Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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España [ 14 Marzo 2016 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso-Administrativo]  Sentencia Nº 574/2016    caché ES 

Procedimiento de tutela de derechos. Legitimación pasiva. Responsable del tratamiento. No lo es Google Spain, S.L.

 

España [ 14 Septiembre 2015 ] [Agencia Española de Protección de Datos]  Resolución 2179/2015    caché ES 

[Mario González Costeja es considerado "figura pública"]

Con fecha 6 de marzo de 2015 tuvo entrada en esta Agencia reclamación presentada por D. B.B.B. (en lo sucesivo, el reclamante) contra GOOGLE INC (GOOGLE SPAIN) por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. ...

En el presente caso, ha de señalarse que nos encontramos con una información que se considera de interés para los ciudadanos, al tratarse de unos hechos que desembocaron en la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 13 de mayo de 2014, en el que tanto el reclamante como Google Inc. fueron parte, junto a la AEPD, y la sociedad española Google Spain, S.L..

Además, el interesado ha expuesto públicamente y en múltiples ocasiones ha ofrecido voluntariamente su opinión sobre dicho procedimiento judicial. Al hecho de que el reclamante haya decidido de forma deliberada contribuir activamente al debate público, mediante su participación constante en entrevistas en medios de comunicación escrita, radiofónica y audiovisual, se añade al interés legítimo de la sociedad en acceder a informaciones y opiniones sobre el caso que derivó en la Europa [ 13 Mayo 2014 ] [Tribunal de Justicia - Glan Sala] Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González  –denominada incluso sentencia caso Costeja- , también a través de motores de búsqueda al realizar una búsqueda a partir de su nombre, debiendo prevalecer sobre su derecho a la protección de datos. Circunstancias que, evidentemente, difieren del supuesto analizado por la STJUE referido a un período en que se captaba el dato cuando no era una persona ni caso de relevancia pública.

Debe considerarse en consecuencia la trascendencia de las informaciones suministradas, el limitado tiempo transcurrido desde los hechos descritos y la relevancia e interés público que ha alcanzado el reclamante.

Por lo tanto, procede desestimar la solicitud de tutela de derechos formulada.

Cf.: las Américas [ 22 Julio 1940 ] [EE.UU. - Court of Appeals for the Second Circuit] Sidis v. FR Pub. Corporation - 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940) 

 

España [ 21 Octubre 2013 ] [Tribunal Constitucional - Segunda Sala]  recurso de amparo núm. 01783-2010, promovido por Francisco Álvarez-Cascos Fernández y María Porto Sánchez    caché ES 

Decisión del Tribunal Constitucional - Sentencia 176/2013 :

En el presente caso la revelación de las relaciones afectivas de los recurrentes carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, porque no afecta al conjunto de los ciudadanos ni a la vida política del país, al margen de la mera curiosidad generada por la propia cadena de televisión al atribuir un valor noticioso a la difusión de las repetidas imágenes, lo que no debe ser confundido con un interés público digno de protección constitucional.

Lo dicho es válido, aunque … para sostener la prevalencia del derecho a la información se alegue, como acontece en el presente supuesto, que los comentarios e imágenes divulgados pretendían poner de relieve la “doble moral” del recurrente, es decir la diferencia entre lo que “predica” y lo que realmente “practica”. Para tal finalidad resulta innecesario conculcar el ámbito de la privacidad de los recurrentes del modo y manera ya relatado, sobre todo cuando los propios demandados pusieron de relieve, en el escrito de interposición del recurso de casación, que desde finales del año 2003 el recurrente inició, tras su ruptura matrimonial, una relación sentimental con la otra recurrente, a quien presentó públicamente y de quien se hizo acompañar en algunos de los actos públicos que contaban con la presencia de aquél.

Fallo: 1º Reconocer los derechos fundamentales de los demandantes a la intimidad y a la propia imagen (art. 18.1 CE). 2º Anular la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 16 de noviembre de 2009, pronunciada en el recurso de casación núm. 719/2009.

Decisión del Tribunal Supremo - Sala de lo Civil - 719/2009 (Anulada): [16 Noviembre 2009 - Ponente: Juan Antonio Xiol Rios]

(i) una persona con gran proyección pública y política, pues cuando fue emitido el programa televisivo era ministro del Gobierno de España, y su imagen se transmitió junto a la presencia de quien aparecía como su compañera. La sentencia recurrida admite la afirmación de la sentencia de primera instancia en el sentido de que «es persona pública, por ostentar durante un período de tiempo cargo político».

(ii) No se pone en cuestión la veracidad de la información transmitida. 29

(iii) La difusión de la presencia de una persona que aparecía con el personaje político afectado tenía carácter accesorio y resultaba necesaria para transmitir la información acerca de la relación existente del ministro con otra persona, y no podía pasar inadvertido a ésta el interés que para los medios de comunicación constituía la publicación del encuentro vacacional de ambos en Lanzarote, desde la óptica del conocimiento público de su relación con el ministro, y los riesgos de difusión mediante su reflejo en imágenes que tal reunión comportaba.

(iv) La captación de las imágenes tuvo lugar, al menos en su mayoría, en sitios públicos, pues este carácter lo tiene la terraza y la playa en la que se tomaron la mayor parte de las imágenes, aunque se hiciesen a distancia y con teleobjetivo, de tal suerte que no pueden considerarse fotografías obtenidas clandestinamente o de manera furtiva.

(v) Finalmente, la sentencia de apelación no desmiente que con anterioridad el afectado adoptó pautas de comportamiento favorables a dar a conocer su nueva relación personal.

Fallo: ... revocamos la referida resolución en el sentido de desestimar la demanda formulada contra D. Primitivo por intromisión ilegítima del derecho a la imagen de los actores. ...

Nota editorial: estos fallos parecen estar relacionados con el caso 36866/10 iniciado el 25 Junio 2010 por María Porto y Francisco Alvarez-Cascos Fernández contra España ante el TRibunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo algunas datos no se corresponden. Finalmente se ha tenido el caso por desistido por inactividad el 7 Abril 2016. 

 

España [ 20 Julio 2011 ] [Tribunal Supremo - Sala Primera]  Sentencia No. 547/2011, recurso de casación    caché ES 

La parte actora considera que la demandada vulneró su derecho al honor, intimidad y propia imagen, mediante la publicación en el diario La Región, de los días 5 y 18 de noviembre de 2004 de dos artículos referentes al actor, como implicado en un procedimiento penal, al incluir en dichos artículos su nombre, apellidos y edad, así como al publicar una fotografía del actor tomada el día del juicio a las puertas de la sala de vistas y publicada sin su consentimiento.

El Juzgado de Primera Instancia de Ourense dictó sentencia de 30 de julio de 2007 desestimando la demanda presentada por  D. Ricardo contra La Región S.A. absolviendo a dicha demandada de las pretensiones contra ella ejercitadas.

Se desestima el recurso de casación interpuesto

 

España [ 28 Junio 2011 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Civil]  Sentencia N? 452/2011    caché ES 

Derecho a la libre información, derecho a la intimidad personal y familiar y derecho a la imagen. Prevalencia de la libertad de información cuando se trata de personaje público que ejerce funciones oficiales, la cual debe apreciarse mediante ponderación en función de las circunstancias concurrentes en cada caso.

El demandante-recurrente, ha de calificarse como una persona con gran proyección pública y política, pues cuando fue emitido el programa televisivo (grabación de las imágenes de los actores, junto a sus hijos menores, en un hotel de la isla de Lanzarote, piscina y parque infantil del mismo, en el comedor del mismo y en zona de la playa del complejo hotelero) era ministro del Gobierno de España, y su imagen se transmitió junto a la presencia de quien aparecía como su compañera. La sentencia recurrida admite la afirmación de la sentencia de primera instancia en el sentido de que «es persona pública, por ostentar durante un período de tiempo cargo político»

 

España [ 28 Octubre 2010 ] [Pleno del Consejo General del Poder Judicial]  Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre reutilizaci?n de sentencias y otras resoluciones judiciales.    caché ES 

6. Toda actividad de reutilización estará sometida a las siguientes condiciones generales: ... c) Que se verifique la disociación de los datos de carácter personal que dicho material aún pudiera contener, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

 

España [ 17 Marzo 2010 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia STS 1450/2010    caché ES 

Recogida de datos de boletines oficiales de forma engañosa - El hecho de que no se haya podido determinar la forma concreta en que lasociedad actora -añade la sentencia- logró acceder a los datos existentes en dichos expedientes, carece de trascendencia a la vista de lo expuesto. Si la sociedad demandante hubiera alegado cuál era la auténtica finalidad que perseguía con el acceso a los expedientes, dicho acceso le hubiera sido denegado por no ostentar la condición de interesada. Por ello, la obtención de los datos personales existentes en los citados expedientes, se tuvo que producir inexorablemente de forma engañosa o fraudulenta, y como tal debe ser calificada a los efectos de la concreta conducta típica enjuiciada y desde la perspectiva del ámbito de protección de datos en el que nos hallamos.

 

España [ 16 Abril 2007 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera]  Sentencia 072/2007    caché ES 

El derecho a la propia imagen no es absoluto o incondicionado, de suerte que existen circunstancias que pueden determinar que la regla general conforme a la cual es al titular de este derecho a quien, en principio, corresponde decidir si permite o no la captación y difusión de su imagen por un tercero, ceda a favor de otros derechos o intereses constitucionalmente legítimos, lo que ocurrirá en los casos en los que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen. Por ello, cuando el derecho a la propia imagen entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, particularmente las libertades de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE], deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento o el interés público en la captación o difusión de su imagen (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 6).

" ... el derecho a la propia imagen de la demandante ha de ceder ante el derecho de los demandados a difundir libremente información veraz, toda vez que la imagen controvertida se refiere a una persona en el ejercicio de un "cargo público" y cuya profesión tiene "proyección pública" (por ser la demandante Sargento de la Policía Municipal), y se captó en un lugar público y con ocasión de un acto público. Además, la reproducción fotográfica tiene carácter accesorio respecto de la información escrita, la cual es veraz y con evidente trascendencia o interés público."

 

España [ 15 Diciembre 2006 ] [Tribunal Supremo - Sala de lo Contencioso]  Sentencia de 15 de diciembre de 2006    caché ES 

Utilización de los datos del censo electoral y cesión de datos para la realización de una actuación específica con posterior devolución de los mismos al cedente - Se recoge en la resolución recurrida que "ha quedado acreditado en el expediente administrativo, la utilización por parte de “ENTIDAD A”, de los datos del denunciante, datos que en principio y si bien no son prueba plena, constituyen un indicio de la utilización de los datos censales y del padrón municipal, ya que contienen errores que, tal y como consta en el expediente, únicamente existían en el Censo electoral y en el Padrón municipal. “ENTIDAD A” declara que el origen de los datos relativos al denunciante y contenidos en el denominado 'Fichero .............' se obtuvieron de la empresa “ENTIDAD E”. El contrato aportado por la parte corrobora esta afirmación pero en el mismo se especifica que el objeto de la compra son etiquetas para acciones puntuales de venta por correo. En la documentación que se recogió en la inspección realizada el 6 de febrero de 1995 a “ENTIDAD A” y que consta en el acta levantada por los inspectores que la efectuaron, se comprueba que aparecen más datos que los estrictamente necesario para la venta por correo, es decir, más datos que los que puede contener una "etiqueta para acciones puntuales". Existen datos que sólo han podido ser recogidos del padrón municipal y que comparados con éste coinciden, Sección censal, número de elementos de la familia, distrito municipal o que aluden directamente al censo, como el campo denominado "..............". Además de éstos, también se incluye la fecha de nacimiento, nivel de educación, nivel de renta, que están completos en el registro referente a D. ................... Respecto a la cesión de los datos personales del Fichero ............ y en concreto, los referentes al denunciante, a otras personas tales como .............. u “ENTIDAD D” ha sido reconocida tanto en el momento de la inspección como a lo largo del procedimiento, por lo que la falta de consentimiento del afectado para ceder sus datos se confirma».

Fallo: No ha lugar al recurso de casación

 

España [ 05 Mayo 2006 ] [Tribunal Constitucional - Sala Primera]  Sentencia 114/2006    caché ES 

Ante la petición de un recurrente de no publicar su nombre y apellidos en la sentencia, el Tribunal Constitucional estima, que si bien la Constitución establece la publicidad de los procedimientos judiciales, en aplicación del artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal se puede proceder a la no publicación, como sería el caso de garantizar el anonimato de víctimas en casos especiales o bien atendiendo al específico deber de tutela de los menores en supuestos sobre adopción o desamparo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional niega al recurrente la no publicidad de los nombres y apellidos de éste, puesto que estima que no hay causa fundada para la aplicación del artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

 



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