Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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México [ 22 Abril 2010 ] Flora Zamora, Tepito, el padrón electoral y la ley para la protección de datos personales    caché ES 

 

El excelente trabajo periodístico el realizado por la reportera Luz María González de El Universal, prendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad de las bases de datos en poder del Estado y de los particulares. El vencimiento del plazo para cumplir con la obligación de registrar los teléfonos celulares en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) fue lo que la llevó a investigar los “productos” con bases de datos comercializados en el mercado negro.

En el barrio bravo de Tepito, puedes conseguir de todo, incluso bases datos personales de miles o millones de mexicanos que por alguna razón proporcionamos nuestros datos a terceros. Identificaciones, licencias, credenciales de elector, registros de automóviles y hasta el personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública. Todo lo anterior a un precio de 12 mil dólares.

La información sobre datos personales (cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable) en poder del gobierno federal tiene dos orígenes: el Padrón Electoral y toda aquélla en poder de la administración pública federal que es entregada por los ciudadanos para la realización de trámites y registros. La primera se encuentra regulada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), la segunda en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En cuanto a las bases de datos en poder de particulares que incluyen datos personales, recientemente, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, la cual tiene como finalidad regular su tratamiento, controlado e informado para garantizar la privacidad y defensa de los datos personales que proporcionamos a terceros. Cuántas veces hemos recibido llamadas telefónicas, correos electrónicos o comunicaciones escritas de terceros a los que no hemos proporcionado nuestros datos. Por ello celebro que la Ley establece los mecanismos de procedimientos para el manejo de las bases de datos y las sanciones para quienes hagan mal uso de las mismas. Queda pendiente su aprobación por parte del Senado.

Me centraré en la base de datos más extensa y “confiable” en posesión del Estado: el Padrón Electoral. Lo anterior, por considerar a la credencial para votar con fotografía el instrumento de identificación de mayor aceptación en el país.

El IFE a través de  la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores es la autoridad encargada de la integración y  actualización del Padrón Electoral, el cual se utiliza tanto en las elecciones federales como en las locales. Así, solo el IFE y los partidos políticos tienen derecho a acceder al padrón electoral.

Por disposición legal, de manera permanente, los partidos tienen derecho a contar con computadoras que les permitan tener acceso al padrón electoral y a las listas nominales (derivadas del contenido del padrón). Lo anterior, exclusivamente para su revisión y verificación; y sobra decirlo, no pueden usar la información correspondiente para fines distintos.

El padrón electoral utilizado en las elecciones federales de 2009, contenía alrededor de 77.5 millones de registros de ciudadanos. Según el reportaje publicado en El Universal, forma parte de las bases de datos que se pueden adquirir en el barrio de Tepito. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que se tiene conocimiento de la venta ilegal del padrón. Hace algunos años se conoció que la empresa estadounidense Choice Point adquirió el padrón electoral, situación que  fue sancionada en el ámbito penal, ya que entonces los particulares no eran sujetos imputables en el  procedimiento administrativo sancionador del IFE.

Actualmente, de acuerdo con el Código Penal Federal, se sancionará con 200 días multa y entre tres a siete años de prisión a quien  cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar. En este caso, corresponde a la PGR, a través de la FEPADE realizar las investigaciones correspondientes. Por su parte, el COFIPE  refiere como infracción la realización de cualquier falta de las previstas en este Código, dentro de las que se encuentran el uso indebido del padrón electoral.

La redacción  del Código Penal es ambigua, ya que no queda claro si la comercialización del padrón es una forma de alteración. Urge, entonces, modificar la legislación para que el uso indebido del padrón se sancione con un tipo penal adecuado y no se deje espacio a la interpretación. Y que todo aquel que participe en actos de comercialización del padrón sea sancionado penal y administrativamente.

Entre los partidos políticos la utilización del padrón electoral para fines distintos ha sido una práctica común al utilizarlo para el envió de propaganda electoral, encuestas y hasta la constitución de agrupaciones políticas. Las sanciones que, en su caso, ha impuesto el IFE a los partidos parecen no haber sido suficientes para disuadir las prácticas irregulares. ¿A poco ya se nos olvidó el denominado caso Hildebrando, en el que durante la campaña del 2006 se investigó la utilización del padrón para la creación de redes a favor del candidato a la presidencia? ¿Quién no recuerda la entrega que el PVEM hizo a la Agrupación Política Nacional Movimiento de Acción Republicana? o ¿quiénes fueron los responsables de la venta del padrón a la empresa norteamericana Choice Point?

 



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un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho