Jurisprudencia Iberoamericana
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Panamá [ 11 Mayo 2010 ] [Corte Suprema] Sentencia 70-G, casación penal    caché ES 

La intercepción y grabación de comunicaciones privadas, es un mecanismo que brinda una excepción a esta disposición constitucional que consagran el derecho fundamental a la intimidad, relacionada con las comunicaciones, la cual encuentra fundamento en el artículo 29 de nuestra Carta Magna, pues en esta norma se tutela el derecho de los ciudadanos a la inviolabilidad de su correspondencia, documentos, así como las comunicaciones personales. Este control constitucional, prevé una excepción, con respecto a las intervenciones y grabaciones telefónicas, consistente en que sólo la autoridad judicial puede autorizarla para fines específicos y dando estricto cumplimiento a las formalidades que consigna la ley. El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores"

En el presente caso, se observa que se ha infringido este mandato constitucional, ya que la agente de instrucción no constituye una autoridad judicial, para autorizar este acto procesal. Cuando la normativa en cita, se refiere a la autoridad judicial, ha sido criterio seguido jurisprudencialmente que se trata únicamente de Tribunales que pertenecen al Órgano Judicial, criterio que encuentra respaldo en el artículo 202 de la Constitución Política, donde se señala que el Órgano Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la ley establezca.

 

Panamá [ 14 Junio 2000 ] [Corte Suprema] Sentencia de 14/6/2000, acción de inconstitucionalidad    caché ES 

El Pleno, en sentencia de 19 de marzo de 1999, confirmó el criterio mantenido por esta Corporación en las dos sentencias anteriores, dentro de una acción de inconstitucionalidad, de gran similitud con el caso bajo estudio, presentada contra la frase "Salvo en los casos, en la forma y por las personas que autorice la Ley", contenida en el artículo 6 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, por la cual se dictan normas para la "Regulación de Telecomunicaciones en Panamá".

Dicha norma es del tenor siguiente: "ARTICULO 6: Las telecomunicaciones son inviolables. No podrán ser interceptadas ni su contenido divulgado, salvo en los casos, en la forma y por las personas que autorice la Ley".

Dentro de esa acción, la Corte concluyó que no era inconstitucional dicha norma, apoyándose en los criterios expuestos en párrafos precedentes. Frente a este tema atinente al Derecho a la intimidad y el debido proceso legal resulta imperante resaltar la relevancia que adquieren los medios utilizados para la obtención de la prueba, pues de ello va a depender la licitud o ilicitud de la prueba, punto sensitivo dentro de este tema que aquí analizamos. "Generalmente la prueba ilícita se relaciona con la ilicitud o ilegitimidad de los medios utilizados para obtenerla o aportarla al proceso: fuerza o violencia, tortura, o en violación al conjunto de normas que tutelan el derecho a la intimidad (facultad de la persona de aislarse, de buscar la soledad o el anonimato, de crear barreras frente a intromisiones no deseadas y de controlar la información sobre su persona o círculo íntimo familiar), y que comprenden, entre otros, la inviolabilidad del domicilio (art. 26 de la Constitución), de la correspondencia, demás documentos privados y de las comunicaciones telefónicas privadas (art. 29 de la Constitución) y protección del secreto. Este derecho a la intimidad, integrado realmente por una pluralidad de derechos, existe en Panamá, a partir de las normas constitucionales antes citadas (arts. 26 y 29) y, en virtud del art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 15 de 28, X, 1977, según el cual "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia ..." (Arturo Hoyos, El Debido Proceso, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1998, págs. 82 y 83).

En ese sentido, la Corte ha expresado que en el caso específico de proteger a los particulares contra las arbitrariedades que se puedan cometer contra el disfrute del derecho a la intimidad y dentro de ellos a la inviolabilidad de las conversaciones y comunicaciones telefónicas, consideramos oportuno y relevante destacar que la legitimidad de las restricciones o excepciones al disfrute de esos derechos, deben ser interpretadas de manera restrictiva como expresión misma del Estado de Derecho, y en todo caso deberán ser adecuadamente motivadas, por el carácter excepcional que tienen. En todo caso, el Organo Judicial podrá revisar, en cada supuesto de hecho específico, si la excepcional restricción al derecho a la intimidad se encuentra o no justificada, ponderando los bienes jurídicos protegidos. Ello puede hacerse al quedar habilitados los jueces, como garantes del derecho a la intimidad, para revisar si la prueba obtenida es o no lícita y, en caso de no serlo, si se ha infringido el derecho fundamental a la intimidad y la responsabilidad que incumbe al servidor público que ordenó o ejecutó la violación.

 

Panamá [ 19 Septiembre 1994 ] [Corte Suprema - Sala Tercera Contencioso Administrativa]  SONAVIC, nulidad Resolución N? 28 de 30 de julio de 1991    caché ES 

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera, el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Ley 15 de 1977) resulta lesionado mediante la Resolución Nº 28 de 1991 impugnada en el presente proceso, por lo cual la ilegalidad del acto impugnado es evidente. No hay razón que justifique jurídicamente someter a censura las videocintas que las personas desean alquilar para ver en su entorno familiar o personal. La intimidad de las personas y lo que dentro de esta área realicen los particulares debe quedar exento de las intromisiones o ingerencias externas, tanto de otros particulares como de la autoridad pública. La Sala considera que es facultad discrecional y exclusiva de los padres y madres de familia, o de un particular individual decidir con entera libertad y autonomía las películas que desea ver en la intimidad de su hogar por lo que no hay razón jurídica que justifique la intromisión del Estado en la elección que haga el individuo en su núcleo familiar a través de la censura previa de las películas de alquiler por parte de la Junta Nacional de Censura. Dicha censura previa resulta, a todas luces, violatoria de nuestro ordenamiento jurídico nacional por infringir, de manera directa, el derecho a la intimidad.

 



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