Jurisprudencia Iberoamericana
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las Américas [ 27 Octubre 2000 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Declaraci?n de Principios sobre Libertad de Expresi?n    caché ES  cache EN  cache PO 

10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

 

las Américas [ 04 Agosto 2009 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? INFORME No. 66/09 petici?n 920-03 admisibilidad M.G.C., S.B.C. y otros vs. Argentina    caché ES 

La Defensoría General de la Nación, como co-peticionaria, manifestó que la condena de las presuntas víctimas se habría basado en “prueba indirecta o indiciaria”, con lo cual se habría vulnerado su derecho de presunción de inocencia. Asimismo, la Defensoría General de la Nación alega que el Estado habría avasallado la intimidad de la señora S.B.C. “al indagar sobre el color y forma de su ropa interior, sus preferencias y hábitos sexuales, padecimientos físicos estereotipados y su pretendida “frialidad” frente a la pérdida de su cónyuge, refiriéndose los propios jueces a ella como “viuda alegre”. Asimismo, agrega que la inexistencia de toda prueba de cargo determinó el arribo a una condena construida a partir de estas indagaciones violatorias de la vida privada y de la dignidad humana de las presuntas víctimas.

... con relación a los alegatos de los peticionarios en cuanto a la injerencia de las autoridades en la intimidad de la señora S.B.C., la Comisión considera que de probarse las cuestiones presentadas, podrían caracterizarse violaciones al artículo 11 de la Convención Americana en perjuicio de la presunta víctima. Asimismo, la CIDH observa que los hechos alegados pueden caracterizar también una violación del artículo 24 de la Convención dado que los peticionarios sostienen que patrones socioculturales discriminatorios y concepciones estereotipadas en detrimento de las mujeres, habrían sido utilizadas como criterio determinante para la condena de la señora Chaves.

La Comisión concluye que es competente para tomar conocimiento del caso de autos y que la petición es admisible conforme a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.

 

las Américas [ 05 Mayo 2008 ] [Corte Interamericana de Derechos Humanos]  Escu? Zapata vs. Colombia    

Respecto de la divulgación pública de los resultados de los procesos penales

11. El Estado señaló que la Sentencia ordenó que los resultados de los procesos penales en el presente caso sean públicamente divulgados. Al respecto, el Estado formuló los siguientes interrogantes: “¿[e]s necesario o no realizar una divulgación especial? ¿A qué se refiere la Corte con resultados penales? ¿Incluye todo el texto de las sentencias penales condenatorias o sólo la parte resolutiva? ¿Incluye también la divulgación de sentencias absolutorias u otro tipo de decisiones que se tomen en el ámbito penal?”.

12. La Comisión observó que de pronunciarse la Corte sobre esta materia, “tendría que proponer una opinión en abstracto, sin haber tenido en consideración todos los elementos necesarios de juicio pues de hecho ni siquiera se ha arribado aún a una sentencia en el proceso penal interno”, es así que “tratándose como este punto particular, de cuestiones relacionadas con la modalidad de cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia, es precisamente en el marco del proceso de seguimiento y evaluación de la implementación de tales reparaciones donde puede plantearse este tipo de consultas, por tanto estima que esta pregunta del Estado resulta improcedente por la vía de interpretación de sentencia”. 

13. Los representantes manifestaron procedente que el Estado difunda “los hechos establecidos por las sentencias a nivel interno, y no únicamente las sanciones establecidas o las partes resolutivas”. Agregaron que “la modalidad de cumplimiento debe ser parecida a la que la Corte utiliza para difundir los hechos establecidos y las sanciones impuestas por sus propias sentencias”. Sugirieron que “la Corte obligue al Estado a publicar periódicamente (cada 6  o 12 meses), en un diario de circulación nacional y regional, un resumen de los avances procesales y sentencias dictadas (hechos tanto como condenas o absoluciones) en cumplimiento de la obligación de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte de Germán Escué Zapata. Este resumen debe ser previamente consultado con los representantes de las víctimas”. 

 

las Américas [ 05 Octubre 2005 ] [EE.UU. - Supreme Court of the State Of Delaware]  John Doe vs. Patrick Cahill    caché ES 

La Corte sostienne que para obtener la identidad del autor de una opinion o comentario anónimo con el proposito de iniciar una accion por difamacion, el ofendido de primero probar ente el Tribunal la validez de su reclamo. Requerir al reclamante las pruebas suficientes para establecer prima facie la existencia de un caso da un apropiado balance entre los intereses en conflicto: la libertad de expresion y la proteccion de la reputacion, mejor que el de "buena fe" aplicado por el tribunal de primera instancia.

 

las Américas [ 10 Marzo 2005 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? 43/05 C.D.S. y otros vs. Chile (caso 12.219)    caché ES 

Los peticionantes, habiendo cumplido 18 años de edad, se encontraron frente a la obligación de cumplir con el servicio militar obligatorio, y quienes expresaron su total y completa objeción de conciencia al servicio y a su participación en éste.

Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación del derecho a la objeción de conciencia afectando directamente su libertad de conciencia y religión, la vida privada de las supuestas víctimas, incumpliendo además la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención.

La Comisión entiende que el mantenimiento de la vigencia de la legislación impugnada, que penaliza la omisión de los jóvenes que son objeto de esta petición, por no comparecer a un posible reclutamiento, dispuesto en el artículo 72 del Decreto Ley N.º 2.306 (supra), no constituye una interferencia continuada con el derecho de Cristian Daniel Sahli Vera, Claudio Salvador Fabrizzio Basso Miranda y Javier Andrés Garate Neidhardt, a que se respete su vida privada, dispuesto en el artículo 11 de la Convención Americana. La Comisión opina que el servicio militar obligatorio no está prohibido por la Convención y que el artículo 6(3)(b) prevé específicamente el servicio militar en los países que no reconocen a los objetores de conciencia. En consecuencia, la Comisión concluye que el Estado chileno no violó el artículo 11 en perjuicio de los peticionarios en este caso.

La Comisión tiene competencia para conocer de este caso y con fundamento en el análisis precedente, concluye que el Estado chileno no es responsable de la violación del derecho a la libertad de conciencia, consagrado en el articulo 12, ni del derecho a la protección de la vida privada, consagrado en el artículo 11, respectivamente, de la Convención Americana, en perjuicio de los jóvenes C.D.S. y otros

 

las Américas [ 31 Agosto 2004 ] [Corte Interamericana de Derechos Humanos]  Ricardo Canese v. Paraguay    caché ES 

En el presente caso, las declaraciones por las que el señor Canese fue querellado, efectuadas en el marco de la contienda electoral y publicadas en dos diarios paraguayos, permitían el ejercicio de la libertad de expresión en sus dos dimensiones. Por un lado permitían al señor Canese difundir la información con que contaba respecto de uno de los candidatos adversarios y, por otra parte, fomentaban el intercambio de información con los electores, brindándoles mayores elementos para la formación de su criterio y la toma de decisiones en relación con la elección del futuro Presidente de la República.

La Corte observa que, en sus declaraciones, la presunta víctima hizo referencia a que la empresa CONEMPA, cuyo presidente era el señor Juan Carlos Wasmosy, en ese entonces candidato presidencial, le “pasaba” “dividendos” al ex dictador Stroessner. Ha quedado demostrado, así como también es un hecho público, que dicho consorcio era una de las dos empresas encargadas de ejecutar las obras de construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú, una de las mayores represas hidroeléctricas del mundo y la principal obra pública del Paraguay.

En el presente caso, al emitir las declaraciones por las que fue querellado y condenado, el señor Canese estaba ejercitando su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión en el marco de una contienda electoral, en relación con una figura pública como es un candidato presidencial, sobre asuntos de interés público, al cuestionar la capacidad e idoneidad de un candidato para asumir la Presidencia de la República.

 

las Américas [ 18 Agosto 2003 ] [Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina]  Interpretaci?n prejudicial 57-IP-2003 Florister?a Jard?n Kennedy    caché ES 

De conformidad con el artículo 83, literal f, de la Decisión 344 no son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o sujetos de la caricatura o del retrato. Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

 

las Américas [ 17 Abril 2002 ] [Puerto Rico, Tribunal Supremo]  H. V. R. vs. Telef?nica de Puerto Rico    caché ES 

"En el presente recurso nos toca determinar si, bajo las circunstancias particulares de este caso, la práctica de un patrono privado de observar y grabar de forma ininterrumpida en cinta de video a sus empleados en un área de trabajo abierta, pero no accesible al público, viola nuestra Constitución."

"En conclusión, resolvemos que el sistema de vigilancia establecido por la Telefónica de Puerto Rico en el Centro Ejecutivo de Comunicaciones de la empresa no es inconstitucional per se."

Fuente: Opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico

 

las Américas [ 15 Octubre 1996 ] [Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos]  Informe N? 38/96 - X e Y vs. Argentina (caso 10.506)    caché ES 

Con fecha 29 de diciembre de 1989, la Comisión recibió una denuncia en contra del Gobierno de Argentina, en relación a la situación de la Sra. X y su hija Y, de 13 años.[2] La denuncia alega que el Estado argentino, y especialmente las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal, que en forma rutinaria han hecho revisiones vaginales de las mujeres que visitan la Unidad No. 1 del Servicio Penitenciario Federal, han violado los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todas las ocasiones que la Sra. X visitó a su esposo acompañada por la hija de ambos de trece años, quien se encontraba preso en la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, fueron sometidas a revisiones vaginales. En abril de 1989 la Sra. X presentó un recurso de amparo solicitando que se pusiera fin a las revisiones. La petición alega que esta práctica del Servicio Penitenciario Federal ("SPF") comporta violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto lesiona la dignidad de las personas sometidas a tal procedimiento (artículo 11), constituyendo una medida de carácter penal degradante que transciende la persona del penado o procesado (artículo 5.3); y es, además, discriminatoria en perjuicio de las mujeres (artículo 24) en relación al artículo 1.1.

Por lo tanto, la Comisión concluye que al imponer una condición ilegal a la realización de las visitas a la penitenciaría sin disponer de una orden judicial ni ofrecer las garantías médicas apropiadas y al realizar revisiones e inspecciones en esas condiciones, el Estado argentino ha violado los derechos de la Sra. X y su hija Y consagrados en los artículos 5, 11 y 17 de la Convención en relación al artículo 1.1 que dispone la obligación del Estado argentino de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de todas las disposiciones reconocidas en la Convención. En el caso de Y, la Comisión concluye que el Estado argentino también violó el artículo 19 de la Convención.

Recomienda al Estado argentino que adopte las medidas legislativas o de otro carácter para ajustar sus previsiones a las obligaciones establecidas por la Convención, expresadas en las presentes conclusiones y recomendaciones.

Recomienda al Estado argentino que mantenga informada a la Comisión del proceso de estudio y sanción de las medidas mencionadas en el párrafo anterior.

Recomienda que las víctimas sean compensadas adecuadamente.

 



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