Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Brasil [ 27 Enero 2011 ] [Advocacia-Geral da Uni?o]  Parecer CONJUR/MTE/N? 037/2011    caché ES 

Consulta da Secretaria de Políticas Púbicas de Emprego. Informações que violam a intimidade. privacidade. imagem ou a honra de pessoa. Possibilidade de fornecimento de informações apenas ao próprio interessado. ou a seu representante legal devidamente habilitado. Ausência de procurações. Impossibilidade de fornecimento das informações requeridas.

 

Chile [ 24 Enero 2002 ] [Direcci?n del Trabajo]  Dictamen K. 2517(166)/2001    caché ES 

De acuerdo a las facultades con que cuenta el empleador para administrar su empresa, puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa, pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores.

 

Costa Rica [ 05 Julio 2005 ] [Corte Suprema - Sala Constitucional]  Sentencia 08799/2005    caché ES 

Es preciso señalar en primer término que el desarrollo de procedimientos administrativos disciplinarios es privado y la audiencia que en él se celebra es oral y privada. Sin embargo una vez concluido el procedimiento y firme el acto final, es un documento que no puede ser calificado como confidencial o secreto como afirma el recurrente, pues se trata de un expediente disciplinario de un funcionario público, cuya información puede ser divulgada a solicitud de la propia administración e incluso por particulares en las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico (razones de interés público, como el desempeño eficiente del funcionario público). En el caso de estudio, la Sala observa que se infringió en perjuicio del recurrente uno de los principios que integra el derecho a la autodeterminación informativa, el decorrespondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y empleo de la información; pues el Jefe de Seguridad del Tribunal Supremo de Elecciones, adjuntó a la circular 008-SV-2005 de 25 de febrero del 2005, dirigida a todos los oficiales de Seguridad del Tribunal, copia de la resolución de la Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones de las 11:45 horas del 2 de febrero del 2005, que sancionó al recurrente con dos días de suspensión sin goce de salario. El Jefe de Seguridad tuvo conocimiento de tal resolución en su condición de Jefe inmediato del amparado, sin embargo ello no lo autorizaba a utilizar tal información y divulgarla entre todos los compañeros del amparado, con ocasión de la emisión de una Circular sobre la forma en que se procedería en el futuro en el control de marcas para mejorar el servicio de seguridad en los puestos externos. El fin para el cual fueron utilizados dichos datos relativos al amparado es diverso al objeto de su almacenamiento por parte del recurrido, su Jefe inmediato y le ha causado daño psicológico y ha deteriorado su salud, pues según el dicho del amparado sus compañeros han reaccionado en su contra, se han alejado de él. Por todo lo anterior, estima este Tribunal que el recurso debe ser declarado con lugar por la infracción de los derechos tutelados en el artículo 24 de la Constitución Política. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 63 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y al haberse consumado el agravio en perjuicio del recurrente, lo procedente es prevenir al recurrido que no debe incurrir en acto similar al que dio lugar a declarar con lugar el recurso.

 

España [ 10 Mayo 2002 ] [Audiencia Nacional - Sala de lo Contencioso-Administrativo]  Sentencia de 10-05-2002    caché ES 

Tratamiento de datos médicos para el control del absentismo.  

Recurso contencioso administrativo  a instancia de LA EMPRESA “A” contra la Resolución de 7 de noviembre de 2000 confirmada en reposición por la Resolución de 22 de diciembre de 2000, por el concepto de sanción, siendo la cuantía de 10.000.000 de pts.

El 17 de mayo de 1999 se presentó denuncia ante la Agencia de Protección de Datos (APD) por representantes sindicales de los trabajadores de La Entidad Pública “B”. En dicha denuncia se indicaba, entre otras cosas, que varios trabajadores en situación de baja habían recibido visitas de médicos que decían actuar en nombre de la empresa, personándose en su domicilio, y con datos relativos a los mismos facilitados por la citada entidad. Con el fin de explorar al trabajador en situación de baja. Posteriormente se adjunto documentación referida a la celebración de un convenio suscrito entre la entidad citada y otras sociedades con el fin, entre otros, de realizar visitas médicas domiciliarias al personal que se encuentra en situación de baja por enfermedad.

Fallo: DESESTIMAR el presente recurso

 

Perú [ 22 Julio 2010 ] [Tribunal Constitucional - Segunda Sala]  Expediente N? 05982-2009-PHD/TC    caché ES 

Este Tribunal considera que la información requerida por el recurrente (las explicaciones de los descuentos por planillas efectuados a un tercero derivado de un contrato privado de préstamo) se encuentra comprendida en tal supuesto de excepción, por cuanto, por un lado, se trata de una información que no será utilizada en el marco de una decisión de gobierno de la administración pública, y por otro lado, no coadyuva a convertir los actos expedidos por el gobierno en actos democráticos dotados de transparencia, toda vez que carece de toda relevancia pública, a pesar que pueda ser poseída y producida por una entidad del Estado.

Al respecto, a través de su jurisprudencia este Tribunal Constitucional ha determinado los alcances del derecho a la intimidad (Cfr. STC N.º 06712-2005-HC, caso Magaly Medina, fundamento 38):

“Con respecto al bien jurídico tutelado en la Constitución, no cabe duda que la vida privada refleja uno de muy difícil comprensión, tanto así que algunos consideran que se trata de un concepto jurídico indeterminado. No obstante ello, juzgamos que es necesario plantearse sobre él un concepto inicial y preliminar. Son diversas las posturas para explicar el significado de la vida privada. Algunas la conciben como aquella zona de la persona que no es pública, por lo que nadie debe tener acceso a ella. Sin embargo, más correcto es tratar de otorgar un sentido positivo. Así (…) se ha estimado apropiado afirmar que es el ámbito personal en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollar y fomentar libremente su personalidad. Por ende, se considera que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidos para la comunidad que, siendo verídicos, están reservados al conocimiento del sujeto mismo y de un grupo reducido de personas, y cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún daño”.

En consecuencia, la protección de la intimidad implica excluir a terceros extraños el acceso a información relacionada con la vida privada de una persona, lo que incluye la información referida a deudas contraídas, aportes efectuados, descuentos efectuados, préstamos obtenidos, cargos cobrados, consumos realizados, contrataciones celebradas y todo tipo de afectaciones a las remuneraciones del trabajador consignados en la planilla de pago. Y es que no pasa inadvertido para este Tribunal que las afectaciones voluntarias e involuntarias a las remuneraciones de los trabajadores, y subsecuentemente su consignación en las planillas de pago, casi siempre y en todos los casos están originadas en necesidades de urgencia acaecidas en el seno familiar, las que por ningún motivo y bajo ningún concepto pueden estar al conocimiento de cualquier ciudadano, e inclusive de parientes (como en el caso de autos), puesto que atañen a asuntos vinculados íntimamente con el entorno personal y/o familiar cercano y con el desarrollo personal de sus miembros, las que al quedar descubiertos podrían ocasionar daños irreparables en el honor y la buena reputación. Por ello, corresponde ratificar lo establecido por este Colegiado en cuanto “(…) en lo que respecta a la información sobre las boletas de pago (…), cabe precisar que dicha información se encuentra enmarcada dentro de la excepción establecida en el artículo 15-B de la Ley N.º 27806, en tanto los detalles contenidos en las boletas de pago atañen, prima facie, a la esfera privada (…)” (Cfr. STC N.º 00330-2009-PHD/TC, fundamento 7). En tal sentido, el emplazado no se encuentra en la obligación de otorgar la información solicitada por el recurrente, de modo que al haberse negado justificadamente a ello, no ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública; por este motivo, la demanda también debe ser desestimada.

 

Perú [ 15 Octubre 2007 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera]  Expediente 04573-2007-PHD/TC    caché ES 

En el presente caso, el demandante solicita acceder a copias de las actas y la transcripción de la discusión y evaluación desarrolladas por los miembros de la Junta Permanente de Selección para el Ascenso del grado de Contralmirante al de Vicealmirante de Comando – Promoción 2005 (en adelante la Junta de Selección).

A juicio de este Tribunal, esta información se encuentra protegida por el derecho a la intimidad, por tratarse de datos personales reservados al conocimiento de cada oficial que postuló al proceso de ascensos, por lo que el pedido del demandante de acceder a las actas de la Junta de Selección en que aparecen los puntajes obtenidos por los demás oficiales debe ser desestimado.

Declarar INFUNDADA la demanda.

 

Portugal [ 27 Septiembre 2007 ] [Tribunal da Rela??o de Coimbra]  Processo 1162/06.9TTCBR.C1    caché ES 

I – O artº 454º da Lei nº 35/2004, de 9/07, refere que o empregador deve apresentar, em Novembro de cada ano, o mapa de quadro de pessoal devidamente preenchido com os elementos relativos aos respectivos trabalhadores, referentes ao mês de Outubro anterior.

II – O artº 456º, nº 1, dispõe a obrigação para o empregador de afixar esse mapa por um período de 30 dias ou disponibilizar a sua consulta, quando a apresentação ocorra por meio informático.

III – Desse mapa constam dados como os da indicação de todas as pessoas ao serviço do empregador, datas de nascimento, de admissão na empresa, da última promoção, das remunerações referentes ao mês anterior ao da sua apresentação, da categoria profissional, da profissão, do grau de habilitação escolar mais elevado do trabalhador, e da nacionalidade de cada (Portaria nº 785/2000, de 19/09).

IV – A comparação da situação entre trabalhadores, na comunidade de trabalho, por cada um deles, é um meio de fiscalização de alcance público, na medida em que permite a participação activa de cada um no controlo dos seus direitos sociais de expressão constitucional, com acento para os que decorrem do princípio da proibição de não discriminação. V – Afigura-se que não é inconstitucional o disposto no artº 456º, nº 1, da Lei nº 35/2004, de 29/07, quando permite ao conjunto de trabalhadores do mesmo empregador a consulta do mapa do quadro de pessoal, aí se incluindo os dados que lhe são próprios.

 

Portugal [  2003 ] [Tribunal Constitucional]  Ac?rd?o 306/03    caché ES 

Conclui-se, assim, que a norma constante do segundo segmento do n.º 2 do artigo 17.º do Código do Trabalho –na medida em que permite o acesso directo do empregador a informações relativas à saúde ou estado de gravidez do candidato ao emprego ou do trabalhador– viola o princípio da proibição do excesso nas restrições ao direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada, decorrente das disposições conjugadas dos artigos 26.º, n.º 1, e 18.º, n.º 2, da CRP.

 

Portugal [ 29 Mayo 2002 ] [Tribunal Constitucional - 1? Sec??o]  Acord?o 241/02    caché ES 

Julgar inconstitucional a norma ínsita no artigo 519º nº 3 alínea b) do Código de Processo Civil quando interpretada no sentido de que, em processo laboral, podem ser pedidas, por despacho judicial, aos operadores de telecomunicações informações relativas aos dados de tráfego e à facturação detalhada de linha telefónica instalada na morada de uma parte, sem que enferme de nulidade a prova obtida com a utilização dos documentos que veiculam aquelas informações, por infracção ao disposto nos artigos 26º nº 1 e 34º nºs 1 e 4 da Constituição. 

 

República Dominicana [ 05 Noviembre 2010 ] [Tribunal Superior Administrativo - Primera Sala] A.A.P.V. vs. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo    caché ES 

Que en fecha 22 de marzo del año 2010, el A.A.P.V., solicitó vía Web al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la entrega de la siguiente información: "1) Nómina de dicha institución (Que se incluya nombre y apellido de los empleados); Manual de procedimiento de la OAI (si es el que esta publicado en la Web que es un proyecto, favor de hacerlo constar por escrito); Resolución, acto administrativo o como se llame, con la cual se ordenó excluir los nombres de los empleados de la nómina publicada en la pagina Web", sin que hasta la fecha dicha entidad estatal responda a tal requerimiento de información pública.

Que los datos personales y el número de cédula de los empleados del Ministerio de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, no están contenidos a los fines de no violentar el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos, previsto en la propia Ley No. 200-04, al señalar su artículo 18, que la solicitud de información podrá ser rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, como establece el primer párrafo de dicho artículo, cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal, o el tercer párrafo que exige la constancia inequívoca del consentimiento del afectado para la entrega de datos personales.

RECHAZA, en cuanto al fondo, el Recurso de Amparo interpuesto

 



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