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las Américas [ 15 Febrero 2011 ] [Canada - Quebec]  Cin?mas Guzzo inc. c. Berthiaume    caché ES 

Establece una ponderacion entre el derecho a la intimidad y el derecho de autor.

 

las Américas [ 04 Agosto 2009 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? INFORME No. 66/09 petici?n 920-03 admisibilidad M.G.C., S.B.C. y otros vs. Argentina    caché ES 

La Defensoría General de la Nación, como co-peticionaria, manifestó que la condena de las presuntas víctimas se habría basado en “prueba indirecta o indiciaria”, con lo cual se habría vulnerado su derecho de presunción de inocencia. Asimismo, la Defensoría General de la Nación alega que el Estado habría avasallado la intimidad de la señora S.B.C. “al indagar sobre el color y forma de su ropa interior, sus preferencias y hábitos sexuales, padecimientos físicos estereotipados y su pretendida “frialidad” frente a la pérdida de su cónyuge, refiriéndose los propios jueces a ella como “viuda alegre”. Asimismo, agrega que la inexistencia de toda prueba de cargo determinó el arribo a una condena construida a partir de estas indagaciones violatorias de la vida privada y de la dignidad humana de las presuntas víctimas.

... con relación a los alegatos de los peticionarios en cuanto a la injerencia de las autoridades en la intimidad de la señora S.B.C., la Comisión considera que de probarse las cuestiones presentadas, podrían caracterizarse violaciones al artículo 11 de la Convención Americana en perjuicio de la presunta víctima. Asimismo, la CIDH observa que los hechos alegados pueden caracterizar también una violación del artículo 24 de la Convención dado que los peticionarios sostienen que patrones socioculturales discriminatorios y concepciones estereotipadas en detrimento de las mujeres, habrían sido utilizadas como criterio determinante para la condena de la señora Chaves.

La Comisión concluye que es competente para tomar conocimiento del caso de autos y que la petición es admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

 

las Américas [ 10 Marzo 2005 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? 43/05 C.D.S. y otros vs. Chile (caso 12.219)    caché ES 

Los peticionantes, habiendo cumplido 18 años de edad, se encontraron frente a la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio, y quienes expresaron su total y completa objeción de conciencia al servicio y a su participación en éste.

Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación del derecho a la objeción de conciencia afectando directamente su libertad de conciencia y religión, la vida privada de las supuestas víctimas, incumpliendo además la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención.

La Comisión entiende que el mantenimiento de la vigencia de la legislación impugnada, que penaliza la omisión de los jóvenes que son objeto de esta petición, por no comparecer a un posible reclutamiento, dispuesto en el artículo 72 del Decreto Ley N.º 2.306 (supra), no constituye una interferencia continuada con el derecho de Cristian Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt, a que se respete su vida privada, dispuesto en el artículo 11 de la Convención Americana. La Comisión opina que el servicio militar obligatorio no está prohibido por la Convención y que el artículo 6(3)(b) prevé específicamente el servicio militar en los países que no reconocen a los objetores de conciencia. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado chileno no violó el artículo 11 en perjuicio de los peticionarios en este caso.

La Comisión tiene competencia para conocer de este caso y con fundamento en el análisis precedente, concluye que el Estado chileno no es responsable de la violación del derecho a la libertad de conciencia, consagrado en el articulo 12, ni del derecho a la protección de la vida privada, consagrado en el artículo 11, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los jóvenes C.D.S. y otros

 

las Américas [ 15 Octubre 1996 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? 38/96 - X e Y vs. Argentina (caso 10.506)    caché ES 

Con fecha 29 de diciembre de 1989, la Comisión recibió una denuncia en contra del Gobierno de Argentina, en relación a la situación de la Sra. X y su hija Y, de 13 años.[2] La denuncia alega que el Estado argentino, y especialmente las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal, que en forma rutinaria han hecho revisiones vaginales de las mujeres que visitan la Unidad No. 1 del Servicio Penitenciario Federal, han violado los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todas las ocasiones que la Sra. X visitó a su esposo acompañada por la hija de ambos de trece años, quien se encontraba preso en la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, fueron sometidas a revisiones vaginales. En abril de 1989 la Sra. X presentó un recurso de amparo solicitando que se pusiera fin a las revisiones. La petición alega que esta práctica del Servicio Penitenciario Federal ("SPF") comporta violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto lesiona la dignidad de las personas sometidas a tal procedimiento (artículo 11), constituyendo una medida de carácter penal degradante que transciende la persona del penado o procesado (artículo 5.3); y es, además, discriminatoria en perjuicio de las mujeres (artículo 24) en relación al artículo 1.1.

Por lo tanto, la Comisión concluye que al imponer una condición ilegal a la realización de las visitas a la penitenciaría sin disponer de una orden judicial ni ofrecer las garantías médicas apropiadas y al realizar revisiones e inspecciones en esas condiciones, el Estado argentino ha violado los derechos de la Sra. X y su hija Y consagrados en los artículos 5, 11 y 17 de la Convención en relación al artículo 1.1 que dispone la obligación del Estado argentino de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de todas las disposiciones reconocidas en la Convención. En el caso de Y, la Comisión concluye que el Estado argentino también violó el artículo 19 de la Convención.

Recomienda al Estado argentino que adopte las medidas legislativas o de otro carácter para ajustar sus previsiones a las obligaciones establecidas por la Convención, expresadas en las presentes conclusiones y recomendaciones.

Recomienda al Estado argentino que mantenga informada a la Comisión del proceso de estudio y sanción de las medidas mencionadas en el párrafo anterior.

Recomienda que las víctimas sean compensadas adecuadamente.

 

Andorra [ 15 Marzo 2006 ] [Tribunal Superior de Just?cia - Sala Administrativa]  Sent?ncia n?m. 15-2006    cacheCAT

Indemnització derivada d'un procediment d'expropiació ... a l’hora de calcular la indemnització cal no oblidar que el propietari no ha vist privades les seves facultats d’aprofitament urbanístic de la parcel·la de la mateixa manera que les conseqüències de la instal·lació per les que demana indemnització (pèrdua del dret a la intimitat i sorolls) careixen d’entitat suficient per a ser indemnitzables.

 

Argentina [ 20 Septiembre 2010 ] [San Juan - Corte de Justicia - Sala II]  San Juan vs. D. R. E. M., E. E. G. y M. O. A., aborto en grado de tentativa y homicidio agravado - casaci?n    caché ES 

"La mujer causa su propio aborto si ejecuta los actos consumativos de la muerte del feto. La participación de un tercero como coautor de esos actos convierte el hecho en un aborto consentido por la mujer. El aborto, cualquiera que sea su especie, se consuma con la muerte del feto. El feto ha muerto cuando carece de potencialidad vital natural o mantenida artificialmente. Sólo el aborto causado de propósito por un tercero admite tentativa punible. El causado por la propia mujer la admite, pero no es punible (art. 88 del C.P.). La razón de la impunidad es que el estrépito del foro causaría mayor perjuicio social que la impunidad de un hecho que, sin haber logrado el efecto buscado, queda en la intimidad de la mujer o de su ámbito. Sí es punible, en cambio, la mujer que consiente que un tercero intente hacerla abortar, aunque no tenga éxito . en esas condiciones el hecho ya no es una tentativa de la mujer, sino una tentativa de un tercero consentida por la mujer. En otras palabras, el caso de consentimiento de la mujer para la práctica abortiva -lo que supone la intervención de un tercero en calidad de coautor- se encuentra fuera de lo dispuesto por el artículo 88 in fine del Código Penal, ya que la impunidad prevista no alcanza a la que consintió que un extraño intentara hacerla abortar".

 

Argentina [ 12 Noviembre 2008 ] [Procuraci?n del Tesoro de la Naci?n]  Dictamen N? 274/2008    caché ES 

Previo a la continuación del proyecto de decreto por el que se aprueba la reglamentación de los artículos 70 y 163 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 referidos al registro en la persona de los internos, de los locales que ocupan, de sus visitas y de las pertenencias en las instalaciones de los establecimientos penitenciarios, corresponde determinar si existen otros métodos alternativos capaces de reemplazar el registro manual de las personas, teniendo en cuenta la imposibilidad fáctica de requerir autorización judicial para la realización del examen corporal.

El proyecto de decreto reglamentario al precisar las disposiciones de la ley 24660 debe seguir los lineamientos del informe CIDH Nº 38/96. De ese modo la República Argentina cumplirá con su obligación de respeto eficaz de la Convención así como también prevendrá eventuales violaciones al derecho de integridad física o intimidad de las visitas a cárceles en el país, que podrían invocarse por los afectados contra el Estado Argentino en jurisdicción internacional por la realización de revisaciones en la modalidad denominada integral.

La ponderación de la existencia de métodos alternativos al registro manual de los visitantes que ingresan a un establecimiento carcelario -cuestión de carácter eminentemente técnico-, debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trata. Por ende, deben extremarse las medidas para dilucidar si el registro manual (requisa física) es el único medio idóneo para la detección de sustancias prohibidas en el ingreso a establecimientos carcelarios, de modo de evitar incurrir en responsabilidad internacional por violación de los principios que inspiran la rama del Derecho que la rige. La requisa personal por medio de la violación de la intimidad de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitar personas allí alojadas con restricción de su libertad, siendo sustituible en la medida de lo posible por otros medios o técnicas de similar efectividad, no se condice con la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmada en el Informe CIDH Nº 38/96 y otros documentos relacionados.

El asesoramiento de la Procuración del Tesoro de la Nación debe, en principio atenerse a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a la interpretación y aplicación del Derecho, aun cuando se opongan a los de este Organismo asesor, dado la necesidad de ahorrarle al Estado las consecuencias patrimoniales adversas que se derivarían de acciones judiciales en su contra con pronóstico gravemente desfavorable (Dictámenes 207:578; 210:108; 211:334; 212:327 y 237:438). El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro de la Nación se circunscribe a los aspectos jurídicos de todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias, debiendo entonces abstenerse de abrir juicio sobre aspectos técnicos que éstas contengan (conf. Dict. 222:137, 236:202).

 

Argentina [ 02 Diciembre 1999 ] [Santa Fe - C?mara Civil y Comercial de Rosario]  B. H., R. vs. Carrefour Rosario    caché ES 

" .... luego de haber pagado las mercaderías y cuando estaba egresando del local de la demandada, sonó la alarma del control electrónico; en esa coyuntura, se le acercaron dos personas de seguridad de la empresa y le solicitaron que se detuviera, que reingresara y que volviera a salir; como en ambas ocasiones, la alarma se activó, le dijeron que no podía moverse pues era necesario revisar todos los productos "tickeados"; fue entonces que, con la presencia del Gerente y el Encargado de Vigilancia, efectuaron ese control en el Hall de Entradas; esa operación se extendió por no menos de 45 minutos, lapso en el cual B. H., R. fue "ridiculizada" y "humillada" ante numerosas personas que pasaban por el lugar, las disculpas del Gerente -ante el resultado negativo de la revisación- no conformaron a la actora, quien pretendió que se hiciera saber por altoparlantes que el sistema electrónico había fallado; como según aquél, estos no se encontraban en ese lugar, Hernández pretendió que ello se hiciera a viva voz, pero tampoco tuvo éxito de ese requerimiento. ... "

 

Brasil [ 16 Noviembre 2011 ] [Tribunal Superior do Trabalho]  TST-RR-18540-38.2006.5.01.0033    cache PO 

" ... houve excesso nos atos da empresa em obrigar o empregado a desnudar-se, a cada vez que se ausentava da sua repartição (tesouraria), com o claro fito de conferir eventual furto de numerário, já que se trata de empresa de transportes e segurança de valores.  ...  Dessa forma, a revista íntima procedida no reclamante configurou abuso de direito por parte do empregador, o que maculou a dignidade da pessoa humana, uma vez que o expôs a situação constrangedora, atingindo sua intimidade e honra. ... "

 

Brasil [ 16 Noviembre 2011 ] [Tribunal Superior do Trabalho]  TST-RR-8800-65.2008.5.19.0007    cache PO 

" .... a revista em objetos pessoais - bolsas e sacolas - dos empregados da empresa, realizada de modo geral, sem contato físico ou exposição de sua intimidade, não submete o trabalhador à situação vexatória ou caracteriza humilhação, uma vez que decorre do poder diretivo e fiscalizador do empregador ... "

 



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