Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Europa [ 13 Mayo 2014 ] [Tribunal de Justicia - Glan Sala]  Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González    caché ES 

el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) El artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d).

2) El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que se lleva a cabo un tratamiento de datos personales en el marco de las actividades de un establecimiento del responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se dirige a los habitantes de este Estado miembro.

3) Los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, para respetar los derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

4) Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46 deben interpretarse en el sentido de que, al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en acceder a la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate.

Ver:

España [ 14 Septiembre 2015 ] [Agencia Española de Protección de Datos] Resolución 2179/2015 

Argentina [ 28 Octubre 2014 ] [Corte Suprema] María Belén Rodríguez v. Google Inc., daños y perjuicios 

Colombia [ 12 Mayo 2015 ] [Corte Constitucional] Sentencia T-277/15 

Brasil [ 24 Septiembre 2014 ] [Supremo Tribunal de Justiça] Maria da Graça Xuxa Meneghel v. Google Brasil 

Ver Recortes de Prensa:

Europa [The Telegraph, 03 Septiembre 2015] [Reino Unido] Telegraph stories affected by EU 'right to be forgotten'  

Europa [BBC, 25 Junio 2015] [Reino Unido] List of BBC web pages which have been removed from Google's search results

 

Europa [ 16 Marzo 2016 ] [Francia - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés]  Délibération de la formation restreinte Nro 2016-054    

Impone una multa de 100.000 € a Google Inc., al no haber atendido el requerimiento previo de la CNIL de extender la desindexación a todos los dominios del buscador.

 

Argentina [ 28 Octubre 2014 ] [Corte Suprema]  María Belén Rodríguez v. Google Inc., daños y perjuicios    caché ES 

La mayoría, integrada por Highton, Fayt y Zaffaroni, equipara los buscadores de internet a los medios de comunicación en general y dice que sólo podría haber responsabilidad en casos excepcionales. Esa responsabilidad surge cuando el buscador no actuare diligentemente a partir del efectivo conocimiento de la ilicitud del contenido. En ausencia de una regulación legal específica, la comunicación debe provenir de autoridad competente, salvo en casos de ilicitud manifiesta, como por ejemplo, pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que pongan en peligro la integridad física de las personas, que hagan apología del genocidio, racismo u otra discriminación, con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, etc.. En estos casos es suficiente que el damnificado curse una notificación privada al buscador.

Por otro lado, dejaron sin efecto la condena a Google Inc. por la utilización de la imagen de la actora, por considerar la conducta del buscador consiste en una simple recopilación automática de thumbnails –vistas en miniaturas de fotografías de muy baja resolución-que solo tiene por finalidad permitir a los usuarios acceder a las páginas de Internet que contienen las imágenes originales.

Ante el pedido de que se eliminen definitivamente las vinculaciones de su nombre e imagen con sitios y actividades de contenido sexual, erótico y/o pornográfico a través de Google, la mayoría consideró que en estos casos es improcedente establecer una tutela preventiva que obligue a Google a fijar filtros o bloqueos de vinculaciones para el futuro.

 

Argentina [ 08 Noviembre 2011 ] [Corte Suprema]  Carlos Alberto Napoli v. Citibank N.A.    caché ES 

Cabe confirmar la sentencia que dispuso que la entidad financiera demandada cancele la información que luce en sus registros referente al actor —deudas por saldo impago de tarjeta de crédito— y comunique tal circunstancia al Banco Central de la República Argentina a los efectos que sea dado de baja en la central de deudores del sistema financiero, pues no resulta del texto de la ley 25.326 —ni puede inferirse de su génesis— que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible por no haberse operado a su respecto la prescripción, si precisamente la intención del legislador ha sido consagrar un plazo más breve que el que se había sugerido originariamente (de 10 años), y que había obedecido a la finalidad de hacerlo coincidir con el plazo de prescripción.

Del texto del artículo 26 del decreto 1558/01, en relación a las obligaciones que no han sido extinguidas, surge que el plazo de cinco años, durante el cual se puede archivar la información, debe ser contado “...a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, y la imprecisión o poca claridad que exhibe dicha norma reglamentaria —cuya constitucionalidad no ha sido impugnada— acerca del momento en que comienza a correr aquel plazo, debe subsanarse mediante una interpretación que, sin excluir su literalidad, se ajuste estrictamente a la voluntad del legislador que dictó la ley 25.326, evitándose toda inteligencia que en los hechos implique una postergación sine die, o una excesiva tardanza en el inicio del cómputo del plazo que se examina, puesto que ello se opone al declarado propósito de lograr una reinserción del afectado en el circuito comercial o financiero.

Cuando el artículo 26 del decreto 1558/01 fija como hito, “la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible”, esta expresión debe ser entendida como el último dato —en su sentido cronológico— que ha ingresado al archivo, registro o base de datos, en la medida en que, como reza el artículo 26 de la ley 25.326, se trate de datos 134 Corte Suprema de Justicia de la Nación - Secretaría de Jurisprudencia “significativos” para evaluar la solvencia económica-financiera de los afectados”, no pudiendo considerarse como última información archivada, la asentada en un registro por el solo hecho de ser la constancia final de una serie o sucesión de datos, si —como en el caso— se trata de una mera repetición de la misma información que, sin novedad o aditamento alguno, ha sido archivada durante los meses o años anteriores.

Dado que al inicio de la acción de hábeas data se hallaba superado el plazo de cinco años previsto en el artículo 26 del decreto 1558/01 —reglamentario de la ley 25.326—, desde la fecha en que se consignó que la actora se encontraba en “situación 5” por transcurrir un año desde que las respectivas deudas de tarjeta de crédito se hicieran exigibles, corresponde suprimir dicha información de la Central de Deudores del Sistema Financiero, debiendo la demandada solicitar al Banco Central de la República Argentina que practique las modificaciones necesarias en tal sentido en la referida base de datos, en los términos de lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo del decreto aludido, pero el cumplimiento de este mandato no tendrá el efecto de impedir al Banco Central la preservación de esos datos fuera del acceso público, así como su utilización para el cumplimiento de sus deberes de supervisión y control sobre las entidades financieras, como tampoco ha de interferir en la observación de las directivas técnicas concernientes a la previsión que deben hacer las entidades financieras en respaldo de sus activos.

 

Argentina [ 08 Noviembre 2011 ] [Corte Suprema]  Américo Marcial Catania v. BCRA (Base de Datos) sobre hábeas data    caché ES 

Cabe revocar la sentencia que rechazó la acción de hábeas data deducida contra el Banco Central de la República Argentina y a la entidad bancaria que le comunicó la información adversa relativa a su condición de deudor incobrable, con el objeto de que este último brinde adecuada información acerca de los datos que envía a aquella entidad en relación con la Central de Deudores del Sistema Financiero y que se elimine la información de morosidad, fundando el pedido en el articulo 43 de la Constitución Nacional y artículo 26, inciso 4º, de la ley 25.326, pues la ley ha consagrado el derecho del afectado a exigir que —transcurrido cierto tiempo— los datos significativos para evaluar su solvencia económica-financiera no sean mantenidos en las bases de datos ni difundidos, con el objeto de que el individuo no quede sujeto indefinidamente a una indagación sobre su pasado. 144 Corte Suprema de Justicia de la Nación - Secretaría de Jurisprudencia -

Resulta incorrecta la interpretación de la cámara en el sentido de negar la aplicación del art. 26, punto 4, de la ley 25.326 a la acción de hábeas data iniciada por el actor a fin de que se elimine la información sobre su carácter de deudor incobrable sobre la base de considerar que las deudas eran aun exigibles por no haberse cumplido con el pago respectivo y no haber transcurrido el plazo de prescripción que pudiera liberarlo de su carácter de deudor, ya que no resulta del texto de la ley —ni puede inferirse de su génesis— que el plazo de cinco años deba quedar pospuesto mientras la deuda sea exigible, habiendo sido la intención del legislador consagrar un plazo más breve (de 5 años) que el originariamente propuesto (de 10 años) y que había respondido al propósito de hacerlo coincidir con el plazo de prescripción.

 

Argentina [ 13 Agosto 2008 ] [C?mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial]  L.R. vs. Banco Superville S.A.    caché ES 

Cabe admitir el reclamo y ordenar la supresión de la base de datos del banco, de los datos personales de la accionante referido a su situación económica financiera relacionados con una deuda declarada prescripta, toda vez que, la ley 25326: 26-4º contempla dos alternativas respecto al "derecho al olvido": la caducidad en cinco años, o en dos cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, contándose el plazo de cinco años a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible (decreto 1558/01 -reglamentario de la ley-); ello así, no cabe tomar el plazo de dos años como pretende la accionante con fundamento en que la deuda se encontraba prescripta, pues la referida norma alude a la extinción de la deuda, y la prescripción no la extingue sino que la convierte en obligación natural (cciv: 515-29º), además tampoco se encuentra incluida la prescripción dentro de los modos de extinción (CCiv: 724; LLambias, J. J., "Tratado de derecho civil. obligaciones", t. ii, nº747-749 t 768-770 y t. III Nº 2004/5, ED. A. Perrot, 1973); con lo cual, el plazo aplicable es el de cinco años; de modo que, encontrándose cumplido ya este plazo, sólo cabe ordenar la supresión de datos cuestionada.

 

Brasil [ 12 Agosto 2015 ] [São Paulo - Tribunal de Justiça]  Google Brasil Internet v. Thamires Furlan    

Internet. Videos ofensivos à imagem da Autora. Sentença condenatória em obrigação de fazer.  Inconformismo. Impossibilidade de se impedir novas i inserções do vídeo. Sentença parcialmente reformada.

Caracteriza censura prévia e atenta contra as leis da física e a liberdade de expressão comando judicial que obriga a Google a fazer monitoramento prévio daquilo que poderá vir a ser postado por seus usuários, a fim de se evitar reinserção de vídeo ofensivo. Obrigação de impossível cumprimento, substituída pela obrigação de proceder a retirada do vídeo em 24 horas, caso volte a ser postado, desde que notificado pela autora, nos termos do artigo 19, da Lei nº 12.965/14. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.

"Nessa esteira, o que se pode determinar, como razoável, ao abrigo da norma do artigo 461, §5º do CPC, é que a apelante proceda, no prazo de 24 horas, a retirada do vídeo, caso ele volte a ser novamente postado, desde que notificada pela apelada e a contar de tal notificação, sob pena de multa de R$500,00 por dia de atraso, nos termos do artigo 19, da Lei 12.965/14."

 

Brasil [ 24 Septiembre 2014 ] [Supremo Tribunal de Justiça]  Maria da Graça Xuxa Meneghel v. Google Brasil    

Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na ‘web’, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 220, § 1º, da Constituição Federal de 1988, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

O Supremo Tribunal Federal - Segunda Turma, decidiu manter a desição, ver:  [15 Setembro 2015] Acordo RCL 15955 A GR/RJ: A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator.

 

Colombia [ 12 Mayo 2015 ] [Corte Constitucional]  Sentencia T-277/15    caché ES 

[los hechos] El diario El Tiempo publica en 2000 una noticia sobre un proceso penal en el que la Fiscalía vincula a la actora (que es agente de viajes, y que se le había vendido pasajes a una red de trata de personas). La acción penal prescribió, pero la noticia sigue accesible en el periódico en Internet. Solicitó la eliminación del contenido, sin haber recibido hasta el momento una respuesta satisfactoria, pues el medio sostiene que la noticia es veraz e imparcial. Solicita “bajar y borrar de todos los motores de búsqueda disponibles y, específicamente, de Google” (buscador de imágenes).

Se resuelve: ORDENAR a la Casa Editorial El Tiempo que actualice la información publicada en su página web respecto a los hechos que relacionan a la accionante con el delito de trata de personas, de tal manera que se informe que la misma no fue vencida en juicio. De igual forma, se dispone ORDENAR a la Casa Editorial el Tiempo que, por medio de la herramienta técnica “robots.txt”, “metatags” u otra similar, neutralice la posibilidad de libre acceso a la noticia “Empresa de Trata de Blancas” a partir de la mera digitación del nombre de la accionante en los buscadores de internet.

 

Colombia [ 08 Marzo 2010 ] [Corte Constitucional]  Sentencia T-164/10    caché ES 

... en la Sentencia T-414 de 1992, que el dato personal, en razón a los principios de oportunidad, necesidad y veracidad, está sujeto a “una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de personas virtuales que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales.”

Así, concluyó que “las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido.”

 



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