Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Argentina [ 15 Diciembre 1994 ] Constitución de la Nación Argentina    

Artículo 18. ... El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. ...

Artículo 19.  Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

 

Argentina [ 28 Octubre 2014 ] [Corte Suprema]  María Belén Rodríguez v. Google Inc., daños y perjuicios    caché ES 

La mayoría, integrada por Highton, Fayt y Zaffaroni, equipara los buscadores de internet a los medios de comunicación en general y dice que sólo podría haber responsabilidad en casos excepcionales. Esa responsabilidad surge cuando el buscador no actuare diligentemente a partir del efectivo conocimiento de la ilicitud del contenido. En ausencia de una regulación legal específica, la comunicación debe provenir de autoridad competente, salvo en casos de ilicitud manifiesta, como por ejemplo, pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, que pongan en peligro la integridad física de las personas, que hagan apología del genocidio, racismo u otra discriminación, con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, etc.. En estos casos es suficiente que el damnificado curse una notificación privada al buscador.

Por otro lado, dejaron sin efecto la condena a Google Inc. por la utilización de la imagen de la actora, por considerar la conducta del buscador consiste en una simple recopilación automática de thumbnails –vistas en miniaturas de fotografías de muy baja resolución-que solo tiene por finalidad permitir a los usuarios acceder a las páginas de Internet que contienen las imágenes originales.

Ante el pedido de que se eliminen definitivamente las vinculaciones de su nombre e imagen con sitios y actividades de contenido sexual, erótico y/o pornográfico a través de Google, la mayoría consideró que en estos casos es improcedente establecer una tutela preventiva que obligue a Google a fijar filtros o bloqueos de vinculaciones para el futuro.

 

Argentina [ 16 Agosto 2011 ] [Corte Suprema] V.24.XLVII. In re V., D. L., restitución de menores    caché ES 

La progenitora y su actual pareja han expuesto públicamente el conflicto parental en diferentes redes sociales de internet, publicando toda clase de fotografías, notas y opiniones —a las que se puede acceder con sólo escribir los nombres de las partes en cualquier buscador de la red— en las que se ven involucrados los menores en cuestión. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de reconocer el derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar, contempla el derecho de los menores a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, y prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los niños, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, cuando lesionen su dignidad o la reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar (arts. 10 y 22). La exposición, difusión y divulgación a la que se refiere la norma (ver decreto 415/2006), resulta manifiestamente contraria al interés superior del niño, no podrán desarrollarse aunque medie el consentimiento de los sujetos de la ley (es decir, los niños, niñas y adolescentes) y sus representantes legales. Dado que la consideración primordial del interés superior del niño orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias llamados al juzgamiento de los casos, incluyendo a la Corte Suprema (Fallos: 328:2870), a los efectos de evitar agravar el conflicto generado y los perjuicios que éste ocasiona a los menores, corresponde exhortar a los progenitores a que se abstengan de exponer públicamente hechos o circunstancias de las vidas de G.V. y E.L.V. a fin de resguardar el referido derecho a la intimidad de los niños. Texto íntegro en http://www.pjn.gob.ar/

 

Argentina [ 02 Diciembre 2009 ] [Entre Rios - Superior Tribunal de Justicia - Sala I]  R.A.R. vs. E.R., calumnias e injurias, recurso de casaci?n    caché ES 

... no corresponde la declaración de inconstitucionalidad o anticonvencionalidad de los delitos de calumnias e injurias —opción que debe constituir la última ratio del ordenamiento jurídico— porque aquí sólo está en juego la posible afectación del derecho al honor de E.R., sin que exista —reitero— oposición entre el derecho a expresarse líbremente y a informar una cuestión de “interés público” —artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos— y la protección del derecho a la honra y a la dignidad personal, prevista en el artículo 11 de la Convención.

 

Argentina [ 12 Noviembre 2008 ] [Procuraci?n del Tesoro de la Naci?n]  Dictamen N? 274/2008    caché ES 

Previo a la continuación del proyecto de decreto por el que se aprueba la reglamentación de los artículos 70 y 163 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660 referidos al registro en la persona de los internos, de los locales que ocupan, de sus visitas y de las pertenencias en las instalaciones de los establecimientos penitenciarios, corresponde determinar si existen otros métodos alternativos capaces de reemplazar el registro manual de las personas, teniendo en cuenta la imposibilidad fáctica de requerir autorización judicial para la realización del examen corporal.

El proyecto de decreto reglamentario al precisar las disposiciones de la ley 24660 debe seguir los lineamientos del informe CIDH Nº 38/96. De ese modo la República Argentina cumplirá con su obligación de respeto eficaz de la Convención así como también prevendrá eventuales violaciones al derecho de integridad física o intimidad de las visitas a cárceles en el país, que podrían invocarse por los afectados contra el Estado Argentino en jurisdicción internacional por la realización de revisaciones en la modalidad denominada integral.

La ponderación de la existencia de métodos alternativos al registro manual de los visitantes que ingresan a un establecimiento carcelario -cuestión de carácter eminentemente técnico-, debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trata. Por ende, deben extremarse las medidas para dilucidar si el registro manual (requisa física) es el único medio idóneo para la detección de sustancias prohibidas en el ingreso a establecimientos carcelarios, de modo de evitar incurrir en responsabilidad internacional por violación de los principios que inspiran la rama del Derecho que la rige. La requisa personal por medio de la violación de la intimidad de quienes concurren a los establecimientos carcelarios a visitar personas allí alojadas con restricción de su libertad, siendo sustituible en la medida de lo posible por otros medios o técnicas de similar efectividad, no se condice con la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmada en el Informe CIDH Nº 38/96 y otros documentos relacionados.

El asesoramiento de la Procuración del Tesoro de la Nación debe, en principio atenerse a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo a la interpretación y aplicación del Derecho, aun cuando se opongan a los de este Organismo asesor, dado la necesidad de ahorrarle al Estado las consecuencias patrimoniales adversas que se derivarían de acciones judiciales en su contra con pronóstico gravemente desfavorable (Dictámenes 207:578; 210:108; 211:334; 212:327 y 237:438). El control de legalidad que ejerce la Procuración del Tesoro de la Nación se circunscribe a los aspectos jurídicos de todo proyecto de modificación o creación de normas legales o reglamentarias, debiendo entonces abstenerse de abrir juicio sobre aspectos técnicos que éstas contengan (conf. Dict. 222:137, 236:202).

 

Argentina [ 25 Julio 2005 ] [Corte Suprema] Kook Weskott, Matías, solicitud de supresión de los nombres de las partes para la publicación de la sentencia    caché ES 
 

Argentina [ 28 Septiembre 2004 ] [Corte Suprema]  Resoluci?n n? 1674/04    caché ES 

Creación de la “Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes con intervención judicial

Resolución 1522/05 Designación de funcionario a cargo.
Resolución 1523/05 Designación del personal.
Resolución 1158/06 Ampliación de la temática.
Resolución 747/07 Puesta en funcionamiento de la BGD.

 

Argentina [ 23 Marzo 1990 ] [Corte Suprema]  Kasdorf S. A. vs. Provincia de Jujuy y otro    

Un embarque de latas de leche se contaminó durante su transporte con pesticidas. A raiz de la muerte de unos niños en el Hospital Pablo Soria, la Secretaria de Salud Pública lanzó una adevertencia a la poblacion acerca del consumo de la lecha, que fue reproducida por el diario Pregón, y que comunicaba que debía suspenderse la alimentacion con ese producto.

Voto de la mayoría: No  cabe  la  reparación  del  daño moral en favor de una sociedad comercial.

Voto  del  Dr. Jorge Antonio Bacque: Las personas jurídicas, provistas de subjetividad jurídica, poseen atributos   de  naturaleza  extrapatrimonial  (prestigio,  crédito comercial, derecho al nombre)  los  que le son reconocidos para el logro de sus fines específicos, y son valorizados por la comunidad en que se desenvuelven,  y su menoscabo genera un daño de características similares a  la  lesión  de los bienes extrapatrimoniales característicos de las  personas de existencia visible y que deben ser objeto de tutela aún  al margen de la existencia de un perjuicio  patrimonial  actual  y  cierto. Fija su monto en 389.000.000 australes.

Publicado en Fallos 313 pag. 284

 



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