Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Argentina [ 14 Abril 2005 ] [C?mara Nacional Electoral] Susana T. S?nchez Morteo, coapoderada del Partido Nacionalista Constitucional - queja    caché ES 

Según el fallo de la Cámara Nacional Electoral se pueden publicar los padrones de afiliados a los partidos políticos, porque la revelación de esos datos no está prohibida por laley 25.326 de protección de datos personales ni lesiona la privacidad del registrado, ya que la afiliación es un acto voluntario del ciudadano el cual se perfecciona con la admisión de la agrupación política. 

 

España [ 18 Diciembre 2009 ] [Juzgado de lo Penal n? 16 de Madrid]  Sentencia 531/09    caché ES 

La sentencia se refiere a la publicación por parte de la Cadena Ser y de la página web www.cadenaser.com de un listado con los nombres de una serie de personas afiliadas irregularmente al Partido Popular en la localidad de Villaviciosa de Odón. Determina que los hechos relatados son constitutivos de un delito de revelación de secretos del artículo 197, del Código Penal,

La defensa alegó que los acusados actuaron en el ejercicio de su derecho de comunicar libremente información veraz (art.20.1 CE) y que tal información era de interés general, que debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad y que, por aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal, su conducta no debe ser castigada. Sin embargo, en opinión del Tribunal se produjo una divulgación de datos personales, aunque se tratara de información de conocimiento público.

El derecho a la protección de datos también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, son accesibles al conocimiento de cualquiera, pero que no escapan al poder de disposición de sus titulares.

Se condena a un año y nueve meses de prisión, y a la inhabilitación para el ejercicio del periodismo, como autores de un delito de "revelación de secretos"

 

España [ 15 Diciembre 2006 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia de 15 de diciembre de 2006    caché ES 

Utilización de los datos del censo electoral y cesión de datos para la realización de una actuación específica con posterior devolución de los mismos al cedente - Se recoge en la resolución recurrida que "ha quedado acreditado en el expediente administrativo, la utilización por parte de “ENTIDAD A”, de los datos del denunciante, datos que en principio y si bien no son prueba plena, constituyen un indicio de la utilización de los datos censales y del padrón municipal, ya que contienen errores que, tal y como consta en el expediente, únicamente existían en el Censo electoral y en el Padrón municipal. “ENTIDAD A” declara que el origen de los datos relativos al denunciante y contenidos en el denominado 'Fichero .............' se obtuvieron de la empresa “ENTIDAD E”. El contrato aportado por la parte corrobora esta afirmación pero en el mismo se especifica que el objeto de la compra son etiquetas para acciones puntuales de venta por correo. En la documentación que se recogió en la inspección realizada el 6 de febrero de 1995 a “ENTIDAD A” y que consta en el acta levantada por los inspectores que la efectuaron, se comprueba que aparecen más datos que los estrictamente necesario para la venta por correo, es decir, más datos que los que puede contener una "etiqueta para acciones puntuales". Existen datos que sólo han podido ser recogidos del padrón municipal y que comparados con éste coinciden, Sección censal, número de elementos de la familia, distrito municipal o que aluden directamente al censo, como el campo denominado "..............". Además de éstos, también se incluye la fecha de nacimiento, nivel de educación, nivel de renta, que están completos en el registro referente a D. ................... Respecto a la cesión de los datos personales del Fichero ............ y en concreto, los referentes al denunciante, a otras personas tales como .............. u “ENTIDAD D” ha sido reconocida tanto en el momento de la inspección como a lo largo del procedimiento, por lo que la falta de consentimiento del afectado para ceder sus datos se confirma».

Fallo: No ha lugar al recurso de casación

 

España [ 25 Enero 2006 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia 25 de enero de 2006    caché ES 

Tratamiento de datos de ideología política - El presente recurso de casación interpuesto en nombre y representación de “ENTIDAD A “, contra la Sentencia de 28 de septiembre de 2001 de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia Nacional, sobre sanción de multa de 50.000.00 pts impuesta por la Agencia de Protección de Datos.

En el mes de marzo de 1999, Don N.N., Director del Gabinete del Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, recibe en su lugar de trabajo un envío publicitario remitido por el Hotel Ciudad de Vitoria, invitándole a una fiesta. 2.- En el sobre de la invitación aparece el nombre, apellido, dirección profesional y las siglas "PNV". 3.- La entidad recurrente y propietaria del hotel que envió la invitación es la titular del fichero automatizado denominado "Mailing98.MDB" y "Mailing.MDB". 4.- En estos ficheros aparecen registrados los siguientes datos del denunciante ante la Agencia de Protección de Datos, D. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nombre, apellidos, cargo, partido, institución y domicilio laboral. 5.- En la guía de comunicación del Gobierno Vasco constan los datos del citado denunciante referentes a su nombre, apellidos, cargo, dirección profesional y de correo electróníco y teléfono. 6.- El nombramiento del denunciante ante la Agencia de Protección de Datos como Director del Gabinete del Viceconsejero de Seguridad, se produjo por Decreto 476/19991, de 30 de agosto, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 6 de septiembre de 1991.»

Fallo: No ha lugar al recurso de casación

 

España [ 31 Marzo 2005 ] [Tribunal Constitucional - Sala Segunda]  Sentencia STC 068/2005    caché ES 

Recurso de amparo electoral 2147-2005. Promovido por la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG) en los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya respecto de la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló los Acuerdos de las Juntas Electorales de proclamación de sus candidaturas en las elecciones al Parlamento Vasco.

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con garantías, a la defensa y a la prueba; a participar en los asuntos públicos, a la libertad ideológica y a la intimidad: perentoriedad de los recursos electorales y rechazo razonado de pruebas; prueba sobre garantías de la intervención de comunicaciones de un preso; datos personales de los avalistas; agrupación electoral que de hecho continúa o sucede la actividad de un partido político ilegal (SSTC 85/2003 y 99/2004).

 

España [ 23 Septiembre 2002 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia de 23 de septiembre de 2002    caché ES 

Utilización de datos de las listas del censo electoral -  ... sostiene la parte recurrente que la sentencia recurrida incurre en infracción del Ordenamiento Jurídico, y más concretamente, conculca por aplicación indebida lo dispuesto en los artículos 6 y 29 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación Automatizada de los Datos de Carácter Personal, 41 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 1.3 del Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrolla la mencionada Ley Orgánica 5/1992, en relación con el artículo 25 de la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto interpreta el citado precepto y que resulta de aplicación al caso, así como el artículo 9.3 de la señalada Norma Fundamental, y al hilo y desarrollo de este planteamiento jurídico, considera, en esencia, que a la fecha en que se inició el procedimiento sancionador, el tratamiento de los datos del censo electoral no estaba sujeto al previo consentimiento de los afectados cuando aquellos hubieran sido obtenidos por sociedades dedicadas a la publicidad, pues sólo están sujetas a las limitaciones que las establecidas en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

La parte recurrente, partiendo de la premisa de que el artículo 39.3 de la Ley de Comercio Minorista contiene una declaración general de accesibilidad al público respecto del nombre, apellidos y domicilio de las personas que figuran en el censo electoral, considera que las empresas dedicadas a publicidad y a la venta directa tienen derecho a obtener determinados datos del censo electoral a fin de desarrollar sus legítimas actividades, ya que los datos de carácter personal provenientes del censo electoral se utilizaron en el momento de la elaboración de aquel, en el que los datos de los electores son expuestos al público y, consiguientemente, son susceptibles de ser conocidos por cualquier persona, pues durante este período los datos electorales son accesibles al público, puesto que se encuentran, según el artículo 1.3 del Real Decreto 1332/1994, «a disposición del público en general» y, por consiguiente, eran aplicables las normas de la Ley Orgánica 5/1992, que autorizan el uso de tales datos sin necesidad de obtener el consentimiento previo de los afectados.

Fallo: no a lugar.

 

México [ 30 Septiembre 2009 ] [Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación]  Partido Revolucionario Institucional vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral - Tesis XXVII    

PADRÓN DE AFILIADOS Y MILITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA INFORMACIÓN DE QUIENES LO INTEGRAN NO ES CONFIDENCIAL.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin primordial es promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, de acuerdo con los principios ideológicos de carácter político, económico y social que proclaman; y los datos concernientes a la información de una persona física, identificada o identificable, tienen el carácter de confidenciales, entre otros, su ideología política. Sin embargo, esto no implica que la información correspondiente al nombre, entidad y municipio de quienes integran el padrón de afiliados y militantes de los partidos políticos, deba entenderse confidencial aunque el primero permita suponer la ideología política de aquellos, pues aun cuando pueda presumirse que comparten la del partido político al que pertenecen, al externar su voluntad de integrarse a una entidad de interés público, dicha manifestación se traslada del ámbito privado al público, por lo que ya no existe razón legal para considerarla confidencial.

Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-137/2008.-Actor: Partido Revolucionario Institucional.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-18 de septiembre de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-8/2009.-Actor: Carlos Alberto Navarrete Ulloa.-Autoridad responsable: Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral.-28 de enero de 2009.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos López.-Secretarios: Aurora Rojas Bonilla, María Cecilia Guevara y Herrera, Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza Cervantes.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 65 y 66.

 

Perú [ 15 Agosto 2011 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera]  Expediente 01352-2011, habeas data    caché ES 

Mediante la demanda de hábeas data de autos el actor persigue que el Colegio de Abogados de Arequipa le informe si los abogados de la relación que presenta: a) han votado en las elecciones del 12 de diciembre de 2009 del Colegio de Abogados de Arequipa; b) si están o no en el padrón electoral; y, c) si están o no colegiados. 

En el caso de autos, al ser el Colegio de Abogados de Arequipa una institución autónoma con personalidad de derecho público (artículo 20º de la Constitución), se encuentra obligada a proveer la información requerida, salvo supuestos excepcionales.

Declarar FUNDADA, en parte, la demanda y en consecuencia, ordenar al Colegio de Abogados de Arequipa que informe al recurrente si los abogados de la relación que presenta a) han votado en las elecciones del 12 de diciembre de 2009 del Colegio de Abogados de Arequipa; b) si están o no en el padrón electoral; y, c) si están o no colegiados.

 

Venezuela [ 02 Abril 2009 ] [Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral]  L.A.S.R. vs. Proceso electoral mediante el cual se declara al Ciudadano C?sar P?rez Vivas, como ganador del acto de votaci?n    caché ES 

La divulgación de los datos de los electores contenidos en el Registro Electoral puede vulnerar el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 60 constitucional. En consecuencia, se declaró la confidencialidad del material electoral consignado, sólo permitiéndose a las partes consultarlo bajo supervisión de funcionario, en aras de garantizar el derecho de acceso a las pruebas.

A mayor abundamiento, cabe destacar que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos (artículo 143 constitucional), y en particular las partes en el proceso tienen derecho a un debido proceso (artículo 49 constitucional), lo que incluye poder tener pleno acceso a las pruebas, sin embargo, no es menos cierto que esos derechos son relativos pues admiten límites que persigan garantizar el goce de otros derechos, como ocurre en el presente caso, en el que deben limitarse a fin de garantizarle a los todos los electores del municipio San Cristóbal del estado Táchira, su derecho a la intimidad evitando la divulgación de sus datos personales.

 



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