Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Europa [ 25 Noviembre 2004 ] [Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - Gran Sala] En el asunto C‑109/03    caché ES 

Suministro de información relativa a los abonados de telefonía

8.  KPN es el proveedor del servicio universal de telefonía vocal en los Países Bajos. Denda International vof, en la actualidad Denda Multimedia BV (en lo sucesivo, «Denda»), con domicilio social en los Países Bajos, y Topware CD-Service AG (en lo sucesivo, «Topware), con domicilio social en Alemania, eran, cuando se produjeron los hechos de que conoce el órgano jurisdiccional remitente, empresas que elaboraban, en particular, guías telefónicas en papel y electrónicas, presentadas en un primer momento en CD‑ROM y destinadas a ser publicadas más tarde en Internet.

9.  De la resolución de remisión se desprende que Denda y Topware solicitaron a PTT Telecom BV, que era la antecesora de KPN hasta 1998, que les comunicara determinados datos relativos a sus abonados del servicio de telefonía vocal, con objeto de elaborar sus propias guías. Aparte de datos básicos estrictos como nombre, dirección, localidad y número de teléfono y, eventualmente, el código postal del abonado y la indicación de que el número se utilizaba únicamente como número de fax, ambas empresas tenían interés, concretamente, en que se les facilitaran datos adicionales, recogidos en las páginas blancas de la guía impresa por la antecesora de KPN, a excepción de los anuncios publicitarios. Se trataba, por ejemplo, de la indicación adicional de la profesión, de otro nombre, de una mención en otro municipio o de números adicionales de los teléfonos móviles de los abonados.

10.  La antecesora de KPN se negó a facilitar dicha información adicional a Denda y a Topware. Asimismo, se negó a remitirles los datos básicos a un precio inferior a 0,85 NLG por dato, que era excesivo según tales empresas. Por ello, dichas empresas presentaron una reclamación ante la OPTA con objeto de que se declarara que la antecesora de KPN había infringido lo dispuesto en la WTV y en el BOHT.

... el Tribunal de Justicia (Sala Primera), declara:

1) El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo, debe interpretarse en el sentido de que la expresión «información pertinente» se refiere únicamente a los datos relativos a los abonados que no hayan manifestado su oposición a figurar en una lista publicada y que son suficientes para que los usuarios de una guía telefónica puedan identificar a los abonados que buscan. Dichos datos incluyen, en principio, el nombre y la dirección, junto con el código postal, de los abonados, así como el número o números de teléfono que les ha asignado el organismo de que se trate. No obstante, los Estados miembros pueden establecer que se pongan a disposición de los usuarios otros datos cuando, habida cuenta de las condiciones nacionales específicas, parezcan necesarios para la identificación de los abonados.

2) El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 98/10, en la medida en que establece que la información pertinente se facilitará a terceros en unas condiciones equitativas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias, ha de interpretarse en el sentido de que: – Respecto a datos como el nombre y la dirección de las personas, así como el número de teléfono que se les ha asignado, el proveedor del servicio universal únicamente puede facturar los costes relativos a la puesta a disposición efectiva de terceros de dichos datos. – Respecto a datos adicionales que tal proveedor no está obligado a poner a disposición de terceros, éste tiene derecho a facturar los costes adicionales que ha debido soportar para obtener esos datos, excepto los costes relativos a dicha puesta a disposición, siempre que se garantice que dichos terceros no recibirán un trato discriminatorio.

 

Andorra [ 15 Julio 2013 ] [Tribunal Superior de Justícia]  B. F. T. v. Servei de Telecomunicacions d'Andorra - Andorra TELECOM Sentència 17-2013    cacheCAT
 

Argentina [ 04 Noviembre 2010 ] [C?mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal]  Mauricio Macri, apela rechazo a su solicitud de acceder alcontenido de las intervenciones telef?nicas    

"La libertad y privacidad de las comunicaciones telefónicas son parte de la garantía de inviolabilidad de la correspondencia (art. 18 C.N.). La ley reglamentaria de dicha inviolabilidad protegida constitucionalmente, en lo que concierne a las telecomunicaciones, prohibe a toda persona que no sea su destinatario usar el contenido de cualquier comunicación por cable telefónico (arts. 18, 19 y 21 de la ley 19.798). Dos de esos destinatarios -las escuchas involucran a un sinnumero de otras personas que mantuvieron conversaciones privadas con ellos- manifestaron una cerrada oposición a que dicho contenido fuese conocido, siquiera dentro del marco de la presente causa, invocando su derecho a la intimidad"."Paralelamente se alza el derecho de defensa traducido en la posibilidad de ser oído y contestar la imputación (cfr. art. 18 C.N.). De él se aferran los peticionantes cuando alegan su intención de refutar la atribución de un interés a Mauricio Macri en escuchar a Burstein y Leonardo". "En relación a esto último no puede pasarse por alto que la estabilización de la imputación a través de la confirmatoria del procesamiento dictada por esta Sala transitó por argumentos que dejaron a un lado la pregunta acerca de la existencia de un interés, o no, por parte de M. Macri en tal o cual pinchadura telefónica -como si se tratase de un cliente de la empresa criminal- y se concentraron en su participación en la puesta en marcha de un aparato clandestino de inteligencia"."Frente a este panorama se desdibuja, si no la razonabilidad, al menos la actualidad del pedido, por cuanto el contenido de las escuchas que, como dijo el juez a quo, no fue utilizado como prueba de cargo, tampoco podría imaginarse hoy como prueba de descargo, dada la línea argumental reproducida ut supra".

 

Argentina [ 08 Septiembre 2010 ] [C?mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal]  G. A. B. procesamiento    

"Este Tribunal ha sostenido que "...es principio inconmovible del sistema probatorio vigente en el ordenamiento procesal, el criterio de no taxatividad de los medios de pruebas, de modo que 'el considerar abierta a la enumeración que la ley hace de ellos implica que la presencia de algún medio probatorio que no tenga regulación específica no obsta a su admisión si resulta pertinente para comprobar el objeto de prueba'..." (conf. esta Sala en causa nº 13.928 "Cingolani", rta. el 19/12/97, reg.nº 15.010; causa nº 15.106 "Pache", rta. el 30/3/99, reg. nº 16.138, y causa nº 26.416 "Lynch", rta. el 11/7/08, reg. nº 28.666, y sus citas)". "Por otra parte, ambas Salas de esta Cámara han compartido el criterio de que la grabación de una comunicación por parte de uno de los interlocutores, para el caso de particulares, se trata "sencillamente" de la documentación de un hecho acaecido que no invade la esfera de prohibiciones probatorias (conf. Sala I en causa nº 30.468 "Raña", rta. el 20/4/99, reg.nº 255; y esta Sala en causa nº 13.928 "Cingolani", ya citada)". "Así, la cuestión radica en que "...este modo de entender el alcance de la protección constitucional de la intimidad reposa en la premisa de que el riesgo tomado a cargo por un individuo que voluntariamente propone a otro la comisión de un delito o que voluntariamente permite a otro tomar conocimiento de tal propuesta o hechos que son relevantes para la prueba de un delito ya cometido, incluye el riesgo de que la oferta o los hechos puedan ser reproducidos ante los tribunales por quien de esta forma, tomó conocimiento de ellos" (conf. esta Sala en causa nº 26.700 "Bark", rta. el 24/10/08, reg.nº 29.103 y sus citas)".

 

Costa Rica [ 05 Agosto 2011 ] [Corte Suprema - Sala Constitucional]  Sentencia 10.348/2011    caché ES 

ACOSO TELEFONICO - COBRO DE DEUDA POR PARTE DE ENTIDAD PRIVADA. El accionante acusa, que desde diciembre del dos mil diez, ha sido objeto de acoso y hostigamiento cobratorio por parte de la Empresa Management Systems MS Incorporated Ltda., por una deuda contraída años atrás con la Empresa Servivalores S.A., la cual no ha podido eliminar por encontrarse en insolvencia económica. Desde marzo de dos mil once, se han incrementado las llamadas, los faxes y las amenazas por parte de la Empresa recurrida, la cual ha divulgado información privada y personal sobre su condición económica a terceros. Se declara CON LUGAR el recurso.

Se ordena al representante legal de la empresa Management Systems MS Incorporated Limitada, adoptar las medidas necesarias para que en lo sucesivo la empresa se abstenga de incurrir en las conductas que ocasionaron la declaratoria con lugar de este recurso. CL

 

Costa Rica [ 29 Julio 2011 ] [Corte Suprema - Sala Constitucional]  Sentencia 009948/2011    caché ES 

ACOSO TELEFONICO - El recurrente manifiesta que funcionarios del Departamento de Cobro del Banco Popular y de Desarrollo Comunal acosan diariamente a su familia al efectuar constantes llamadas —dos o tres veces por día— a una línea telefónica propiedad de su padre, con el fin de que se comuniquen con su madre. Reclama que las constantes llamadas ya alteraron la salud de su abuela, con quien los personeros del banco insisten en dejar mensajes. Por tal motivo, en numerosas ocasiones la recurrente ha solicitado por escrito a la entidad bancaria accionada que cese el acoso al que somete a su familia, pero la situación se mantiene. Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena al Coordinador del Proceso de Gestión Cobratoria del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, adoptar las medidas necesarias para que en lo sucesivo ese banco se abstenga de incurrir en las conductas que ocasionaron la declaratoria con lugar de este recurso.

 

Costa Rica [ 01 Julio 2011 ] [Corte Suprema - Sala Constitucional]  Sentencia 008791/2011    caché ES 

ACOSO TELEFONICO - Menciona el amparado que los recurridos le llaman a su casa de habitación y a su celular, así como, a otra línea telefónica que se encuentra a su nombre y que no es utilizada por su persona, con la finalidad de cobrar deudas pendientes que tiene; que se comunican que sus hijas que no tienen ninguna relación con el asunto. Se declara con lugar el recurso. En consecuencia se ordena al apoderado judicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que tome las medidas necesarias para que se deje de llamar a familiares del recurrente para hacer efectivo el cobro de deudas que le son propias a éste.

 

España [ 16 Noviembre 2005 ] [Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso-Administrativo]  Sentencia de 16-11-2005    caché ES 

Llamadas automáticas aleatorias. Ausencia de consentimiento.

"ENTIDAD A" genera un fichero de números de teléfonos de una determinada población donde se oferta la promoción. Se fijan las dos o tres primeras cifras, en función de la población a la que sed dirijan. A partir de las cifras anteriores, el ordenador genera el resto de números de forma aleatoria, obteniendo un fichero de números de teléfonos, pero desconociendo otros datos asociados a dicho número. Sobre ese fichero se realiza un proceso con el fin de eliminar números repetidos. Posteriormente, se realiza un segundo proceso cruzando el fichero de números de teléfonos con el fichero de personas que han comunicado a "ENTIDAD A", que no desean recibir publicidad, eliminando esos números del primer fichero.

"ENTIDAD A" desconoce quien es el titular que va a recibir la llamada automática sin intervención humana. SEXTO: El fichero "FICHERO de entidad A", cuyo responsable es "ENTIDAD A", tiene recogida una llamada publicitaria mediante un sistema automático, sin intervención humana al número de teléfono "Nº Teléfono 1", con fecha de 27 de junio de 2001. Sobre ese teléfono consta una solicitud de remisión de llamadas publicitarias de fecha 9 de agosto de 2001 a las 13.07 horas.

La cuestión que plantea la recurrente en este recurso es determinar si, efectivamente, el hecho acreditado en autos, y que no ha sido puesto en cuestión por ninguna de las partes, de que el denunciante recibiera una llamada telefónica en su domicilio particular, durante la cual una cinta grabada informaba de una determinada promoción publicitaria- llamada automática, sin intervención humana alguna, que se hizo de forma aleatoria y sin conocimiento del titular de ese teléfono- se puede considerar un tratamiento de datos de carácter personal en los términos previstos en el artículo 3,d) de la LOPD, a los efectos de encuadrar esa conducta en el referido artículo 44.3.d), en relación con el 6.1, todos ellos de esta misma Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.

Fallo: ESTIMANDO el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto ... en nombre y representación de la entidad "ENTIDAD A", contra la resolución del Director de la Agencia de Protección de Datos, de 4 de diciembre de 2003, por la que se le impone a la misma una sanción de 60.101,21 Euros por infracción de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, tipificada en el artículo 43.3.d) como infracción grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica, DEBEMOS ANULAR Y ANULAMOS, por no ser ajustada a derecho, la citada resolución;

 

España [ 17 Marzo 2004 ] [Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso-Administrativo]  Sentencia de 17-03-2004    caché ES 

Envíos de SMS sin consentimiento del interesado y mediando su expresa prohibición.  

el Director de la Agencia de Protección de Datos, impuso a la “ENTIDAD A” por una infracción del el 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, tipificada como grave en el art. 44.3.d) de dicha Ley, le impuso una multa de 5.000.000 pts., 30.050,61 euros, conforme al art. 45.2 de la citada Ley Orgánica.

Es claro, pues que la entidad recurrente realizó un tratamiento de datos personales con la remisión de un envío publicitario a su teléfono móvil que no solo no contaba con la autorización del afectado, sino con su expresa prohibición. Contó con un periodo de dos meses, suficiente con los medios técnicos de hoy día, para dar cumplimiento a la cancelación de datos solicitada, y sin embargo el mensaje publicitario llegó al teléfono móvil del denunciante.

FALLAMOS: Que desestimamos el recurso 

 

México [ 15 Julio 2011 ] [Suprema Corte]  Tesis 1a. CLIII/2011    caché ES 

Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Sus diferencias con el derecho a la intimidad. A pesar de ser una manifestación más de aquellos derechos que preservan al individuo de un ámbito de actuación libre de injerencias de terceros -como sucede con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o la protección de datos personales-, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas posee una autonomía propia reconocida por la Constitución. En cuanto a su objeto, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se configura como una garantía formal, esto es, las comunicaciones resultan protegidas con independencia de su contenido. En este sentido, no se necesita en modo alguno analizar el contenido de la comunicación, o de sus circunstancias, para determinar su protección por el derecho fundamental. Este elemento distingue claramente al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de otros derechos fundamentales, como es el de la intimidad. En este último caso, para considerar que se ha consumado su violación, resulta absolutamente necesario acudir al contenido de aquello de lo que se predica su pertenencia al ámbito íntimo o privado. En definitiva, lo que se encuentra prohibido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo decimosegundo, es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena. La violación de este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra -sin el consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial-, una comunicación ajena, con independencia de que, con posterioridad, se difunda el contenido de la conversación interceptada.

Amparo directo en revisión 1621/2010. 15 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

Fuente:Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIV, Agosto de 2011. Página: 221

Texto íntegro

 



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