Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

  Inicio  -  Busquedas  -  Presentación  -  Ayuda  -  Recortes de prensa 25 de Octubre de 2021  

Idioma
Español
Português
Català
English
 




derechos
habeas data
datos personales
honor
imagen
intimidad
olvido

personas
fallecidas
figuras públicas
niños y adolescentes
personas morales

tipo de datos
ambiente laboral
electorales
historial crediticio
Internet
judiciales
medios
salud
telecomunicaciones
vigilancia

legislación
específica
relacionada
sectorial

doctrina



Países
RedIPD
Europa
las Américas
Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
el mundo
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
 
 
Países
 


.
Panamá [ 11 Mayo 2010 ] [Corte Suprema] Sentencia 70-G, casación penal    caché ES 

La intercepción y grabación de comunicaciones privadas, es un mecanismo que brinda una excepción a esta disposición constitucional que consagran el derecho fundamental a la intimidad, relacionada con las comunicaciones, la cual encuentra fundamento en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, pues en esta norma se tutela el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su correspondencia, documentos, así como las comunicaciones personales. Este control constitucional, prevé una excepción, con respecto a las intervenciones y grabaciones telefónicas, consistente en que sólo la autoridad judicial puede autorizarla para fines específicos y dando estricto cumplimiento a las formalidades que consigna la ley. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores"

En el presente caso, se observa que se ha infringido este mandato constitucional, ya que la agente de instrucción no constituye una autoridad judicial, para autorizar este acto procesal. Cuando la normativa en cita, se refiere a la autoridad judicial, ha sido criterio seguido jurisprudencialmente que se trata únicamente de Tribunales que pertenecen al Órgano Judicial, criterio que encuentra respaldo en el artículo 202 de la Constitución Política, donde se señala que el Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca.



RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIRO VEIRA, ELIUD DE JESÚS ARRUBLA Y JORGE CHANDEK, PROCESADOS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO EN PERJUICIO DE ANEL FLORES. - PONENTE JOSE ABEL ALMENGOR - PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL DIEZ (2010). Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá Sala: Segunda de lo Penal Ponente: José Abel Almengor Echeverría Fecha: martes, 11 de mayo de 2010 Materia: Casación penal Expediente: 70-G VISTOS: Pendiente de resolver el fondo, se encuentra el Recurso de Casación formalizado por el Licenciado Abilio Batista Domínguez, apoderado judicial de la parte querellante, contra la sentencia de segunda instancia N°154 de 28 de julio de 2008, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se Confirma la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso seguido a JAIRO VEIRA, ELUID DE JESÚS ARRUBLA y JORGE ISAAC CHANDECK, por el delito de Extorsión en perjuicio de Anel Flores. La audiencia de casación se celebró con la participación del recurrente y el representante de la Procuraduría General de la Nación, quienes reiteraron sus argumentos, por lo que corresponde emitir el fallo de fondo, tarea que emprendemos a continuación. HISTORIA CONCISA DEL CASO El presente caso tiene su génesis con la denuncia presentada por Anel Flores el día 24 de febrero de 2005, en la cual comunica a las autoridades que estaba siendo víctima de extorsión por parte de dos sujetos que se identificaron como miembros de la auto defensa de Colombia quienes le solicitaron B/.1,200.000.00 como pago, de lo contrario tendría que atenerse a las consecuencias, ya que tenían dos meses de darle seguimiento a él y a su familia. A este hecho resultaron vinculados Jairo Veira, Jorge Chandeck y Eliud Arrubla, quienes al ser indagados negaron la comisión del ilícito. Concluida la etapa sumarial, la representante de la vindicta pública solicita se emita auto de llamamiento a juicio contra los procesados, solicitud que la Juez de la instancia acogió al calificar el mérito legal del sumario, llamando a juicio a los procesados por el delito de extorsión, no obstante, mediante sentencia N°38 de 19 de diciembre de 2007, el Tribunal absolvió a los procesados. Contra esta decisión el representante del querellante presentó recurso de apelación y a través de sentencia de Segunda Instancia N°154 S.I. de 28 de julio de 2008, el Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia, medida jurisdiccional contra la cual se anunció el presente recurso de casación. CAUSALES INVOCADAS El recurrente invoca dos causales de casación en el fondo, que se pasan a analizar de manera separada. PRIMERA CAUSAL "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal", la cual se apoya en seis motivos. MOTIVOS QUE APOYAN LA CAUSAL En el primero, sostiene que no se tomó en cuenta las declaraciones del procesadoJORGE CHANDECK (fs. 309-314; 378-386; 787; 1150-1175). Si se hubiesen tomado en cuenta, se concluiría que CHANDECK no acreditó la deuda que tenía el ofendido; que no existía ninguna empresa colombiana de cobros y los colombianos que vinieron a Panamá (ELIUD ARRUBLA Y JAIRO VEIRA), no pertenecían a esa empresa. En el segundo motivo, sostiene que no se observó el documento de Interpol BOGOTA (fs. 335) en el que se establece que Interpol Francia tiene implicado en el tráfico de cocaína y heroína a Jairo Humberto Veira. De haberse apreciado esta certificación, el Tribunal A Quo se percataría que no se trata de ningún cobrador, sino que es una persona que forma parte del crimen organizado. Destaca en el tercer motivo, que no se consideró la diligencia de allanamiento practicada en la habitación del hotel donde se hospedaban los imputados Jairo Veira y Eliud Arrubla (fs. 30-40), donde encontraron fotos del edificio donde residía Anel Flores y del edificio donde mantenía sus oficinas (fs. 96,97,98 y 100). Al valorar este elemento de convicción se condenaría a los procesados. En el cuarto motivo, advierte que no se valoraron las diligencias de reconocimiento en rueda de presos efectuadas por el ofendido Anel Flores en las cuales identificó a los imputados Eluid Arrubla (fs. 174-175) y Jairo Veira (fs. 176-177), y la otra, donde participó José Vásquez Flores, donde reconoce al colombiano Jairo Veira Ospina (fs. 178-179), la valoración de estos elementos probatorios conllevaría a la condena de los procesados. En relación al quinto motivo, señala que no se tomó en cuenta la declaración de José Vásquez Flores (fs. 47-49), quien indicó que un sujeto colombiano se le acercó y le dijo que había venido a cobrar un dinero que su tío (Anel Flores) le debía. La ponderación de este testimonio daría lugar a la condena de los enjuiciados. En el sexto motivo, no se consideró las declaraciones de José Camargo y Julio Guevara (fs. 789-793), Irving Avendaño (fs. 822-824), y David González (fs. 825-827), quienes al detener a los procesados le encontraron una foto a colores del querellante y un papel con el número de teléfono de la oficina y del celular. De examinarse estos elementos de convicción, Jorge Chandeck, Jairo Viera y Eliud Arrubla, serían condenados por el delito de extorsión. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Con relación al apartado de las disposiciones legales infringidas cita la infracción de los artículos 2046 del Código Judicial y el 187 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, aduciendo similares argumentos a los utilizados en la sección de motivos. SEGUNDA CAUSAL "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal" (numeral 1 del artículo 2430 del Código Penal), la cual se sustenta en cuatro motivos. MOTIVOS QUE APOYAN LA CAUSAL En el primero el recurrente indica que el Tribunal Superior cometió un error al apreciar las declaraciones de Anel Flores De La Lastra (fs. 1-3, 50-53; 166-170; 362-367; 856-866), donde señaló que existían contradicciones en las declaraciones del señor Flores. La correcta valoración de estas declaraciones hubiese llevado a considerar que recibió graves amenazas e intimidaciones por parte de los procesados de forma reiterada. En el segundo motivo, sostiene que se le otorga valor probatorio a las declaraciones de Francisco Sánchez Cárdenas (fs. 519-526); Mitchell Doens (fs. 527-534), Ricardo Cheng (fs. 846-848) y Fernando Núñez Fábrega (fs. 852-855), deduciendo que entre el ofendido y el procesado Chandeck había una relación comercial y que éste último le debía a Chandeck una importante suma de dinero, además de ser testigos de referencia. Al haber cometido este error en la valoración, se concedió eficacia probatoria a los citados testimonios. Por otro lado, en el tercer motivo, plantea que se le otorgó eficacia a las declaraciones de Jairo Veira (fs. 133-141; 142-143; 357-359) y Eliud De Jesús Arrubla (fs. 145-152, 153-154; 360-361), para concluir que acreditan que los procesados no ejecutaron actos de violencia o de intimidación contra el querellante, porque habían sido contratados por Jorge Chandeck para cobrarle un dinero que le adeudaba a Anel Flores. Si se hubiese ponderado adecuadamente constataría que se trata de dos coprocesados con interés en las resultas del proceso; son colombianos, no acreditaron que tuvieran una empresa de cobro de deudas, tampoco residen en el país, vinieron a intimidar al querellante y no presentaron documento que valide la supuesta obligación que Flores De la Lastra tenía con Chandeck. En el cuarto motivo, indica que el Tribunal Superior, al considerar que no fue autorizada la grabación y escucha telefónica por autoridad judicial, le restó valor probatorio a esta diligencia, en la que se evidencian los actos de intimidación y amenazas graves a los que fue sometido el denunciante por parte de los procesados, incurriéndose en un error de derecho. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS En este apartado, cita la infracción de los artículos 781, 844, 917 y 920 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, cuyos argumentos resultan análogos a los presentados en los motivos. Cita además, la vulneración del artículo 1103 del Código Civil, subrogado por el artículo 8 de la Ley 11 de 22 de enero de 1998, en concepto de violación directa por omisión, normativa que dispone que para acreditar una relación comercial de cinco mil balboas en adelante, debe hacerse por escrito. Invoca la vulneración del artículo 26 del Texto Único de la Ley 23 de 1986, en concepto de violación directa por omisión, la cual trata de las escuchas telefónicas, señalando que no se le otorgó valor probatorio a la diligencia, pese a que fue autorizada por la Procuradora General de la Nación. Como norma sustantiva penal, invoca el artículo 187 en concepto de violación directa por omisión, señalando que se absolvió a los procesados a pesar de existir elementos de convicción que de manera concluyente demuestran que son responsables. OPINIÓN DEL PROCURADOR DE LA NACIÓN La Procuraduría General de la Nación, mediante Vista Fiscal N°124 de 6 de octubre de 2009, solicita no se case la sentencia de segunda instancia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Con respecto a la primera causal, error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustancial penal, señala que de la presentación de motivos expuestos por el casacionista, no se desprenden los cargos de injuricidad que resalta en su escrito de casación. En cuanto a la segunda causal, luego de realizar un análisis detallado de los cuatro motivos expuestos por el actor en esta causal, considera que las constancias probatorias que señala fueron valoradas de manera indebida, no justifican que se varíe la decisión arribada en el fallo impugnado. CONSIDERACIONES DE LA SALA Dentro del presente recurso de casación el actor propone dos causales de casación en el fondo de naturaleza probatoria, mediante las cuales pretende cuestionar la falta de estimación de ciertos elementos de juicio y la adecuada ponderación de otros, con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad penal de los enjuiciados; no obstante lo anterior, la Sala advierte que en el presente proceso penal sobreviene una circunstancia de especial consideración procesal que no se puede obviar porque afecta la legalidad del proceso, la cual merece ser atendida, antes de realizar cualquier labor judicial tendiente a resolver el fondo del negocio. La primera pieza probatoria que consta en este expediente, es la denuncia suscrita por Anel Flores a través de la cual puso en conocimiento de las autoridades que estaba siendo víctima del delito de extorsión por parte de dos sujetos que le solicitaban la suma de B/.1,200.000.00, como pago de lo contrario tendría que atenerse a las consecuencias. Producto de esta denuncia y como primera acción de carácter investigativo el Fiscal Auxiliar de la República solicita mediante oficio a la Procuraduría General de la Nación, se le autorice a realizar una diligencia de grabación de comunicaciones privadas, es así, que mediante providencia de 25 de febrero de 2005, se autoriza al Fiscal Auxiliar de la República para que lleve a cabo la referida diligencia judicial (fs. 15-16) Luego de realizar este acto procesal, inmediatamente se ordena la práctica de una diligencia de allanamiento y registro en el Hotel Los Arcos, donde se encontraban hospedados los supuestos extorsionadores, ordenándose la aprehensión de Jairo Humberto Veira y Eliud Arrubla, quienes son trasladados a las instalaciones de la Dirección de Investigaciones Judiciales (fs. 31-38). Posterior a ello, se le recibe declaración a José Vásquez, sobrino de Anel Flores, además, se presenta el denunciante a ampliar su declaración denuncia, y se recibe declaración al agente de policía, David González, quien participó en la diligencia de allanamiento realizada en el Hotel Los Arcos. Los señores Jairo Veira, Eliud Arrubla y Jorge Chandeck al ser indagados niegan la comisión del delito imputado. En primera instancia el proceso fue de conocimiento del Juzgado Décimoquinto de Circuito de lo Penal, despacho judicial que luego de ponderar las constancias probatorias, absuelve a los investigados, decisión que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Cabe destacar que la investigación realizada por la agencia de instrucción, guarda relación directa con la diligencia de grabación telefónica donde supuestamente se estaba extorsionando al señor Anel Flores y se le solicita una fuerte suma de dinero. Advierte la Sala de los hechos fácticos reseñados, que la diligencia de grabación de conversaciones privadas solicitada por el Fiscal Auxiliar de la República y autorizada por la entonces Procuradora General de la Nación, es una diligencia que configura una flagrante infracción al debido proceso y carece de validez probatoria, porque contraviene de manera evidente las formalidades constitucionales establecidas para la ejecución este acto. La intercepción y grabación de comunicaciones privadas, es un mecanismo que brinda una excepción a esta disposición constitucional que consagran el derecho fundamental a la intimidad, relacionada con las comunicaciones, la cual encuentra fundamento en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, pues en esta norma se tutela el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su correspondencia, documentos, así como las comunicaciones personales. Este control constitucional, prevé una excepción, con respecto a las intervenciones y grabaciones telefónicas, consistente en que sólo la autoridad judicial puede autorizarla para fines específicos y dando estricto cumplimiento a las formalidades que consigna la ley. El citado artículo dice textualmente: "Artículo 29: La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención. El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar. Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores" En el presente caso, se observa que se ha infringido este mandato constitucional, ya que la agente de instrucción no constituye una autoridad judicial, para autorizar este acto procesal. Cuando la normativa en cita, se refiere a la autoridad judicial, ha sido criterio seguido jurisprudencialmente que se trata únicamente de Tribunales que pertenecen al Órgano Judicial, criterio que encuentra respaldo en el artículo 202 de la Constitución Política, donde se señala que el Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca. De otra faz, el artículo 219 del mismo cuerpo constitucional, establece que el Procurador General de la Nación forma parte del Ministerio Público. El Código de Procedimiento patrio también consigna en el último párrafo del artículo 3 que los agentes del Ministerio Público participan en la administración de justicia en calidad de funcionario de instrucción mediante el ejercicio de la acción penal. Esta Corporación de Justicia se ha caracterizado por salvaguardar y defender el derecho constitucional del debido proceso y en un Estado de Derecho, es necesario proteger a los particulares de las arbitrariedades que puedan surgir contra el disfrute del derecho a la intimidad y dentro de estos el secreto de las comunicaciones telefónicas. Con respecto al derecho a la intimidad o "right to privacy", como también ha sido conocido, comprende, aquellos derechos personales que protege nuestra Constitución Nacional y que también en el ámbito internacional han sido auscultados. En ese sentido, nuestro país ha suscrito acuerdos y convenios universales de derecho humano reconociéndose el respeto a la vida íntima, personal o familiar, entre los que podemos mencionar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 17; el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, artículo 8; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Capítulo I, artículo 5, en estas convenciones de derechos humanos se ha reconocido que a todo ciudadano le asiste el derecho de ejercer control sobre su vida íntima o privada y que el Estado solamente puede traspasar los límites cumpliendo ciertas formalidades que la ley regula. Estas prohibiciones han sido implantadas por el constituyente, ya que un vistazo al avance que ha tenido la constitución de nuestro país, permite anotar que desde el texto 1904, se consignó que la correspondencia y demás documentos privados, eran inviolables y no podían ser ocupados ni examinados sino por disposición de la autoridad judicial correspondiente. Cabe destacar que a esta Constitución se introdujeron reformas en el devenir de los años, no obstante, lo referente al derecho a la intimidad no varió substancialmente. Con las reformas introducidas mediante el Acto Reformatorio de 1978, el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos de 1994, se mantuvo el mandato que la correspondencia y demás documentos privados eran inviolables otorgando el carácter de excepcional para su limitación y se consignaba de forma categórica que sólo la autoridad competente podía examinarlos. Más recientemente en base a la modificación de la Constitución Nacional, llevada a cabo mediante el Acto Legislativo N°1 de 2004, del contenido del artículo 29 de este cuerpo constitucional, se advierte que esta disposición determina que las comunicaciones telefónicas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial, norma que está vigente en la actualidad. Resulta pertinente traer a colación el extracto de una demanda de inconstitucionalidad dictada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de agosto de 1997, la cual fue reiterada el 6 de octubre de 1998, con relación al alcance del segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución Nacional señaló: "El postulante es del criterio que la norma constitucional transcrita prohíbe la grabación de las conversaciones telefónicas. Ahora bien, se está ante un problema de interpretación de la ley constitucional. Si se observa muy bien, el primer párrafo consagra la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y documentos privados, pero a título de excepción justifica los casos en que una autoridad competente pueda interceptar o examinar la correspondencia y documentos privados. Sin embargo, por constituir este acto de ocupación una severa invasión o violación a la vida privada, se limita el poder otorgado al Estado en ese sentido y se le exige cumplir ciertos requisitos para ejercerlo, tales como: a) que el acto está revestido de formalidades legales; b) el deber de especificar claramente su propósito; y c) guardar absoluta reserva sobre los aspectos distintos al objetivo de la ocupación o receptación del documento privado. El punto neurálgico consiste en determinar si el segundo párrafo, por los mismos motivos que se justifican en el primero, permite que una autoridad competente pueda decretar la violación e interceptación de las llamadas telefónicas privadas. Se tiene así, que el segundo párrafo empieza con la palabra "igualmente", que se compone del prefijo "igual" y de la partícula clave "ment" que significa "pensamiento", "propósito", "voluntad". Es entendible entonces el por qué el diccionario de la Lengua Española en su XXI edición, indica que el vocablo igualmente es un adverbio que significa: "también, asimismo". Este examen gramatical es demostrativo que lo estipulado para el primer párrafo tiene validez para el segundo, al hacer extensiva la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y documentos privados a las comunicaciones telefónicas privadas. No obstante, el problema parece surgir cuando este último párrafo en comento, solo establece la inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas privadas, obviando la excepción otorgada de manera específica, en el párrafo primero. Sobre este aspecto, es palmario que al no existir una diferencia esencial entre las comunicaciones escritas y las comunicaciones telefónicas, nada obsta para que al momento de valorar la norma desde una perspectiva constitucional, se haga de una manera progresiva, adaptándonos a los avances extraordinarios de las comunicaciones en esta época, en donde es patente el enlace y uso frecuente que hace la criminalidad organizada de la alta y sofisticada tecnología en materia de comunicación oral y escrita. Lo contrario conllevaría a rezagar el proceso penal de los grandes progresos obtenidos en el campo comunicaciones telefónicas. ... En este sentido, es importante tener presente que "...en cuanto a la intervención de las comunicaciones telefónicas y similares, son aceptables jurídicamente en el proceso penal, siempre y cuando se realicen dentro de ciertos límites, ya que ni el derecho a la vida privada ni el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones interpersonales pueden catalogarse como derechos humanos absolutos, puesto que siempre existirán situaciones en las que los derechos humanos deben subordinarse a intereses de carácter general" (La Defensa Penal y la Independencia Judicial en el Estado de Derecho. Dr. Fernando Cruz, San José Costa Rica, 1989, Pág. 100). El criterio transcrito en alguna medida, es el que se consigna en nuestra Carta Magna al permitir que la correspondencia y documentos privados sean examinados y las comunicaciones telefónicas interceptadas, para fines específicos y en cumplimiento de formalidades legales". Se observa que la Corte Suprema de Justicia en este pronunciamiento, establece que la invasión o violación a la vida privada, se limita al poder otorgado por el Estado a la autoridad competente y para fines específicos, ya que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas no pueden catalogarse como derechos humanos absolutos. Considera la Sala que a pesar que la finalidad del proceso penal es investigar los delitos y descubrir a los autores y partícipes del mismo, el cumplimiento de esos fines no puede implicar el sacrificio desmedido de los derechos y garantías que salvaguarda la Constitución Política, porque entonces se estaría produciendo una violación al debido proceso. Así lo señala el el jurista panameño, Dr. Arturo Hoyos, en su obra, El Debido Proceso, cuando afirma: "en la tramitación de los diversos procesos deben también respetarse los elementos integrantes del debido proceso legal ya estudiados, y, como regla general, si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos..., la sanción será la nulidad constitucional." (HOYOS, Arturo, El Debido Procesos; pág. 89-90) El principio constitucional del debido proceso está consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 32, en el cual se establece que, nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. En fallo de 17 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia, realizó un importante análisis con relación al artículo 29 de la Constitución Política, en atención al tema de la intercepción y grabación de comunicaciones privadas, acerca de lo cual señaló: "En lo que respecta a Panamá y, como hemos visto, cualquier intervención llevada a cabo sin la autorización del juez o magistrado competente que pretenda ser utilizada en un proceso, constituye una prueba ilícitamente obtenida y, todo lo que se produzca a razón de ello, también llevará la misma suerte. Y es que "la prueba ilícita es aquella que contraviene el ordenamiento jurídico, el concepto de ilicitud que aquí se maneja es más restringido, referido únicamente a lo que también se conoce como prueba prohibida; la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales. El tratamiento de la ilicitud de las pruebas, por tanto se aborda única y exclusivamente desde esta perspectiva" (Montanés Pardo, Miguel Angel, "La presunción de Inocencia", Editorial Arazandi, España, 1999, pág.115). Aunado a lo anterior, podemos decir que las pruebas así obtenidas, es decir, una intervención telefónica llevada a cabo u ordenada por una autoridad distinta que no sea la judicial, además de ser ilícita, como se manifestó, si es en violación de un derecho fundamental la convierte igualmente en inconstitucional y esa situación, es insubsanable. Así se refiere Luis Galvez Muñoz, Profesor de Derecho Constitucional, al indicar que: "En el terreno de la caracterización general y de conjunto de ámbito de la ineficacia derivado de la regla de exclusión, lo primero que hay que poner de manifiesto es que el material probatorio resultante de la violación de un derecho fundamental es manifiestamente insubsanable. La actuación o diligencia contraria a los derechos fundamentales no puede ser convalidada de ninguna manera: ni mediante otra diligencia procesal posterior, ni mediante la aquiescencia explícita o implícita del perjudicado por aquella ilicitud" (Gálvez Muñoz, Luis, "La Ineficacia de la Prueba Obtenida con Violación de Derechos Fundamentales", Editorial Arazandi, España, 2003, págs.148-149). Con base en las consideraciones anteriores, debe concluirse que la Resolución S/N de 17 de agosto de 2005, vulnera tanto el artículo 29 como el 32 de la Constitución Política, toda vez que la Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez Ruiloba, no ostenta la condición de autoridad judicial, sino, por el contrario, es una funcionaria de instrucción sumarial y, por lo tanto, no tiene la facultad de ordenar intervenciones telefónicas" En la resolución judicial en comento, quedó claramente consignado que cualquier intervención telefónica, realizada sin autorización del juez o magistrado competente, constituye una prueba ilícitamente obtenida y todo lo que se produzca en base a ello, también lleva la misma suerte. Prueba Ilícita de acuerdo a la doctrina son, "aquellas que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley, en cuanto al medio mismo o al procedimiento para obtenerlo o que atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana, o que violan los derechos fundamentales que la Constitución y la Ley amparan" (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Pruebas Judiciales. Editorial ABC, Bogotá, 1984, página 182). El Código Judicial no determina de manera taxativa lo que constituye una prueba ilícita, sin embargo, la jurisprudencia nacional ha sido conteste en manifestar: "...nuestro ordenamiento procesal no define que constituye prueba ilícita, de la interpretación sistemática del mismo, verbigracia el artículo 769 del Código Judicial, se puede inferir que serán pruebas ilícitas todas aquellas pruebas que están prohibidas por la ley, violan derechos humanos, contrarían la moral o el orden público (Fallo de 10 de octubre de 2000) Doctrinalmente, en palabras del jurista Orlando Alfonso Rodríguez, en su obra "Prueba Ilícita Penal", el proceso de obtención y la producción de la prueba debe estar sustentado sobre procedimientos inmaculados, sometidos al régimen constitucional de respeto a los derechos y libertades fundamentales. Este es un límite infranqueable para los organismos oficiales-legislativos y judiciales- en su deber constitucional de obtención y práctica de la prueba penal, de no lesionar, vulnerar o afectar negativamente estos derechos y libertades, que se constituyen en intangibles. Es todo un sistema jurídico articulado desde la misma comunidad internacional, de tal manera que se garantiza la intangibilidad de ciertos postulados universales, como la dignidad humana, la intimidad, la libertad, la autonomía de sus derechos" (RODRÍGUEZ, Orlando Alfonso. La Prueba Ilícita Penal, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004, página 48). De lo dicho podemos precisar, que la intercepción y grabación telefónica llevada a cabo por el agente instructor, constituye una prueba ilícita porque su obtención se llevó a cabo conculcando una garantía fundamental como lo es el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Política y nuestras leyes, ya que las autoridades del Ministerio Público son agentes de instrucción y no forman parte de los Tribunales de Justicia, por lo que no tienen facultad para autorizar esta diligencia judicial. En cuanto al tema en examen y para fines didácticos, en la doctrina extranjera, se ha reconocido que la prueba ilícita infringe los derechos y garantías consagradas en la Carta Magna de los países, por ejemplo, en el derecho Constitucional de Estados Unidos, existe un principio legal llamado "regla de exclusión", el cual señala que la evidencia recogida o analizada en violación a la Constitución de los Estados Unidos, es inadmisible ante el tribunal en un expediente penal. Así se observa que en el año 1914, cuando se resuelve el caso Weeks Vs. Estados Unidos, se emitió un fallo en el que se invalidó la prueba obtenida en violación a la Cuarta Enmienda, limitándola a los asuntos de competencia de la justicia federal, sin embargo, el progreso continuó con los casos "Silverthone Lumber Co. Vs. Estados Unidos, del año 1920, y "Nardone" del año 1939, en éstos no sólo se declaró ineficaz la prueba obtenida ilegalmente, sino también las derivadas, doctrina que pasó a ser conocida universalmente como "Los frutos del árbol venenoso". Este Tribunal de Casación en un número plural de fallos ha adoptado el criterio esgrimido por la doctrina anglosajona, en ese sentido, en fallo de 8 de octubre de 1999, dentro de un proceso penal donde se desconocieron las formalidades establecidas para la realización de una operación encubierta señaló: "Cabe advertir que el anterior razonamiento encuentra apoyo en la doctrina de los frutos del árbol venenoso la cual establece que "son inválidas las probanzas derivadas o que sean consecuencia de otra obtenida ilegítimamente" ( SAGUES, Nestor Pedro. Elementos de Derecho Constitucional. Tomo II. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1993 pág. 345). En consecuencia, debe prescindirse sobre la valoración de las pruebas a las que se refiere el recurrente, pues fueron obtenidas a partir de una diligencia viciada. Se reitera entonces que la invalidez de la diligencia de operación encubierta se extiende a las pruebas que le son derivadas y que son consecuencia inmediata de la infracción" En fallo consignado por la Corte Suprema de Justicia de 6 de marzo de 1998, con relación a una operación encubierta donde no se siguieron los procedimientos legales se indicó: "La prueba ilegítima (ilícita) tiene íntima relación con el concepto de medio de prueba prohibido que es aquel medio de prueba que resulta, por sí mismo capaz de proporcionar elementos que permiten llegar a constatar la existencia de un hecho deducido en proceso, pero que el ordenamiento jurídico, prohíbe utilizar. (Sáenz Elizondro. La Prueba Ilícita en el Proceso Penal. Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Diciembre de 1992. página 36). Ahora bien, al igual que el criterio del Tribunal ad quem, se considera que la ilicitud del Informe de la Compra Controlada de Droga, obedece a la formación de esta prueba, dado que no se observaron las formas debidas para su realización. Por tanto, no podía ese tribunal fundamentar una sentencia condenatoria con las evidencias logradas mediante el quebrantamiento de normas procesales-frutos del árbol envenenado- en este caso, se extiende a la diligencia de allanamiento y registro donde se encontraron los billetes marcados y las declaraciones del detective Lucinio Pittí". Al confrontar los fallos citados con el examen a este proceso, podemos concluir que cualquiera diligencia judicial que se apruebe y realice vulnerando los procedimientos determinados para su realización, constituye una prueba ilícita que no tiene eficacia en el proceso y las subsiguientes diligencias de investigación con fundamento en este acto procesal tampoco son pruebas legítimas y por ende, no revisten de validez. Es claro entonces, que al haberse vulnerado las garantías fundamentales establecidas en la Carta Magna, ello trae como consecuencia un vicio de nulidad que no puede ser subsanado, el cual encuentra fundamento en el artículo 1950 del Código Judicial, normativa procesal que establece que los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal. Cabe resaltar que esta Superioridad en fallo de 22 de agosto de 2002, con relación a una diligencia de allanamiento realizada incumpliendo formalidades constitucionales y legales, que vulneran las garantías y derechos contenidos en los artículos 1941 a 1949 del Código Judicial, declaró la nulidad del proceso. Adicional a ello, en reciente decisión, el Tribunal de Casación, en un proceso surtido precisamente soslayando los principios contenidos en los artículos 1941 a 1949 lex cit, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado, por cuanto el imputado fue condenado por un tribunal que no era competente, lo cual le restringe la posibilidad de ejercer su derecho de apelar. Veamos lo que se señaló en ese fallo: "De lo que viene expuesto, se debe indicar que del análisis del cuaderno penal se acredita de manera contundente que en el negocio bajo estudio se ha producido un vicio de nulidad que no puede ser subsanado toda vez que el proceso se surtió desconociendo derechos y garantías fundamentales y procesales consagrados en la Constitución Política así como en las normas de Derecho Internacional que han sido desarrolladas en las disposiciones que rigen nuestro procedimiento penal vigente. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 1950 del Código Judicial, que fundamenta la nulidad de todo proceso que se surta sin observar los derechos y garantías contenidos en los artículos 1941 a 1949 idem, esto es, violación al Debido Proceso, al Derecho de Defensa, a ser juzgado por un Tribunal competente y conforme al trámite legal, transgresión del principio de la Doble Instancia y de la Tutela Judicial Efectiva... .esta colegiatura estima que las anteriores consideraciones son suficientes para declarar la nulidad de todo lo actuado"(Fallo de 29 de septiembre de 2008). Resta señalar que, si bien la finalidad del proceso penal es investigar los delitos y descubrir a los autores o partícipes del mismo, el cumplimiento de esos fines no puede llevar consigo el sacrificio desmedido de los derechos y garantías que tutela la Constitución Política. En conclusión, la medida de intervención y grabación telefónica, autorizada por la Procuraduría General de la Nación, contiene una violación al debido proceso, puesto que la Constitución Nacional establece que este acto procesal, es de resorte exclusivo de la autoridad judicial, es decir, de los tribunales de justicia, de manera que a los agentes del Ministerio Público, les está vedada la facultad para la realización de esta diligencia, en consecuencia, se ordena la nulidad del proceso y a ello se procede, no sin antes, compulsar copias autenticadas de lo actuado a fin de que se investigue la presunta comisión del delito en que se haya incurrido. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones expuestas, LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, dentro del proceso seguido a Jairo Veira, Eliud Arrubla y Jorge Chandeck, sindicados por delito de Extorsión en perjuicio de Anel Flores, ORDENA el Archivo del expediente y la Compulsa de copias a fin de que se investigue la presunta comisión del delito en que se haya incurrido. Notifíquese. JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA ALEJANDRO MONCADA LUNA -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES MARIANO HERRERA (Secretario)



Sitio patrocinado por 

IIJUSTICIA

un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho