Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Europa [ 09 Junio 2011 ] [Holanda - College bescherming persoonsgegevens]  Decisión z2011-00054    caché ES 

Un grupo de estudiantes utilizando una clínica legal presentaron un reclamo ante la College bescherming persoonsgegevens (CBP)(Autoridad de Protección de Datos) considerando que las tarjetas inteligentes para uso de trasportes públicos acumulaban datos personales innecesarios y por un periodo excesivo.

CBP ha determinado que la GVB, por medio de la utilización de la tarjeta inteligente guarda y trata datos de carácter personal durante y después de cada viaje de los estudiantes. En virtud del artículo 6 conjuntamente con el párrafo 10 del Ley de Protección de Datos, los datos personales no deben ser guardados por un período no superior al necesario para la realización los fines para los que fueron recogidos o sucesivamente tratados.

CBP sin embargo, observó que GVB ha establecido ahora los períodos de retención, si bien a esta fecha aún no se han puesto en práctica estos períodos de retención. CBP concluye que GVB todavía actúa contrario al artículo 6 conjuntamente con el párrafo 10 de la Ley de Protección de Datos. CBP, y que en virtud del artículo 65 Ley de Protección de Datos está facultada para imponer sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones impuestas por o bajo la Ley.

Se imponen a GVB obligaciones: plazos máximos de retención entre 6 y 24 meses (según se trate de reclamaciones o reembolsos, o fines fiscales). Los datos deben ser anonimizados.

Se impone una multa de € 5.000 (cinco mil euros), por cada semana o parte de la misma en el que la GVB incumpla la medida en su totalidad. Se establece un máximo de € 250.000 para las sanciones acumuladas.

[25 Noviembre 2011] Decisión de la apelación: No obstante la CBP entiende que las objeciones de los estudiantes son injustificadas, mantiene la decisión atacada entendiendo que las objeciones están satisfechas con los argumentos de la presente decisión. La CBP rechaza la demanda por compensación de gastos.

 

Argentina [ 20 Octubre 2011 ] [C?mara Federal de Apelaciones de Bah?a Blanca] N.E.C. y R.D.P., apelaci?n de auto de procesamiento    caché ES 

La ley 25.326 establece que tiene por objeto “la protección integral de los datos personales (...) para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas ...”.  No ha sido concebida para proteger los datos per se, sino a su fundamento, que es la protección de una parte sustancial del derecho a la intimidad, la que se refiere a la información individual.

Entendido como el poder concedido a la persona sobre el conjunto de actividades que forman su círculo íntimo, personal y familiar, que permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee.

En tanto la huella dactilar sólo permite identificar una persona, sin brindar ningún tipo de información sobre su vida privada, no se advierte de qué manera viola el derecho a la intimidad.

A ello se suma que el ibíd.: 23–2, establece que “(e)l tratamiento de datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas a aquéllos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la represión de los delitos...”. Estos datos pueden mantenerse vigentes en tanto sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento (ibíd.: 23–3).

Tampoco se ve afectada la garantía constitucional que prescribe que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni se viola el principio de inocencia.

 

Argentina [ 02 Octubre 2009 ] [C?mara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala G]  L., J.L vs. L., N.A.    caché ES 

La sentencia  hizo lugar a la demanda de impugnación de paternidad matrimonial  y dejó sin efecto la filiación paterna establecida en la correspondiente partida de nacimiento, sobre la base del estudio del polimorfismo de ADN practicado se había concluido que no podía ser padre biológico quien resultaba ser demandado, disponiéndose el cambio de apellido. El fiscal apela sobre el fundamento que  apellido sólo puede modificarse en situaciones verdaderamente excepcionales y que tal cambio debe fundarse en intereses materiales o espirituales del sujeto que aspira a ello. El actor  ha requerido -y la sentencia recurrida ha admitido- que se anteponga el vocablo J. al apellido L. invocando que todos lo conocen con ese apellido (J.), explicando que desde pequeño fue conocido con el "seudónimo" de J. La Cámara revoca el fallo por considerar que el prolongado uso de un nombre o apellido no basta para justificar, por sí, la modificación del que corresponde , además porque el vocablo por el que procura trocar su apellido es un apodo o un apelativo familiar, respecto del cual no se ha demostrado que constituya un seudónimo, ni menos aun, que en tal caso, hubiera adquirido la notoriedad que pretende.

 

Brasil [ 28 Agosto 2015 ] [Rio Grande do Sul - 16ª Vara Cível de Porto Alegre] Ministerio Público v. Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas    cache PO 

a) determinar que a ré cancele, no prazo de 30 dias, o registro de consumidores que não tenham expressamente autorizado a inserção de seus dados cadastrais e informações pessoais no banco de dados de responsabilidade da ré, sob pena de multa de R$ 100,00, por cada exclusão descumprida, a ser revertida para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados;

b) determinar que a ré se abstenha de registrar e/ou divulgar e/ou comercializar dados cadastrais e informações pessoais de consumidores, sem prévia autorização destes, sob pena de multa de R$ 200,00 por cada descumprimento, a ser revertida para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados.

c) condenar a ré genericamente e mediante apuração em liquidação de sentença ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados aos consumidores individualmente considerados, e lesados em decorrência da divulgação e comercialização de seus dados cadastrais, sem prévia autorização, cujas quantias deverão ser corrigidas monetariamente pelo IGP-M, e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação;

d) condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigida pelo IGP-M desde a data desta sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Tal valor deverá ser revertido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (art. 13 da Lei 7.347/85).

e) determinar que, para ciência da presente decisão aos interessados, deverá a demandada publicar - duas vezes, em intervalo de dez dias - às suas expensas, no prazo de 15 dias após o transito em julgado da sentença, às suas custas, nos jornais Zero Hora, O Sul, Correio do Povo, Jornal do Comércio e Diário Gaúcho, nas dimensões de 15cm x 15cm, a parte dispositiva da sentença condenatória.

 

Chile [ 10 Abril 2006 ] [Corte de Apelaciones de Santiago - Tercera Sala]  Rol N? 981-2006    caché ES 

Pseudónimo. Revelación de identidad de personas tras el personaje. Límite de los medios de comunicación

 

Colombia [ 02 Septiembre 2013 ] [Corte Constitucional]  In re Eonaclaires Titaniamoon Venusedanas Artemissund    caché ES 

Cambio de nombre como expresión de individualidad - Se dispone TUTELAR el derecho al nombre del accionante. INAPLICAR en este caso el artículo 94 del Decreto Ley 1260 de 1970

 

Colombia [ 09 Mayo 2013 ] [Corte Constitucional]  Sentencia C-274/13    

... en la que la Corte decide sobre la exequibilidad del Proyecto de la Ley Estatutaria de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

... el artículo 18 será declarado exequible, en el entendido que la expresión “, en concordancia con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011” del literal a) del artículo 18 del proyecto, será remplazada por la norma estatutaria que se expida, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-818 de 2011. En relación con el parágrafo del artículo 18, se declarará la exequibilidad condicionada de la expresión “duración ilimitada”, en el entendido de que se sujetará al término de protección legal.

En cuanto el listado de intereses públicos protegidos señalados en los literales del artículo 19, a la luz de lo dicho previamente, a pesar de la aparente generalidad de los términos empleados por el legislador estatutario para su consagración, la posibilidad de que tales intereses en concreto den lugar a una prohibición de publicidad o al establecimiento de una reserva depende en todo caso de que dicha restricción obedezca a un interés legítimo e imperioso y no exista otro medio menos restrictivo para garantizar dicho interés. No sobra resaltar que la aplicación de la reserva en estas materias, debe estar expresamente consagrada en la ley o en la Constitución, en términos precisos; (i) y motivarse en cada caso concreto (ii) que existe un riesgo real, probable y específico de dañar el interés protegido, y (iii) que el daño que puede producirse sea significativo, si se autoriza el acceso a esa información. En otras palabras, el acceso se limita a la información calificada como reservada, no a las razones de la reserva, que son públicas y objeto de control y de debate. Por lo anterior, la Corte declarará exequible el artículo 19, en el entendido de que la norma legal que establezca la prohibición del acceso a la información debe (i) obedecer a un fin constitucionalmente legítimo e imperioso; y ii) no existir otro medio menos restrictivo para lograr dicho fin. Restringir el acceso a una información no es una función discrecional, sino restringida, necesaria y controlable.

Sobre el "interés público" pueden verse complementariamente otras sentencias de la Corte (que no versan sobre protección de datos): C-053-01T-551-92

 

España [ 17 Marzo 2010 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia STS 1450/2010    caché ES 

Recogida de datos de boletines oficiales de forma engañosa - El hecho de que no se haya podido determinar la forma concreta en que lasociedad actora -añade la sentencia- logró acceder a los datos existentes en dichos expedientes, carece de trascendencia a la vista de lo expuesto. Si la sociedad demandante hubiera alegado cuál era la auténtica finalidad que perseguía con el acceso a los expedientes, dicho acceso le hubiera sido denegado por no ostentar la condición de interesada. Por ello, la obtención de los datos personales existentes en los citados expedientes, se tuvo que producir inexorablemente de forma engañosa o fraudulenta, y como tal debe ser calificada a los efectos de la concreta conducta típica enjuiciada y desde la perspectiva del ámbito de protección de datos en el que nos hallamos.

 

Honduras [ 26 Marzo 2008 ] [Instituto de Acceso a la Informaci?n P?blica] Resoluci?n 22-2008    caché ES 

Considerar como objeto de clasificación como reservada la información que a continuación se detalla: Información sobre el personal que labora y sobre el que está en custodia la Secretaría de Seguridad: a) Hoja de servicios, b) Expedientes clínicos, c) Certificación de estudios, d) Padrón fotográfico de las personas que se encuentran en la base de datos de la Secretaría de Seguridad, e) Información personal de los ofendidos (denunciantes); contenido de las denuncias, f) Información personal de las víctimas o testigos que pudiese poner en precario su seguridad, su honor o su intimidad personal o familiar, g) Información personal de las personas investigadas, h) Información personal de las personas que realizan las investigaciones, i) Información personal de los informantes y colaboradores que proporcionan información para la investigación de casos policiales, j) Información personal del funcionario policial o policía con su lugar de asignación y residencia que conforma la Secretaría de Seguridad, k) Instrumentos de identificación, l) Información personal de los ciudadanos, contenidas en las diferentes bases de datos, o concentrada en los sistemas de información, m) Información personal de los distintos operadores de justicia que han intervenido en los distintos niveles del proceso penal, como ser Policías, Agentes de Investigación Criminal de la Dirección General de Investigación y del Ministerio Público, Fiscales, Defensores Públicos y Jueces, n) Información personal de los menores de edad detenidos o en riesgo social, ñ) Información sobre el registro de personas con licencia suspendida por incurrir en accidentes de tráfico, o por la aplicación en su caso de la Ley de Embriaguez Habitual, o) Nombres y fotografías de los privados de libertad, los perjudicados por los mismos, p) Listados de enfermedades con nombres de los privados de libertad.

 

México [ 01 Octubre 2009 ] [Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa - Primer Circuito] Tesis Aislada: I.4o.A.688 A    caché ES 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. AL RESOLVER LA OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO A UNA SOLICITUD DE ACCESO A SUS DATOS PERSONALES, LA AUTORIDAD DEBE EXPLICAR, DE CONSIDERARLA FUNDADA, POR QUÉ ESTIMA QUE LA DIFUSIÓN DE ÉSTOS DAÑA INNECESARIAMENTE A LA PERSONA O, EN CASO CONTRARIO, CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE CON ELLO SE GENERAN AL INTERÉS

PÚBLICO. De los artículos 24, 25, 40 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 40 y 41 de su reglamento, se advierte la posibilidad de que el titular de la información (en su carácter de tercero interesado) se oponga ante la autoridad, dependencia o entidad, a una solicitud de acceso a sus datos personales y alegue lo que a su derecho convenga, ya sea en la primera etapa de ese procedimiento -que se desarrolla ante la unidad de enlace correspondiente-, o en la segunda al tramitarse el recurso de revisión. Así, el ejercicio de la garantía de audiencia, en ambas etapas, tiene como propósito que la resolución sobre acceso a información pública cumpla con las formalidades previstas en los ordenamientos mencionados, necesarias para oír en defensa al tercero titular de la información afectado quien puede manifestar su conformidad u oposición con la divulgación de la información, en el entendido que en el último caso deberá demostrar que la divulgación anotada genera un daño específico al valor jurídicamente protegido. De lo anterior se concluye que al resolver la oposición del tercero interesado a una solicitud de acceso a sus datos personales, la autoridad debe explicar, de considerarla fundada, por qué estima que la difusión de éstos daña innecesariamente a la persona, lo cual justificaría clasificar la información como reservada o confidencial o, en caso contrario, cuáles son los beneficios que con ello se generan al interés público para que ciertos datos sean difundidos a pesar de la afectación a los secretos tutelados.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 248/2009. Promotora Azucarera, S.A. de C.V. 1o. de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

 



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