Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

  Inicio  -  Busquedas  -  Presentación  -  Ayuda  -  Recortes de prensa 22 de Junio de 2017  

Idioma
Español
Português
Català
English
 




derechos
habeas data
datos personales
honor
imagen
intimidad
olvido

personas
fallecidas
figuras públicas
niños y adolescentes
personas morales

tipo de datos
ambiente laboral
electorales
historial crediticio
Internet
judiciales
medios
salud
telecomunicaciones
vigilancia

legislación
específica
relacionada
sectorial

doctrina



Países
RedIPD
Europa
las Américas
Andorra
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
el mundo
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
 
 
Países
 


.
derechos



   - habeas data (13)   - datos personales (15)
   - honor (13)   - imagen (9)
   - intimidad (24)   - olvido (17)

Ordenar por:  País -  Fecha

1 | 2 |

Europa [ 24 Noviembre 2011 ] [Tribunal de Justicia - Sala Tercera]  Sentencia en los asuntos acumulados C‑468/10 y C‑469/10    caché ES 

El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, para permitir el tratamiento de datos personales necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, exige, en el caso de que no exista consentimiento del interesado, no sólo que se respeten los derechos y libertades fundamentales de éste, sino además que dichos datos figuren en fuentes accesibles al público, excluyendo así de forma categórica y generalizada todo tratamiento de datos que no figuren en tales fuentes.

El artículo 7, letra f), de la Directiva 95/46 tiene efecto directo. 

 

Europa [ 09 Marzo 2010 ] [Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - Gran Sala] JUR 2010\58584    caché ES 

Independencia de las autoridades encargadas de garantizar la protección de datos

17. La apreciación del fundamento del presente recurso depende del alcance de la exigencia de independencia que establece el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 (LCEur 1995\2977) y, por tanto, de la interpretación del mismo. En este contexto, debe tenerse en cuenta tanto el tenor literal de dicho precepto como los objetivos y el sistema de la Directiva.

... el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: 1º Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 (LCEur 1995\2977), relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al someter a la tutela del Estado a las autoridades de control encargadas de vigilar en los diferentes Länder el tratamiento de datos personales efectuado por los organismos no públicos y las empresas públicas que compiten en el mercado (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen), y al haber adaptado así incorrectamente su normativa nacional a la exigencia de que dichas autoridades ejerzan sus funciones con «total independencia».

 

Europa [ 07 Mayo 2009 ] [Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - Gran Sala]  En el asunto C-553/07    caché ES 

Conservación de datos personales durante un año

El Sr. R. presentó una reclamación contra la resolución del College por la que se le denegaba la información sobre los destinatarios a los que se había comunicado información relativa a su persona durante el período inmediatamente anterior al año de presentación de su solicitud.

La citada reclamación se desestimó mediante resolución de 13 de febrero de 2006, por lo que el Sr. Rijkeboer interpuso un recurso ante el Rechtbank Rotterdam.

Ante esta situación, el Raad van State decidió suspender el procedimiento principal y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «La limitación legal de la comunicación de datos al año anterior a la solicitud, ¿es compatible con el artículo 12 […] letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos y a su libre circulación, interpretado en relación con el artículo 6, apartado 1, letra e), de la citada Directiva y con el principio de proporcionalidad?»

... el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 12, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, obliga a los Estados miembros a garantizar un derecho de acceso a la información sobre los destinatarios o categorías de destinatarios a quienes se comunican los datos y al contenido de la información comunicada, no sólo para el presente, sino también para el pasado. Corresponde a los Estados miembros fijar un plazo de conservación de dicha información, así como el acceso correlativo a ésta, guardando un justo equilibrio entre, por un lado, el interés del afectado en proteger su intimidad, concretamente a través de las distintas vías de intervención y de recurso previstas por la Directiva 95/46 y, por otro, la carga que la obligación de dicha información puede representar para el responsable del tratamiento.

Una normativa que limita la conservación de la información sobre los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos y el contenido de los datos transmitidos al período de un año, limitando correlativamente el acceso a dicha información, si bien los datos se conservan durante mucho más tiempo, no constituye un justo equilibrio entre el interés tutelado y la obligación discutida, a menos que pueda demostrarse que un período de conservación más largo constituiría una carga excesiva para el responsable del tratamiento. Corresponde al juez nacional efectuar las comprobaciones necesarias.

 

Europa [ 06 Noviembre 2003 ] [Tribunal de Justicia]  In re Bodil Lindqvist    caché ES 

No existe una «transferencia a un país tercero de datos» en el sentido del artículo 25 de la Directiva 95/46 cuando una persona que se encuentra en un Estado miembro difunde datos personales en una página web, almacenada por una persona física o jurídica que gestiona el sitio Internet en el que se puede consultar la página web que tiene su domicilio en el mismo Estado o en otro Estado miembro, de modo que dichos datos resultan accesibles a cualquier persona que se conecte a Internet, incluidas aquellas que se encuentren en países terceros.

 

Chile [ 30 Septiembre 2014 ] [Corte de Apelaciones de Santiago - Séptima Sala]  Servicio de Impuestos Internos v. N. A. R.    caché ES 

En lo relativo al evidente interés público que se deriva -según la entidad reclamada- de divulgar la información objeto del reclamo, llama la atención que la principal interesada en obtener esos datos, la requirente N. A. R., no haya comparecido en esta instancia ni haya efectuado algún alcance sobre el motivo de su requerimiento o señalado alguna razón que explique su deseo de contar con esos datos. Esto ya pone en tela de juicio el "evidente interés público" que a juicio del CPT tiene la información solicitada. Por otra parte, esa connotación es ajena a la normativa legal que debe ser aplicada en la especie y que rige la materia debatida, por lo que ese argumento puede ser ilustrativo para entender la función que cumple el CPT, pero en caso alguno es vinculante para este Tribunal de Alzada, ya que la resolución del reclamo de ilegalidad interpuesto contra una de sus decisiones sólo apunta a si se han aplicado bien o no las disposiciones legales que inciden en el caso concreto, por lo que esa alegación es irrelevante.

Ver: Rol C900-13

 

Colombia [ 16 Noviembre 2010 ] [Corte Constitucional - Sala Plena]  Sentencia C-913/10    caché ES 

Siguiendo de cerca los criterios expuestos en la sentencia C-646 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), en el referido fallo C-226 de 2008 esta corporación señaló que ese tipo normativo especial resulta necesario entre otros casos: i) cuando se trate de un asunto expresa y taxativamente incluido en el artículo 152 de la Constitución Política; ii) cuando se desarrollen y complementen los derechos fundamentales; iii) cuando la regulación de que se trata afecte el núcleo esencial de derechos fundamentales; iv) cuando la regulación que se haga de una materia sometida a la reserva de ley estatutaria sea integral, y v) cuando se trate de un mecanismo constitucional necesario e indispensable para la defensa y protección de un derecho fundamental.

Las labores de inteligencia y contrainteligencia causan afectaciones ciertas, aunque de diversa intensidad, a la intimidad de las personas y que siendo ésta un derecho fundamental, calidad que se extiende a todas sus distintas facetas, entre ellas el hábeas data, el desarrollo legislativo de esos temas está, al menos en principio, sujeto a la reserva de ley estatutaria.

El núcleo esencial del derecho a la intimidad, supone la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural

 

España [ 30 Noviembre 2000 ] [Tribunal Constitucional]  Sentencia 290/2000    caché ES 

la Generalidad de Cataluña aduce en su recurso que la LORTAD es inconstitucional por vulnerar el orden constitucional de reparto de competencias al atribuir al Estado competencias exclusivas en la ejecución de dicha Ley Orgánica sobre todos los ficheros de datos de titularidad privada y aquellos otros creados por la Administración Local, reservando a las Comunidades Autónomas únicamente las pertinentesrespecto de los ficheros creados por su propia Administración

FALLO: Desestimar los recursos interpuestos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y el Parlamento de Cataluña contra los arts. 24, 31 y 40.1 y 2 de dicha Ley Orgánica.

 

España [ 30 Noviembre 2000 ] [Tribunal Constitucional]  Sentencia 292/2000    caché ES 

El Defensor del Pueblo (art. 162 CE; art. 32 LOTC; arts. 5.4 y 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo), interpuso recurso de inconstitucionalidad contra incisos de los arts. 21.1 ("Comunicación de datos entre Administraciones Públicas") y 24.1 y 2 ("Otras excepciones a los derechos de los afectados") de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) por vulneración de los arts. 18.1 y 4 y 53.1 CE.

FALLO: Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia:

1º Declarar contrario a la Constitución y nulo el inciso "cuando la comunicación hubiere sido prevista por las disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su uso o" del apartado 1 del art. 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2º Declarar contrarios a la Constitución y nulos los incisos "impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las Administraciones públicas" y "o administrativas" del apartado 1 del art. 24, y todo su apartado 2, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

México [ 19 Octubre 2009 ] [Suprema Corte - Pleno]  Tesis: P. LXV/2009    caché ES 

DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución General de la República, están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser humano en toda su dignidad.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXV/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Ejecutoria:  Registro No. 22636

 

México [ 07 Junio 2007 ] [Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil - Primer Circuito]  Tesis: I.4o.C.27 K    caché ES 

INTIMIDAD Y DERECHO PROBATORIO. EN CASO DE COLISIÓN DE ESTOS DERECHOS FUNDAMENTALES, AQUÉL DEBE CEDER FRENTE A ÉSTE, PERO DE MANERA RACIONAL Y PROPORCIONAL.

Aplicando los postulados del principio de proporcionalidad, cuando en una contienda judicial colisionan el derecho del actor a probar su pretensión, con el derecho del demandado a proteger su intimidad, éste debe ceder frente aquél, por ser de mayor densidad la garantía de debido proceso que la privacidad de las personas. Efectivamente, el Estado de derecho supone un esquema en el que se encuentra prohibida la justicia por propia mano y en donde las controversias se dirimen ante los tribunales competentes. En este sentido la oportunidad de ofrecer pruebas constituye una formalidad esencial de la garantía al debido proceso legal, lo que a su vez se inscribe como una de las cláusulas esenciales para que el Estado pueda administrar justicia de manera eficaz y desaliente a los particulares de hacerla por propia mano. Visto de esta manera, la garantía al debido proceso supone un interés general y constituye un pilar fundamental para la correcta administración de justicia. Ante ello, sin menoscabo de su gran importancia, debe ceder el derecho a la intimidad. Sin embargo, la intervención estatal, en todo caso, debe tratar de proteger en la medida de lo posible la privacidad de las personas. En otras palabras, si bien se justifica la intervención del Estado en la intimidad de las personas y en obsequio al derecho probatorio, dicha intervención debe autorizarse sólo cuando sea necesaria y estrictamente en la medida que sea necesaria.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 265/2006. Javier Quijano Baz. 7 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Martín Contreras García.

 



Sitio patrocinado por 

IIJUSTICIA

un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho