o tratamento de dados pessoais.»

6        O artigo 7.° da Directiva 95/46 enuncia:

«Os Estados‑Membros estabelecerão que o tratamento de dados pessoais só poderá ser efectuado se:

a)      A pessoa em causa tiver dado de forma inequívoca o seu consentimento; ou

[...]

f)      O tratamento for necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa, protegidos ao abrigo do n.° 1 do artigo 1.°»

7        O artigo 13.°, n.° 1, desta directiva dispõe:

«Os Estados‑Membros podem tomar medidas legislativas destinadas a restringir o alcance das obrigações e direitos referidos no n.° 1 do artigo 6.°, no artigo 10.°, no n.° 1 do artigo 11.° e nos artigos 12.° e 21.°, sempre que tal restrição constitua uma medida necessária à protecção:

a)      Da segurança do Estado;

b)      Da defesa;

c)      Da segurança pública;

d)      Da prevenção, investigação, detecção e repressão de infracções penais e de violações da deontologia das profissões regulamentadas;

e)      De um interesse económico ou financeiro importante de um Estado‑Membro ou da União Europeia, incluindo nos domínios monetário, orçamental ou fiscal;

f)      De missões de controlo, de inspecção ou de regulamentação associadas, ainda que ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública, nos casos referidos nas alíneas c), d) e e);

g)      D[a] pessoa em causa ou dos direitos e liberdades de outrem.»

 Direito nacional

 Lei orgânica 15/1999

8        A Lei orgânica 15/1999 relativa à protecção dos dados pessoais (BOE n.° 298, de 14 de Dezembro de 1999, p. 43088) transpõe a Directiva 95/46 para o direito espanhol.

9        O artigo 3.°, alínea j), da Lei orgânica 15/1999 enumera as «fontes acessíveis ao público» numa lista exaustiva e taxativa, que tem a seguinte redacção:

«[...] os ficheiros cuja consulta possa ser realizada, por qualquer pessoa, não impedida por uma norma limitativa ou a quem não se exija, sendo caso disso, mais do que o pagamento de uma contraprestação. São consideradas fontes de acesso público, exclusivamente, as cópias das listas eleitorais disponibilizadas para efeitos de consulta pública (censo promocional), as listas telefónicas nos termos previstos pela sua legislação específica e as listas de pessoas pertencentes a grupos profissionais que contenham apenas o nome, título, profissão, actividade, grau académico, morada e indicação da sua pertença ao grupo. Têm também carácter de fontes de acesso público os jornais e jornais oficiais e os meios de comunicação.»

10      O artigo 6.°, n.° 1, da Lei orgânica 15/1999 sujeita o tratamento de dados à manifestação do consentimento inequívoco do interessado, salvo se a lei dispuser diferentemente. Assim, o artigo 6.°, n.° 2, in fine, dessa lei prevê que o consentimento não é exigido designadamente «quando os dados constem de fontes acessíveis ao público e o seu tratamento seja necessário para a satisfação do interesse legítimo prosseguido pelo responsável pelo ficheiro ou pelo terceiro a quem sejam comunicados os dados, desde que não sejam violados os direitos e liberdades fundamentais do interessado».

11      O artigo 11.°, n.° 1, da Lei orgânica 15/1999 reitera a necessidade do consentimento do interessado para que possam ser transmitidos a terceiros os dados de carácter pessoal, prevendo contudo o n.° 2 desse artigo que esse consentimento não é necessário, designadamente, quando se trate de dados que constem de fontes acessíveis ao público.

 Real Decreto 1720/2007

12      O Governo espanhol deu execução à Lei orgânica 15/1999 através do Real Decreto 1720/2007 (BOE n.° 17, de 19 de Janeiro de 2008, p. 4103).

13      O artigo 10.°, n.° 1, do Real Decreto 1720/2007 autoriza o tratamento e a cessão dos dados de carácter pessoal se o interessado prestar previamente o seu consentimento.

14      Contudo, o artigo 10.°, n.° 2, do Real Decreto 1720/2007 dispõe:

«[...] será possível o tratamento ou a cessão de dados de carácter pessoal sem necessidade do consentimento do interessado quando:

a)      tal seja autorizado por uma norma com força de lei ou por uma norma de direito comunitário e, em particular, quando se verifique uma das seguintes situações:

–        o tratamento ou a cessão tenham por objecto a satisfação de um interesse legítimo do responsável pelo tratamento ou do cessionário abrangido pelas referidas normas, desde que não prevaleça o interesse ou os direitos e liberdades fundamentais dos interessados, previstos no artigo 1.° da Lei orgânica 15/1999, de 13 de Dezembro;

–        o tratamento ou a cessão dos dados sejam necessários para que o responsável pelo tratamento cumpra um dever imposto por uma das referidas normas;

b)      os dados objecto de tratamento ou de cessão constem de fontes acessíveis ao público e o responsável pelo ficheiro, ou o terceiro a quem sejam comunicados os dados, tenham um interesse legítimo no seu tratamento ou conhecimento, desde que não sejam violados os direitos e as liberdades fundamentais do interessado.

Não obstante, as Administrações Públicas só poderão comunicar, ao abrigo deste número, os dados recolhidos em fontes acessíveis ao público a responsáveis por ficheiros privados quando para tal estiverem autorizadas por uma norma com força de lei.»

 Litígios nos processos principais e questões prejudiciais

15      A ASNEF, por um lado, e a FECEMD, por outro, interpuseram recurso contencioso de anulação de vários artigos do Real Decreto 1720/2007.

16      Entre as disposições impugnadas figura o artigo 10.°, n.° 2, alínea a), primeiro travessão, e alínea b), primeiro parágrafo, do referido decreto. A ASNEF e a FECEMD consideram que essas disposições violam o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46.

17      Em especial, a ASNEF e a FECEMD consideram que o direito espanhol acrescenta à condição relativa ao interesse legítimo no tratamento dos dados sem o consentimento da pessoa em causa uma condição que não existe na Directiva 95/46, a saber, que os dados constem de fontes acessíveis ao público.

18      O Tribunal Supremo considera que a procedência dos recursos interpostos, respectivamente, pela ASNEF e pela FECEMD depende, em larga medida, da interpretação pelo Tribunal de Justiça do artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46. Assim, precisa que, se o Tribunal de Justiça considerar que não compete aos Estados‑Membros acrescentar condições suplementares às previstas nessa disposição e que pode ser reconhecido um efeito directo à referida disposição, o artigo 10.°, n.° 2, alínea b), do Real Decreto 1720/2007 deverá ser anulado.

19      O Tribunal Supremo explica que, na inexistência de consentimento da pessoa em causa, para que seja autorizado o tratamento dos seus dados pessoais necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável por esse tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, o direito espanhol exige, além do respeito dos direitos e das liberdades fundamentais do interessado, que os referidos dados constem dos ficheiros enumerados no artigo 3.°, alínea j), da Lei orgânica 15/1999. A este respeito, considera que essa lei e o Real Decreto 1720/2007 restringem o alcance do artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46.

20      Segundo o Tribunal Supremo, essa restrição constitui um obstáculo à livre circulação dos dados pessoais que só é compatível com a Directiva 95/46 se o interesse ou os direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados o exigirem. Daqui deduz que a única possibilidade de evitar uma contradição entre esta directiva e o direito espanhol será considerar que a livre circulação dos dados pessoais que constem de ficheiros que não sejam os enumerados no artigo 3.°, alínea j), da Lei orgânica 15/1999 prejudica o interesse ou os direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados.

21      Contudo, o Tribunal Supremo interroga‑se sobre se essa interpretação é conforme com a vontade do legislador da União.

22      Nestas circunstâncias, por considerar que a solução dos dois processos que lhe foram submetidos depende da interpretação das disposições do direito da União, o Tribunal Supremo decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais, formuladas em termos idênticos em cada um dos referidos processos:

«1)      O artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46[…] deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que, na [inexistência] de consentimento da pessoa em causa e para permitir o tratamento dos seus dados de carácter pessoal que seja necessário para satisfazer um interesse legítimo do responsável ou dos terceiros a quem sejam comunicados, exige, além do respeito pelos direitos e liberdades fundamentais da referida pessoa, que os dados constem de fontes acessíveis ao público?

2)      As condições que a jurisprudência do Tribunal de Justiça [...] exige para a atribuição de efeito directo estão reunidas no referido artigo 7.°, alínea f)?»

23      Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 26 de Outubro de 2010, os processos C‑468/10 e C‑469/10 foram apensados para efeitos das fases escrita e oral e do acórdão.

 Quanto às questões prejudiciais

 Quanto à primeira questão

24      Através da sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 deve ser interpretado no sentido de que, na inexistência do consentimento da pessoa em causa e para autorizar o tratamento dos seus dados pessoais necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, exige, além do respeito dos direitos e liberdades fundamentais dessa pessoa, que os referidos dados constem de fontes acessíveis ao público.

25      O artigo 1.° da Directiva 95/46 exige aos Estados‑Membros que assegurem a protecção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais (v., neste sentido, acórdão de 16 de Dezembro de 2008, Huber, C‑524/06, Colect., p. I‑9705, n.° 47).

26      De acordo com o disposto no capítulo II da Directiva 95/46, sob a epígrafe «Condições gerais de licitude do tratamento de dados pessoais», sem prejuízo das derrogações admitidas pelo artigo 13.° desta directiva, qualquer tratamento de dados pessoais deve, por um lado, ser conforme com os princípios relativos à qualidade dos dados enunciados no artigo 6.° da referida directiva e, por outro, cumprir um dos seis princípios relativos à legitimidade do tratamento de dados enumerados no artigo 7.° dessa mesma directiva (v., neste sentido, acórdãos de 20 de Maio de 2003, Österreichischer Rundfunk e o., C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, Colect., p. I‑4989, n.° 65, e Huber, já referido, n.° 48).

27      Resulta do sétimo considerando da Directiva 95/46 que o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno podem ser seriamente afectados pelas diferenças entre os regimes nacionais aplicáveis ao tratamento de dados pessoais (v. acórdão de 6 de Novembro de 2003, Lindqvist, C‑101/01, Colect., p. I‑12971, n.° 79).

28      Neste contexto, há que recordar que a Directiva 95/46 visa, como resulta nomeadamente do seu oitavo considerando, tornar equivalente em todos os Estados‑Membros o nível de protecção dos direitos e liberdades das pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. O seu décimo considerando acrescenta que a aproximação das legislações nacionais aplicáveis na matéria não deve fazer diminuir a protecção que asseguram, devendo, pelo contrário, ter por objectivo garantir um elevado nível de protecção na União (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Lindqvist, n.° 95, e Huber, n.° 50).

29      Assim, já foi decidido que a harmonização das referidas legislações nacionais não se limita a uma harmonização mínima, mas conduz a uma harmonização que é, em princípio, completa. É nesta óptica que a Directiva 95/46 pretende assegurar a livre circulação dos dados pessoais, garantindo simultaneamente um alto nível de protecção dos direitos e dos interesses das pessoas visadas por esses dados (v. acórdão Lindqvist, já referido, n.° 96).

30      Consequentemente, decorre do objectivo que consiste em assegurar um alto nível de protecção equivalente em todos os Estados‑Membros que o artigo 7.° da Directiva 95/46 prevê uma lista exaustiva e taxativa dos casos em que um tratamento de dados pessoais pode ser considerado lícito.

31      Esta interpretação é corroborada pelos termos «só poderá ser efectuado se» e a conjunção «ou» contidos no artigo 7.° da Directiva 95/46, que salientam a natureza exaustiva e taxativa da lista que consta desse artigo.

32      Daqui resulta que os Estados‑Membros não podem acrescentar novos princípios relativos à legitimação dos tratamentos de dados pessoais ao artigo 7.° da Directiva 95/46 nem prever exigências suplementares que venham alterar o alcance de um dos seis princípios previstos nesse artigo.

33      A interpretação precedente não é posta em causa pelo artigo 5.° da Directiva 95/46. Com efeito, esse artigo só autoriza os Estados‑Membros a precisar, nos limites do capítulo II da referida directiva e, logo, do artigo 7.° da mesma, as condições em que os tratamentos de dados pessoais são lícitos.

34      A margem de apreciação de que os Estados‑Membros dispõem, nos termos do referido artigo 5.°, só pode assim ser utilizada em conformidade com o objectivo prosseguido pela Directiva 95/46, que consiste em manter um equilíbrio entre a livre circulação dos dados pessoais e a protecção da vida privada (v. acórdão Lindqvist, já referido, n.° 97).

35      A Directiva 95/46 contém regras caracterizadas por uma certa flexibilidade e deixa em vários casos aos Estados‑Membros o cuidado de adoptar os detalhes ou de escolher entre opções (v. acórdão Lindqvist, já referido, n.° 83). Assim, há que fazer a distinção entre medidas nacionais que prevêem exigências suplementares que alteram o alcance de um princípio referido no artigo 7.° da Directiva 95/46, por um lado, e medidas nacionais que prevêem uma simples precisão de um desses princípios, por outro. O primeiro tipo de medida nacional é proibido. É apenas no âmbito do segundo tipo de medida nacional que, nos termos do artigo 5.° da Directiva 95/46, os Estados‑Membros dispõem de uma margem de apreciação.

36      Daqui resulta que, nos termos do artigo 5.° da Directiva 95/46, os Estados‑Membros também não podem introduzir outros princípios relativos à legitimação de tratamentos de dados pessoais além dos enunciados no artigo 7.° dessa directiva nem alterar, através de exigências suplementares, o alcance dos seis princípios previstos no referido artigo 7.°

37      No caso em apreço, o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 dispõe que o tratamento de dados pessoais é lícito se «[o] tratamento for necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, desde que não prevaleçam os interesses ou os direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa, protegidos ao abrigo do n.° 1 do artigo 1.°».

38      O referido artigo 7.°, alínea f), prevê duas condições cumulativas para que um tratamento de dados pessoais seja lícito, a saber, por um lado, que o tratamento de dados pessoais deve ser necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados e, por outro, que os direitos e liberdades fundamentais da pessoa em causa não prevaleçam.

39      Daqui resulta que, no que se refere ao tratamento de dados pessoais, o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 se opõe a toda e qualquer legislação nacional que, na inexistência do consentimento da pessoa em causa, imponha, além das duas condições cumulativas mencionadas no número precedente, exigências suplementares.

40      Contudo, há que ter em conta que a segunda dessas condições requer uma ponderação dos direitos e interesses opostos em causa que depende, em princípio, das circunstâncias concretas do caso concreto em causa e no âmbito da qual a pessoa ou a instituição que efectua a ponderação deve ter em conta a importância dos direitos da pessoa em causa resultantes dos artigos 7.° e 8.° da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (a seguir «Carta»).

41      A este respeito, sublinhe‑se que o artigo 8.°, n.° 1, da Carta estabelece que «[t]odas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter pessoal que lhes digam respeito». Este direito fundamental está indissociavelmente relacionado com o direito ao respeito da vida privada consagrado no artigo 7.° da Carta (acórdão de 9 de Novembro de 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, ainda não publicado na Colectânea, n.° 47).

42      Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o respeito pelo direito à vida privada face ao tratamento de dados pessoais, reconhecido pelos artigos 7.° e 8.° da Carta, abrange todas as informações relativas a qualquer pessoa singular identificada ou identificável (v. acórdão Volker und Markus Schecke e Eifert, já referido, n.° 52). Contudo, resulta dos artigos 8.°, n.° 2, e 52.°, n.° 1, da Carta que, sob certas condições, podem ser impostas restrições ao referido direito.

43      Além disso, incumbe aos Estados‑Membros, na transposição da Directiva 95/46, assegurar que se baseiam numa interpretação desta directiva que lhes permita assegurar um equilíbrio justo entre os diferentes direitos e liberdades fundamentais protegidos pela ordem jurídica da União (v., por analogia, acórdão de 29 de Janeiro de 2008, Promusicae, C‑275/06, Colect., p. I‑271, n.° 68).

44      No que se refere à ponderação necessária por força do artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46, é possível tomar em consideração o facto de que a gravidade da violação dos direitos fundamentais da pessoa em causa pelo referido tratamento pode variar em função da questão de saber se os dados já constam, ou não, de fontes acessíveis ao público.

45      Com efeito, diversamente dos tratamentos de dados que constam de fontes acessíveis ao público, os tratamentos de dados que constam de outras fontes que não são acessíveis ao público implicam necessariamente que informações sobre a vida privada da pessoa em causa passam a ser conhecidas pelo responsável pelo tratamento e, eventualmente, pelo terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados. Esta violação mais grave dos direitos da pessoa em causa, consagrados nos artigos 7.° e 8.° da Carta, deve ser tida em conta pelo seu devido valor ponderando‑a com o interesse legítimo prosseguido pelo responsável pelo tratamento ou pelo terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados.

46      A este respeito, há que salientar que nada se opõe a que, no exercício da sua margem de apreciação consagrada no artigo 5.° da Directiva 95/46, os Estados‑Membros estabeleçam princípios directores para a referida ponderação.

47      Contudo, já não está em causa uma precisão na acepção do referido artigo 5.° se uma legislação nacional excluir a possibilidade de algumas categorias de dados pessoais serem tratadas ao prescrever, para essas categorias, de forma definitiva o resultado da ponderação dos direitos e interesses opostos, sem permitir um resultado diferente devido a circunstâncias particulares de um caso concreto.

48      Consequentemente, sem prejuízo do artigo 8.° da Directiva 95/46 relativo a tratamentos de categorias especiais de dados, disposição que não está em causa nos litígios nos processos principais, o artigo 7.°, alínea f), desta directiva opõe‑se a que um Estado‑Membro exclua de forma categórica e generalizada a possibilidade de algumas categorias de dados pessoais serem tratadas, sem permitir uma ponderação dos direitos e interesses opostos em causa num caso específico.

49      À luz destas considerações, há que responder à primeira questão que o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que, na inexistência do consentimento da pessoa em causa e para autorizar o tratamento dos seus dados pessoais necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, exige, além do respeito dos direitos e liberdades fundamentais dessa pessoa, que os referidos dados constem de fontes acessíveis ao público, excluindo assim de forma categórica e generalizada todo e qualquer tratamento de dados que não constem dessas fontes.

 Quanto à segunda questão

50      Através da sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 tem um efeito directo.

51      A este respeito, importa recordar que, segundo jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, em todos os casos em que, do ponto de vista do seu conteúdo, as disposições de uma directiva se revelem incondicionais e suficientemente precisas, os particulares têm o direito de as invocar nos tribunais nacionais contra o Estado, quer quando este não tenha feito a sua transposição para o direito nacional nos prazos previstos na directiva quer quando tenha feito uma transposição incorrecta (v. acórdão de 3 de Março de 2011, Auto Nikolovi, C‑203/10, ainda não publicado na Colectânea, n.° 61 e jurisprudência referida).

52      Não se pode deixar de observar que o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 é uma disposição suficientemente precisa para ser invocada por um particular e aplicada pelos órgãos jurisdicionais nacionais. Além disso, embora a Directiva 95/46 contenha indiscutivelmente, para os Estados‑Membros, uma margem de apreciação mais ou menos importante para a implementação de algumas das suas disposições, o referido artigo 7.°, alínea f), quanto a ele, enuncia uma obrigação incondicional (v., por analogia, acórdão Österreichischer Rundfunk e o., já referido, n.° 100).

53      O emprego da expressão «desde que» no próprio texto do artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 não é susceptível, por si só, de pôr em causa o carácter incondicional dessa disposição, na acepção da referida jurisprudência.

54      Com efeito, essa expressão visa estabelecer um dos dois elementos cumulativos previstos no artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46, a cuja observância está sujeita a possibilidade de tratar dados pessoais sem o consentimento da pessoa em causa. Estando este elemento definido, o mesmo não retira ao referido artigo 7.°, alínea f), o seu carácter preciso e incondicional.

55      Assim, há que responder à segunda questão que o artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 tem um efeito directo.

 Quanto às despesas

56      Revestindo o processo, quanto às partes nas causas principais, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

1)      O artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma legislação nacional que, na inexistência do consentimento da pessoa em causa e para autorizar o tratamento dos seus dados pessoais necessário para prosseguir interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou do terceiro ou terceiros a quem os dados sejam comunicados, exige, além do respeito dos direitos e liberdades fundamentais dessa pessoa, que os referidos dados constem de fontes acessíveis ao público, excluindo assim de forma categórica e generalizada todo e qualquer tratamento de dados que não constem dessas fontes.

2)      O artigo 7.°, alínea f), da Directiva 95/46 tem um efeito directo.

 

 



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