Jurisprudencia Iberoamericana
sobre Protección de Datos Personales

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Uruguay [ 25 Febrero 2014 ] [Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno]  AA y otros v. Copropiedad Edificio BB, acción habeas data    caché ES 

... no hay duda que en virtud del Reglamento de Copropiedad existe una relación contractual entre los copropietarios, que tiende a la regulación, entre otros temas, del uso correcto de los bienes comunes de uso común. Entonces resulta aplicable lo establecido en el literal E del art.9 de la Ley de Habeas Data, que exime de necesidad de conocimiento informado en caso de que la registración “Derive(n) de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos, y sean necesarios para su desarrollo o cumplimiento”.

De lo que viene de verse resulta que no hay ilicitud en la registración por videocámara, por ser resultado de una decisión tomada en el ámbito contractual, con renuncia a un derecho dentro de los límites aceptados –si no, no existiría el “consentimiento informado” como instituto-, renuncia que emerge de la naturaleza contractual base de la relación, ya sea por el Acuerdo transaccional en que se estipuló someter a la decisión de la Asamblea el punto, ya emerja de la propia naturaleza del vínculo que emerge del Reglamento de Copropiedad.

Por otra parte, se estableció que los datos se eliminarían cada 15 días (fs. 76), obligación que no se acreditó incumplida; que no se realizan respaldos en lugar diferente al que se encuentran los equipos (fs. 78) por lo que la preservación de la seguridad de las filmaciones y la destrucción de los datos, permite que coexistan el derecho a la intimidad de los ocupantes del edificio y la seguridad de los bienes que reclama la Asamblea.

No hay entonces datos que eliminar por incumplir con la normativa establecida en la Ley de Habeas Data, razón por la cual habrá de confirmarse la recurrida en todos sus términos.

 

Uruguay [ 16 Julio 2013 ] [Tribunal de lo Contencioso Administrativo]  Clearing de Informes S.A., v. Presidencia de da República AGESIC, acción de nulidad    caché ES 

Se trata de una acción de nulidad se dirigió contra la Resolución No. 1658/2010, dictada por el Consejo Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (en adelante URCDP), de fecha 15 de octubre de 2010

Los letrados de la URCDP concluyeron que, efectivamente, como lo había señalado DD, el manejo de los datos en poder de la actora, que se hacía para prestar los servicios publicitados, implicaba una inobservancia de la Ley N° 18.331. En apretada síntesis la conclusión de los técnicos de la autoridad reguladora, fue que la denunciada aplicaba la información recibida para fines de “prospección comercial”, violando no solamente las disposiciones del contrato que vinculaba a DD, sino la propia Ley N° 18.331 (arts. 8, 21 y 22).

En definitiva, a juicio de los letrados dictaminantes, la conducta de la actora violaría los arts. 8 y 17 de la Ley N° 18.331 en cunato consagran el principio de finalidad, así como el régimen de comunicación de datos. Por otra parte y, en lo medular, se violentaba también el art. 21 de la misma ley, que regula las fuentes de las que pueden obtenerse los datos a ser utilizados con la finalidad de “prospección comercial”. Como corolario de las irregularidades constatadas, en consonancia con el encuadre de la denunciante, concluyeron que correspondía imponer a la actora una sanción de multa.

Fallo: Desestímase la demanda invocada; sin especial condenacion procesal.

 

Uruguay [ 03 Marzo 2011 ] [Tribunal de lo Contencioso Administrativo]  Sentencia N? 160    caché ES 

Se confirma acto administrativo por el cual se observa a una empresa de emergencia móvil y se amonesta a un médico por contradicciones surgidas del registro de historia clínica de un paciente.

La sanción impuesta a la accionante, consiste en una observación. A juicio de la Sede, la misma se encuentra plenamente justificada, en razón de las discrepancias y contradicciones existentes entre la historia clínica original y la copia mecanografiada agregada en primer término, así como por las diferencias que surgen de la comparación de la primera copia de la historia clínica con la segunda copia del documento. En lo que refiere al artículo 202 del Decreto Nº 455/001, cabe señalar que, en el caso de autos, la institución médica presentó, a requerimiento de la Administración, la historia clínica original, la cual era prácticamente ilegible, con lo cual, ya de por sí, se estaría vulnerando la disposición antes referida. Posteriormente, adjuntó una copia mecanografiada, pero la transcripción fue incompleta, tal como fuera reconocido por la propia actora al evacuar la vista conferida. Finalmente, agregó otra copia en la que constan otras informaciones, la que contiene discrepancias con la primera copia original.

 

Uruguay [ 09 Febrero 2011 ] [Suprema Corte]  Circular N? 13/2011    caché ES 

Reitera, a solicitud de la SCJ, que se encuentra habilitado el acceso a la Base de Jurisprudencia Nacional Internet (BJN Internet). La modalidad de ingreso es la oportunamente comunicada: se deberá acceder al Portal Corporativo en Internet (http://portal.poderjudicial.gub.uy) para lo cual deberá utilizar un “usuario y clave” (password) para su acceso

 

Uruguay [ 06 Mayo 2010 ] [Tribunal de lo Contencioso Administrativo]  Sentencia N? 279    caché ES 

Se anula acto administrativo por el cual la División Recursos Humanos del Banco de la República Oriental del Uruguay - BROU dispuso registrar en la ficha de carrera de un funcionario, la información correspondiente a aquellas acciones realizadas contra el Banco.

El punto que agravia a los funcionarios radica en el contenido sancionatorio del acto en la medida que los somete a un registro de las acciones y recursos que individualmente intentaran contra el BROU, lo cual es advertido como un indebido control de su libertad en el ámbito laboral. Y en ese aspecto les asiste razón a los actores pues no resulta congruente considerar que la información a registrar sea necesaria a los efectos de que la Administración pueda tomar decisiones adecuadas, y al mismo tiempo alegar que esa información es inocua y no afecta la situación de los funcionarios. Si el hecho de asentar en la ficha del funcionario aquellos recursos y juicios que hubiere promovido contra el BROU no tuviere utilidad, como aduce la demandada, no es posible comprender la necesidad de tal asiento.

Parece obvio que una anotación registral de tal naturaleza producirá un efecto intimidatorio o, al menos, limitante del derecho de defensa que constituye, a su vez, la garantía de efectividad de los derechos consagrados en la Constitución.

 

Uruguay [  2009 ] [Suprema Corte]  Base Nacional de Jurisprudencia (modalides de acceso, notificaci?n, convenios)    caché ES 

El usuario se obliga a ocultar todos los datos sensibles de las sentencias, previo a la eventual publicación, tratamiento o difusión de las mismas, de conformidad con lo dispuesto por la legislación nacional y la normativa internacional que regula el punto. Obligándose especialmente a ocultar todos los datos personales de los asuntos referentes a cuestiones de estado civil, así como los datos de niños y adolescentes, de víctimas de delitos y demás situaciones similares en las que resulten afectados los bienes jurídicos tutelados por las Reglas de Brasilia (ver Acordada de la SCJ Nº 7647) y otros instrumentos análogos.

El usuario asume exclusiva responsabilidad por la difusión y/o eventual consecuencia dañosa que pudiera ocasionar el no haber ocultado los datos sensibles obtenidos en uso del acceso convenido en el presente.

El usuario se obliga a utilizar la información a la que se le proporciona acceso, exclusivamente para las operaciones habituales de su giro o actividad y a no utilizar los datos a los que se le permite acceso para finalidades distintas o incompatibles con aquéllas que motivaron su obtención.

 

Uruguay [ 14 Febrero 2006 ] [Suprema Corte]  Acordada n? 7564 sobre tratamiento de datos en el ?mbito judicial    caché ES 

La presente Acordada tiene por objeto la protección integral de los datos personales  –incluidos los datos sensibles–, asentados en bancos o bases de datos de carácter documental o jurisprudencial en todos los ámbitos del Poder Judicial y cualquiera sea el soporte que los contenga –papel o magnético.

 



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