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las Américas [ 15 Febrero 2011 ] [Canada - Quebec]  Cin?mas Guzzo inc. c. Berthiaume    caché ES 

Establece una ponderacion entre el derecho a la intimidad y el derecho de autor.

 

las Américas [ 04 Agosto 2009 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? INFORME No. 66/09 petici?n 920-03 admisibilidad M.G.C., S.B.C. y otros vs. Argentina    caché ES 

La Defensoría General de la Nación, como co-peticionaria, manifestó que la condena de las presuntas víctimas se habría basado en “prueba indirecta o indiciaria”, con lo cual se habría vulnerado su derecho de presunción de inocencia. Asimismo, la Defensoría General de la Nación alega que el Estado habría avasallado la intimidad de la señora S.B.C. “al indagar sobre el color y forma de su ropa interior, sus preferencias y hábitos sexuales, padecimientos físicos estereotipados y su pretendida “frialidad” frente a la pérdida de su cónyuge, refiriéndose los propios jueces a ella como “viuda alegre”. Asimismo, agrega que la inexistencia de toda prueba de cargo determinó el arribo a una condena construida a partir de estas indagaciones violatorias de la vida privada y de la dignidad humana de las presuntas víctimas.

... con relación a los alegatos de los peticionarios en cuanto a la injerencia de las autoridades en la intimidad de la señora S.B.C., la Comisión considera que de probarse las cuestiones presentadas, podrían caracterizarse violaciones al artículo 11 de la Convención Americana en perjuicio de la presunta víctima. Asimismo, la CIDH observa que los hechos alegados pueden caracterizar también una violación del artículo 24 de la Convención dado que los peticionarios sostienen que patrones socioculturales discriminatorios y concepciones estereotipadas en detrimento de las mujeres, habrían sido utilizadas como criterio determinante para la condena de la señora Chaves.

La Comisión concluye que es competente para tomar conocimiento del caso de autos y que la petición es admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

 

las Américas [ 10 Marzo 2005 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? 43/05 C.D.S. y otros vs. Chile (caso 12.219)    caché ES 

Los peticionantes, habiendo cumplido 18 años de edad, se encontraron frente a la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio, y quienes expresaron su total y completa objeción de conciencia al servicio y a su participación en éste.

Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación del derecho a la objeción de conciencia afectando directamente su libertad de conciencia y religión, la vida privada de las supuestas víctimas, incumpliendo además la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención.

La Comisión entiende que el mantenimiento de la vigencia de la legislación impugnada, que penaliza la omisión de los jóvenes que son objeto de esta petición, por no comparecer a un posible reclutamiento, dispuesto en el artículo 72 del Decreto Ley N.º 2.306 (supra), no constituye una interferencia continuada con el derecho de Cristian Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt, a que se respete su vida privada, dispuesto en el artículo 11 de la Convención Americana. La Comisión opina que el servicio militar obligatorio no está prohibido por la Convención y que el artículo 6(3)(b) prevé específicamente el servicio militar en los países que no reconocen a los objetores de conciencia. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado chileno no violó el artículo 11 en perjuicio de los peticionarios en este caso.

La Comisión tiene competencia para conocer de este caso y con fundamento en el análisis precedente, concluye que el Estado chileno no es responsable de la violación del derecho a la libertad de conciencia, consagrado en el articulo 12, ni del derecho a la protección de la vida privada, consagrado en el artículo 11, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los jóvenes C.D.S. y otros

 

las Américas [ 15 Octubre 1996 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? 38/96 - X e Y vs. Argentina (caso 10.506)    caché ES 

Con fecha 29 de diciembre de 1989, la Comisión recibió una denuncia en contra del Gobierno de Argentina, en relación a la situación de la Sra. X y su hija Y, de 13 años.[2] La denuncia alega que el Estado argentino, y especialmente las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal, que en forma rutinaria han hecho revisiones vaginales de las mujeres que visitan la Unidad No. 1 del Servicio Penitenciario Federal, han violado los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todas las ocasiones que la Sra. X visitó a su esposo acompañada por la hija de ambos de trece años, quien se encontraba preso en la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, fueron sometidas a revisiones vaginales. En abril de 1989 la Sra. X presentó un recurso de amparo solicitando que se pusiera fin a las revisiones. La petición alega que esta práctica del Servicio Penitenciario Federal ("SPF") comporta violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto lesiona la dignidad de las personas sometidas a tal procedimiento (artículo 11), constituyendo una medida de carácter penal degradante que transciende la persona del penado o procesado (artículo 5.3); y es, además, discriminatoria en perjuicio de las mujeres (artículo 24) en relación al artículo 1.1.

Por lo tanto, la Comisión concluye que al imponer una condición ilegal a la realización de las visitas a la penitenciaría sin disponer de una orden judicial ni ofrecer las garantías médicas apropiadas y al realizar revisiones e inspecciones en esas condiciones, el Estado argentino ha violado los derechos de la Sra. X y su hija Y consagrados en los artículos 5, 11 y 17 de la Convención en relación al artículo 1.1 que dispone la obligación del Estado argentino de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de todas las disposiciones reconocidas en la Convención. En el caso de Y, la Comisión concluye que el Estado argentino también violó el artículo 19 de la Convención.

Recomienda al Estado argentino que adopte las medidas legislativas o de otro carácter para ajustar sus previsiones a las obligaciones establecidas por la Convención, expresadas en las presentes conclusiones y recomendaciones.

Recomienda al Estado argentino que mantenga informada a la Comisión del proceso de estudio y sanción de las medidas mencionadas en el párrafo anterior.

Recomienda que las víctimas sean compensadas adecuadamente.

 



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un miembro del Movimiento de Libre Acceso al Derecho