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Panamá [ 14 Junio 2000 ] [Corte Suprema] Sentencia de 14/6/2000, acción de inconstitucionalidad    caché ES 

El Pleno, en sentencia de 19 de marzo de 1999, confirmó el criterio mantenido por esta Corporación en las dos sentencias anteriores, dentro de una acción de inconstitucionalidad, de gran similitud con el caso bajo estudio, presentada contra la frase "Salvo en los casos, en la forma y por las personas que autorice la Ley", contenida en el artículo 6 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la "Regulación de Telecomunicaciones en Panamá".

Dicha norma es del tenor siguiente: "ARTICULO 6: Las telecomunicaciones son inviolables. No podrán ser interceptadas ni su contenido divulgado, salvo en los casos, en la forma y por las personas que autorice la Ley".

Dentro de esa acción, la Corte concluyó que no era inconstitucional dicha norma, apoyándose en los criterios expuestos en párrafos precedentes. Frente a este tema atinente al Derecho a la intimidad y el debido proceso legal resulta imperante resaltar la relevancia que adquieren los medios utilizados para la obtención de la prueba, pues de ello va a depender la licitud o ilicitud de la prueba, punto sensitivo dentro de este tema que aquí analizamos. "Generalmente la prueba ilícita se relaciona con la ilicitud o ilegitimidad de los medios utilizados para obtenerla o aportarla al proceso: fuerza o violencia, tortura, o en violación al conjunto de normas que tutelan el derecho a la intimidad (facultad de la persona de aislarse, de buscar la soledad o el anonimato, de crear barreras frente a intromisiones no deseadas y de controlar la información sobre su persona o círculo íntimo familiar), y que comprenden, entre otros, la inviolabilidad del domicilio (art. 26 de la Constitución), de la correspondencia, demás documentos privados y de las comunicaciones telefónicas privadas (art. 29 de la Constitución) y protección del secreto. Este derecho a la intimidad, integrado realmente por una pluralidad de derechos, existe en Panamá, a partir de las normas constitucionales antes citadas (arts. 26 y 29) y, en virtud del art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 15 de 28, X, 1977, según el cual "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ..." (Arturo Hoyos, El Debido Proceso, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1998, págs. 82 y 83).

En ese sentido, la Corte ha expresado que en el caso específico de proteger a los particulares contra las arbitrariedades que se puedan cometer contra el disfrute del derecho a la intimidad y dentro de ellos a la inviolabilidad de las conversaciones y comunicaciones telefónicas, consideramos oportuno y relevante destacar que la legitimidad de las restricciones o excepciones al disfrute de esos derechos, deben ser interpretadas de manera restrictiva como expresión misma del Estado de Derecho, y en todo caso deberán ser adecuadamente motivadas, por el carácter excepcional que tienen. En todo caso, el Organo Judicial podrá revisar, en cada supuesto de hecho específico, si la excepcional restricción al derecho a la intimidad se encuentra o no justificada, ponderando los bienes jurídicos protegidos. Ello puede hacerse al quedar habilitados los jueces, como garantes del derecho a la intimidad, para revisar si la prueba obtenida es o no lícita y, en caso de no serlo, si se ha infringido el derecho fundamental a la intimidad y la responsabilidad que incumbe al servidor público que ordenó o ejecutó la violación.



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCIENCIADO MARTÍN MOLINA CONTRA LA ORACIÓN "SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS INTERESADOS U ORDEN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE", CONTENIDA EN EL ULTIMO RENGLÓN DEL ARTICULO 19 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 21 DE 12 DE ENERO DE 1996, POR LA CUAL SE DICTA EL REGLAMENTO SOBRE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS.

PANAMÁ, CATORCE (14) DE JUNIO DE DOS MIL (2000). CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS: El licenciado Martín Molina, ha presentado demanda de inconstitucionalidad contra la oración final del artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 21 de 12 de enero de 1996, por la cual se dicta el "Reglamento sobre la Operación del Servicio de Telefonía Móvil Celular" en la República de Panamá. Luego de la admisión y sustanciación de la acción presentada, corresponde hacer el análisis de la pretensión. I. FUNDAMENTO DE LA DEMANDA. El accionante funda su demanda en dos hechos, que a continuación transcribimos: "Primero: Que el día martes 23 de enero de 1996, se publicó en la Gaceta Oficial No.23,957 el Decreto Ejecutivo No.21 de 12 de enero de 1996, por el cual se dicta el Reglamento sobre la Operación del Servicio de Telefonía Móvil Celular. Segundo: Que el antedicho Decreto Ejecutivo es posterior o ulterior a la fecha de promulgación de la Ley Fundamental." La pretensión consiste en una petición dirigida al Pleno para que esta declare inconstitucional la frase "sin el consentimiento expreso de los interesados u orden de la autoridad competente" contenida en el último renglón del artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 21 de 12 de enero de 1996. II. DISPOSICION CONSTITUCIONAL INFRINGIDA. La norma impugnada por el demandante, el artículo 19 del Decreto Ejecutivo 21 del 12 de enero de 1996, es del tenor siguiente: "ARTICULO 19: El concesionario protegerá con la diligencia de un buen padre de familia y de conformidad a la legislación vigente, la inviolabilidad, la intimidad y el secreto de la correspondencia, mensaje e información privada, de cualquier tipo, cursada a través de su sistema y en ningún caso autorizará la divulgación de dichas comunicaciones sin el consentimiento expreso de los interesados u orden de la autoridad competente" (Subraya el pleno la parte impugnada de la norma). Como disposición constitucional infringida el recurrente señala el segundo párrafo del artículo 29 de nuestra Carta Magna, que establece lo siguiente: "ARTICULO 29: La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades legales. En todo caso se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al objeto de la ocupación o del examen. Igualmente, las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas. El registro de papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o en su defecto, de dos vecinos honorables del mismo lugar" (Subrayado nuestro). El recurrente expone el concepto de la infracción de la siguiente manera: "Se colige que el concepto del vicio de inconstitucionalidad lo hago consistir en que el pretranscrito texto del precepto de rango de cuestión superior confrontado se quebrantó por el último renglón del artículo demandado en razón de violación directa por comisión, habida consideración de que se infiere que la voz: "sin consentimiento expreso de los interesados u orden de la autoridad competente" ... contraría de forma palmaria la prohibición constitucional destacada en el segundo párrafo del contexto del artículo 29 del Estatuto Supremo, en el sentido de que las comunicaciones telefónicas privadas son inviolables y no pueden ser interceptadas deviniendo entonces su fisura en la inconstitucionalidad alegada al resultar de las comunicaciones personales examinado que garantiza nuestra Ley Suprema por mandato expreso cuya norma inferior atacada debió observar en torno a la conocida teoría de la supremacía de la Constitución Nacional" (Cfr. pág. 2). III.OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. En respuesta al traslado, el señor Procurador General de la Nación, se opone a la declaratoria de inconstitucionalidad pedida, sustentándose en diversas resoluciones que en casos similares ya ha expuesto esta Superioridad como la siguiente: "... En este sentido, es importante tener presente que "... en cuanto a la intervención de las comunicaciones telefónicas y similares, son aceptables jurídicamente en el proceso penal, siempre y cuando se realicen dentro de ciertos límites, ya que ni el derecho a la vida privada ni el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones interpersonales pueden catalogarse como derechos humanos absolutos, puesto que siempre existirán situaciones en las que los derechos humanos deben subordinarse a intereses de carácter general" (La Defensa Penal y la Independencia Judicial en el Estado de Derecho. Dr. Fernando Cruz, San José, Costa Rica, 1989, pág. 100). El criterio transcrito en alguna medida, es el que se consigna en nuestra Carta Magna al permitir que la corespondencia y documentos privados sean examinados y las comunicaciones telefónicas interceptadas, para fines específicos y en cumplimiento de formalidades legales" (Subraya la Corte). Dentro de este contexto, el señor Procurador arriba a la conclusión de que la frase aludida no infringe el artículo 29, ni ninguna otra disposición de nuestra Carta Política Fundamental. IV. CONSIDERACIONES DEL PLENO. El tema que aquí nos ocupa ya ha sido tratado y ponderado en múltiples ocasiones por esta alta Corporación de justicia, expresándose en relación con el fondo del problema planteado. No obstante, a pesar de que han sido casos diferentes, las conclusiones que allí se llegaron constituyen argumentos relevantes para dilucidar el caso in examine. La Corte ha expresado lo siguiente: "... No obstante lo anterior la Corte, en su condición de guardiana de la Constitución y de los derechos en ella consagrados ... ha determinado que la intromisión en la intimidad no puede llevarse a cabo como un recurso ordinario para obtener elementos de prueba, sino como algo excepcional, condicionado a que sea el único medio posible de investigación y a que sea proporcionado no sólo con la finalidad perseguida, sino también con la intensidad de la injerencia" (Cfr. Sentencia de 19 de marzo de 1999). Dentro de este contexto, resulta relevante resaltar el hecho de que tratándose de intervenciones de las conversaciones y comunicaciones telefónicas, las que constituyen una real y verdadera intromisión a la esfera individual, aunque legítima en casos excepcionales, para que las mismas puedan realizarse se requiere que la misma se encuentre condicionada a ciertos requisitos que la autoridad competente debe de forma muy cuidadosa constatar con antelación a su autorización, como los señalados en el artículo 18 de la Ley No. 13 de 27 de julio de 1994, que adiciona el artículo 21-B de la Ley No. 23 de 30 de diciembre de 1986 y que en concordancia con el artículo 29 de la Constitución, podríamos enumerar como a continuación se expresa: a) Que la injerencia se encuentre prevista en la Ley y el acto revestido de formalidades legales; b) Que la autorice la autoridad competente; c) El deber de especificar claramente su propósito; d) Guardar absoluta reserva sobre los aspectos distintos al objetivo de la filmación o de la grabación de la conversación o comunicaciones telefónicas; e) Que existan serios y concretos indicios de la comisión de un delito; f) Que se trate de un delito grave. La Corte en sentencia de 26 de agosto de 1997, dentro de un caso muy similar al presente, expresó que "... Por otra parte, si se optara por una interpretación extensiva de la Ley 13 de 1994, se podría afirmar que la facultad otorgada a la máxima representación del Ministerio Público, no sólo se limita a las autorizaciones de grabación de las conversaciones telefónicas de aquellas personas sobre las cuales existen indicios de la comisión de delitos relacionados con drogas, sino también, por la comisión de un delito grave (art. 18), lo cual es discutible si se cae en la producción de una prueba ilícita". El Pleno, en sentencia de 19 de marzo de 1999, confirmó el criterio mantenido por esta Corporación en las dos sentencias anteriores, dentro de una acción de inconstitucionalidad, de gran similitud con el caso bajo estudio, presentada contra la frase "Salvo en los casos, en la forma y por las personas que autorice la Ley", contenida en el artículo 6 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la "Regulación de Telecomunicaciones en Panamá". Dicha norma es del tenor siguiente: "ARTICULO 6: Las telecomunicaciones son inviolables. No podrán ser interceptadas ni su contenido divulgado, salvo en los casos, en la forma y por las personas que autorice la Ley". Dentro de esa acción, la Corte concluyó que no era inconstitucional dicha norma, apoyándose en los criterios expuestos en párrafos precedentes. Frente a este tema atinente al Derecho a la intimidad y el debido proceso legal resulta imperante resaltar la relevancia que adquieren los medios utilizados para la obtención de la prueba, pues de ello va a depender la licitud o ilicitud de la prueba, punto sensitivo dentro de este tema que aquí analizamos. "Generalmente la prueba ilícita se relaciona con la ilicitud o ilegitimidad de los medios utilizados para obtenerla o aportarla al proceso: fuerza o violencia, tortura, o en violación al conjunto de normas que tutelan el derecho a la intimidad (facultad de la persona de aislarse, de buscar la soledad o el anonimato, de crear barreras frente a intromisiones no deseadas y de controlar la información sobre su persona o círculo íntimo familiar), y que comprenden, entre otros, la inviolabilidad del domicilio (art. 26 de la Constitución), de la correspondencia, demás documentos privados y de las comunicaciones telefónicas privadas (art. 29 de la Constitución) y protección del secreto. Este derecho a la intimidad, integrado realmente por una pluralidad de derechos, existe en Panamá, a partir de las normas constitucionales antes citadas (arts. 26 y 29) y, en virtud del art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 15 de 28, X, 1977, según el cual "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ..." (Arturo Hoyos, El Debido Proceso, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1998, págs. 82 y 83). En ese sentido, la Corte ha expresado que en el caso específico de proteger a los particulares contra las arbitrariedades que se puedan cometer contra el disfrute del derecho a la intimidad y dentro de ellos a la inviolabilidad de las conversaciones y comunicaciones telefónicas, consideramos oportuno y relevante destacar que la legitimidad de las restricciones o excepciones al disfrute de esos derechos, deben ser interpretadas de manera restrictiva como expresión misma del Estado de Derecho, y en todo caso deberán ser adecuadamente motivadas, por el carácter excepcional que tienen. En todo caso, el Organo Judicial podrá revisar, en cada supuesto de hecho específico, si la excepcional restricción al derecho a la intimidad se encuentra o no justificada, ponderando los bienes jurídicos protegidos. Ello puede hacerse al quedar habilitados los jueces, como garantes del derecho a la intimidad, para revisar si la prueba obtenida es o no lícita y, en caso de no serlo, si se ha infringido el derecho fundamental a la intimidad y la responsabilidad que incumbe al servidor público que ordenó o ejecutó la violación. Ante este escenario jurídico, las tres sentencias citadas confirman el criterio constitucional de este Alto Tribunal de justicia en esta materia. Como corolario de lo antes expresado, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 19 del Decreto Ejecutivo No. 21 de 12 de enero de 1996, por la cual se dicta el "Reglamento sobre la Operación del Servicio de Telefonía Móvil Celular" en la República de Panamá. Notifíquese y Cúmplase. (fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) JOSE MANUEL FAUNDES (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CARLOS H. CUESTAS Secretario General



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